Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05305-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05305-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05305-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05305-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
9 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedencia. Inmediatez
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, por medio de apoderado, por el señor
José Albino Manrique Manrique contra el Tribunal Administrativo de Casanare, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de julio de 2026, el señor José Albino Manrique Manrique, mediante apoderado,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, por
considerar vulnerados los derechos fundamentales debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«SEGUNDA. (…) DECLARAR SIN EFECTOS la referida sentencia del 4 de diciembre de 2025
(acta de Sala No. 149).
TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro del término que fije
el juez constitucional, profiera una nueva sentencia (…)
CUARTA (subsidiaria). En caso de que no se acceda a dejar sin efectos la totalidad de la
sentencia, ORDENAR al Tribunal que la adicione o complemente pronunciándose
expresamente sobre los puntos indicados en la pretensión tercera.»
2. Hechos:
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor José Albino Manrique promovió acción popular contra el municipio de Paz de
Ariporo y del particular Juan Bautista Méndez Mariño, con el fin de obtener la
protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el espacio público
y el restablecimiento del uso público de un tramo vial utilizado por los habitantes de las
veredas Bebedero, Brito Alto y Brito Bajo.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
Mediante sentencia del 9 de septiembre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo
de Yopal amparó los derechos colectivos invocados y ordenó al municipio de Paz de
Ariporo restituir y mantener la vía, así como al particular Juan Bautista Méndez Mariño
cesar las actuaciones que perturbaban su uso.
La decisión fue apelada y, mediante sentencia del 4 de diciembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Casanare revocó el fallo de primera instancia. En dicha providencia,
el Tribunal tuvo en cuenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) adoptado
en 2019, en el que no se identificaba el tramo vial objeto de controversia como vía
pública. Asimismo, consideró que los testimonios recaudados acreditaban un uso
consuetudinario de la vía, pero no resultaban suficientes para demostrar su carácter
público.
3. Argumentos de la tutela
El demandante expuso que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados con ocasión de la sentencia del 4 de diciembre de 2025, por
cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, así como en el
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Frente al defecto sustantivo, manifestó que el Tribunal Administrativo de Casanare,
fundamentó su decisión en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de
2019, pese a que dicho instrumento había sido derogado mediante el Acuerdo 500.02-
007 del 17 de octubre de 2025, esto es, antes de la sentencia proferida el 4 de
diciembre de 2025. En consecuencia, la decisión tomó como referente normativo un
instrumento que para esa fecha ya no se encontraba vigente.
Sostuvo que, pese a la controversia existente sobre la naturaleza jurídica de la vía y a
la información disponible en materia de ordenamiento territorial e infraestructura vial,
el Tribunal no decretó pruebas de oficio dirigidas a establecer la vigencia del
instrumento de ordenamiento territorial aplicable ni la condición de la vía objeto de
controversia.
De igual manera, refirió que la providencia incurrió en defecto fáctico porque no tuvo
en cuenta el PBOT del año 2000 (cuya vigencia había sido restablecida antes de la
sentencia y que identificaba la vía en su cartografía oficial), el Inventario de Vías
Terciarias validado por el Ministerio de Transporte ni la certificación expedida por la
Oficina de Planeación Municipal en abril de 2026, documentos relacionados con la
identificación y naturaleza pública del corredor vial. Anotó que esas pruebas fueron
incorporadas con posterioridad a la sentencia y permitían establecer la existencia de
información oficial relacionada con la condición de la vía.
Advirtió una inconsistencia en la valoración realizada por el Tribunal, pues la
providencia reconoció la existencia de inversión pública en la vía durante el período
comprendido entre 1998 y 2010 y, a partir de ello, dispuso compulsar copias a los
órganos de control, pero, al mismo tiempo, concluyó que no existían elementos
suficientes para acreditar la destinación de la vía al uso público.
Respecto del error inducido, afirmó que la autoridad judicial adoptó la decisión a partir
de una normativa incompleta, sin contar con el dato relevante de la derogatoria del
PBOT de 2019.
En relación con el desconocimiento del precedente, el accionante sostuvo que si
bien la providencia citó decisiones de la Sección Primera del Consejo de Estado, y de
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
la Sala de Consulta de esa Corporación, no aplicó esos criterios al valorar elementos
como el PBOT de 2000, el Inventario de Vías Terciarias y la certificación expedida por
la Oficina de Planeación Municipal.
También expresó que su condición de campesino de una zona rural dispersa supone
limitaciones materiales para acceder de manera oportuna a la información, normativa
y a los actos administrativos expedidos por el municipio. En particular, señala que no
tuvo conocimiento oportuno de la derogatoria del PBOT de 2019, debido a que este
tipo de decisiones no son objeto de una divulgación amplia en su entorno rural. Afirma
que solo pudo conocer dicha circunstancia a través de la respuesta a un derecho de
petición recibida en abril de 2026, pues antes de esa fecha no contaba con un medio
razonable para acceder a esa información.
Asimismo, sostuvo que para obtener el conocimiento sobre la vigencia de dicha
normativa tuvo incluso que promover otra acción de tutela contra la administración
municipal, circunstancia que, a su juicio, evidencia las dificultades que enfrentó para
acceder a la información. Por ello, considera que actuó con diligencia desde el
momento en que conoció el hecho que estima relevante, y que el tiempo transcurrido
no obedeció a desidia o falta de interés, sino a las condiciones propias de su contexto
rural y a la falta de información oportuna por parte del municipio.
4. Trámite previo
En auto del 16 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandada, y a los señores Juan Bautista Méndez Mariño,
José Elicero Acosta, Juan Méndez Preciado, Vicente Barrera Moreno, Heidy Viviana
Tovar Rodríguez, Robison Barrera, Isidro Oros García, Sandra Milena Quintero,
Glavelis Oros García, Héctor García, Purificación Pedraza, Juan David Pedraza, Oscar
Fabián Ramírez Mendivelso, Olger Herney Montañés, Álvaro Ramírez Acosta, Jorge
Andrés Manrique Pedraza, al municipio de Paz de Ariporo, al Ministerio Público, a la
Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Inspección de Policía
de Paz de Ariporo y al Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, en calidad de
terceros con interés, a quienes remitió copia de la demanda.
Además, se ordenó al Tribunal Administrativo de Casanare notificar el auto admisorio,
la tutela y sus anexos a todos los integrantes de la acción popular, y dispuso la
publicación de la providencia en la página web del Consejo de Estado para el
conocimiento de los demás terceros interesados.
Si bien algunos terceros interesados en el presente asunto no hicieron parte de la
acción popular, tienen interés en la decisión que habría de adoptarse en la presente
tutela. Su intervención está relacionada con la posible afectación de sus derechos e
intereses como consecuencia de la decisión cuestionada.
En consecuencia, las oposiciones presentadas por estas personas deben ser tenidas
en cuenta dentro del trámite constitucional, pues su participación en la acción de tutela
les permitió exponer las circunstancias que, desde su perspectiva, podrían verse
afectadas por la decisión que se adopte, sin que sea relevante que no hubieran
intervenido como partes en la acción popular que dio origen a la controversia.
4. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Casanare solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se cumplía el requisito de relevancia
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
constitucional. Invocó en tal sentido un pronunciamiento del Consejo de Estado según
el cual las simples diferencias interpretativas entre el demandante y el juez natural de
la causa no bastan para justificar la intervención del juez constitucional, ni satisfacen
la carga de acreditar la relevancia constitucional del asunto, dado el carácter
excepcional de este mecanismo tratándose de decisiones judiciales.
Sostuvo que en el caso concreto no se configura ninguna de las causales
excepcionales que habilitan la procedencia de la tutela, por cuanto, a su juicio, lo que
en realidad pretende el accionante es sustituir el criterio del juez natural por el suyo
propio respecto del alcance del material probatorio. Precisa que los reproches
relacionados con la valoración del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, la
apreciación probatoria y la incidencia de actuaciones administrativas posteriores a la
etapa probatoria constituyen aspectos propios de dicho debate, sin que de ellos se
derive automáticamente la configuración de un defecto fáctico, sustantivo o de una
violación directa de la Constitución.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela o, en subsidio, se niegue el amparo invocado, por no encontrarse acreditados
los presupuestos generales ni las causales específicas de procedencia,
manteniéndose incólume la presunción de legalidad, acierto y corrección que ampara
la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025.
Finalmente, en cumplimiento de lo ordenado en el auto admisorio, envió el expediente
con el radicado 85001-33-33-002-2022-00133-01 e informó que notificó de la acción
de tutela a las partes dentro del proceso de la acción popular objeto del presente
trámite.
5. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, guardó silencio y envió el expediente
con radicado 85001-33-33-002-2022-00133-00.
La Fiscalía General de la Nación, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela y se reconociera la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa
entidad. Sostuvo que la providencia cuestionada fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, razón por la cual la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados no podía atribuirse a actuaciones de la Fiscalía.
La Defensoría del Pueblo, Regional Casanare sostuvo que la acción de tutela resulta
improcedente por existir otros medios de defensa judicial. Señaló que el accionante,
en su condición de actor dentro de la acción popular, contaba con la posibilidad de
poner en conocimiento del Tribunal Administrativo de Casanare la derogatoria del
Acuerdo Municipal 500.02-015 de 2019, así como de solicitar la práctica de las pruebas
que considerara necesarias para acreditar dicha circunstancia. En consecuencia,
consideró que la acción de tutela no puede utilizarse para subsanar una actuación que
correspondía adelantar dentro del proceso ordinario. Para sustentar esta posición, citó
además el artículo 78 del Código General del Proceso, relacionado con el deber de las
partes de informar al juez sobre hechos sobrevinientes relevantes para la decisión.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que se examinaran los requisitos de
procedencia de la acción de tutela y que se negara el amparo respecto de esa entidad,
al considerar que no incurrió en ninguna acción u omisión que hubiera vulnerado los
derechos fundamentales invocados. Por esta razón, sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite constitucional.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
El señor Sergio Alejandro Roa manifestó que, junto con su familia, acostumbra visitar
el predio durante las temporadas de vacaciones, especialmente en Semana Santa y
diciembre. Señaló que actualmente tiene una hija de quince meses y que el deterioro
de la vía ha dificultado el acceso al lugar, debido a las condiciones en que deben
realizarse los desplazamientos.
Agregó que la preocupación de su familia aumentó a raíz del accidente sufrido por su
tío, Nilson Mendivelso, quien tuvo que ser evacuado ante la imposibilidad de que un
vehículo ingresara hasta el lugar donde ocurrió la emergencia. En su criterio, esta
situación evidencia las dificultades que existen para atender oportunamente cualquier
emergencia que pueda comprometer la vida o la salud de las personas que habitan o
visitan el sector.
Asimismo, manifestó que las condiciones de la vía afectan las actividades productivas
desarrolladas en el predio y generan dificultades para el desplazamiento de sus
habitantes y visitantes, así como para el acceso oportuno a los servicios de salud.
Por ello, solicitó que su intervención fuera tenida en cuenta al momento de resolver la
acción de tutela, al considerar que la decisión que se adopte puede incidir en sus
derechos e intereses como propietario y en las condiciones de seguridad y bienestar
de su familia y de las personas que desarrollan actividades laborales en el predio.
Los señores Vianey Mendivelso y Álvaro Ramírez manifestaron ser propietarios del
predio Fundo Los Esteros, ubicado en la vereda Brito Alto del municipio de Paz de
Ariporo, Casanare.
Señalaron que históricamente accedían a la finca por la vía objeto de controversia,
pero que, desde su deterioro hace aproximadamente diez años, el ingreso al predio se
ha dificultado progresivamente.
Anotaron que, aunque residen en Bogotá, visitan con frecuencia la finca junto con su
hijo, donde desarrollan actividades ganaderas y realizan labores de mantenimiento.
Agregaron que las condiciones de la vía dificultan el transporte de materiales de
construcción, alimentos, herramientas e insumos, situación que se agrava durante las
temporadas de invierno y que ha impedido realizar las mejoras necesarias en la
vivienda y atender adecuadamente las actividades productivas del predio.
Asimismo, señalaron que las dificultades de acceso han afectado la administración,
conservación y aprovechamiento del inmueble, particularmente por los obstáculos para
transportar insumos y realizar las labores propias de la actividad ganadera. Por lo
anterior, solicitaron que su intervención fuera tenida en cuenta al momento de resolver
la acción de tutela, al considerar que la decisión que se adopte incidirá en sus derechos
e intereses como propietarios y en las condiciones de acceso, uso y disfrute del predio.
El señor Jorge Pedraza señaló que su sustento económico proviene de las actividades
agropecuarias que desarrolla en el predio, relacionadas con el cultivo de plátano y la
explotación ganadera. Señaló que estas actividades se han visto afectadas por las
condiciones de la vía, debido a las dificultades para ingresar insumos, alimento para
los animales, medicamentos veterinarios y vacunas, así como para transportar los
productos obtenidos en la finca. Indicó que estas dificultades se incrementan durante
las temporadas de invierno.
Asimismo, afirmó que las condiciones de la vía han afectado sus actividades
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
económicas y las condiciones de vida de su hijo, debido a las dificultades para acceder
a servicios de salud, adquirir bienes de primera necesidad y desarrollar sus actividades
cotidianas. Por lo anterior, solicitó que su intervención fuera tenida en cuenta al
resolver la acción de tutela, al considerar que la decisión que se adopte puede incidir
en sus derechos fundamentales, en atención a sus limitaciones permanentes de
movilidad y a las condiciones de vida de su núcleo familiar.
El señor Jorge Andrés Manrique Pedraza manifestó que reside en el predio y que
debe desplazarse diariamente hacia el municipio de Paz de Ariporo para desarrollar
sus actividades laborales. Indicó que las condiciones de la vía afectan estos
desplazamientos, al incrementar los tiempos de recorrido y los riesgos durante el
tránsito, especialmente en temporada de invierno. Agregó que esta situación también
afecta a sus padres, quienes son adultos mayores y presentan problemas de salud
que requieren desplazamientos frecuentes para recibir atención médica.
Por lo anterior, solicitó que su intervención fuera tenida en cuenta al momento de
resolver la acción de tutela, al considerar que la decisión que se adopte puede incidir
en sus condiciones de movilidad y en el acceso al predio donde reside, así como en
las condiciones de desplazamiento de sus padres para atender sus necesidades de
salud.
El señor Roberto Daniel Manrique afirmó que las dificultades de acceso,
especialmente durante la temporada de invierno, han impedido el ingreso oportuno de
alimento para los animales y de medicamentos veterinarios, lo que ha ocasionado
pérdida de semovientes y afectaciones en la producción pecuaria. Asimismo, indicó
que las condiciones de la vía dificultan el transporte de las cosechas hasta el casco
urbano para su comercialización. Además, que estas circunstancias también han
afectado a su núcleo familiar, debido a las dificultades para trasladar a sus hijos al
establecimiento educativo y para que su familia y sus padres puedan desplazarse a
recibir atención médica o atender situaciones de urgencia.
También manifestó que, como hijo, debe atender las necesidades de sus padres,
quienes son adultos mayores con problemas de salud y requieren apoyo para sus
desplazamientos y atención médica. Por ello, solicitó que su intervención fuera tenida
en cuenta al momento de resolver la acción de tutela, al considerar que las condiciones
de la vía afectan el libre tránsito, el acceso a los servicios de salud, la educación de
sus hijos y el desarrollo de las actividades económicas de las que depende el sustento
de su núcleo familiar.
La señora María Magneli Pedraza manifestó que históricamente ha accedido a su
predio por la vía objeto de controversia y que, desde su deterioro hace
aproximadamente ocho años, el ingreso y la salida se han dificultado. Dijo que es una
persona adulta mayor y que padece artrosis severa, osteoesclerosis y glaucoma,
condiciones que afectan su movilidad y visión. Indicó que, durante la temporada de
invierno, el acceso vehicular hasta la finca se dificulta y debe recorrer
aproximadamente dos kilómetros a pie o a caballo, lo que le genera dificultades para
desplazarse al municipio, asistir a citas médicas y adquirir medicamentos.
El accionante, señor José Albino Manrique Manrique, declaró que es una persona
adulta mayor y que presenta una discapacidad permanente en su mano izquierda,
circunstancias que dificultan sus desplazamientos y el acceso a su predio debido a las
condiciones de la vía. Manifestó que esta situación afecta su calidad de vida y el
desarrollo de sus actividades cotidianas y productivas. Pidió que su intervención fuera
tenida en cuenta al resolver la acción de tutela, por considerar que la decisión que se
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
adopte puede incidir directamente en sus derechos e intereses como propietario del
predio.
El señor Nilson Mendivelso mencionó ser propietario del predio Fundo Santa Teresa,
ubicado en la vereda Brito Alto del municipio de Paz de Ariporo, Casanare. Expresó
que históricamente accedía a la finca por la vía objeto de controversia, pero que, desde
su destrucción, el ingreso y la salida se han visto afectados, situación que dificulta el
desarrollo de las actividades agropecuarias de las que depende el sustento de su
familia, entre ellas la producción de cachama y la explotación ganadera, debido a los
obstáculos para transportar insumos, alimentos, medicamentos veterinarios y
productos para su comercialización. Agregó que sufrió un accidente en el predio y que,
debido a las condiciones de la vía, no pudo ser trasladado en vehículo, por lo que tuvo
que salir en motocicleta con ayuda de varias personas. Indicó que las dificultades de
acceso se agravan durante la temporada de invierno y afectan tanto el desarrollo de
las actividades productivas como el acceso a los servicios de salud y el abastecimiento
de alimentos.
El señor Eriberto González Benítez expuso que es un tercero afectado por la
obstrucción de la vía ubicada en la vereda Brito Alto, municipio de Paz de Ariporo.
Indicó que dicho corredor ha sido utilizado históricamente como vía pública y que su
cierre por parte de un particular, así como las actuaciones de las administraciones
municipales y la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Casanare, han
afectado sus derechos y los de la comunidad. Agregó que la obstrucción limita su
derecho a la libre movilidad y al uso de la vía como ciudadano, por lo que solicitó al
Consejo de Estado que su intervención fuera tenida en cuenta al resolver la acción de
tutela y que se adopten las medidas correspondientes para la protección de los
derechos de la comunidad afectada.
El municipio de Paz de Ariporo indicó que fue notificado, mediante correo electrónico
institucional, del auto admisorio proferido el 16 de julio de 2026; sin embargo, advirtió
que únicamente recibió el auto y el escrito de tutela, sin los anexos ni las pruebas
aportadas por el accionante. Precisó que esta situación no correspondía con lo
ordenado en el numeral segundo del auto admisorio, que dispuso la remisión de la
demanda junto con la totalidad de sus anexos.
Al consultar el expediente electrónico en SAMAI, afirmó que tampoco encontró
disponible dicho material. Entre los documentos que relacionó como faltantes se
encuentran las sentencias de primera y segunda instancia de la acción popular, las
constancias secretariales, los documentos de la Oficina Asesora de Planeación, el
inventario de vías terciarias reportado al Sistema Integral Nacional de Información de
Carreteras (SINC), el oficio del Ministerio de Transporte, el mapa de equipamiento y
comunicaciones del PBOT de 2000, los acuerdos municipales relacionados con su
vigencia y derogatoria, las pruebas de oficio solicitadas por el accionante y el
expediente digital de la acción popular. Afirmó que esta situación le impedía conocer
integralmente los fundamentos de la acción y ejercer adecuadamente sus derechos de
defensa y contradicción.
Con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política y en la sentencia T-130
de 2017, invocó las garantías del debido proceso, la defensa, la contradicción y la
igualdad de armas.
En consecuencia, solicitó que se remitiera la totalidad del expediente digital, incluidos
los documentos y elementos probatorios relacionados en la demanda, y que el término
para rendir el informe comenzara a contarse a partir del día hábil siguiente a la remisión
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
completa del expediente.
De manera subsidiaria, pidió que se concediera una ampliación del término para
ejercer oportunamente sus derechos de defensa y contradicción.
El señor Juan Bautista Méndez Mariño por medio de apoderada judicial, se pronunció
sobre los hechos de la acción de tutela, aceptando algunos, otros de manera parcial y
controvirtiendo aquellos que consideró carentes de respaldo probatorio.
Sostuvo que la vía pública denominada «El Muese, Bebedero, Brito Alto» existe, ha
recibido mantenimiento por parte del municipio de Paz de Ariporo y no ha sido
obstruida, pero que su trazado no atraviesa los predios de su representado ni los del
accionante y su familia. Indicó que las zanjas construidas se encuentran dentro de su
propiedad y fueron realizadas para evitar nuevas afectaciones. Agregó que la
pretensión del accionante estaría dirigida a obtener la construcción de una vía de
acceso a su predio, para lo cual, en su criterio, debía acudir al proceso de imposición
de servidumbre de tránsito previsto en el artículo 376 del Código General del Proceso.
Respecto de la derogatoria del Acuerdo Municipal 500.02-015 de 2019, reconoció que
esta ocurrió, pero sostuvo que tanto el PBOT de 2000 como el de 2019 identificaban
la misma vía pública, con igual denominación y coordenadas, por lo que dicha
modificación no habría incidido en la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare.
Se opuso a las pretensiones de la tutela y descartó la configuración de los defectos
fáctico, de decisión sin motivación y por error inducido. Asimismo, sostuvo que no se
cumplían los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
existir otros medios de defensa, no acreditarse un perjuicio irremediable y no
satisfacerse el requisito de inmediatez. Por estas razones, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela promovida por José Albino Manrique Manrique.
El señor Erwin Hartmann Arboleda sostuvo que el objeto de la acción de tutela carece
de sustento, pues la derogatoria del PBOT de 2019 no produce los mismos efectos
que su nulidad. Indicó que dicho instrumento estuvo vigente hasta el 25 de octubre de
2025 y era el aplicable al momento de los hechos discutidos en la acción popular, por
lo que la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare del 4 de diciembre de 2025
se ajustó al marco normativo vigente. Agregó que el PBOT de 2000 tampoco reconocía
como espacio público el tramo vial objeto de controversia y que la providencia
cuestionada no se fundamentó en una norma derogada.
En cuanto a las pretensiones, se opuso a su prosperidad y sostuvo que no se vulneró
el debido proceso ni se configuró alguno de los defectos alegados. Planteó la falta de
subsidiariedad, la inexistencia de un defecto atribuible a la providencia, la ausencia de
prueba sobre mala fe, fraude o temeridad en su actuación como apoderado del
municipio y la falta de acreditación de una vulneración concreta de derechos
fundamentales. Por lo anterior, solicitó negar el amparo y declarar improcedente la
acción de tutela.
La Contraloría General de la República afirmó que los hechos expuestos por el
accionante no guardan relación con actuaciones adelantadas por esa entidad en
ejercicio de sus funciones de vigilancia y control fiscal. Precisó que la controversia tuvo
origen en una acción popular relacionada con una vía ubicada en Paz de Ariporo,
resuelta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y que el Tribunal
Administrativo de Casanare remitió copias del expediente a la Contraloría, la
Procuraduría y la Fiscalía para que, dentro de sus competencias, determinaran la
posible existencia de responsabilidades.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
Aclaró que dicha remisión no implica la declaración de responsabilidad fiscal ni impone
el inicio de una actuación, pues tiene como finalidad poner los hechos en conocimiento
de los órganos de control. Agregó que los contratos referidos por el Tribunal fueron
celebrados entre 1995 y 2007, por lo que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley
610 de 2000, la acción fiscal se encontraba caducada.
En consecuencia, la entidad consideró que no ha vulnerado ningún derecho
fundamental del accionante, pues la caducidad impide iniciar procesos de
responsabilidad fiscal respecto de hechos cuya oportunidad legal para investigarlos ya
expiró, sin que la remisión efectuada por el Tribunal tenga la capacidad de suspender
o revivir dicho término. Por ello, solicitó declarar improcedente la acción de tutela
respecto de la Contraloría o, subsidiariamente, negar el amparo solicitado.
Los señores José Elicero Acosta, Juan Méndez Preciado, Vicente Barrera Moreno,
Heidy Viviana Tovar Rodríguez, Robison Barrera, Isidro Oros García, Sandra
Milena Quintero, Glavelis Oros García, Héctor García, Purificación Pedraza, Juan
David Pedraza (qepd), Oscar Fabián Ramírez Mendivelso, Olger Herney
Montañés, el Ministerio Público y la Inspección de Policía de Paz de Ariporo,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Cuestión previa
• De la solicitud realizada por el municipio de Paz de Ariporo
El municipio de Paz de Ariporo señaló que únicamente recibió el auto admisorio
proferido el 16 de julio de 2026 y el escrito de tutela, sin los anexos y pruebas aportados
por el accionante.
Al respecto, debe precisarse que la notificación se efectuó por medios electrónicos y
que, en la comunicación remitida por la Secretaría, se informó expresamente el
mecanismo habilitado para consultar el expediente en su integridad.
Para tal efecto, se suministraron los enlaces de acceso al sistema SAMAI, junto con
las instrucciones correspondientes y el video dispuesto para facilitar el ingreso al
expediente.
Así, el hecho de que los anexos y las pruebas no hubieran sido enviados como
archivos adjuntos al correo electrónico no significa que el municipio hubiera quedado
imposibilitado para conocerlos, pues la Secretaría puso a su disposición el expediente
completo a través de los enlaces remitidos con la notificación. En consecuencia, no se
advierte que esta circunstancia hubiera impedido el conocimiento de las actuaciones
ni el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.
• De las intervenciones de algunos terceros
Se debe precisar que los señores Sergio Alejandro Roa, María Vianey Mendivelso
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y,
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
Pedraza, María Magneli Pedraza, Jorge Eliécer Pedraza, Nilson Mendivelso y Eriberto
González Benítez no hicieron parte de la acción popular que dio origen a la
controversia. Sin embargo, algunos de ellos rindieron testimonio dentro del proceso
ordinario, como María Vianey Mendivelso Pedraza y Eriberto González Benítez,
mientras que otros, como Nilson Mendivelso, María Magneli Pedraza y Jorge Eliécer
Pedraza, promovieron querellas o denuncias previas.
En todo caso, su legitimación para intervenir en el presente trámite constitucional
deriva de su condición de terceros con interés legítimo, pues manifiestan que los
efectos de la sentencia cuestionada pueden afectar sus derechos fundamentales,
particularmente la movilidad, la salud, el mínimo vital y el acceso a sus respectivos
predios.
Problema jurídico
El señor José Albino Manrique Manrique invocó los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a obtener una decisión judicial
motivada que considera vulnerados con la sentencia proferida el 4 de diciembre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro de la acción popular
con radicado No. 85001-33-33-002-2022-00133-01.
La Sala anticipa que, en el presente caso, la acción de tutela no cumple el requisito
general de inmediatez.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el
caso concreto.
Del requisito general de inmediatez4 en el caso concreto
En el escrito de tutela la inconformidad planteada por el actor está dirigida contra la
sentencia del 4 de diciembre de 2025, proferida dentro del proceso con radicado
85001-33-33-002-2022-00133-01.
4
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales es
de seis meses, contado a partir de la fecha de notificación de la providencia acusada. Lo anterior, en atención a la naturaleza del
acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la
tutela judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas oportunidades que debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la presentación
de la demanda4, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene que ver
con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad
jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela. La inmediatez es más bien un
requisito que busca que la acción se presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un tiempo
razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha
cumplido el requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría causar la lesión de derechos
fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla jurisprudencial unánime y pacífica que se ha
mantenido en el tiempo, precisamente para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad jurídica
y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la acción de tutela contra providencias judiciales es la
excepción a la regla y, en esa medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
La Sala observa que en esta oportunidad no resulta satisfecho el requisito general de
procedencia de la inmediatez, por las razones que a continuación expone.
En primer lugar, de la consulta de SAMAI del expediente, se encuentra que la
sentencia de 4 de diciembre de 2025 tuvo el siguiente trámite de notificación:
Del análisis anterior, se desprende que:
• El 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió
sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos.
• El 9 de diciembre de 2025, la Secretaría del Tribunal realizó dos actuaciones
diferenciadas para dar publicidad a la providencia, así:
En primer lugar, remitió el texto de la sentencia, mediante el aplicativo SAMAI,
a los canales digitales registrados por las partes y demás intervinientes.
En segundo lugar, la Secretaría incluyó la sentencia en el estado electrónico de
esa misma fecha.
Ahora bien, se tiene que la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare, dentro del proceso de acción popular fue proferida el 4 de
diciembre de 2025 y comunicada por correo electrónico el 9 de diciembre de 2025. Por
lo tanto, de conformidad con el numeral 2 del artículo 205 del CPACA 5, se entiende
notificada el 11 de diciembre de 2025.
En consecuencia, entre la notificación de la providencia cuestionada y la presentación
de la solicitud de amparo transcurrieron 6 meses y 28 días, término que excede el
plazo razonable de seis meses previsto en la jurisprudencia de esta Corporación para
el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sobre la flexibilización del requisito general de inmediatez, la Corte Constitucional en
la sentencia T-412 de 2018, aseguró:
En primer lugar, ha considerado como relevantes, los siguientes 6: “(i) si el ejercicio inoportuno
de la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo
trascurrió entre la expedición de una sentencia de unificación novedosa de esta Corte sobre
una materia discutida y la presentación del amparo; (iii) cuánto tiempo pasó entre el momento
en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de esta última; o (iv)
cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos
similares al que está por resolverse”7.
5
La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del
mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación
6
SU-499 de 2016.
7
SU-407 de 2013.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
En segundo lugar, para los mismos fines, también ha considerado como relevantes, estos
otros: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición” 8.
En tercer lugar, ha considerado, también, como relevantes, estos: “i) la pertenencia del actor
a un grupo vulnerable; ii) las situaciones personales o coyunturales que le hayan impedido
acudir de forma inmediata ante la jurisdicción constitucional; iii) el aislamiento geográfico; iv)
la vulnerabilidad económica, además de la persistencia o agravación de la situación del actor;
v) la eventual vulneración de derechos de terceros; vi) la ausencia absoluta de diligencia por
parte del afectado; y vii) la posibilidad de que el amparo represente una seria afectación a la
seguridad jurídica”9.
En cuarto lugar, ha considerado como relevantes, igualmente, los siguientes criterios: “(i) que
se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que
la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual[;] y (ii) que
la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a
un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”10.
En el caso concreto, el accionante sostiene que la sentencia quedó ejecutoriada el 16
de diciembre de 2025, que la constancia de ejecutoria fue comunicada a las partes el
4 de febrero de 2026 y que solo conoció la derogatoria del PBOT de 2019 mediante la
certificación expedida el 28 de abril siguiente.
Sin embargo, ninguna de esas circunstancias modifica el cómputo de la inmediatez,
porque la tutela se dirige contra la sentencia del 4 de diciembre de 2025 y, por tanto,
el lapso debe contabilizarse desde el día siguiente a su notificación, momento en el
cual el actor conoció las razones de la decisión y quedó habilitado para acudir al juez
constitucional.
Finalmente, en cuanto a las circunstancias invocadas por el accionante, relacionadas
con su condición de campesino habitante de una zona rural dispersa y sin acceso
inmediato a la información de la administración municipal no se encuentran
acreditadas. Tampoco puede inferirse esa situación del hecho de haber promovido una
acción popular relacionada con una vía rural, pues dicho mecanismo puede ser
ejercido por cualquier persona, sin necesidad de demostrar una afectación individual
o su residencia en el lugar.
Además, aun si se aceptara esa condición, el actor no acreditó de qué manera le
impidió acudir al juez constitucional después de conocer la sentencia cuestionada,
pues la dificultad alegada se relaciona con el acceso a información municipal y no con
la posibilidad de presentar la acción de tutela.
Se reitera, desde la notificación de la providencia cuestionada, el actor estuvo
habilitado para acudir a la jurisdicción constitucional, pues conoció las razones
jurídicas dadas por la autoridad accionada al revocar la sentencia del 9 de septiembre
de 2024 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal.
8
Cfr. sentencias T-172 de 2013; T-743 de 2008; T-814 de 2004; SU-961 de 1999; T-043 de 2016; T-759 de 2015; y T-243 de
2008, entre otras.
9
T-069 de 2015.
10
SU-499 de 2016.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05305-00
Demandante: José Albino Manrique Manrique
En síntesis, en el presente asunto, la acción de tutela de la referencia no cumple con
el requisito general de la inmediatez, en ese entendido la Sala declarará improcedente
la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José Albino
Manrique Manrique contra el Tribunal Administrativo de Casanare, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.