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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05322-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05322-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018, expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete. 16 Ibidem. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-01 Accionante: Eleazar Ortiz Beytar SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05322-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-05322-01
Accionante: ELEAZAR ORTIZ BEYTAR
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Tema: TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS – Se declara
improcedente el mecanismo de amparo - La parte actora dispone de
otro medio de defensa judicial para ventilar los motivos de
inconformidad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de 6 de agosto de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Eleazar Ortiz Beytar, en nombre propio, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida y “[…] carrera
administrativa […]”, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del
Chocó con la Resolución 093 del 12 de mayo de 2026.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Afirmó que el 9 de marzo de 2009 ingresó a la Rama judicial por mérito en el
cargo de Citador Grado 04 del Tribunal Administrativo del Chocó.

2.2. Informó que “[…] fue nombrado en provisionalidad por dicha Corporación
mediante Acuerdo 007 del 28 de febrero de 2024, en el cargo de Escribiente de
la misma Corporación en remplazo (sic) de la señora Sara Ashook Ricard, quien
solicitó una licencia no remunerada por el término de 2 años […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-01
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

2.3. Afirmó que el Tribunal a través de la Resolución 029 de 25 de febrero de 2026,
lo designó para continuar en dicho cargo por el término de 3 años. Sin embargo,
la señora Sara Ashook Ricard, quien se encontraba en situación administrativa
de licencia no remunerada para desempeñar el cargo de Profesional
Universitario Grado 12, presentó renuncia a este último cargo el 9 de marzo de
2026.

2.4. Señaló que frente al cargo de Escribiente que venía desempeñando, al “[…]
encontrarse vacante el cargo de manera definitiva dicha autoridad judicial
dispuso mediante Resolución 93 del 12 de mayo de 2026 nombrar en
provisionalidad a la señora Libia Marcella Salamandra Pacheco […]”.

2.5. Adujoque “[…] El día 20 de mayo del presente año, el secretario de la
Corporación judicial en la que laboro, me remite un comunicado, cuyo objeto
puntual es la orden de dejación del cargo que desempeñaba […]”.

2.6. Agregó que “[…] a partir del 20 de mayo de 2026 hasta la fecha, desempeña
el cargo de citador del Tribunal Administrativo del Chocó […]”.

2.7. Sostuvo que la autoridad judicial accionada al expedir la Resolución 093 del
12 de mayo de 2026 vulneró sus derechos fundamentales con ocasión de la
disminución de su ingreso salarial, en la medida que, un citador devenga
$4.906.177, mientras que un escribiente percibe $6.678.150. Agregó que se
vulneró el debido proceso administrativo ante la ausencia de reglamento interno,
sumado a la no aplicación efectiva de los principios constitucionales en materia
de nombramientos.

2.8. Manifestó que “[…] Existe un derecho preferencial respecto de los
funcionarios o empleados de carrera administrativa, cuando se requiera la
provisión por encargo de un empleo de carrera […] El Tribunal omitió respetar,
garantizar y proteger el derecho al encargo, como medida de promoción en el
servicio o ascenso en el trabajo de empleado inscrito en carrera judicial, por
haberse nombrado en provisionalidad a una empleada que es extraña a la
carrera judicial, existiendo empleado de carrera judicial que cumplían (sic) con
los requisitos para ocupar el cargo vacante de escribiente nominado, en un
Tribunal donde no existe lista de elegibles, sea decir nombrando a empleado con
menor derecho, olvidando que la preferencia del encargo a un servidor de carrera
es una manera de estimular la estabilidad del servidor en la Administración,
según lo estableció la Corte Constitucional, mediante sentencia C924 de 2003
[…]”.

III. PRETENSIONES

3. De conformidad con lo expuesto en el escrito de tutela, la Sala advierte que el
accionante solicita a través de esta acción constitucional dejar sin efectos la
Resolución 093 de 12 de mayo de 2026.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-01
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 14 de julio de 2026, el Despacho sustanciador de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés en
el resultado del proceso al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Quibdó.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y al tercero
vinculado, se allegó el siguiente informe:

5.1. El Tribunal Administrativo del Chocó informó lo siguiente:

“[…] En este caso, como quiera que la doctora Sara Ashook Ricard, renunció
al cargo en propiedad de escribiente del Tribunal Administrativo del Chocó,
tal vacante se torna como definitiva, por lo que el nombramiento puede
efectuarse a una persona que cumpla con los requisitos para el cargo, hasta
tanto, pueda proveerse a través de los sistemas legalmente previstos; sin
necesariamente esté atado el nominador a optar entre funcionario o empleado
de carrera del despacho respectivo, o por la persona que hace parte del
Registro de Elegibles; dado que dicha opción, solamente es exigible
legalmente en tratándose de vacancias temporales. Se reitera entonces que
la situación que nos ocupa se trató de una vacancia definitiva, en la cual, lo
que debe tener en cuenta el nominador es que el nombrado cumpla con los
requisitos del cargo.

Respecto a la no solicitud al Consejo Superior de la Judicatura de la
certificación de la existencia o no de lista de elegibles, el mismo accionante
en su demanda indica que es de público conocimiento la inexistencia de dicha
lista. Por lo cual, de peso se cae el argumento de que su no solicitud, deviene
en violación del debido proceso; máxime, cuando el nombramiento en
provisionalidad en empleos en vacancia definitiva, no existe la obligación legal
de acudir a dicha lista.

En ese orden, no se avizora que el Tribunal Administrativo del Chocó haya
vulnerado derecho fundamental alguno a la parte accionante, pues es claro
que su nombramiento en el citado cargo lo fue en provisionalidad cuando se
trató de la vacancia temporal generada por la licencia no remunerada
concedida a la doctora Sara Ashook Ricard, pues cumplió con los requisitos
para ello y tenía la condición de ser empleado de carrera de la Secretaría de
la Corporación, sin embargo, ante la renuncia de la titular, la vacancia del
cargo es definitiva y el nombramiento se efectuó en legal forma, por lo tanto,
solicito se deniegue la presente acción constitucional por improcedente y/o
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 6 de agosto de 2026, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de
tutela al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-01
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

7. Al respecto consideró:

“[…] 27. Al respecto, encuentra la Sala que la acción de tutela no es procedente
para solventar la inconformidad planteada, teniendo en cuenta que puede
promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde
podrá alegar la presunta violación de los derechos invocados y discutir la legalidad
del acto administrativo antes citado.

28. En ese sentido, dicho medio resulta ser idóneo y eficaz, puesto que éste le
permite solicitar medidas cautelares incluso de urgencia, como lo son: i) la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo objeto de
controversia hasta que se defina la declaración o no de la nulidad; ii) ordenar la
adopción de una decisión administrativa, y iii) impartir órdenes o imponer
obligaciones a la autoridad accionada. Herramientas que demuestran la
efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte una situación
apremiante que necesite ser remediada antes de que se profiera una decisión
definitiva, como ocurre en el caso particular.

29. Ahora bien, en el caso concreto no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se
argumentó que este haya existido por lo que no hay lugar a dar por cumplido el
requisito de la subsidiariedad, en la medida que se acredita que en la actualidad
el accionante desempeña su cargo de citador en propiedad, por ende, emerge con
claridad que no se encuentra vulnerado su derecho fundamental al mínimo vital
en los términos que alude el accionante en la demanda.

30. Máxime cuando tampoco argumentó por qué razón las medidas cautelares no
se pueden considerar un mecanismo efectivo para la protección de los derechos
invocados, cuando es el juez de lo contencioso administrativo el que debe hacer
el análisis de juridicidad de los actos administrativos […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, en los siguientes
términos:

“[…] El fallo de primera instancia declaró improcedente la tutela por falta
de subsidiariedad, argumentando que el accionante cuenta con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, la
jurisprudencia constitucional ha precisado que la tutela procede
excepcionalmente contra actos administrativos cuando se configura un
perjuicio irremediable.

En el presente caso, el perjuicio irremediable se encuentra acreditado por
las siguientes razones:

Primero: La pérdida de 4.906.177 y el de Escribiente ($6.678.150)) afecta
mi mínimo vital y el de mi núcleo familiar, del cual soy cabeza de hogar.
Segundo: La espera de los 4 meses que establece el medio de control
contencioso administrativo, más el tiempo del proceso, conllevaría la
consolidación de una situación que, por su naturaleza, causa un daño de
imposible o difícil reparación.

Tercero: La tutela se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, solicitando la suspensión
provisional de los efectos de la Resolución 093 del 12 de mayo de 2026,
mientras se acude a la jurisdicción contencioso-administrativa […]”.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-01
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto
núm. 333 de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el
artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el
Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá:

b) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante con ocasión de la Resolución 093 de 12 de
mayo de 2026.

11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos; y posteriormente (ii) resolver el caso concreto, siempre y cuando
se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos

12. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido
por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la
acción de tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos
administrativos de carácter general o particular, toda vez que el legislador previó

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-01
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.

13. En ese sentido, la jurisprudencia8 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa
en expresar que:

“[...] el estudio de procedencia de la acción de tutela, cuando el actor
pretende controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA– consagró mecanismos de autotutela y los medios de control de
nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este
contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general,
la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en
atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia
de medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las
actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la
presunción de legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través
de las medidas cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y
eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los mecanismos
ordinarios. [...]” [Negrilla original del texto].

14. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:

“[…] por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
cuenta con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar
la protección de los derechos fundamentales, materializados en el
conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de
medidas cautelares de protección. Sobre las medidas cautelares, la Corte
señaló que “la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos se encuentra regulada en el artículo 231, en el cual
se contempló para su procedencia la comprobación de una contradicción
entre el acto demandado y una norma superior a partir de la evidencia o del
estudio de las pruebas allegadas a la solicitud” […]”.

15. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que
se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración
de derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista
peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo
procedería como mecanismo transitorio.

16. Enese sentido, en sentencia T-514 de 20039, la Corte Constitucional
determinó:

“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un

8
Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
9
Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-01
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela
podrá suspender la aplicación del acto administrativo [artículo 7 del Decreto
2591 de 1991] u ordenar que el mismo no se aplique [artículo 8 del Decreto
2591 de 1991] mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo [...]”. [Subrayado fuera del texto].

17. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se
presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio
irremediable, la acción de tutela puede incluso proceder excepcionalmente.
Sobre este punto, en Sentencia T - 912 de 2006, se señaló:

“[...] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse
de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre
este punto lo siguiente:

[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la
decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en
estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa. En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de
hecho, según las circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio
irremediable, debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la
acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma
definitiva.

Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte
resaltó lo siguiente:

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud
arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que
se ha denominado como vía de hecho [...]”.

VIII.4. El caso concreto

18. El señor Eleazar Ortiz Beytar, en nombre propio, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida y “[…] carrera
administrativa […]”, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del
Chocó con ocasión de la expedición de la Resolución 093 del 12 de mayo de
2026.

19. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el requisito de
subsidiariedad.

8

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Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

VIII.4.1. Sobre el requisito general de subsidiariedad en el caso sub
examine

20. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

21. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en
el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de
tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante […]”.

22. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza10), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

23. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] ‘Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el
afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa
judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse
que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o
medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un
derecho’.

‘La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos
se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela
descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea
considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni

10
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el
legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos judiciales […]”11.

24. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”12.

25. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991
señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta consistente en que
cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de
tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario,
bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios
cuando con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

26. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

27. En el caso objeto de estudio, se observa que el accionante alega que la
autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales citados supra con la
Resolución 093 de 12 de mayo de 2026.

28. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente en los términos
previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a
que, a pesar de que se invoca la vulneración de los derechos fundamentales, la
parte actora no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance
y tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga
la imperiosa necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte medidas
urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su inminente
materialización o mitigarlo.

29. Asílas cosas, el acto administrativo cuestionado es susceptible de ser
demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala advierte que,
incluso, el accionante podría solicitar el decreto de la medida cautelar de
suspensión provisional con carácter de urgencia en los términos del artículo 234
de la Ley 1437 de 2011, medida que constituye un medio de defensa ágil y
efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

11
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
y T-580 de 26 de julio de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-01
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

30. La Sala concluye que no se acreditan los presupuestos constitucionales que
permitan la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, en atención a
que no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable.

31. Resulta oportuno resaltar que esta Sala de Decisión13 ha sostenido que: “[…]
con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el
argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado […]”14.

32. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia15, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser
remediada incluso antes de que se profiera una decisión definitiva […]” 16.
[Subrayado fuera del texto].

33. Por lo expuesto, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se
cumple el requisito general de subsidiariedad y tampoco se encuentra acreditado
la configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual procedería la
acción de tutela como mecanismo transitorio.

34. Porlo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, pero por las razones expuestas en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
15
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la
otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
16
Ibidem.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05322-01
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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