Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05341-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05341-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05341-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05341-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide sobre la acción de tutela1 presentada por el señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el Juzgado Segundo Civil de Restitución de Tierras de
Ibagué, la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud, Nueva EPS S.A.
y el agente interventor de esta última entidad.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 26 de mayo de 20262, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga interpuso la
presente acción constitucional en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, la libertad personal, la dignidad humana, la
igualdad, el buen nombre y el patrimonio, que estimó vulnerados por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional, la Superintendencia
Nacional de Salud y la Nueva EPS S.A., con ocasión de las sanciones de arresto y
multa impuestas en su contra dentro de diversos incidentes de desacato derivados
del incumplimiento de órdenes de tutela dirigidas a dicha entidad promotora de
salud, así como de los 156 procesos de cobro coactivo adelantados para hacer
efectivas esas multas.
Ello, pese a que durante su vinculación como gerente zonal Tolima carecía de
competencia funcional, autonomía administrativa, manejo presupuestal y capacidad
decisoria para materializar las órdenes judiciales, pues tales actuaciones se
encontraban centralizadas en la ciudad de Bogotá; además, sostuvo que fue
desvinculado de la compañía el 3 de octubre de 2025 y que, no obstante, las
1 Obra en el certificado 029C1C35F85EDE54 9574A954E9E62A31 8BE94E9BB123499A
889BBDED6EBEF18C, índice 2.
2 Archivo 02 documento 02 del certificado 71DB8CD84DB0E01C EABD5D0732881942 5E1315F58AD258F8
3E9125FB396553FC, índice 2.
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sanciones, los cobros y las medidas cautelares sobre sus bienes continúan
vigentes.
2. Hechos
2.1. El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga manifestó que se vinculó laboralmente
con la Nueva EPS S.A. el 23 de noviembre de 2013, mediante contrato de trabajo a
término indefinido, para desempeñar el cargo de gerente zonal Tolima, función que
ejerció hasta el 3 de octubre de 2025, cuando la entidad terminó unilateralmente su
contrato sin justa causa.
2.2. Agregó que, desde 2017, fue inscrito ante la Cámara de Comercio de Ibagué
como administrador de esa sede y que, durante su vinculación, otorgó poder al área
jurídica de la compañía para suscribir contestaciones de acciones de tutela e
intervenir en incidentes de desacato; no obstante, precisó que ello no le confería
facultades de mando, disposición de recursos, manejo presupuestal ni capacidad
para materializar las órdenes impartidas por los jueces constitucionales.
2.3. Explicó que los procesos indispensables para garantizar la prestación de los
servicios de salud, entre ellos la contratación de las instituciones prestadoras, la
facturación y los pagos, se encontraban centralizados en la oficina principal de la
Nueva EPS en Bogotá; por tanto, no era ordenador del gasto ni tenía a su cargo la
autorización o negación de los servicios solicitados por los afiliados.
2.4. Asimismo, afirmó que las notificaciones relacionadas con acciones de tutela e
incidentes de desacato eran recibidas, controladas y respondidas por el área jurídica
del nivel central, a través del correo secretaria.general@nuevaeps.com.co, sin que
fueran remitidas a su correo personal ni estuvieran bajo su dependencia jerárquica.
2.5. En relación con la situación administrativa de la entidad, señaló que, mediante
la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, la Superintendencia
Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y
negocios de la Nueva EPS, así como su intervención forzosa para administrar.
Indicó igualmente que, mediante la Resolución 2025320030001956-6, que en uno
de los apartes de la demanda identificó con fecha del 3 de abril de 2024, fue
designado como agente interventor Julio Alberto Rincón; posteriormente, mediante
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la Resolución 2024320030015020-6 del 18 de noviembre de 2024, se designó en
esa función a Bernardo Armando Camacho, y, a través de la Resolución
2025320030006807-6 del 15 de agosto de 2025, se nombró como agente especial
de intervención a Gloria Libia Polanía Aguillón, quien le comunicó la terminación de
su contrato de trabajo.
2.6. Añadió que la intervención fue dispuesta ante la crisis estructural de la Nueva
EPS y el incremento de las acciones de tutela, así como por las deficiencias
advertidas en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
y en la atención de requerimientos judiciales, aspectos en los que la entidad
presentaba niveles de cumplimiento del 25 % y del 0 %, respectivamente.
2.7. También refirió que la medida se adoptó inicialmente por un año, ante el riesgo
que la situación financiera y de solvencia representaba para el aseguramiento y la
prestación de los servicios de salud, y que, mediante la Resolución
2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud
prorrogó la intervención, al establecer que persistían las causas que le dieron
origen, entre ellas la insuficiencia del patrimonio requerido y las deficiencias en el
régimen especial de reservas técnicas.
2.8. Pese a las circunstancias descritas, indicó que diferentes despachos judiciales
lo vincularon a incidentes de desacato derivados del incumplimiento de órdenes de
tutela impartidas contra la Nueva EPS y le impusieron sanciones de arresto y multa.
Como consecuencia de estas últimas, la Dirección Seccional de Administración
Judicial inició en su contra 156 procesos de cobro coactivo, por un valor total de
$755.861.340,33, y, mediante la Resolución 030 del 30 de diciembre de 2025,
decretó el embargo y posterior secuestro de los bienes inmuebles de su propiedad
y de sus cuentas bancarias.
2.9. Sostuvo, además, que continuó siendo vinculado a acciones de tutela e
incidentes de desacato aun después de su retiro de la entidad, pese a que desde el
3 de octubre de 2025 carecía de cualquier posibilidad de gestión y defensa desde
el interior de la compañía, y agregó que, en vigencias anteriores, la Nueva EPS
había asumido el pago de las multas que no fueron revocadas.
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3. Fundamentos de la acción de tutela
3.1. El accionante sustentó la vulneración de sus derechos en que las sanciones de
arresto y multa impuestas dentro de los incidentes de desacato desconocieron el
carácter subjetivo de la responsabilidad exigida en ese trámite, pues, según afirmó,
no se valoraron su competencia funcional, su capacidad real de cumplimiento, la
imposibilidad material de ejecutar las órdenes ni el contexto de crisis estructural de
la Nueva EPS.
3.2. Para respaldar esa postura invocó las sentencias SU-034 de 2018 y T-315 de
2020 de la Corte Constitucional, así como la decisión del Consejo de Estado del 30
de enero de 2025, radicado 2024-04475, de las cuales extrajo que el desacato no
puede operar como un mecanismo de responsabilidad objetiva y que, cuando el
incumplimiento obedece a fallas institucionales que desbordan la capacidad de
actuación del sancionado, deben examinarse integralmente las circunstancias del
caso.
3.3. También citó la sentencia STP5789-2026 del 9 de abril de 2026 de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, relativa a una exgerente regional
de la Nueva EPS, en la que se ordenó levantar las sanciones de arresto y multa y
los cobros derivados de estas. Con fundamento en ese antecedente solicitó la
aplicación del principio de igualdad material, por considerar que se trataba de un
caso similar al suyo.
3.4. A partir de esos argumentos, estimó vulnerados sus derechos al debido
proceso, porque las sanciones se impusieron sin establecer su responsabilidad
individual; a la libertad personal, por las órdenes de arresto; a la dignidad humana
y al patrimonio, por la acumulación de multas, cobros coactivos y medidas
cautelares; y a la igualdad y al buen nombre, porque se le atribuyeron
personalmente incumplimientos que, según sostuvo, correspondían a fallas
institucionales de la Nueva EPS.
3.5. Agregó que las medidas eran desproporcionadas y continuaban afectándolo
pese a su desvinculación, y consideró que la tutela cumplía los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, dado que las sanciones y cobros seguían vigentes y
no contaba con otro mecanismo judicial al cual acudir.
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4. Pretensiones de la acción
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE
ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de
desacato proferidos en contra del accionante en su condición de ex colaborador
de NUEVA EPS.
SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE
IVAN OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las
órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato,
así como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir
institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos,
evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi
esfera personal.
TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las
órdenes judiciales.”3
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Por reparto, el conocimiento de la solicitud de amparo correspondió a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que, mediante auto del 1.º de junio de 2026 4, requirió
al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga para que precisara si sus reproches se
dirigían contra las decisiones adoptadas en los incidentes de desacato en los que
se le impusieron sanciones de arresto y multa, las actuaciones adelantadas en los
procesos de cobro coactivo iniciados para hacerlas efectivas o ambos asuntos.
5.2. Posteriormente, mediante auto del 24 de junio de 20265, la Sección Cuarta
requirió por segunda vez al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga para que
individualizara los procesos de tutela objeto de cuestionamiento y señalara,
3 Folio 9 y 10 del certificado 029C1C35F85EDE54 9574A954E9E62A31 8BE94E9BB123499A
889BBDED6EBEF18C, índice 2.
4 Obra en el certificado 2D0D09430E3EF918 8298974AAA458987 FF3EFDC8C3E0678F F069138773D360D9,
índice 4 del expediente 11001031500020260401700.
5 Obra en el certificado 710ED2E58898DD9B D51397A0B257E4E4 CD013E9CA084DD74
865BF8AA92C736F8, índice 14 del expediente 11001031500020260401700.
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respecto de cada uno, la autoridad judicial que profirió la decisión, el número de
radicación y la providencia cuestionada, información que debía allegar de forma
clara, precisa y consolidada.
5.3. Mediante auto del 8 de julio de 20266, la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ordenó el desglose de la acción de
tutela presentada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al advertir que los
cuestionamientos recaían sobre sanciones impuestas en múltiples procesos de
tutela autónomos e independientes, cuyo estudio debía realizarse de manera
individual y tramitarse por separado.
5.4. Por medio del auto del 15 de julio de 20267, el Despacho ponente admitió la
acción y ordenó notificar, en calidad de accionadas, al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Segundo
Civil de Restitución de Tierras de Ibagué, la Policía Nacional, la Superintendencia
Nacional de Salud, Nueva EPS S.A. y el agente interventor de esta última entidad.
Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras,
autoridad que resolvió el grado jurisdiccional de consulta de la sanción por desacato
impuesta al accionante8.
5.5. Además, se precisó que su conocimiento se circunscribía a la sanción por
desacato impuesta por el Juzgado Segundo Civil de Restitución de Tierras de
Ibagué, dentro del radicado 73001-31-21-003-2024-00093-00.
5.6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ9 solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela respecto de esa entidad, por falta de
legitimación material en la causa por pasiva. Como fundamento, explicó que,
aunque corresponde inicialmente al accionante identificar la autoridad responsable
de la presunta vulneración, el juez constitucional, en aplicación de los principios de
6 Obra en el certificado 71DB8CD84DB0E01C EABD5D0732881942 5E1315F58AD258F8
3E9125FB396553FC, índice 2 PDF 06.
7 Obra en el certificado 09825DC383994CDA 0D429683B14D4DA2 11CA1924269B801C
C588202AB69F711B, índice 4.
8 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
9 Obra en el certificado 75905FEA1A3A6FFB CAEA507173E50AA8 435F7468C27054F6 B04777D47857264E,
índice 10.
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informalidad, oficiosidad y pro actione, debe integrar adecuadamente el
contradictorio cuando la información suministrada resulte insuficiente o ambigua.
Señaló que el proceso de cobro coactivo del accionante se tramita ante la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué y que aquel no presentó ninguna
solicitud ante la DEAJ; por ello, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva y desvincularla del trámite.
Finalmente, en escrito aparte10, solicitó acumular las acciones de tutela promovidas
por Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al considerar que contienen hechos y
pretensiones idénticos, dirigidos al levantamiento de las sanciones de arresto y
multa impuestas en incidentes de desacato relacionados con su anterior vinculación
como gerente zonal de la Nueva EPS.
5.7. La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de
Bogotá11 informó que conoció, en grado de consulta, el incidente 03-2024-00031-
02, al cual se acumularon ocho actuaciones adelantadas contra Wilmar Rodolfo
Lozano Parga, entre ellas la correspondiente al radicado 2024-00093-01, y en el
que confirmó parcialmente la sanción impuesta. Asimismo, señaló que su
competencia se limitó al control de las medidas correccionales, por lo que carece
de facultad para levantar las órdenes de arresto y multa, asunto que corresponde a
los jueces de primera instancia encargados de vigilar el cumplimiento de sus fallos
y de modular o dejar sin efectos las sanciones cuando se acredite una imposibilidad
fáctica o jurídica absoluta de cumplimiento.
5.8. La Policía Metropolitana de Ibagué12 sostuvo que no intervino en el trámite de
los incidentes de desacato, ni impuso las sanciones cuestionadas o determinó la
responsabilidad del accionante, pues su actuación se limita a ejecutar las órdenes
judiciales que le sean comunicadas. Afirmó que carece de competencia para revisar,
suspender, modificar o levantar las medidas de arresto y multa, facultad reservada
a las autoridades judiciales, por lo que no le resulta atribuible ninguna acción u
omisión vulneradora de derechos fundamentales.
10 Obra en el certificado 8D532A12821199B0 B14B13A832AF53AD F738F2F00393B8BF
3D36126849E8EBD2, índice 12.
11 Obra en el certificado 2C17696DC1E30AF1 FC2EFEC188D65904 06ABF99102FA0400
C8E50C627AEE0E77, índice 11.
12 Obra en el certificado 3A7B78AE56CE5E0F 2E46C407567ADB48 2039100C8686BD86
79D243CA6AB61C18, índice 15.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05341-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
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En consecuencia, solicitó desestimar las pretensiones formuladas en su contra y
disponer su desvinculación; subsidiariamente, pidió que cualquier orden se limite
estrictamente a sus competencias constitucionales y legales.
5.9. El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Ibagué13 señaló que la sanción impuesta dentro del radicado 73001-31-21-003-
2024-00093-00 no se fundó automáticamente en el incumplimiento ni en el cargo
del accionante, sino en la valoración de sus funciones como gerente zonal Tolima y
de las gestiones acreditadas durante el incidente, en el que se le garantizaron los
derechos de defensa y contradicción.
Precisó que la decisión sancionatoria fue proferida el 26 de septiembre de 2025,
antes de su desvinculación laboral, y posteriormente confirmada en consulta,
aunque el arresto se redujo de cinco a tres días y se mantuvo la multa de cinco
salarios mínimos. Agregó que Lozano Parga no fue vinculado ni sancionado en el
segundo incidente adelantado después de su retiro, ni presentó ante el juzgado
solicitud de inaplicación, revisión o levantamiento de la sanción, por lo que no existe
una decisión denegatoria u omisión atribuible al despacho; en consecuencia, solicitó
declarar improcedente el amparo y, subsidiariamente, negarlo, al no advertirse
vulneración del debido proceso, ausencia de valoración subjetiva ni arbitrariedad en
la decisión cuestionada.
5.10. Finalmente, remitió copia del expediente 7300131210032024000930014.
5.11. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué15 indicó que inició
el proceso de cobro coactivo 73001129000020250064900 con fundamento en la
multa de cinco salarios mínimos impuesta al accionante por el Juzgado Tercero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué y confirmada por el
Tribunal Superior de Bogotá, providencias que constituyen un título ejecutivo claro,
expreso y exigible.
13 Obra en el certificado CF23C4C21C4D5B65 47241BADD0415785 B6593F2C7BAFB577
F841EA1EEFC51133, índice 16.
14 Obra en el certificado DAFC62419053F2B2 05D9D6D26B18AF2A 184A2CEF2112FBBE
F1899F68108C56EC, índice 16.
15 Obra en el certificado 8377F2409BC8D335 A5B76021AF5F81D0 771C901BE858922E
7DBCD7A5224D8AF9, índice 17.
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Sostuvo que su actuación se limitó al ejercicio de las funciones legales de recaudo
y que carece de competencia para inaplicar, modificar o dejar sin efectos una
sanción judicial en firme, por lo que cualquier solicitud en ese sentido debe
formularse ante el juez que la impuso. Agregó que la tutela no puede utilizarse como
una tercera instancia y que el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable; en consecuencia, solicitó declarar improcedente el amparo y
desvincular a la Dirección Seccional; adicionalmente, pidió que, de estimarse
procedente, se exhorte a la Nueva EPS y a las demás autoridades competentes
para que adopten las medidas necesarias para pagar las multas judiciales vigentes.
5.12. La Superintendencia Nacional de Salud16 sostuvo que sus funciones se limitan
a la inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, sin que sea superior jerárquico de las EPS ni responsable de prestar
servicios o cumplir directamente las órdenes judiciales impartidas contra estas.
Señaló que no impuso las sanciones de desacato, no adelantó los procesos de
cobro coactivo ni decretó las medidas cautelares cuestionadas por el accionante,
cuya inconformidad se relaciona con decisiones judiciales y con el incumplimiento
de obligaciones a cargo de la Nueva EPS.
Agregó que la intervención forzosa de esa entidad no trasladó sus obligaciones
asistenciales a la Superintendencia, pues su administración corresponde al agente
especial interventor, y que ha ejercido sus competencias mediante requerimientos,
seguimiento, indicadores de control y medidas correctivas y cautelares. En
consecuencia, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva y, subsidiariamente, que se negara el amparo respecto de ella.
5.13. La Nueva EPS17 cuestionó el desglose de la acción de tutela en procesos
independientes, pues afirmó que el accionante presentó una única solicitud de
amparo contra las sanciones y actuaciones de cobro derivadas de 132 incidentes
de desacato; por tanto, sostuvo que la pluralidad de providencias cuestionadas
exigía un análisis individual dentro de un mismo trámite, pero no autorizaba su
fraccionamiento y nuevo reparto, dado que ello desconoce el principio de
16 Obra en el certificado 29EBFAD5DB17CF37 D534D90CA44913C0 841D062FA589C10B
27231B0B69671997, índice 18.
17 Obra en el certificado B4A9796A498A7419 42B32367C5EA15C8 26F11049E9CF6AE8
C6DF63A14C773843, índice 19.
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inescindibilidad de la tutela y afecta la economía, celeridad, eficacia, así como los
derechos de defensa y contradicción.
Asimismo, manifestó que recibe un elevado número de tutelas e incidentes de
desacato y que el represamiento de notificaciones, la gestión manual de la
información y la insuficiencia de capacidad humana generaron inconsistencias en
sus registros. Indicó que, según sus bases de datos, existían más de 37.000
sanciones vigentes y que, desde el 23 de febrero de 2026, comenzó a sistematizar
esa información mediante la plataforma SITI. Con fundamento en ello, afirmó que
no podía atender de manera particular, simultánea e inmediata todas las
actuaciones, porque cada una requería verificar el cumplimiento de la orden,
coordinar las áreas técnicas, recaudar pruebas y hacer seguimiento a la prestación
del servicio.
Señaló que Wilmar Rodolfo Lozano Parga ya no se encuentra vinculado
laboralmente con la entidad y, por tanto, carece de competencia funcional,
facultades jurídicas, capacidad operativa, poder de dirección, manejo presupuestal
y medios materiales para ejecutar las órdenes judiciales cuyo incumplimiento originó
las sanciones. Sostuvo que, dado el carácter conminatorio y no meramente punitivo
del desacato, debía verificarse si aquel conserva una posibilidad real de cumplir los
fallos y si el incumplimiento le resulta subjetivamente atribuible a título de dolo o
culpa.
En consecuencia, solicitó acumular los expedientes al radicado 11001-03-15-000-
2026-04017-00 y no imponer a la Nueva EPS una gestión individualizada en favor
del actor, pues, según afirmó, ello alteraría la atención de otros colaboradores y
excolaboradores sancionados, así como la gestión de las demás actuaciones
judiciales y administrativas a cargo de la entidad.
5.14. El agente interventor de la Nueva EPS guardó silencio.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por Wilmar
Rodolfo Lozano Parga contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el
Juzgado Segundo Civil de Restitución de Tierras de Ibagué, la Policía Nacional, la
Superintendencia Nacional de Salud y la Nueva EPS S.A., de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3. Cuestión previa
Respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Superintendencia Nacional de Salud, así
como de las solicitudes de desvinculación formuladas por la Policía Metropolitana y
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la Sala advierte que
dichas entidades tienen interés en el resultado del presente trámite constitucional,
toda vez que las pretensiones del accionante están encaminadas al levantamiento
de las sanciones de arresto y multa impuestas en su contra, cuya ejecución
corresponde, respectivamente, a la Policía Nacional y a la autoridad encargada de
adelantar el proceso de cobro coactivo, mientras que la Superintendencia ordenó la
intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS y ejerce funciones de
inspección, vigilancia y control sobre esa entidad. En consecuencia, se negarán las
solicitudes de desvinculación formuladas.
Asimismo, si bien en el auto admisorio se vinculó al Juzgado Segundo Civil de
Restitución de Tierras de Ibagué, por cuanto, de acuerdo con la información
consignada por el accionante en el archivo de Excel allegado con la solicitud de
amparo, dicha autoridad habría proferido la decisión cuestionada dentro del
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05341-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
radicado 73001-31-21-003-2024-00093-00, del examen del expediente se constató
que la providencia fue emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué. Este último despacho tuvo
conocimiento de la presente actuación con ocasión de la remisión efectuada el 17
de julio de 2026 por el juzgado inicialmente vinculado y, en ejercicio de su derecho
de defensa, rindió el informe correspondiente; por tanto, la irregularidad advertida
quedó saneada.
4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad18 y de procedencia19 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”20.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber21: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
18 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
19 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
21 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05341-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202222, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
5.2. Asimismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en
contra de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio
advertir, además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales”.
5.3. Para la Sala, la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues, aunque el accionante invoca la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, sus argumentos no evidencian, respecto de la
sanción impuesta dentro del radicado 73001-31-21-003-2024-00093-00, un asunto
que trascienda la controversia resuelta por el juez natural.
Ciertamente, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga insiste en que, por la estructura
administrativa de la Nueva EPS y las funciones asignadas a su cargo, carecía de
facultades jurídicas, administrativas y presupuestales para cumplir las órdenes
judiciales; sin embargo, tales planteamientos están dirigidos a obtener una nueva
valoración de su responsabilidad dentro del incidente de desacato, sin identificar
una actuación arbitraria o un defecto de naturaleza constitucional en las
providencias que declararon y confirmaron el incumplimiento.
En efecto, la providencia sancionatoria estructuró la responsabilidad por el
cumplimiento de las órdenes de tutela en tres niveles, operativo, regional y de alta
dirección, y ubicó al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su condición de
22 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05341-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
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gerente zonal Tolima, como responsable directo de su ejecución material en el
territorio, para lo cual debía coordinar la entrega de medicamentos e insumos y la
prestación de los servicios ordenados. Asimismo, tuvo en cuenta que fue notificado
de la apertura de los incidentes y de la providencia que dispuso su agrupación, que
se le corrió traslado de las respectivas quejas y que guardó silencio frente a los
requerimientos efectuados.
Así, tanto el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Ibagué como la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Bogotá, en sede de consulta, concluyeron que no se acreditó
el cumplimiento de las órdenes impartidas a la Nueva EPS, relacionadas con la
entrega de pañales, pañitos y crema antipañalitis, así como con la definición e
implementación del servicio de enfermería o cuidador domiciliario requerido por el
paciente, ni gestión alguna del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga encaminada a
su acatamiento, conforme se advierte de los apartes pertinentes que se transcriben
a continuación:
“Los responsables de cumplir con las órdenes judiciales al interior de la Nueva
EPS no demostraron gestión alguna para atender las sentencias de tutela, y el
superior jerárquico no acreditó para requerir el acatamiento a lo ordenado, ni
inició actuación disciplinaria en su contra.
La responsabilidad que atribuyó el J3CCERTI a cada uno de los responsables
sancionados, se derivó de lo siguiente, además de incumplir con las ordenes
resumidas en el párrafo 16 y que comparte esta Sala:
Wilmar Rodolfo Lozano Parga (Gerente Tolima): Como gerente zonal de Nueva
EPS en el Tolima, estaba llamado a dar cumplimiento inmediato a las órdenes
médicas y judiciales, coordinando la entrega de medicamentos, insumos y
citas. Salvo en la ya citada radicación, en los restantes incidentes guardó pleno
silencio frente a traslados y requerimientos, configurando una omisión grave.
Su conducta es reprochable en cuanto incumplió la obligación funcional que le
correspondía como primera línea de ejecución de los fallos de tutela. (…)
En definitiva, la Sala concluye que es procedente sancionar al gerente zonal,
al gerente regional, al gerente territorial y al vicepresidente de Salud y Agente
Especial-Interventor Suplente de la Nueva EPS debidamente vinculados y, por
tanto, más adelante se examinará la proporcionalidad de las sanciones
impuestas. (…)
Tasación de las sanciones
El a quo, resolvió imponer a cada uno de los vinculados las sanciones indicadas
en el antecedente 3.8.1. A los funcionarios de la Nueva EPS les impuso sanción
de tres a cinco días de arresto y multa de cinco a siete SMLMV, teniendo
presente el grado de jerarquía del cargo que ocupan en la entidad; a la
representante de la UMIT tres días de arresto y multa de cinco SMLMV y a los
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
vinculados por Colsubsidio los sancionó con cuatro y tres días de arresto y
multa de cinco y seis SMLMV, también teniendo encuentra su jerarquía (sic).
En lo que hace a los funcionaros(sic) de la Nueva EPS, se modificará la
sanción, y en su lugar se asignará a cada funcionario por cada expediente de
tutela en el que fueron vinculados, (3) tres días de arresto y (5) cinco SMLMV
de multa teniendo en cuenta lo siguiente:
Aunque el cargo que ostentan es de diferente jerarquía, unos son responsables
directos y otros sus superiores, todos tienen el mismo deber de cumplimiento
de las órdenes judiciales, de tal suerte que a cada uno de los responsables se
les sancionará con el mínimo de días de arresto que fijó la primera instancia,
teniendo en cuenta que repercute en el derecho a la libertad, y con el máximo
de la sanción pecuniaria que fijó dicha instancia.
Los incidentados, a pesar de que se los notificó en debida forma, fueron
indiferentes al cumplimiento de la sentencia y no comparecieron al presente
trámite para ofrecer explicaciones sobre las circunstancias que eventualmente
podrían impedir o dificultar la adecuada prestación del servicio de salud a nueve
personas, y por supuesto, tampoco propusieron algún tipo de acción que
permita mitigar la grave situación que hoy afecta a cientos de afiliados y,
concretamente, a los aquí accionantes pese a que todos padecen de
graves diagnósticos y muchos de ellos, además, son sujetos de especial
protección constitucional en razón a su condición etaria.
En el presente asunto se discutió el desacato a nueve fallos de tutela, pero,
además, el Tribunal tiene conocimiento de varios incidentes de desacato que
se adelantan contra la aquí accionada y que comprometerían igualmente la
responsabilidad de los aquí sancionados.
Por regla general la falta de voluntad de la Nueva EPS para el cumplimiento de
las ordenes de tutela es tal que ni siquiera identifican en debida forma a los
responsables y, cuando se ha hecho tal labor de forma oficiosa por parte de la
sede judicial, realizan modificaciones a su estructura o designa nuevos
funcionarios sin remitir con plena anticipación las comunicaciones del caso;
tanto así que algunos de los incidentes que ha conocido este Tribunal debieron
anularse, entre ellos el radicado principal. Tales incidentes son un indicio del
incumplimiento sistemático en que incurre la entidad, así como de la
ausencia de una política institucional seria y eficaz que permita atender
oportunamente las decisiones judiciales y, más importante aún, a los
usuarios del sistema de salud.
Aun cuando pudiera alegarse que la situación actual de la EPS obedece a
dificultades presupuestales y administrativas —argumento que, por lo
demás, la incidentada no planteó en el presente trámite—, tales
circunstancias no pueden trasladarse a los usuarios ni invocarse como
justificación para incumplir órdenes judiciales encaminadas a la
protección de derechos fundamentales. El déficit de planeación, la falta
de capacidad de respuesta y la reiterada omisión en la atención de las
providencias judiciales no solo ponen de presente un problema
estructural de la entidad, sino que también revelan una preocupante
desatención al principio de eficacia que debe regir la actuación de la
administración pública.
Bajo tales condiciones, el incumplimiento reiterado por parte de la Nueva EPS
trasciende la esfera individual del caso concreto y se configura como un
problema de carácter estructural que exige medidas urgentes y
ejemplarizantes. Por tanto, aunque la Corte Constitucional tiene dicho que la
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
finalidad del trámite incidental es garantizar el cumplimiento y no el castigo, en
este caso, se hace necesario hacer uso de las herramientas correctivas con el
fin buscar que los derechos fundamentales de los afiliados no continúen
viéndose comprometidos y que la entidad asuma con seriedad y
responsabilidad las obligaciones derivadas de su función23”. (Negrillas fuera del
texto)
Además, se advierte que también se examinaron las dificultades administrativas y
presupuestales de la entidad, el déficit de planeación, la falta de capacidad de
respuesta, las modificaciones efectuadas en su estructura y la ausencia de una
política institucional eficaz para atender las órdenes judiciales; sin embargo, se
consideró que tales circunstancias no fueron planteadas durante el trámite incidental
y, en todo caso, no podían trasladarse a los usuarios ni justificar el incumplimiento
de los fallos de tutela.
En ese sentido, se concluyó que aquellas dificultades evidenciaban un
incumplimiento sistemático que exigía la adopción de medidas correctivas, mas no
una circunstancia exonerativa de la responsabilidad atribuida a los funcionarios
encargados de procurar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
En consecuencia, se confirmó la sanción por desacato impuesta al accionante,
consistente en arresto de 3 días y multa equivalente a 5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
5.4. Ahora, el accionante afirma que las decisiones administrativas, presupuestales
y operativas se encontraban centralizadas en la sede principal de la Nueva EPS y
que su cargo no comprendía facultades para autorizar servicios, contratar
prestadores o disponer recursos. Sin embargo, no explicó por qué la atribución de
responsabilidad operativa efectuada por el juzgado carecía de sustento jurídico o
probatorio, ni confrontó la conclusión según la cual permaneció en silencio durante
el trámite y no acreditó gestión alguna encaminada al cumplimiento de las órdenes
impartidas en este asunto específico.
Tampoco precisó de qué manera la intervención y la crisis estructural de la entidad
le impidieron realizar las labores de coordinación territorial que el juez natural estimó
comprendidas dentro de sus funciones, pues se limitó a invocar esas circunstancias
23 Folios 19 al 24 del certificado 07AAAD90BC3EA6E6 3D04CEC0121BD883 ACB78444DF874F91
1831F1659E06ECB6, índice 17.
17
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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
de manera general, sin relacionarlas con las órdenes impartidas en el asunto objeto
de examen ni con alguna actuación concreta desplegada para procurar su
cumplimiento.
5.5. En todo caso, correspondía al accionante acudir ante el juez natural que impuso
la sanción y solicitarle que examinara la incidencia de la crisis estructural y de la
intervención administrativa de la Nueva EPS, así como de su alegada imposibilidad
funcional y material, en el cumplimiento de las órdenes judiciales, toda vez que dicha
autoridad conserva la competencia para verificar el acatamiento del fallo y
determinar, atendiendo las particularidades del caso, si las medidas de desacato
continúan siendo procedentes, necesarias y proporcionales o si existen razones que
justifiquen su modulación, suspensión o levantamiento.
Entendimiento que se acompasa con lo expuesto por esta Subsección en sentencia
del 30 de enero de 2026, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-
03924-01, al resolver un asunto que, si bien no guardaba identidad fáctica con el
presente, planteaba una controversia semejante, pues allí se pretendía suspender
integralmente la ejecución de las sanciones de arresto y multa decretadas en
distintos incidentes de desacato a distintos funcionarios de la Nueva EPS, incluidas
aquellas impuestas a quien promovió esta acción constitucional, oportunidad en la
que se expuso:
“Desde esta perspectiva, para la Sala dichas decisiones no traslada ni
relativizan la naturaleza del derecho para privilegiar derechos individuales de
los funcionarios sancionados por el incumplimiento de fallos de tutela. En
efecto, las fallas estructurales del sistema no pueden generan otro agravante
traducido en la imposición de barreras (ahora judiciales) para el ejercicio y
activación del incidente de desacato, máxime cuando la salud mantiene su
carácter de fundamental, exigible de manera inmediata.
“En concordancia con lo expuesto, resulta relevante precisar que el incidente
de desacato se promueve a solicitud de parte, surge del incumplimiento de una
orden de tutela y se inscribe dentro de las potestades disciplinarias del juez
constitucional . Se trata de un procedimiento especial cuyo propósito no es
punitivo, sino persuasivo, orientado a inducir el cumplimiento efectivo de lo
ordenado en el fallo de tutela, y que debe adelantarse con pleno respeto del
debido proceso, dada su estrecha vinculación con el ejercicio de facultades
sancionatorias.
En este marco, los funcionarios obligados al cumplimiento de la orden cuentan
con un trámite incidental estructurado en diversas etapas que les permite
acreditar el cumplimiento, exponerlas razones que lo han impedido o justificar
eventuales retrasos. La imposición de sanciones no opera de manera
automática, sino que depende de la valoración judicial sobre la conducta
18
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05341-00
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
desplegada, la posibilidad real de ejecución y las explicaciones aportadas por
el incidentado, en el marco del incidente mismo.
Así, frente a cada decisión de tutela, el presunto incumplido dispone de
la oportunidad procesal para presentar argumentos, pruebas y evidencias
que justifiquen la inejecución de la orden, así como para solicitar ajustes
razonables o ampliaciones del plazo inicialmente concedido.
Lo anterior desvirtúa la alegada urgencia invocada en la acción de tutela y
evidencia que el ordenamiento ya prevé mecanismos idóneos para valorar la
procedencia, necesidad y proporcionalidad de las sanciones por desacato, sin
que resulte necesario suspenderlas de manera generalizada.24” (Negrillas fuera
del texto).
No obstante, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga no expuso durante el trámite
incidental las circunstancias que, según afirma, le impedían cumplir las órdenes
judiciales ni, con posterioridad, solicitó al juez natural que valorara si aquellas
justificaban la modulación, suspensión o levantamiento de la sanción.
Por consiguiente, no puede atribuir un defecto a las providencias cuestionadas por
no haber examinado argumentos que omitió plantear oportunamente, ni acudir a la
acción de tutela para introducirlos por primera vez y obtener una nueva valoración
de su responsabilidad. Admitir lo contrario supondría desplazar la competencia del
juez encargado del cumplimiento y convertir el mecanismo de amparo en una
instancia adicional para controvertir las decisiones adoptadas dentro del incidente
de desacato.
Por consiguiente, la solicitud de amparo tampoco satisface el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el accionante no solicitó ante el juez natural la
modulación, suspensión o levantamiento de la sanción, pese a que dicha autoridad
conserva la competencia para adoptar esas determinaciones. Sobre este
presupuesto, la Corte Constitucional ha precisado que la tutela contra providencias
judiciales solo procede cuando el interesado ha agotado los medios de defensa
disponibles, salvo que (i) a pesar de existir otros mecanismos, estos no son idóneos
ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales o (ii) cuando se ejerce
para evitar la causación de un perjuicio irremediable25, circunstancia que no fue
acreditada en el presente asunto.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 30 de enero de 2026. Rad. 11001-03-
15-000-2025-03924-01. C.P. Adriana Polidura Castillo.
25 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05341-00
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Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.6. Lo anterior no supone desconocer la crisis estructural que afronta la Nueva
EPS, pues la propia entidad, al intervenir en este trámite constitucional, expuso las
dificultades financieras, administrativas y operativas que atraviesa, así como las
limitaciones de su capacidad institucional para atender el elevado volumen de
acciones de tutela, incidentes de desacato y órdenes judiciales relacionadas con la
prestación de los servicios de salud.
Dicha situación también se encuentra documentada en las decisiones adoptadas
por la Superintendencia Nacional de Salud. En efecto, mediante la Resolución
2024160000003012-6 del 3 de abril de 202426, esa autoridad ordenó la toma de
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Nueva EPS y dispuso
su intervención forzosa administrativa; posteriormente, a través de la Resolución
2025320030001956-6 del 2 de abril de 202527, constató que la entidad continuaba
incursa en las causales que originaron la medida y, por ello, resolvió prorrogarla.
Finalmente, mediante la Resolución 2026100000003814-6 del 10 de abril de 202628,
la Superintendencia Nacional de Salud ordenó nuevamente la toma de posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Nueva EPS y su intervención
forzosa administrativa, por el término de un año, al constatar la persistencia de
graves deficiencias financieras, administrativas, operativas y asistenciales.
En particular, advirtió el incumplimiento de las condiciones de capital mínimo,
patrimonio adecuado e inversión de la reserva técnica; el aumento de las
obligaciones con la red prestadora; las fallas en la disponibilidad, suficiencia y
seguimiento de dicha red; las dificultades en la entrega oportuna de medicamentos
e insumos; el incremento de las reclamaciones y acciones judiciales, así como
debilidades estructurales en la gestión de tutelas e incidentes de desacato. Tales
circunstancias evidenciaban, según la autoridad de vigilancia, una situación
financiera crítica que ponía en riesgo la continuidad y oportunidad de los servicios
y, por ende, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de sus afiliados.
26 Según consulta efectuada en la página web de la Superintendencia de Salud. Link:
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20
2024160000003012-6%20de%202024.pdf.
27 Según consulta efectuada en la página web de la Superintendencia de Salud. Link:
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20
2025320030001956-6%20de%202025.pdf.
28 Según consulta efectuada en la página web https://consultorsalud.com/wp-
content/uploads/2026/04/Supersalud-oficializo-la-prorroga-de-la-intervencion-de-Nueva-EPS-por-un-ano-
conoce-los-detalles-de-la-Resolucion.pdf.
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Así, las referidas actuaciones administrativas permiten constatar que la crisis de la
Nueva EPS es una situación institucional persistente que no fue superada durante
el primer año de intervención y que exigió la continuidad y el fortalecimiento de las
medidas de control.
Sin embargo, su existencia no comporta la exoneración automática de los
funcionarios sancionados ni determina el levantamiento generalizado de las
medidas de desacato, pues corresponde al juez natural valorar, en cada caso, si
dicha situación incidió efectivamente en la posibilidad material y jurídica de cumplir
la orden, así como las gestiones desplegadas por el obligado para procurar su
acatamiento.
Lo anterior, máxime cuando acceder al levantamiento de las sanciones con
fundamento exclusivo en la crisis estructural de la Nueva EPS conduciría a
neutralizar la eficacia del incidente de desacato, mecanismo judicial previsto para
asegurar el cumplimiento de los fallos de tutela y garantizar a los usuarios el acceso
efectivo a un servicio público esencial.
5.7. Resulta claro, entonces, que el accionante pretende utilizar la acción de tutela
como una instancia adicional, no solo para reabrir el debate sobre su
responsabilidad subjetiva, definido dentro del incidente de desacato radicado
73001-31-21-003-2024-00093-00 y revisado en grado jurisdiccional de consulta,
sino también para obtener directamente el levantamiento de las sanciones de
arresto y multa con fundamento en circunstancias que no puso en conocimiento del
juez natural, desplazando así la competencia que este conserva para verificar el
cumplimiento del fallo y determinar si procede modular, suspender o dejar sin
efectos tales medidas.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
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5.8. En tal virtud, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada29, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del
proceso ordinario30.
6. En lo que respecta a los reproches formulados contra las actuaciones surtidas
dentro de los procesos de cobro coactivo, la Sala advierte que tales
cuestionamientos tampoco pueden ser examinados en esta sede constitucional. En
efecto, las inconformidades relacionadas con la legalidad de las actuaciones
adelantadas, la validez de los actos proferidos y el ejercicio del derecho de defensa
dentro de dichos trámites deben ser planteadas, en primer término, ante la autoridad
competente que los conoce o mediante los mecanismos ordinarios de contradicción
previstos en el respectivo procedimiento. De este modo, la acción de tutela no puede
erigirse en un escenario paralelo para sustituir las competencias atribuidas a las
autoridades encargadas de adelantar los procesos de cobro coactivo, ni para
desplazar los instrumentos ordinarios de defensa judicial y administrativa
establecidos por el legislador.
7. En consecuencia, se declararán improcedentes los cargos del amparo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Ibagué y la
29 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
30 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Superintendencia Nacional de Salud, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito y, de manera particular, al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Ibagué, autoridad que, aunque no fue vinculada
mediante el auto admisorio, tuvo conocimiento de la actuación y rindió el informe
correspondiente.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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