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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05333-00

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05333-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05333-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

9 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05333-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05333-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Demandados: Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras y otros
Temas: Sanción por desacato. Cobro coactivo. Ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales. Subsidiariedad.
Declara improcedente

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga contra el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Ibagué y el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo
1.° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de mayo de 2026, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Ibagué y el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, a la dignidad humana, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la violación de
mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO PROCESO, ordenar el
LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA VIGENTES
impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos en contra del accionante en su
condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN OPSINA
actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD que en el marco de sus competencias legales y administrativas, adelanten de
manera inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo
de las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así
como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente
las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las autoridades
correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las órdenes judiciales».

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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Wilmar Rodolfo Lozano Parga estuvo vinculado laboralmente con la Nueva EPS S.A.,
mediante contrato a término indefinido, desde el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3
de octubre de 2025. Durante ese periodo se desempeñó como gerente zonal Tolima
y, en 2017, fue inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué como administrador de
la sede ubicada en esa ciudad.

Durante su vinculación, otorgó poder al área jurídica de la Nueva EPS S.A. para que
suscribieran las respuestas a las acciones de tutela y a los incidentes de desacato.
Este poder no comprendía facultades de mando, disposición de recursos ni manejo
presupuestal para cumplir las órdenes impartidas en materia de salud. Las
notificaciones judiciales, la autorización de servicios, la contratación de las IPS, la
facturación y los pagos eran gestionados por el nivel central de la entidad, ubicado en
Bogotá.

Mediante la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar
la Nueva EPS S.A., así como la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios.
La medida fue prorrogada en abril de 2025 y, durante su vigencia, se designaron varios
agentes interventores.

El 3 de octubre de 2025, la agente especial de intervención de la Nueva EPS S.A. le
comunicó al accionante la terminación unilateral y sin justa causa de su contrato de
trabajo. Pese a su desvinculación, continuó siendo vinculado a incidentes de desacato
derivados del incumplimiento de fallos de tutela proferidos contra la Nueva EPS S.A.

De la acción de tutela con radicado 73001-31-21-003-2025-00044-00/01

La señora Lizeth Valentina Benítez Cabrejo, en representación de su hija menor
L.S.J.B., interpuso acción de tutela contra la Nueva EPS S.A., por considerar
vulnerado el derecho fundamental a la salud de la menor.

Sostuvo que su hija, nacida prematuramente, requería la aplicación de cuatro dosis
adicionales de la vacuna Palivizumab, prescritas el 14 de abril de 2025 para prevenir
una infección por virus sincitial respiratorio. Sin embargo, pese a que la solicitud de
autorización fue radicada ante la Nueva EPS S.A. el 23 de abril de 2025, esta no había
sido autorizada, situación que, según afirmó, ponía en riesgo la salud y la vida de la
menor. En consecuencia, solicitó que se garantizara el suministro y la aplicación
oportuna de las dosis prescritas.

El 15 de mayo de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Ibagué amparó el derecho fundamental a la salud de la
menor L.S.J.B. Consideró que la Nueva EPS S.A. no acreditó haber autorizado
plenamente el suministro y la aplicación de las dosis de la vacuna Palivizumab
prescritas por su médico tratante, por lo que tuvo por ciertas las manifestaciones de
la accionante y concluyó que era necesario garantizar la continuidad del tratamiento
sin barreras administrativas.

Explicó que la menor nació de manera prematura y, por su condición de sujeto de
especial protección constitucional, requería una atención oportuna y prioritaria. Señaló
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que le fueron prescritas cinco dosis de la vacuna Palivizumab para prevenir la
infección por virus sincitial respiratorio y que, durante el trámite de la tutela, ya había
recibido dos, por lo que estaban pendientes tres dosis. Asimismo, destacó que la
dilación en la prestación de servicios de salud a menores de edad puede comprometer
directamente sus derechos fundamentales.

En consecuencia, ordenó a la Nueva EPS S.A. que, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes, adoptara las medidas necesarias para autorizar y garantizar, a
través de la Unidad Materno Infantil del Tolima (en adelante, UMIT) o de cualquier otra
entidad de su red, el suministro y aplicación oportuna de las tres dosis faltantes,
correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2025.

Ante el incumplimiento de la sentencia del 15 de mayo de 2025, la señora Lizeth
Valentina Benítez Cabrejo, en representación de su hija menor L.S.J.B., promovió
incidente de desacato contra la Nueva EPS S.A. y la UMIT, debido a que no se había
garantizado la aplicación oportuna de las dosis restantes de la vacuna Palivizumab.
Señaló que, aunque la Nueva EPS S.A. afirmaba que el medicamento estaba
autorizado, no se encontraba disponible, mientras que la UMIT se negaba a programar
la cita hasta que la Nueva EPS S.A. remitiera la vacuna, pese a que se aproximaba la
fecha prevista para la siguiente dosis.

Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, al resolver de manera agrupada
varios incidentes de desacato, declaró que Wilmar Rodolfo Lozano Parga, gerente
zonal Tolima de la Nueva EPS S.A.; Aldemar Casadiegos Jaime, gerente regional
Centro Oriente; Ricardo Rojas Higuera, vicepresidente de Salud; José Manuel
Rodríguez García, gerente territorial de la entidad, y Liliana Ramírez Morales,
representante legal de la UMIT, incurrieron en desacato frente a la orden impartida en
favor de la menor L.S.J.B.

En consecuencia, impuso a Wilmar Rodolfo Lozano Parga arresto de tres días y multa
de cinco SMLMV; a Aldemar Casadiegos Jaime, arresto de cuatro días y multa de seis
SMLMV; a Ricardo Rojas Higuera y José Manuel Rodríguez García, arresto de cinco
días y multa de siete SMLMV a cada uno; y a Liliana Ramírez Morales, arresto de tres
días y multa de cinco SMLMV. Además, ordenó a la Nueva EPS S.A. y a la UMIT que,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, garantizaran la aplicación de la última
dosis faltante de Palivizumab, correspondiendo a la Nueva EPS S.A. asegurar su
autorización y financiación.

Mediante auto del 7 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras confirmó parcialmente la decisión del 26
de septiembre de 2025. Consideró que los funcionarios de la Nueva EPS S.A.
vinculados al trámite tenían responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes
judiciales y que no acreditaron gestiones efectivas para atenderlas.

En consecuencia, mantuvo la declaratoria de desacato respecto de Wilmar Rodolfo
Lozano Parga, Aldemar Casadiegos Jaime, Ricardo Rojas Higuera y José Manuel
Rodríguez García, pero modificó las sanciones y les impuso, a cada uno, tres días de
arresto y multa de cinco SMLMV. Asimismo, mantuvo la declaratoria de desacato de
Liliana Ramírez Morales, representante legal de la UMIT, aunque redujo su sanción a
una multa de un SMLMV, sin arresto, al considerar que era el primer incidente de
desacato conocido contra esa entidad y que se había acreditado la aplicación de las
dos primeras dosis de la vacuna.

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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

Mediante decisión adoptada en audiencia del 24 de noviembre de 2025, el Juzgado
Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué
declaró cumplida la orden de tutela, luego de verificar que se había completado el
esquema de vacunación con Palivizumab de la menor L.S.J.B. En consecuencia,
inaplicó las sanciones de multa y arresto impuestas mediante auto del 26 de
septiembre de 2025 y confirmadas parcialmente por el Tribunal Superior de Bogotá –
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras el 7 de octubre siguiente, al
considerar que se acreditó el cumplimiento material pleno del fallo y desapareció la
causa que dio lugar a las medidas coercitivas.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte accionante interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al patrimonio, a la igualdad
y al buen nombre, con ocasión de las sanciones de arresto y multa impuestas en su
contra dentro de numerosos incidentes de desacato relacionados con el
incumplimiento de órdenes de tutela dirigidas a la Nueva EPS S.A.

Sostuvo que las autoridades judiciales le atribuyeron responsabilidad por esos
incumplimientos sin examinar sus funciones ni su capacidad real para ejecutar las
órdenes. Indicó que, aunque se desempeñaba como gerente zonal Tolima y estaba
facultado para contestar actuaciones judiciales, no era ordenador del gasto, no
autorizaba servicios médicos, no contrataba prestadores ni controlaba el área jurídica,
pues tales funciones estaban centralizadas en Bogotá.

Afirmó que las sanciones desconocieron el carácter subjetivo de la responsabilidad en
el incidente de desacato, al derivar consecuencias personales del simple
incumplimiento de los fallos, sin establecer si actuó con dolo o negligencia. Agregó
que tampoco se tuvo en cuenta la crisis financiera y operativa de la Nueva EPS S.A.,
que motivó su intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y
dificultó el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Asimismo, señaló que las multas, los arrestos y los procesos de cobro continúan
produciendo efectos, pese a que se encuentra desvinculado de la Nueva EPS S.A.
desde el 3 de octubre de 2025. En particular, cuestionó la existencia de 156 procesos
de cobro coactivo por aproximadamente $755.000.000, así como el embargo de sus
bienes y cuentas bancarias.

Invocó las sentencias SU-034 de 2018 y T-315 de 2020 de la Corte Constitucional, así
como la sentencia STP5789-2026 de la Corte Suprema de Justicia. En esta última se
ordenó levantar las sanciones impuestas a una exgerente regional de la Nueva EPS
S.A., debido a la crisis estructural de la entidad y a su falta de capacidad para cumplir
directamente las órdenes judiciales.

Con fundamento en lo anterior, solicitó levantar las sanciones de arresto y multa
impuestas en su contra y que la Nueva EPS S.A. y la Superintendencia Nacional de
Salud asuman institucionalmente el cumplimiento de las órdenes de tutela pendientes
y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

4. Trámite previo

El 8 de julio de 2026, el despacho sustanciador ordenó desglosar la demanda y sus
anexos y abrir cuadernos separados respecto de los 132 procesos de tutela

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cuestionados, para que cada uno fuera sometido a reparto y tramitado de manera
independiente. Lo anterior, porque las sanciones de multa y arresto fueron impuestas
en incidentes de desacato autónomos, adelantados por distintas autoridades judiciales
y originados en hechos y órdenes de amparo particulares.

Mediante auto del 16 de julio de 2026, el despacho admitió la acción de tutela en lo
relacionado con la sanción impuesta dentro del expediente 73001-31-21-003-2025-
00044-00/01, ordenó notificar a la parte accionante, a las autoridades accionadas y
vinculó como terceros con interés a la Policía Nacional, a la Nueva EPS S.A. y a la
Superintendencia Nacional de Salud.

5. Oposiciones

El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Ibagué sostuvo que, mediante auto del 26 de septiembre de 2025, declaró en
desacato a Wilmar Rodolfo Lozano Parga y le impuso sanciones de arresto y multa,
decisión que fue revisada en grado jurisdiccional de consulta el 7 de octubre de 2025,
oportunidad en la que el Tribunal modificó la sanción a tres días de arresto y cinco
SMLMV de multa. Señaló que posteriormente el despacho verificó el cumplimiento
material pleno de la orden de tutela y constató que había desaparecido la causa que
justificaba mantener las medidas coercitivas.

Precisó que, aunque Wilmar Rodolfo Lozano Parga no presentó solicitud de
inaplicación, el juzgado actuó de oficio y dejó sin aplicación las sanciones de arresto
y multa. Explicó que la finalidad del desacato no es mantener una sanción como
castigo autónomo, sino procurar el cumplimiento de la orden constitucional, por lo que,
una vez satisfecho integralmente el fallo, carecía de fundamento conservar sus
efectos.

Por lo anterior, sostuvo que no subsiste una vulneración de derechos fundamentales
atribuible al juzgado, pues la sanción cuestionada ya fue inaplicada. Agregó que, si
esa decisión fue posterior a la presentación de la tutela, se configuró una carencia
actual de objeto por hecho superado; y, si fue anterior, no existía una afectación actual
al momento de promoverse el amparo. También aclaró que una eventual permanencia
de la sanción en los registros administrativos de la Policía Nacional o de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no sería imputable al juzgado, pues este ya había
ordenado comunicar su levantamiento.

En consecuencia, solicitó declarar la carencia actual de objeto o, según la cronología
que se establezca, la inexistencia de una vulneración actual respecto de ese
expediente. Subsidiariamente, pidió negar el amparo, al considerar que no existe
acción u omisión del despacho que mantenga vigente la sanción cuestionada.

El Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras explicó que conoció, en grado jurisdiccional de consulta, el incidente de
desacato dentro del cual se agrupó, entre otros, el expediente 73001-31-21-003-2025-
00044-00, relacionado con el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga.

Indicó que su competencia en sede de consulta se limitaba a revisar la legalidad de
las sanciones de arresto y multa impuestas, y que no le correspondía decidir
posteriormente sobre su levantamiento o inaplicación. Señaló que esa facultad
corresponde al juez de primera instancia, que conserva la competencia para vigilar el
cumplimiento del fallo de tutela y para modular o levantar las sanciones cuando se
demuestre una imposibilidad material o jurídica de cumplir la orden.
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El Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que sus funciones se limitan al
gobierno y la administración general de la Rama Judicial, principalmente mediante la
definición de políticas y lineamientos estratégicos. Señaló que la ejecución de las
actividades administrativas corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – DEAJ y a sus direcciones seccionales, las cuales ejercen sus funciones de
manera independiente.

Precisó que los procesos de cobro derivados de multas judiciales son adelantados por
la división de cobro coactivo de la DEAJ o por la dirección seccional competente,
según la autoridad que haya impuesto la sanción y el territorio en el que se originó.
Por tanto, el Consejo Superior de la Judicatura no intervino en los cobros cuestionados
por Wilmar Rodolfo Lozano Parga.

Agregó que el accionante no acreditó ninguna actuación u omisión atribuible a esa
corporación, ni demostró haber presentado alguna solicitud ante sus canales
institucionales. En consecuencia, afirmó que no puede responder solidariamente por
las actuaciones de la DEAJ o de sus direcciones seccionales.

Por lo anterior, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y
desvincularlo del trámite de tutela.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ señaló que la
administración de la Rama Judicial se encuentra desconcentrada funcionalmente en
las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, las cuales cuentan con
autonomía financiera, administrativa y jurídica dentro del ámbito de sus competencias.

Explicó que la DEAJ del nivel central tiene competencia para adelantar el cobro
coactivo de las multas y sanciones impuestas, entre otras autoridades, por la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y los tribunales
con sede en Bogotá. En cambio, las obligaciones derivadas de providencias proferidas
por los juzgados y tribunales de los demás distritos judiciales corresponden a la
respectiva Dirección Seccional de Administración Judicial.

En el caso concreto, sostuvo que las actuaciones administrativas cuestionadas fueron
proferidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima, por lo que
esa dependencia era la competente para comparecer al trámite. En consecuencia,
indicó que el 22 de julio de 2026 remitió por competencia la acción de tutela a dicha
seccional.

Por lo anterior, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y
ordenar su desvinculación del proceso; subsidiariamente, pidió negar las pretensiones
en lo que respecta a la DEAJ.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, a través de su
oficina de cobro coactivo, informó que adelanta el proceso de cobro coactivo 73001-
12-90-000-2025-00654-00, originado en la multa de cinco SMLMV impuesta a Wilmar
Rodolfo Lozano Parga dentro del incidente de desacato tramitado en el expediente
73001-31-21-003-2025-00044-00. Indicó que inició dicha actuación luego de que el
Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué
remitiera las providencias sancionatorias para hacer efectiva la multa.

Sostuvo que el proceso de cobro se inició con fundamento en un título ejecutivo que,
a su juicio, reunía los requisitos de ser claro, expreso, exigible y encontrarse
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ejecutoriado, por lo que afirmó que el proceso coactivo se encontraba vigente y en
trámite. Agregó que el accionante tuvo oportunidad de ejercer sus derechos de
defensa y contradicción dentro del incidente de desacato y que las autoridades
judiciales concluyeron que no existía una circunstancia que lo exonerara del
incumplimiento que dio origen a la sanción.

Asimismo, señaló que la oficina de cobro coactivo carece de competencia para
inaplicar, modificar o dejar sin efectos las multas impuestas judicialmente, pues debe
hacerlas efectivas mientras no sean revocadas, modificadas o dejadas sin efectos por
la autoridad judicial competente. Por ello, sostuvo que cualquier cuestionamiento
sobre la procedencia o permanencia de la sanción debía formularse ante el despacho
que la impuso y no a través del proceso de cobro coactivo.

En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y desvincular a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, al considerar que no incurrió
en acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales del accionante.
Además, pidió que, de estimarse procedente, se exhortara a la Nueva EPS S.A. y a
las autoridades correspondientes para garantizar el pago de las multas judiciales que
se encuentren en firme y no hayan sido revocadas, modificadas o dejadas sin efectos.

6. Terceros con interés

La Nueva EPS S.A. sostuvo que Wilmar Rodolfo Lozano Parga no era completamente
ajeno al funcionamiento de la entidad, pues, como gerente zonal Tolima, dirigía la
operación administrativa y de salud, la gestión del riesgo y el seguimiento de los
resultados de la zonal. Sin embargo, aclaró que esas funciones no permiten concluir
automáticamente que tuviera autonomía presupuestal, facultad de contratación o
capacidad directa para autorizar servicios y cumplir todas las órdenes judiciales.

Por ello, señaló que la responsabilidad del accionante debe examinarse
individualmente en cada incidente de desacato, teniendo en cuenta sus funciones
reales, el conocimiento de la orden, su capacidad concreta de cumplimiento y las
actuaciones que desplegó. Indicó que no basta comprobar objetivamente el
incumplimiento, pues también debe establecerse si existió dolo o culpa.

La entidad reconoció su deber de cumplir las órdenes de tutela pendientes, pero indicó
que no puede priorizar exclusivamente los casos relacionados con las sanciones del
accionante. Explicó que la atención debe organizarse según criterios como la
gravedad de la condición médica, la urgencia del servicio y la especial protección
constitucional de los usuarios, sin desplazar a pacientes que se encuentren en
situaciones más graves.

Asimismo, afirmó que la situación del accionante hace parte de una problemática
estructural que afecta a numerosos colaboradores y excolaboradores de la entidad,
derivada de la crisis financiera y operativa, el elevado número de tutelas y las
dificultades para gestionar las notificaciones judiciales.

Finalmente, indicó que, desde su desvinculación laboral, el accionante carece de
competencia funcional y de medios materiales o jurídicos para cumplir las órdenes
dirigidas a la Nueva EPS S.A. En consecuencia, consideró necesario establecer si las
sanciones aún conservan una finalidad coercitiva o si se convirtieron en una carga
meramente punitiva y desproporcionada.

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La Policía Metropolitana de Ibagué sostuvo que su intervención frente a las
sanciones impuestas a Wilmar Rodolfo Lozano Parga es exclusivamente instrumental,
pues se limita a ejecutar las órdenes judiciales que le sean comunicadas por los
despachos competentes. Aclaró que no participó en la imposición de las sanciones,
no valoró la responsabilidad del accionante dentro de los incidentes de desacato y
carece de competencia para modificarlas, suspenderlas, revocarlas, inaplicarlas o
dejarlas sin efectos.

Explicó que el eventual levantamiento de una sanción corresponde exclusivamente a
la autoridad judicial competente y que, mientras la orden permanezca vigente, debe
acatarla. En ese sentido, indicó que no existe una acción u omisión atribuible a la
institución que pueda considerarse causa de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.

En consecuencia, solicitó desvincularla del trámite, al considerar que carece de
responsabilidad frente a las decisiones judiciales cuestionadas.

La Superintendencia Nacional de Salud guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la acción de tutela
interpuesta por Wilmar Rodolfo Lozano Parga contra las sanciones de arresto y multa
impuestas el 26 de septiembre de 2025 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué y confirmadas parcialmente el 7 de
octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras, dentro del incidente de desacato tramitado por el
incumplimiento de una orden de tutela dirigida a la Nueva EPS S.A. Asimismo,
cuestiona las actuaciones de cobro coactivo adelantadas para hacer efectiva la multa.

En síntesis, el accionante sostuvo que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al atribuirle responsabilidad por el incumplimiento de la orden
judicial sin valorar de manera suficiente las funciones que realmente ejercía, su
capacidad material y jurídica para cumplirla y la existencia de responsabilidad
subjetiva. Señaló que, aunque se desempeñó como gerente zonal Tolima de la Nueva
EPS S.A., no contaba con autonomía presupuestal ni con facultades para autorizar
servicios, contratar prestadores o disponer de recursos y que, además, se encuentra
desvinculado de la entidad desde el 3 de octubre de 2025.

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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

La Sala anticipa que declarará improcedente el amparo respecto de las sanciones
impuestas a Wilmar Rodolfo Lozano Parga, toda vez que estas fueron inaplicadas con
anterioridad a la presentación de la acción de tutela. Asimismo, declarará
improcedente la solicitud relacionada con el proceso de cobro coactivo, por cuanto el
accionante dispone de otros mecanismos de defensa para controvertirlo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué y la Policía Metropolitana de Ibagué; (ii) procedencia
de la acción de tutela contra actuaciones en proceso de tutela; (iii) la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales respecto de la sanción impuesta en el
incidente de desacato y (iv) el requisito de subsidiariedad frente al proceso de cobro
coactivo.

(i) Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con las solicitudes de declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva formuladas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – DEAJ, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué y la Policía Metropolitana de Ibagué, la Sala precisa que deben vincularse las
autoridades y particulares que pudieran resultar afectados con la decisión o que
tengan interés directo en su resultado, con el fin de garantizar su derecho de defensa
y contradicción.

El Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– DEAJ, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué y la Policía
Metropolitana de Ibagué fueron vinculados al presente proceso, como parte accionada
o como terceros con interés según el caso, debido a que el actor cuestionó los cobros
coactivos adelantados para hacer efectivas las multas impuestas en los incidentes de
desacato y solicitó su terminación o suspensión. En consecuencia, se negarán las
solicitudes formuladas.

(ii) Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones en proceso de tutela

De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional1, la acción de
tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran dentro
de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe superarse.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido, de manera excepcionalísima, casos
en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso2.

En sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unificó la jurisprudencia
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anterior o posterior a la sentencia.

Esto es, fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
dictadas en el trámite de la acción de tutela, según tres hipótesis: (i) cuando la tutela

1 La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró, entre
otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-
528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T- 237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-
151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2013.
2 Sentencia T – 162 de 1997.
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se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una decisión anterior al fallo y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión
posterior3.

En el mismo sentido, estableció que, por regla general, la acción de tutela no procede
contra sentencias de tutela. No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o
tribunal diferente a esta Corporación, se ha admitido de forma excepcional su
procedencia, cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude [Fraus omnia corrumpit] y, (v) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. Tal como se lee de
la motivación de la referida providencia:

«4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse
actuaciones. Una de las hipótesis posibles, como ya se vio es la de que el juez niegue la
impugnación del fallo de tutela, que acaece después del fallo de primera instancia, pero
antes de que pueda darse el de segunda.

(…)
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores
a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera
clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de
una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario
o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

3 Reiterada en sentencia T-322 de 2019.

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4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional».
(Negrita y subraya fuera del texto)

En el caso concreto, el accionante no dirige sus reproches contra la sentencia de tutela
del 15 de mayo de 2025, proferida dentro del expediente 73001-31-21-003-2025-
00044-00/01. Por el contrario, cuestiona las sanciones de arresto y multa impuestas
mediante auto del 26 de septiembre de 2025 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué y confirmadas parcialmente por el
Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras el 7
de octubre siguiente, así como las actuaciones de cobro coactivo adelantadas para
hacer efectiva la multa.

Entonces, como la presunta vulneración de los derechos fundamentales se atribuye a
actuaciones posteriores al fallo de tutela, la presente solicitud de amparo no está
dirigida contra dicha sentencia. En consecuencia, corresponde a la Sala verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia respecto del incidente de
desacato y del proceso de cobro coactivo cuestionados.

(iii) Ausencia de vulneración de los derechos fundamentales respecto de la
sanción impuesta en el incidente de desacato

En el escrito de tutela, el accionante sostuvo que el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué y el Tribunal Superior de Bogotá –
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras vulneraron sus derechos
fundamentales al declararlo responsable del desacato e imponerle sanciones de multa
y arresto, sin valorar sus funciones, su capacidad material para cumplir la orden
judicial ni la existencia de dolo o negligencia.

Al respecto, la Sala advierte que, si bien mediante auto del 26 de septiembre de 2025
el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué
declaró en desacato al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga y le impuso sanciones de
arresto y multa, decisión que fue confirmada parcialmente por el Tribunal Superior de
Bogotá – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras el 7 de octubre siguiente,
dichas sanciones fueron posteriormente inaplicadas.

En efecto, mediante decisión adoptada en audiencia del 24 de noviembre de 2025, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué
declaró cumplida la orden de tutela, luego de verificar que se había completado el
esquema de vacunación con Palivizumab de la menor L.S.J.B. En consecuencia,
inaplicó las sanciones de multa y arresto, al considerar que se acreditó el cumplimiento
material pleno del fallo y que desapareció la causa que justificaba mantener las
medidas coercitivas.

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Así las cosas, para el 26 de mayo de 2026, fecha en la que el señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga promovió la presente acción de tutela, las sanciones que cuestiona ya
habían sido inaplicadas por la autoridad judicial competente. Por tanto, para ese
momento no subsistía una afectación de sus derechos fundamentales derivada de
tales decisiones que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto de las
sanciones impuestas dentro del incidente de desacato.

(iv) Requisito de subsidiariedad4 en el caso concreto

El accionante también cuestionó las actuaciones de cobro coactivo adelantadas para
hacer efectiva la multa impuesta dentro del incidente de desacato y solicitó la
terminación de ese trámite, así como el levantamiento de las medidas cautelares
decretadas en su contra.

Al respecto, se encuentra acreditado que, mediante decisión adoptada en audiencia
del 24 de noviembre de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Ibagué declaró cumplida la orden de tutela e inaplicó la
sanción impuesta al accionante.

Sin embargo, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué informó que
el proceso de cobro coactivo continúa activo y aportó una liquidación en la que la multa
aún figura como una obligación pendiente.

En esas condiciones, se encuentra que el accionante tuvo la posibilidad de solicitar la
terminación del trámite y el levantamiento de medidas cautelares, aportando la

4
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
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decisión del 24 de noviembre de 2025, y formular las excepciones correspondientes
contra el mandamiento de pago. Además, puede oponerse a la ejecución mediante la
excepción de pérdida de fuerza ejecutoria, conforme al artículo 92 del CPACA, para
alegar que la sanción fue inaplicada y que, por tanto, ya no existe un título que pueda
ejecutarse.

Por otra parte, el accionante no acreditó que esos mecanismos carecieran de
idoneidad o eficacia, ni la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria
la intervención urgente del juez constitucional.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela frente a la
pretensión dirigida a terminar el proceso de cobro coactivo, por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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