Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05322-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05322-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05322-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-00
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó
Tema: Tutela contra acto administrativo
Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Eleazar Ortiz Beytar, quien actúa en nombre
propio, en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida y «carrera
administrativa», ocurrida con ocasión de la expedición de la Resolución 093 del 12
de mayo de 2026.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
1. El 9 de marzo de 2009, el señor Eleazar Ortiz Beytar ingresó a la Rama Judicial en
propiedad en el cargo de Citador Grado 4 del Tribunal Administrativo del Chocó.
2. Luego, el accionante fue nombrado en provisionalidad por dicha Corporación
mediante Acuerdo 007 del 28 de febrero de 2024, en el cargo de Escribiente de la
misma Corporación en remplazo de la señora Sara Ashook Ricard, quien solicitó una
licencia no remunerada por el término de 2 años.
3. Asimismo, se tiene que el Tribunal a través de la Resolución 029 del 25 de febrero
de 2026, lo designó para continuar en dicho cargo hasta el término de 3 años. Sin
embargo, la señora Ashook Ricard quien se encontraba en situación administrativa
de licencia no remunerada para desempeñar el cargo de Profesional Universitario
Grado 12, el 9 de marzo de 2026 presentó renuncia a este último cargo.
4. Con posterioridad, esto es, el 24 de marzo de 2026 manifestó su renuncia a los
derechos de carrera administrativa en el cargo de Escribiente que, el señor Eleazar
Ortiz Beytar desempeñaba en provisionalidad mientras subsistiera la licencia no
1 Acción de tutela presentada el 10 de julio de 2026.
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remunerada concedida a la titular del empleo. De modo que, al configurarse la
vacancia definitiva del cargo, el aludido Tribunal dispuso la terminación de su
nombramiento provisional.
5. En consecuencia, al encontrarse vacante el cargo de manera definitiva dicha
autoridad judicial dispuso mediante Resolución 93 del 12 de mayo de 2026 nombrar
en provisionalidad a la señora Libia Marcella Salamandra Pacheco.
6. Indicó que, a partir del 20 de mayo de 2026 hasta la fecha, desempeña el cargo de
citador del Tribunal Administrativo del Chocó.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada al expedir la Resolución
93 del 12 de mayo de 2026 vulneró el derecho fundamental al mínimo vital con
ocasión de la disminución de su ingreso salarial, en la medida que, un citador
devenga $4.906.177, mientras que un escribiente percibe $6.678.150. Así como
también, el debido proceso administrativo ante la ausencia de reglamento interno,
sumada a la no aplicación efectiva de los principios constitucionales en materia de
nombramientos.
2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«ACCIÓN DE TUTELA, contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CHOCÓ, por la vulneración a mis derechos fundamentales al debido proceso,
derechos de carrera administrativa, vida digna, mínimo vital, los cuales están
siendo desconocidos y se encuentran amenazados o en peligro (…). (Sic)
2.4. Intervenciones
9. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 14 de julio de
2026 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Chocó como
accionado y al Juzgado Noveno Administrativo de Quibdó como tercero con interés
en el resultado del proceso, este último, comoquiera que así lo requirió el accionante
en la demanda de tutela.
10. El Tribunal Administrativo del Chocó señaló que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante porque el nombramiento en el cargo de escribiente
obedeció a una vacancia temporal con ocasión de la licencia no remunerada que le
fue concedida a la señora Sara Ashook Ricard, pero con ocasión a su renuncia la
vacancia de dicho cargo cambió a vacancia definitiva. De modo que, el
nombramiento de la señora Libia Marcella Salamandra Pacheco se efectuó en legal
forma, razón por la que requirió que se niegue el amparo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
11. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
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en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
12. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales al mínimo
vital y debido proceso administrativo, al expedir la Resolución 93 del 12 de mayo de
2026.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
13. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
14. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
15. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
3.3.1. Del requisito de subsidiariedad
16. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela
y determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991.
17. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
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18. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia1.
19. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
20. De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho referencia al
tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos administrativos, destacando
como regla general que no es la sede adecuada para controvertirlos, puesto que son
los procedimientos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los escenarios
naturales para la discusión sobre ellos.2
21. De esta manera entonces, la tutela es improcedente para debatir asuntos propios
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra
plenamente definido en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, que le otorga la potestad de conocer «además de
lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y
litigios originado en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al
derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los
particulares cuando ejerzan función administrativa(…)».
22. Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la jurisdicción,
se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual, «Toda persona que se crea lesionada
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca
el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. (…)».
23. Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de caducidad
dispuesto en el artículo 164 ibidem, que indica que «d) Cuando se pretenda la
nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del
término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales».
24. Adicionalmente, vale la pena poner de presente que en la Ley 1437 de 2011 se
consagraron una serie de medidas cautelares dirigidas a garantizar el resultado del
proceso.
3.6. Caso concreto
25. Al respecto, esta Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente,
toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad por las razones que se
2 Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.
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expondrán a continuación.
26. El señor Eleazar Ortiz Beytar solicitó la protección de los derechos fundamentales
al mínimo vital y debido proceso administrativo presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Chocó con ocasión de la Resolución 093 del 12 de mayo
de 2026.
27. Al respecto, encuentra la Sala que la acción de tutela no es procedente para
solventar la inconformidad planteada, teniendo en cuenta que puede promover el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde podrá alegar la
presunta violación de los derechos invocados y discutir la legalidad del acto
administrativo antes citado.
28. En ese sentido, dicho medio resulta ser idóneo y eficaz, puesto que éste le permite
solicitar medidas cautelares incluso de urgencia, como lo son: i) la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo objeto de controversia hasta que se
defina la declaración o no de la nulidad; ii) ordenar la adopción de una decisión
administrativa, y iii) impartir órdenes o imponer obligaciones a la autoridad
accionada. Herramientas que demuestran la efectividad del procedimiento ordinario
cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser remediada antes de
que se profiera una decisión definitiva, como ocurre en el caso particular.
29. Ahora bien, en el caso concreto no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se
argumentó que este haya existido por lo que no hay lugar a dar por cumplido el
requisito de la subsidiariedad, en la medida que se acredita que en la actualidad el
accionante desempeña su cargo de citador en propiedad, por ende, emerge con
claridad que no se encuentra vulnerado su derecho fundamental al mínimo vital en
los términos que alude el accionante en la demanda.
30. Máxime cuando tampoco argumentó por qué razón las medidas cautelares no se
pueden considerar un mecanismo efectivo para la protección de los derechos
invocados, cuando es el juez de lo contencioso administrativo el que debe hacer el
análisis de juridicidad de los actos administrativos.
31. Así las cosas, la Sala declarará improcedente el mecanismo constitucional, por
las razones expuestas en el proveído, pues, se reitera, dentro de las facultades del
juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas
para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la
acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección
alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la carta a los
jueces constitucionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Eleazar Ortiz Beytar
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Eleazar
Ortiz Beytar por falta del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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