Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05328-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05328-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05328-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C. 24 de agosto de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05328-00
Demandante: Municipio de Floridablanca
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que modificó la decisión que
accedió parcialmente a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por el municipio de
Floridablanca, a través de apoderada, contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 10 de julio de 2026, el municipio de Floridablanca, a través de
apoderada judicial, presentó una acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta violación de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, trabajo e igualdad y el principio de mérito, con ocasión de la
Sentencia de 10 de julio de 20252, proferida por la autoridad judicial
accionada, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 68001-23-33-000-2021-00393-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.),
al acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.), al trabajo, igualdad y al
mérito (Arts. 25, 13 y 125 C.P.) del Municipio de Floridablanca.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS el numeral TERCERO del resuelve de la sentencia
proferida el 10 de julio de 2025 por la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala
Contencioso Administrativa del Consejo de Estado con radicado No. 68001-23-
33-000-2021-00393-01 / 4676 2024, en cuanto ordena efectuar el nombramiento
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Decisión que quedó ejecutoriada el 16 de enero de 2026.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandantes: Municipio de Floridablanca
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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dejando "incólumes" actos administrativos manifiestamente demandados y
expidiendo una orden material y jurídicamente de imposible cumplimiento.
TERCERA: ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el término de
Ley, emita una sentencia de reemplazo que subsane los defectos fácticos,
sustantivos, y el desconocimiento del precedente expuesto, en la cual:
(a) Se pronuncie de fondo sobre la nulidad de las Resoluciones núm. 1190, 1191
y 1192 de 2020, las cuales sí fueron objeto material de la demanda en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y,
(b) Honrando el principio del mérito (Art. 125 C.P. y precedente Constitucional
unificado), anule el nombramiento de la persona que cuente con menor
puntaje, para de esta forma generar legítimamente la vacante física y jurídica
requerida para la señora Buenahora Remolina; O EN SU DEFECTO,
(c) Si persiste en la improcedencia de retiro de los señores Velandia Barajas,
Torra García y Ramírez Prada, reconozca de manera expresa la imposibilidad
de ampliar la planta municipal al tenor de la Ley 2126 de 2021 y proceda a
aplicar el remedio subsidiario y proporcional contenido en el Art. 189 del CPACA
(Indemnización Compensatoria) siguiendo la directriz unificada en la
providencia del Consejo de Estado, Sala Plena, Rad. 0892-2017 (M.P. William
Hernández Gómez), evitando así imponerle a la administración territorial una
orden jurídicamente imposible de acatar, correspondiendo dicha
indemnización a quien efectuó el acto lesivo, es decir, a la Fundación
Universitaria del Área Andina.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Leyny Yadira Buenahora Remolina presentó demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el
municipio de Floridablanca y otros3, en el que pretendió que se declarara la
nulidad, entre otros actos, de la Resolución No. 5160 de 2020, expedida por
la Comisión Nacional de Servicio Civil, mediante la cual se conformó la lista
de elegibles del proceso de selección No. 461 de 2017, así como las
Resoluciones No. 1190, 1191 y 1192 de 20204, por medio de las cuales se
efectuaron los nombramientos en las 3 vacantes del cargo de comisario de
familia, Código 202, grado 7, objeto del proceso de selección.
5. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se declarara que,
con la correcta valoración de sus antecedentes, le correspondía un puntaje
total de 88,2 puntos y, en consecuencia, que se ordenara su inclusión en la
lista de elegibles y su nombramiento en una de las 3 vacantes del empleo
de comisario de familia, código 202, grado 7 del municipio de Floridablanca,
Santander. Además, solicitó el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde el 10 de julio de 2020 hasta la fecha de su efectivo
nombramiento.
6. 2) Mediante Sentencia de 28 de junio de 2024, el Tribunal
Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la
3 También actuó como demandada la Comisión Nacional del Servicio Civil; como llamada en garantía la
Fundación Universitaria del área Andina y como litisconsortes necesarios José William Torra García, Esmeralda
Velandia Barajas y Luis Ricardo Ramírez Prada.
4 En Auto de 24 de agosto de 2021, el tribunal rechazó la demanda frente a estas 3 resoluciones. Como argumento
sostuvo que el medio de control procedente para impugnarlos era la nulidad electoral de conformidad con el
artículo 139 del CPACA, contra esa providencia no se interpuso recurso. Visible a índice 17 del aplicativo SAMAI,
OneDrive proceso ordinario. “02. ADMITE DEMANDA Y RECHAZA.pdf”.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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demanda5. Consideró que la certificación laboral aportada por la actora
permitió acreditar que se desempeñó como defensora de familia en el ICBF
desde el 17 de febrero de 2009 hasta, al menos, la fecha de expedición del
documento, esto es, el 31 de julio de 2018. Por ello, estimó excesivamente
formalista desconocer dicha experiencia por la ausencia de una fecha de
retiro, pues para ese momento la actora continuaba vinculada a la entidad.
En consecuencia, concluyó que se configuró la falsa motivación, declaró la
nulidad parcial de los actos administrativos correspondientes y ordenó a la
Comisión Nacional del Servicio Civil modificar la lista de elegibles y al
municipio de Floridablanca efectuar el nombramiento de la señora
Buenahora Remolina en el cargo, de acuerdo con el puntaje obtenido.
7. 3) Contra la decisión anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil6,
el municipio de Floridablanca7, la Fundación Universitaria del Área Andina8,
Esmeralda Velandia Barajas, Luis Ricardo Ramírez Prada y José William Torra
García9 presentaron recurso de apelación. Sostuvieron, en esencia, la
misma premisa argumentativa y consideraron que el tribunal valoró
indebidamente la certificación laboral aportada por la demandante de su
tiempo laborado en el ICBF y desconoció las reglas que rigieron el concurso
de méritos. En concreto, señalaron que dicho documento no cumplió los
requisitos previstos en el artículo 19 del Acuerdo CNSC 20181000005296 de
2018, para acreditar la experiencia laboral y que no correspondía a la
administración ni al juez inferir la información faltante o suplirla con
documentos aportados con posterioridad.
8. A juicio de los recurrentes, la decisión desconoció el carácter
vinculante de las reglas de la convocatoria y afectó los derechos adquiridos
de quienes integraron la lista de elegibles y fueron nombrados.
Adicionalmente, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Fundación
Universitaria del Área Andina cuestionaron las condenas patrimoniales
impuestas en su contra; la primera señaló que no tenía la calidad de
nominadora y la segunda sostuvo que actuó conforme con las directrices
impartidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
5 “PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial del acto administrativo que contiene las calificaciones de la prueba de
antecedentes del proceso de selección núm. 461 de 2017 – Santander, publicado el 12 de diciembre de 2019 en
SIMO por la CNSC; ii) de la Resolución núm. 5160-20202320051605 del 3 de abril de 2020 por la cual se conformó la
lista de elegibles para proveer tres vacantes del empleo denominado Comisario de Familia, Código 202, Grado 7,
identificado con el código OPEC núm. 8858 del Municipio de Floridablanca; iii) del oficio RVA-AO01-1 del 2 de junio
de 2020 que resolvió la reclamación frente a la valoración de antecedentes; iv) de la Resolución núm. 6531-
20202320065315 del 5 de junio de 2020 por la cual se modificó la lista de elegibles y, v) de la Resolución núm. 1463
del 26 de junio de 2020 que integró la Resolución núm. 6531 de 2020 a las Resoluciones núm. 1191 y 1192 de 2020.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la
COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL modificar la lista de elegibles contenida en la Resolución núm. 6531 de
2020, con el fin de que la señora LEYNY YADIRA BUENAHORA REMOLINA ocupe el lugar que le corresponda al haber
obtenido 87 puntos en su cómputo final en el proceso de selección núm. 461 de 2017 – Santander para proveer
una de las tres vacantes del empleo denominado Comisario de Familia, Código 202, Grado 7, identificado con el
código OPEC núm. 8858 del Municipio de Floridablanca, al estar demostrada la falsa motivación alegada por la
parte demandante.
TERCERO: Cumplido lo anterior, ORDÉNASE al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA que proceda a efectuar el
nombramiento de la señora LEYNY YADIRA BUENAHORA REMOLINA en el empleo denominado Comisario de
Familia, Código 202, Grado 7, identificado con el código OPEC núm. 8858, advirtiéndole al ente territorial que la
legalidad de las Resoluciones núm. 1190, 1191 y 1192 de 2020 no fue abordada en el presente asunto, de suerte
tal que permanecen incólumes (…).” Sentencia de primera instancia visible a índice 65 del aplicativo SAMAI del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2021-00393-00.
6 Índice 72 del aplicativo SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2021-00393-00.
7 Índice 70 ibidem.
8 Índice 68 y 69 ibidem.
9 Índice 71 ibidem.
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9. 4) En Sentencia de 10 de julio de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado modificó la decisión de primera instancia
únicamente respecto de la condena patrimonial. Consideró que el pago
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por parte de la
señora Buenahora Remolina debía estar a cargo de la Fundación
Universitaria del Área Andina, pues esta ejecutó la fase técnica del proceso
de selección No. 461 de 2017, valoró indebidamente la certificación laboral
aportada por la demandante y, en virtud del Contrato No. 130 de 201910,
asumió la obligación de responder por los perjuicios derivados de la
ejecución del concurso. En lo demás, confirmó la decisión de primera
instancia.
10. 5) Esmeralda Velandia Barajas, Luis Ricardo Ramírez Prada y José
William Torra García, en calidad de litisconsortes necesarios, presentaron
solicitud de aclaración y adición de la Sentencia de 10 de julio de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Solicitaron que se aclarara que la expresión contenida en el numeral tercero
de la parte resolutiva, según la cual las Resoluciones No. 1190, 1191 y 1192
de 2020 permanecían incólumes, significaba que la orden de
nombramiento impartida a favor de la demandante no afectaba la
estabilidad ni los derechos de carrera de quienes habían sido nombrados
comisarios de familia. Asimismo, pidieron que se adicionara la sentencia
para indicar expresamente que el fallo no afectaba sus nombramientos.
11. 6) Mediante Auto de 13 de noviembre de 202511, la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las solicitudes. Respecto
de la aclaración, consideró que el numeral tercero de la sentencia era claro
y no ofrecía motivo de duda. Precisó, además, que la expresión cuestionada
provenía de la sentencia de primera instancia y no había sido objeto de
apelación por los solicitantes, por lo que no resultaba procedente utilizar la
aclaración para reabrir un debate ya concluido o subsanar falencias
procesales. Frente a la solicitud de adición, la Subsección sostuvo que la
sentencia no había omitido resolver algún aspecto que debiera ser objeto
de pronunciamiento, sino que los solicitantes pretendían incorporar una
nueva pretensión relacionada con la protección de sus nombramientos y
derechos de carrera, la cual no formularon en la oportunidad procesal
correspondiente. En consecuencia, concluyó que acceder a lo solicitado
implicaba reformar el fallo y extenderlo a situaciones jurídicas individuales
ajenas al objeto del proceso.
12. 7) El 18 de febrero de 2026, el municipio de Floridablanca presentó
ante el Tribunal Administrativo de Santander solicitud de imposibilidad de
cumplimiento de la sentencia y de fijación de indemnización
compensatoria. Como fundamento, sostuvo que resultaba material y
10 De conformidad con la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho:
contrato suscrito entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Fundación Universitaria del Área Andina, con el
objeto de desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de la planta de personal del
municipio de Floridablanca, Santander, entre otros, dentro del proceso de selección No. 461 de 2017-Santander.
11 Notificado mediante estado el 13 de enero de 2026.
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jurídicamente imposible cumplir la orden de nombramiento impartida a
favor de la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina, pues las Resoluciones
No. 1190, 1191 y 1192 de 2020, mediante las cuales se proveyeron las 3
vacantes del cargo de comisario de familia, código 202, grado 7,
permanecieron incólumes y no existía otro cargo de la misma naturaleza y
categoría en el cual pudiera ser nombrada.
13. 8) Mediante Auto de 25 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander rechazó por extemporánea la solicitud de imposibilidad de
cumplimiento de la sentencia y de fijación de indemnización
compensatoria. Señaló que, de conformidad con el artículo 189 del CPACA,
dicha solicitud debía presentarse dentro de los 20 días siguientes a la
notificación de la providencia que resolviera definitivamente el proceso. En
esa medida, consideró que el término debía contabilizarse desde el 13 de
enero de 2026, fecha en la que se notificó el auto que resolvió las solicitudes
de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia, por lo que
dicho término feneció el 10 de febrero de 2026. En consecuencia, concluyó
que la solicitud presentada el 18 de febrero siguiente fue extemporánea.
Contra dicha decisión no se presentó recurso.
14. Como fundamento de la vulneración, la parte actora12 sostuvo que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
15. Frente al defecto fáctico, sostuvo que la autoridad judicial accionada
omitió valorar que, desde la presentación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la señora Buenahora
Remolina, se solicitó la nulidad de las Resoluciones No. 1190, 1191 y 1192 de
2020, mediante las cuales se efectuaron los nombramientos en las 3
vacantes del cargo de comisario de familia. A su juicio, pese a que dichos
actos obraban en el expediente y fueron objeto de las pretensiones de la
demanda, la Subsección omitió definir su situación jurídica.
16. Asimismo, alegó la configuración de un defecto sustantivo, pues
consideró que la providencia cuestionada contenía una contradicción que
dio lugar a una orden material y jurídicamente imposible de cumplir. Explicó
que la Subsección reconoció en los antecedentes de la Sentencia de 10 de
julio de 2025, que la demandante había solicitado la nulidad de las
resoluciones antes mencionadas y, pese a ello, señaló en la parte resolutiva
que estas permanecían incólumes, al tiempo que ordenó al municipio de
Floridablanca efectuar el nombramiento de la señora Buenahora Remolina.
Agregó que tampoco resultaba posible crear una nueva vacante, debido
a las limitaciones previstas en la Ley 2126 de 202113 que disponen la
existencia de una Comisaría de Familia adicional por cada 100.000
habitantes.
12 Quien fue una de las entidades demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 “POR LA CUAL SE REGULA LA CREACIÓN, CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA,
SE ESTABLECE EL ÓRGANO RECTOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
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17. Finalmente, afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente en materia de los principios de mérito y congruencia. En
concreto, invocó las Sentencias SU-136 de 1998, C-387 de 2023 y SU-150 de
2021 de la Corte Constitucional, así como la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso No. 25000-23-42-000-2014-01139-01. Sostuvo que tales providencias
exigían, de una parte, garantizar que quien obtuviera el mayor puntaje
pudiera acceder al empleo ofertado y, de otra, que el juez se pronunciara
sobre las pretensiones formuladas en la demanda.
1.2. Posición de la parte actora y demás vinculados14
18. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado15
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues consideró que lo
pretendido por el municipio de Floridablanca podía ser controvertido
mediante el recurso extraordinario de revisión bajo la causal prevista en el
numeral 5. Subsidiariamente, pidió negar el amparo solicitado, toda vez que
la sentencia accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados.
Además, señaló que el Tribunal Administrativo de Santander negó las
pretensiones respecto de las Resoluciones No. 1190, 1191 y 1192 de 2020 y
esa determinación no fue cuestionada en los recursos de apelación, por lo
que la segunda instancia se limitó a resolver los reparos formulados, de
conformidad con el artículo 328 del CGP. Finalmente, sostuvo que la
providencia estuvo debidamente motivada y garantizó el principio del
mérito al corregir la indebida valoración de la experiencia de la
demandante.
19. El Tribunal Administrativo de Santander16 sostuvo que no vulneró los
derechos fundamentales invocados, pues el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se tramitó con observancia de las garantías
procesales y sin irregularidades que invalidaran la actuación. Precisó que los
defectos alegados en la tutela se atribuyeron exclusivamente a la sentencia
de segunda instancia, providencia respecto de la cual no tuvo
participación ni competencia para efectuar pronunciamiento alguno, por
lo que no resultaba posible atribuirle la vulneración alegada. Además,
adjunto el enlace del expediente del proceso ordinario.
20. Leyny Yadira Buenahora Remolina17 solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad, inmediatez y relevancia constitucional. Sostuvo que el
municipio de Floridablanca dejó vencer la oportunidad para solicitar la
14 Mediante Auto de 16 de julio de 2026, el despacho ponente dispuso: (1) admitir la acción de tutela interpuesta
por el municipio de Floridablanca; (2) tener como accionada a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado; (3) vincular al Tribunal Administrativo de Santander, Leyny Yadira Buenahora Remolina,
Fundación Universitaria del Área Andina, Comisión Nacional del Servicio Civil, José William Torra García, Esmeralda
Velandia Barajas, Luis Ricardo Ramírez Prada, Aura Ligia Rodríguez Duran, como terceros con interés en el asunto
y; (4) negar la solicitud probatoria presentada por el municipio de Floridablanca.
15 Índice 25 del aplicativo SAMAI.
16 Índice 17 del aplicativo SAMAI.
17 Índice 19 del aplicativo SAMAI.
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imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, lo que conllevó a su rechazo
por extemporáneo a pesar de ser el medio judicial idóneo para ello.
Asimismo, señaló que el término para contabilizar la inmediatez de la acción
de tutela se debía contabilizar desde la notificación de la sentencia de
segunda instancia y no de actuaciones posteriores y, en esa medida, se
presentó fuera de los 6 meses dispuestos por la jurisprudencia.
21. Afirmó que el municipio pretendió subsanar su falta de diligencia
mediante la tutela y reabrir, a modo de tercera instancia, asuntos ya
resueltos por el juez natural. Finalmente, señaló que no se configuró el
defecto fáctico alegado, pues el Consejo de Estado valoró el material
probatorio y adoptó una decisión razonada, mientras que los reparos
planteados a través de este mecanismo constitucional correspondieron a
una discrepancia con la valoración judicial y a dificultades relacionadas
con la ejecución de la sentencia. Subsidiariamente, solicitó negar el amparo
por no acreditarse la vulneración de los derechos fundamentales alegados.
22. La Fundación Universitaria del Área Andina, pese a haber sido
notificada en debida forma18, guardó silencio.
23. La Comisión Nacional del Servicio Civil19 solicitó su desvinculación de
la acción de tutela por falta de legitimación pasiva en la causa. Sostuvo que
las pretensiones se dirigieron exclusivamente contra la Sentencia de 10 de
julio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y que carecía de competencia para modificar, dejar sin
efectos o revisar providencias judiciales. Asimismo, afirmó que no vulneró los
derechos fundamentales invocados, dado que actuó dentro de sus
competencias y en cumplimiento de las decisiones judiciales proferidas en
el proceso de selección, sin que pudiera atribuírsele alguna afectación a los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
24. José William Torra García20, Esmeralda Velandia Barajas21 y Luis
Ricardo Ramírez Prada22 sostuvieron que el municipio de Floridablanca
contó con todas las garantías procesales y tuvo la oportunidad de
controvertir todas las decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario,
incluso el auto que rechazo la demanda frente a las Resoluciones No. 1190,
1191 y 1192 de 2020, mediante las cuales se nombró a los 3 comisarios de
familia según la lista de elegibles expedida por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, pese a ello, no lo hizo, razón por la cual, permanecieron
incólumes y conservaron su presunción de legalidad ya que no fueron
objeto de debate en el proceso cuestionado. Asimismo, afirmaron que la
tutela pretendió reabrir un debate ya concluido y no planteó una
controversia de relevancia constitucional ni un perjuicio irremediable, pues
la inconformidad se limitó a la falta de pronunciamiento sobre actos que no
fueron objeto del proceso.
18 Índice 8 del aplicativo SAMAI.
19 Índice 21 del aplicativo SAMAI.
20 Índice 13 del aplicativo SAMAI.
21 Índice 14 del aplicativo SAMAI.
22 Índice 15 del aplicativo SAMAI.
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25. Finalmente, señaló que, ante una eventual imposibilidad de cumplir la
orden judicial, el municipio debía acudir a los mecanismos previstos por el
ordenamiento jurídico para su cumplimiento sustitutivo y no utilizar la acción
de tutela para modificar sentencias ejecutoriadas y que, en todo caso,
podían ser controvertidas a través del recurso extraordinario de revisión.
26. Aura Ligia Rodríguez Durán23 solicitó su desvinculación de la acción de
tutela, pues sostuvo que el cargo de comisaria de familia que ocupaba no
fue ofertado dentro del concurso de méritos objeto de controversia y que se
encontraba inscrita en carrera administrativa desde 1997. En consecuencia,
señaló que no había intervenido en las actuaciones judiciales relacionadas
con el concurso y manifestó que se atenía a lo probado y a las decisiones
que en derecho correspondieran respecto de las pretensiones formuladas.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
27. En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, la Sala la negará, toda vez que su
vinculación se dispuso en calidad de tercero interesado y la eventual
decisión de amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora podría tener incidencia en el proceso ordinario en el que dicha
entidad fungió como parte demandada. Por el contrario, frente a la solicitud
formulada por Aura Ligia Rodríguez Durán, la Sala accederá a su
desvinculación, dado que no fue parte en el proceso ordinario y la decisión
que se adopte en la presente acción de tutela no tendría incidencia
respecto de ella.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela al
considerar que no superó el requisito subsidiariedad, por las razones que
pasan a exponerse:
29. Para estudiar el requisito en comento, debe precisarse que la
inconformidad de la parte actora se dirigió contra la Sentencia de 10 de julio
de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que confirmó la decisión de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, ordenó modificar la lista de elegibles y
efectuar el nombramiento de la señora Leyny Yadira Buenahora Remolina
en el cargo de comisario de familia. En concreto, el municipio de
Floridablanca sostuvo que dicha orden resultaba material y jurídicamente
imposible de cumplir, pues las Resoluciones No. 1190, 1191 y 1192 de 2020,
23 Índice 27 del aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05328-00
Demandantes: Municipio de Floridablanca
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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mediante las cuales se efectuaron los nombramientos en las 3 vacantes
ofertadas, permanecieron incólumes.
30. En concordancia con lo anterior, resulta preciso indicar que no se
satisfizo el requisito de subsidiariedad24, ya que, si bien el municipio de
Floridablanca interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, no formuló en esa oportunidad los reparos que ahora
planteó mediante la acción de tutela, pese a que tuvo la posibilidad
procesal de hacerlo25. Asimismo, tampoco acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que permitiera flexibilizar el cumplimiento de dicho
requisito, pues se limitó a señalar la imposibilidad material y jurídica de
cumplir la orden judicial, sin demostrar una afectación inminente, grave,
urgente e impostergable que justificara la intervención excepcional del juez
constitucional.
31. En ese orden, la Sala advierte que el municipio de Floridablanca
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia; sin
embargo, no cuestionó la determinación según la cual las Resoluciones No.
1190, 1191 y 1192 de 2020 permanecían incólumes. En efecto, dicho recurso
se sustentó, principalmente, en señalar que la providencia desconoció el
carácter vinculante de las reglas de la convocatoria y afectó los derechos
adquiridos de quienes integraron la lista de elegibles y fueron nombrados.
No obstante, pese a que desde la sentencia de primera instancia se dispuso
expresamente que los referidos actos de nombramiento permanecían
incólumes26, el municipio no controvirtió ese aspecto mediante el recurso
ordinario que tenía a su alcance.
32. Así las cosas, los argumentos que sustentaron los defectos fáctico y
sustantivo alegados en la presente acción pudieron ser planteados
mediante el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
pues desde esa providencia se estableció expresamente que las
Resoluciones No. 1190, 1191 y 1192 de 2020 permanecían incólumes. No
obstante, la parte actora dejó pasar la oportunidad procesal para someter
esa inconformidad al conocimiento del juez natural, por lo que no resultaba
procedente acudir posteriormente a la acción de tutela para formular
reproches que pudo plantear a través del mecanismo ordinario de defensa
judicial dispuesto expresamente para ello. Ahora bien, aunque la parte
actora también alegó el desconocimiento del precedente judicial27, dicho
24 El numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la
tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional (Sentencia C-590 de 2005) ha sostenido que es un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues, de no
ser así, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales
25 Artículos 243 y 247 del CPACA.
26“TERCERO: Cumplido lo anterior, ORDÉNASE al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA que proceda a efectuar el
nombramiento de la señora LEYNY YADIRA BUENAHORA REMOLINA en el empleo denominado Comisario de
Familia, Código 202, Grado 7, identificado con el código OPEC núm. 8858, advirtiéndole al ente territorial que la
legalidad de las Resoluciones núm. 1190, 1191 y 1192 de 2020 no fue abordada en el presente asunto, de suerte
tal que permanecen incólumes.” (subraya fuera de texto).
27 En concreto estimo como desconocidas las Sentencias SU-136 de 1998, C-387 de 2023 y SU-150 de 2021 de la
Corte Constitucional, así como la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del proceso No. 25000-23-42-000-2014-01139-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05328-00
Demandantes: Municipio de Floridablanca
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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reproche no tuvo un fundamento autónomo, sino que se formuló para
reforzar los argumentos relacionados con los defectos fáctico y sustantivo.
33. Aunado a lo anterior, Incluso respecto del reproche según el cual las
autoridades judiciales omitieron pronunciarse sobre la legalidad de las
Resoluciones No. 1190, 1191 y 1192 de 2020, la Sala advierte que su estudio
había sido excluido desde el Auto de 24 de agosto de 2021, mediante el
cual se admitió parcialmente la demanda y se rechazaron las pretensiones
dirigidas contra dichos actos. Frente a esta última determinación también
procedía el recurso de apelación, de conformidad con el numeral 1 del
artículo 243 del CPACA28, sin que el municipio lo hubiera interpuesto.
34. En esas condiciones, la parte actora contó, en distintos momentos del
proceso ordinario, con mecanismos judiciales idóneos para controvertir los
aspectos que ahora cuestionó mediante la acción de tutela y no los ejerció
respecto de tales inconformidades. Por tanto, no resultaba admisible acudir
al mecanismo constitucional para subsanar esa inactividad procesal y
trasladar al juez de tutela debates que pudieron ser planteados ante el juez
natural, pues ello desconocería el carácter subsidiario y residual de esta
acción.
2.3. Conclusión
35. Por las consideraciones expuestas, la Sala encuentra que existen
razones suficientes para tener por no acreditados el requisito de
subsidiariedad y, por consiguiente, se abstendrá de realizar el estudio de los
demás requisitos de la tutela contra providencia judicial y declarará su
improcedencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
municipio de Floridablanca, Santander, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, de conformidad con los motivos
expuestos, y ACCEDER a la solicitud de Aura Ligia Rodríguez Durán, por los
motivos dados en esta providencia.
28 “Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la
misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05328-00
Demandantes: Municipio de Floridablanca
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 29.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría General,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
29 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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