Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05307-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05307-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05307-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
4 de agosto de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05307-00
Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda
• Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Temeridad
Síntesis del caso: La demandante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Gloria Amparo Barajas
Vásquez en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección F y el Juzgado 8 Administrativo de Descongestión de
Bogotá2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados
1.1. Posición de la parte actora.
1. El 10 de julio de 2026, Gloria Amparo Barajas Vásquez, por conducto
de apoderado, promovió acción de tutela contra el Juzgado 8
Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, con ocasión de las sentencias proferidas el
27 de febrero de 2015 y el 31 de agosto de 2018, por las autoridades
judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-31-016-2011-00613-00/01,
acumulado al proceso No. 11001-33-31-012-2011-00111-00/01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021, y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2
Hoy Juzgado 52 Administrativo de Bogotá
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05307-00
Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Rechaza por temeridad
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“Por lo válidamente expuesto en precedencia TUTELAR los derechos
fundamentales del ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA y el DEBIDO
PROCESO de la ACCIONANTE GLORIA AMPARO BARAJAS VASQUEZ, para que,
en un plazo de 48 horas a partir del presente, fallo, ordenar:
PRIMERA: Dejar sin efectos el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado
Octavo Administrativo de Descongestión de Bogotá del veintisiete (27) de
febrero de dos mil quince (2015), en el caso de radicación No. 11001-33-31-016-
2011-00613-00, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda del
medio de control de Nulidad y Restablecimiento presentada por la señora
GLORIA AMPARO BARAJAS VÁSQUEZ.
SEGUNDA: Dejar sin efectos el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del treinta y uno (31) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), en el caso de radicación No. 11001 33-31-016-2011-00613-01,
mediante el cual se confirmó la decisión proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Descongestión de Bogotá.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) La señora Gloria Amparo Barajas Vásquez y el señor José Rodrigo
Palacio Cano contrajeron matrimonio católico el 5 de marzo de 1983,
vínculo que se mantuvo vigente hasta el 10 de septiembre de 2007, fecha
en la cual, mediante Escritura Pública No. 1766 de la Notaría Única de
Arauca, se produjo la cesación de los efectos civiles del matrimonio y la
liquidación de la sociedad conyugal.
5. 2) Con ocasión de la muerte de José Rodrigo Palacio Cano el 17 de
febrero de 2010, la señora Barajas Vásquez solicitó ante la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, el reconocimiento de la asignación
mensual de retiro que él devengaba en vida, la cual le fue negada
mediante Resolución No. 02644 de 19 de mayo de 2010. Sin embargo, dicha
asignación fue reconocida en un 50% al menor José Felipe Palacio Barajas,
y en un 50% al menor Sebastián Palacio Gómez (hijo de la señora Erika Karina
Gómez López3).
6. 3) Gloria Amparo Barajas Vásquez presentó recurso de reposición, el
cual fue resuelto a través de la Resolución No. 04519 de 3 de agosto de 2010,
en la cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-,
confirmó en su totalidad la decisión recurrida.
7. 4) Por lo anterior, la accionante promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que solicitó la nulidad de las Resolución
No. 2644 de 19 de mayo de 2010 y No. 4519 de 3 de agosto de 2010,
proferidas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, y
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Demandante dentro del proceso que fue acumulado, radicado No. 11001-33-31-012-2011-00111-00
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05307-00
Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Rechaza por temeridad
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a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Su conocimiento, en primera instancia, le correspondió
al Juzgado 8 Administrativo de Descongestión de Bogotá, bajo radicado No.
11001-33-31-016-2011-00613-00/01, acumulado al proceso 11001-33-31-012-
2011-00111-00/01, el cual mediante sentencia de 27 de enero de 2015 negó
las pretensiones propuestas por la parte actora4.
8. 5) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F”, con ocasión del recurso de apelación presentado por Gloria
Amparo Barajas Vásquez5, en Sentencia de 31 de agosto de 2018, confirmó
la decisión de primera instancia. Argumentó que, si bien la demandante
contrajo matrimonio con José Rodrigo Palacio Cano, no se encontraba
acreditada la vida marital con el causante al momento de su deceso, ni la
convivencia con él no inferior a 5 años continuos inmediatamente anteriores
a su muerte, tal como lo exige el Decreto 4433 de 2004. Además, adujo que
el divorcio era una causal de pérdida de la condición de beneficiario para
la sustitución de la asignación de retiro, según lo dispuesto en el artículo 12
de la norma precedida.
9. Como fundamento de la vulneración, la accionante manifestó que la
ausencia de convivencia con el causante durante los años anteriores a su
muerte no obedeció a una decisión libre y voluntaria, sino a los actos de
violencia física y psicológica, maltrato e infidelidad que, según afirmó, sufrió
durante la relación matrimonial. Sostuvo que tales circunstancias se
encontraban acreditadas en el proceso, pero no fueron valoradas con el
alcance correspondiente, pues las autoridades judiciales otorgaron
relevancia a que la cesación de los efectos civiles del matrimonio se hubiera
producido de mutuo acuerdo.
10. La demandante hizo referencia a la existencia de una acción de
tutela promovida con anterioridad respecto de los mismos hechos y
pretensiones, y sostuvo que, pese a la identidad existente entre ambas
solicitudes de amparo, no se configuraba la temeridad porque, a su juicio,
la causa petendi había variado con ocasión del desarrollo jurisprudencial
posterior.
11. Para sustentar la procedencia de la nueva acción de tutela y la
ausencia de temeridad y cosa juzgada, la demandante invocó las
4 La decisión se fundamentó en que la señora Gloria Amparo Barajas Vásquez se había separado del causante
desde septiembre de 2007 y, por tanto, no acreditó la convivencia exigida para acceder a la sustitución de la
asignación de retiro. Además, el juzgado consideró que el divorcio constituía una causal de pérdida de la
condición de beneficiaria y que las pruebas no permitían establecer una situación de dependencia que
desvirtuara dicha conclusión.
5 La accionante sostuvo que el a quo realizó una valoración inadecuada de las pruebas, pues no tuvo en cuenta
que la falta de convivencia con el causante obedeció a los actos de violencia física y psicológica de los que fue
víctima durante el matrimonio. Alegó, además, que dicha situación debía ser valorada a la luz de la protección
especial de la mujer víctima de violencia y que no podía atribuírsele la pérdida de su condición de beneficiaria
por la cesación de los efectos civiles del matrimonio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05307-00
Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Rechaza por temeridad
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Sentencias SU-213 de 2023 y T-239 de 2025, y sostuvo que el cambio
jurisprudencial introducido con posterioridad a la acción de tutela anterior6,
constituía un hecho nuevo que modificaba la causa pretendi y permitía un
nuevo examen de su situación. En particular, señaló que dichos
pronunciamientos permitían considerar los desarrollos jurisprudenciales
posteriores en materia de protección de las mujeres víctimas de violencia y
aplicación de la perspectiva de género, por lo que las circunstancias de
violencia física y psicológica que, según afirmó, determinaron la ruptura de
la convivencia con el causante, debían ser valoradas nuevamente a la luz
del marco constitucional actualmente vigente.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7
12. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -Archivo CAN-8
remitió el enlace correspondiente al expediente electrónico de primera
instancia, sin efectuar pronunciamiento adicional frente a la acción
constitucional, toda vez que el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá
manifestó que el proceso se encontraba archivado en la caja No. 65 de
2019.
13. El Juzgado 52 Administrativo de Bogotá9 remitió a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial -Archivo CAN-, toda vez que el proceso
No. 11001-33-31-016-2011-00613-00 se encontraba archivado en la caja No.
65 de 2019.
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F10 informó que no era posible dar cumplimiento a la orden de
remisión, ya que el expediente objeto de estudio por parte de la
corporación fue devuelto al despacho de origen desde el 12 de febrero de
2014, como constaba en el registro de SAMAI índice 00021.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Verificación de actuación temeraria. 2.3.
Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
6 23 de abril de 2019, con Rad. No. 11001-03-15-000-2019-01623-00. Según consta en el registro de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI.
7 Mediante Auto de 10 de julio de 2026, el despacho sustanciador resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de
tutela de la referencia; (2) tener como demandados a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 8 Administrativo de Descongestión de Bogotá y; (3) vincular a la
Nación -Ministerio de Defensa- Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, a Erika Karina Gómez
López y al Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, como terceros con interés en el asunto.
8 Índice 15 de SAMAI
9 Índice 17 de SAMAI
10 Índice 18 de SAMAI
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05307-00
Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Rechaza por temeridad
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15. Determinar si existió o no una actuación temeraria11 por parte de
Gloria Amparo Barajas Vásquez al presentar esta acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 8 Administrativo de
Descongestión, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
2.2. Verificación de actuación temeraria
16. De conformidad con la Corte Constitucional12, la existencia de un
comportamiento temerario en materia de tutela se da cuando resulta
injustificada la presentación reiterativa de la acción de tutela.
17. En el presente caso y del examen del expediente, la Sala constató que
la señora Gloria Amparo Barajas Vásquez promovió, en el 2019, una acción
de tutela ante esta misma Corporación, identificada con el radicado 11001-
03-15-000-2019-01623-00, la cual guarda una similitud sustancial con la
acción de tutela de la referencia, identificada con el radicado 11001-03-15-
000-2026-05307-00, actualmente sometida a conocimiento de esta Sala.
18. En relación con la acción de tutela radicada bajo el No. 11001-03-15-
000-2019-01623-00, se observa que la Sección Quinta del Consejo de Estado
negó el amparo solicitado13, decisión que fue impugnada por la
accionante14 y, posteriormente, confirmada por la Sección Primera de esta
Corporación15. Dicha providencia quedó ejecutoriada y adquirió el
carácter de cosa juzgada constitucional, al no haber sido seleccionada
para revisión por la Corte Constitucional
19. Sobre la existencia de identidad de partes, hechos y objeto o
pretensiones entre las referidas tutelas, se observó lo siguiente:
11 El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla (se trascribe) “ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
12
La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para
determinar la existencia o no de temeridad: “(1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de
pretensiones; y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar
doloso y de mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo
dicha multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia
del accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante. Sentencias SU-168/17, T-272/19, T-162/18, T-185 de 2013, T-084/12 y T-727/11, entre otras.
13
La Sección Quinta negó el amparo al considerar que el Tribunal había aplicado correctamente el Decreto 4433
de 2004, vigente al momento del fallecimiento del causante, y que, en consecuencia, no resultaba procedente
analizar el defecto fáctico en los términos planteados.
14
La accionante impugnó la decisión al sostener que las pruebas aportadas en el proceso ordinario no fueron
valoradas adecuadamente, particularmente el testimonio de su hijo y las declaraciones extrajudiciales relativas a
los malos tratos, y que se había omitido la aplicación de la Ley 447 de 1998 y de la jurisprudencia que establecía
una excepción cuando la ruptura de la convivencia no era imputable al cónyuge supérstite.
15
la Sección Primera confirmó la decisión al concluir que el Tribunal aplicó correctamente el Decreto 4433 de 2004
y que las pruebas allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fueron valoradas de manera
razonada, sin que se configuraran los defectos sustantivo o fáctico alegados.
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Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Rechaza por temeridad
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20. Identidad de partes: En este punto se observa que ambas acciones
de tutela fueron promovidas por Gloria Amparo Barajas Vásquez contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 8 Administrativo de
Descongestión de Bogotá.
21. Identidad de hechos: En este aspecto, la Sala advierte que las
solicitudes de amparo objeto de análisis encuentran su origen en las
providencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por la señora Barajas Vásquez, con ocasión de la
negativa de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- a
reconocerle la sustitución de la asignación mensual de retiro por la muerte
de su expareja, José Rodrigo Palacio Cano. En ambas acciones, la
demandante cuestiona las Sentencias de 27 de febrero de 201516 y 31 de
agosto de 201817, al considerar que las autoridades judiciales no valoraron
adecuadamente las circunstancias de violencia física y psicológica que,
según afirma, determinaron la ruptura de la convivencia con el causante y
que, por tanto, justificaban la falta de convivencia durante los años
anteriores a su muerte. Así, los hechos que sustentan la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales en ambas solicitudes de amparo
corresponden, sustancialmente, a los mismos acontecimientos y
circunstancias ya planteados en la acción de tutela promovida en el año
2019.
22. Identidad de pretensiones: Encuentra la Sala que en ambas acciones
constitucionales la señora Gloria Amparo Barajas Vásquez solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, al considerar que estos fueron vulnerados
con ocasión de las providencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido para obtener el reconocimiento
de la sustitución de la asignación de a causa de la muerte de su expareja,
José Rodrigo Palacio Cano. En ese sentido, en ambas solicitudes de amparo
pretende que se dejen sin efectos las Sentencias de 27 de febrero de 2015 y
31 de agosto de 2018, proferidas, respectivamente, por el Juzgado 8
Administrativo de Descongestión de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y que, en su lugar, se
ordene proferir una nueva decisión en la que se valoren integralmente las
pruebas allegadas al proceso, particularmente aquellas relacionadas con
16
Sentencia de primera instancia de 27 de febrero de 2015; Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá; proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; radicado 11001-33-31-016-2011-00613-01,
acumulado al 11001-33-31-012-2011-00111-01; demandante Gloria Amparo Barajas Vásquez; demandada Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR–.
17
Sentencia de segunda instancia de 31 de agosto de 2018; Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; radicado 11001-33-31-016-
2011-00613-01, acumulado al 11001-33-31-012-2011-00111-01; demandante Gloria Amparo Barajas Vásquez;
demandada Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR–.
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Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Rechaza por temeridad
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las circunstancias de violencia física y psicológica que, según afirma,
determinaron la ruptura de la convivencia con el causante.
23. Ausencia de justificación en la presentación de las nuevas demandas:
Si bien la demandante pretende justificar la presentación de una nueva
acción de tutela en la existencia de un supuesto hecho nuevo que, a su
juicio, habría modificado la causa pretendi, y para ello invoca las Sentencias
SU-213 de 2023 y T-239 de 2025, lo cierto es que dicha circunstancia no
resulta suficiente para justificar la promoción de un nuevo amparo. En
efecto, la Corte Constitucional ha admitido que, excepcionalmente, un
cambio jurisprudencial puede constituir un hecho nuevo capaz de modificar
la causa pretendi y, por tanto, descartar la configuración de la cosa juzgada
constitucional y la temeridad18. Sin embargo, también ha precisado que no
cualquier pronunciamiento judicial posterior puede ser considerado como
tal, pues se requiere que concurran dos condiciones: (1) que se trate de un
pronunciamiento con efectos erga omnes o inter partes, en cuanto tenga
vocación de universalidad y no se limite a resolver un caso concreto; y (2)
que contenga un pronunciamiento novedoso que puntualice, aclare o
rectifique la jurisprudencia y que, en consecuencia, introduzca una
circunstancia jurídica adicional capaz de alterar, concretar o condicionar
los hechos del caso. De ahí que la Corte señale que no cualquier
pronunciamiento puede tomarse como un hecho nuevo, pues, además de
su vocación de universalidad, debe abordar situaciones jurídicas novedosas
que no hubiesen sido desarrolladas con anterioridad.
24. Bajo tales términos, la Sala observa, en primer lugar, que la parte
actora no identifica con precisión cuál es la circunstancia jurídica novedosa
que, a partir de las providencias que invoca, habría modificado la causa
pretendi de la acción promovida en el año 2019. El apoderado se limita a
referir las Sentencias SU-213 de 2023 y T-239 de 2025 y a señalar, de manera
general, que existe un desarrollo jurisprudencial posterior en materia de
protección de las mujeres víctimas de violencia y aplicación de la
perspectiva de género, sin explicar cuál es la regla nueva contenida en
dichas providencias que resulte directamente aplicable a la situación de la
señora Gloria Amparo Barajas Vásquez y que permita reabrir el debate ya
resuelto por la jurisdicción constitucional.
25. En segundo lugar, tampoco encuentra la Sala que las providencias
invocadas reúnan las condiciones necesarias para ser consideradas, en el
presente asunto, como un hecho nuevo. Frente a la Sentencia SU-213 de
2023, si bien se trata de una sentencia de unificación con vocación de
universalidad, su contenido no guarda relación con el supuesto fáctico ni
con el problema jurídico planteado en esta acción. En dicha providencia,
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Sentencia SU-150 de 2021; Corte Constitucional; M.P. Paola Andrea Meneses Msoquera
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la Corte Constitucional estableció que la pensión de sobrevivientes no
puede ser suspendida o revocada por el hecho de que su beneficiario
hubiera contraído nuevas nupcias o iniciado una nueva vida marital antes
de 7 de julio de 1991, supuesto que constituye la regla jurídica allí unificada.
Por tanto, dicha decisión no introdujo una regla novedosa relacionada con
el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro ni con la
valoración de la violencia física o psicológica como circunstancia
determinante de la ruptura de la convivencia, que son los aspectos que
sustentan la presente acción de tutela y de los cuales se pretende otra
valoración.
26. Por su parte, la Sentencia T-239 de 2025 tampoco puede ser tenida
como el hecho nuevo alegado. Además de que se trata de una sentencia
de tutela que resolvió un caso concreto y, por tanto, carece de la vocación
de universalidad exigida por la jurisprudencia para que un pronunciamiento
pueda modificar excepcionalmente la causa pretendi, su contenido
tampoco guarda relación con la controversia que ahora se examina. En
efecto, dicha providencia aplicó al caso concreto la regla previamente
establecida por la Sentencia SU-213 de 2023 y ordenó el restablecimiento de
una pensión de sobrevivientes a una mujer de la tercera edad a quien se le
había suspendido o revocado la prestación por haber contraído nuevas
nupcias antes de 1991. Así, la T-239 de 2025 no estableció una regla
jurisprudencial nueva y general relacionada con la sustitución de la
asignación de retiro en casos de violencia de género, sino que aplicó la
regla de unificación de la SU-213 de 2023 a las circunstancias particulares
del asunto allí decidido.
27. De lo expuesto, la Sala concluye que la señora Gloria Amparo Barajas
Vásquez ha promovido más de una acción de tutela con fundamento en
los mismos hechos y pretensiones, lo cual configura una actuación
temeraria, sin que se advierta justificación o excepción que permita eximir
dicha conducta. En virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591
de 1991, esta situación conlleva el rechazo o la decisión desfavorable de las
solicitudes formuladas en la presente acción constitucional.
28. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala se abstendrá de imponer sanción
alguna a la señora Gloria Amparo Barajas Vásquez y a su apoderado
Giovanny Luna García, toda vez que la parte actora reconoció la existencia
de una acción de tutela que ya había presentado y expuso una justificación
para la presentación de esta nueva acción, aunque esta no resulte
suficiente para desvirtuar la configuración de la temeridad. No obstante, se
le exhortará para que se abstenga de presentar nuevas tutelas fundadas en
los mismos hechos y argumentos.
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Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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Decisión: Rechaza por temeridad
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2.3. Conclusión
29. Esta Sala encuentra acreditada la actuación temeraria de la parte
demandante y, en consecuencia, rechazará la solicitud de amparo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: RECHAZAR POR TEMERIDAD la presente solicitud de amparo
presentada por Gloria Amparo Barajas Vásquez, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: EXHORTAR a la parte demandante para que se abstenga de
continuar presentando acciones de tutelas sobre los mismos hechos y
argumentos.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
19 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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