Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05327-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05327-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05327-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05327-00
Accionante: MANUEL VICENTE DELGADO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra autoridades públicas por supuesto incumplimiento de las
normas del empalme presidencial. Se niega frente a los derechos del actor.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. En nombre propio, Manuel Vicente Delgado presentó acción de tutela contra la
Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, el Consejo
de Estado, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de
la República y el “Ministerio del Interior y de Justicia”, pues estima que se presenta
un incumplimiento normativo, desobediencia institucional ante la negativa a recibir
el proceso de empalme por parte del presidente Electo Abelardo de la Espriella.
2. El tutelante indicó que es secretario político distrital del partido Unión Patriótica,
integrante del Pacto Histórico.
3. Como hechos indicó que, el 25 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral
proclamó al ciudadano Abelardo de la Espriella como presidente electo para el
periodo constitucional 2026-2030. En su criterio, dicha proclamación no lo exime de
cumplir las obligaciones legales previas a la toma de posesión.
4. Adujo que el gobierno saliente ha cumplido integralmente con el proceso de
empalme, pues ha puesto a disposición toda la información política, pública
administrativa, financiera, proyectos nacionales, ministeriales y programas sociales,
conforme la Ley 951 de 2005.
5. Aseveró que, el 5 de julio de 2026, en declaraciones públicas transmitidas por
medios nacionales y regionales, el presidente electo, ciudadano Abelardo de la
Espriella “renunció de forma expresa a recibir el proceso de empalme, rechazando
revisar documentos y participar en mesas de trabajo”1. Manifestó que continúa la
negativa, sin causa legal o constitucional que la justifique. A su juicio, dicha omisión
implica un riesgo en la prestación de servicios públicos, proyectos de inversión y
compromisos con las comunidades. En este sentido, denunció que esa conducta
rompe la sucesión institucional y vulnera los principios esenciales del Estado Social
de Derecho.
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Folio 2 del escrito de amparo.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05327-00
Accionante: Manuel Vicente Delgado Vaquero
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
6. Manifestó que estima vulnerados la Constitución Política de 1991, la Ley 951 de
2005, la Ley 1952 de 2019, la Ley 1474 de 2011. El actor solicitó que el juez de
tutela ordene a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente
el incumplimiento del artículo 39, numeral 2 de la Ley 1952 de 2019 y requerir el
reintegro al proceso de empalme. A la Contraloría General de la República solicitó
que se le exija certificar la entrega completa de la información por el gobierno
saliente. El tutelante solicitó al Consejo de Estado emitir un concepto urgente sobre
la legalidad de la negativa y ordenar el cumplimiento de las reglas de traspaso
institucional. Requirió para que el juez de tutela ordene a la Corte Constitucional
declarar la vulneración de los principios fundamentales y proteger la sucesión
regular del poder. A la Fiscalía General de la Nación evaluar si la conducta configura
una infracción penal, y al Congreso de la República y al Ministerio “del Interior y de
Justicia” (sic) ejercer control político y coordinar la reactivación del empalme.
Trámite del amparo
7. Por medio de auto de 16 de julio de 2026, el magistrado sustanciador inadmitió
la tutela y requirió al actor para que, indicara de manera clara y precisa los derechos
fundamentales que considera vulnerados; precisara quién es el titular de esos
derechos: el accionante o la organización política; y allegara los documentos que
acrediten la representación legal del Movimiento Político Pacto Histórico, con el
cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales. Se aclaró que, en caso
de no contar con dicho escrito, se debía precisar la forma en que ejerce la
representación o la agencia de los derechos del referido partido político o, en su
defecto, si se interpone la acción de tutela de manera directa y en defensa de sus
propios derechos fundamentales.
8. A pesar de la adecuada notificación del auto de inadmisión, el actor guardó
silencio. En auto de 30 de julio de 2026, el despacho sustanciador profirió auto
admisorio, pues si bien no se produjo la subsanación requerida, conforme el
precedente constitucional, el rechazo de la acción de tutela es una figura
excepcional y restrictiva, entre ellas no se encuentra la carencia de legitimación en
la causa por pasiva. Indicó la providencia de admisión que “problemas de la
demanda, como la legitimidad por activa, no son causales de rechazo y serán objeto
de análisis en el fallo, al tratarse de un presupuesto de procedencia”.
9. En la providencia se admitió la petición de amparo contra las entidades
accionadas, se informó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se
requirió al actor para que allegue copia de su documento de identificación.
10. La presidenta de la Corte Constitucional2 intervino con el fin de solicitar que
desvincule del trámite a la Corporación por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, pues el escrito de amparo no contiene una imputación concreta por acción
u omisión atribuible a esa entidad. Además de que esa autoridad judicial es
manifiestamente incompetente para pronunciarse frente a la solicitud que recaba el
actor.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05327-00
Accionante: Manuel Vicente Delgado Vaquero
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
11. El Ministerio de Justicia y del Derecho3 solicitó desvincular del trámite de
tutela a la entidad pues carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no
es parte de sus competencias asumir funciones de otras entidades. Además,
precisó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
12. La procuraduría general de la Nación4 solicitó desvincular a la entidad por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, y no existir conducta propia de esta
entidad que haya generado o contribuido a la vulneración invocada por el actor.
13. El presidente del Consejo de Estado5 intervino en idéntico sentido, en
particular solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
CONSIDERACIONES
Competencia
14. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
15. El actor afirma que es militante de la organización política y afirma ser secretario
Político Distrital, Pacto Histórico, y que, presenta acción de tutela contra varias
autoridades públicas, entre ellas, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría
General de la República, el Ministerio del Interior con el fin de que se realice el
proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante. Estima vulnerados
normas legales, tales como la Ley 951 de 2005, Ley 1952 y Ley 1474 de 2011.
16. El amparo fue presentado el 10 de julio de 2026. En auto, se inadmitió y se
requirió al actor para que precisara aspectos de la vulneración subjetiva alegada. El
requerimiento fue desatendido, pero en todo caso se admitió el recurso de amparo.
17. Por lo anterior, la Sala debe resolver si el actor cuenta con legitimación en la
causa por activa para cuestionar, en nombre propio, la omisión del empalme
denunciado entre el gobierno saliente y el entrante. También debe estudiar si la
actuación reprochada vulnera o amenaza algún derecho fundamental del señor
Delgado Vaquero.
Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela y su estudio en el
caso concreto
18. El artículo 1° Decreto ley 2591 de 1991 precisa que la acción de tutela procede
contra acciones u omisiones que amenacen o vulneren “sus” derechos
fundamentales. En el mismo sentido el artículo 5° y 10° precisan que la acción de
tutela requiere, para su procedencia que, se avizore una vulneración o amenaza de
conculcación, concreta y que afecte los derechos fundamentales de una persona
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Índice samai 15.
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Índice samai 17
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05327-00
Accionante: Manuel Vicente Delgado Vaquero
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
determinada. La acción de amparo no fue instituida para garantizar, en abstracto, la
protección de intereses como la defensa del orden jurídico, sino que requiere que
se presenta una vulneración o riesgo cuyo titular acude a los jueces constitucionales
para solicitar una protección de un derecho del que es titular, o si actúa como agente
oficioso, representante, o apoderado, de un tercero. Para la protección de la
vigencia de orden jurídico, o la eficacia, en abstracto de las normas legales, el
constituyente y el legislador previeron otros medios judiciales tales como el medio
de control de normas con fuerza material de ley o de actos administrativo, o el de
protección de interés y derechos colectivos, entre otros.
19. Frente a la eventual afectación de sus propios derechos fundamentales, el
ciudadano Manuel Vicente Delgado Vaquero se encuentra legitimado en la causa
por activa, pues presentó la acción de tutela en nombre propio y, en los términos
del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, toda persona está facultada para reclamar
directamente la protección de los derechos fundamentales de los que es titular.
Cuestión distinta es que, una vez reconocida dicha legitimación, corresponde
determinar si los hechos expuestos permiten acreditar una amenaza o vulneración
concreta, real e individualizable de alguno de sus derechos fundamentales; aspecto
que pertenece al estudio material del amparo y no al presupuesto de legitimación
por activa
Estudio de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
20. La Corte Constitucional ha distinguido entre la vulneración y la amenaza de un
derecho fundamental como supuestos autónomos que habilitan la protección por
vía de tutela. La primera supone que la afectación del derecho ya se produjo o se
encuentra actualmente en curso, por lo que corresponde al juez verificar
objetivamente la conducta u omisión atribuida al accionado y su repercusión
constitucional. Por su parte, la segunda permite intervenir antes de que se consume
definitivamente la lesión, pero exige algo más que una posibilidad abstracta: debe
existir un peligro real, cierto, concreto e individualizable, sustentado en elementos
objetivos que permitan inferir razonablemente la proximidad de la afectación. En
consecuencia, la sola invocación de un derecho fundamental, la exposición de un
temor subjetivo o la posibilidad remota de una afectación no bastan para obtener el
amparo.
21. Esta exigencia se refleja en los casos en los que la Corte ha descartado la
protección por ausencia de vulneración acreditada. Por ejemplo, en la Sentencia T-
487 de 2019, la Corte negó que se hubiera afectado el debido proceso del
accionante, porque este no era titular de ese derecho dentro del trámite de habeas
corpus cuestionado ni existía deber de vincularlo a esa actuación; por tanto, la
decisión judicial reprochada no había incidido sobre una posición jurídica
fundamental propia. En una línea próxima, la Sentencia T-800 de 2009 precisó que
quien pretende la protección de derechos de un tercero debe acreditar una forma
válida de representación o agencia oficiosa, pues la accionante no podía reclamar
los derechos de su hijo mayor de edad sin poder ni demostrar que este se
encontrara imposibilitado para ejercer directamente su defensa. De la jurisprudencia
ante dicha se desprende que la procedencia del amparo exige identificar no solo
una acción u omisión susceptible de producir una afectación constitucional, sino
también el derecho fundamental concretamente comprometido y su titular, pues la
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05327-00
Accionante: Manuel Vicente Delgado Vaquero
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
tutela no permite obtener protección respecto de derechos ajenos cuando no existe
una forma válida de representación o agencia oficiosa.
22. Desde la perspectiva de derechos constitucionales subjetivos del tutelante, esta
Sala concluye que, el actor no presenta argumentos o hechos que lleven a avizorar
una vulneración o amenaza de vulneración concreta de la que sea titular, o de otra
persona de la que se pueda examinar que actúa como agente oficioso,
representante legal o apoderado, en los términos del artículo 10 del Decreto 2591
de 1991. A pesar de los requerimientos judiciales del magistrado sustanciador, el
actor no precisó si se presenta alguna infracción concreta de un derecho
fundamental del que sea titular. El escrito de amparo sólo permite atisbar un interés
de protección de la vigencia de la Ley 951 de 2005, ante una supuesta vulneración
por lo que, a juicio del actor, es la negativa del gobierno entrante a desarrollar el
proceso de empalme.
23. El escrito de amparo no permite identificar una amenaza o vulneración concreta
de un derecho fundamental del señor Delgado Vaquero. Si bien el actor se
encuentra legitimado en la causa por activa para reclamar la protección de sus
propios derechos, no acreditó que las actuaciones u omisiones cuestionadas
hubieran afectado una posición jurídica fundamental de la cual sea titular. Su
pretensión se dirige, esencialmente, a obtener el cumplimiento abstracto de
disposiciones legales relacionadas con el proceso de empalme, finalidad que no
corresponde al objeto de la acción de tutela.
24. En el mismo sentido, el actor no invocó alguna garantía constitucional concreta
de la que sea titular, que se vea amenazada por una actuación u omisión de las
entidades accionadas. Se limita a indicar que, las decisiones del gobierno entrante
desconocen el contenido de la Ley 951 de 2005 y otras de rango legal, pero sin
precisar qué derecho fundamental del que sea titular se ve afectado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo respecto de los derechos fundamentales propios del
señor Manuel Vicente Delgado Vaquero.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05327-00
Accionante: Manuel Vicente Delgado Vaquero
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
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VF
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