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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05369-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05369-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué. SEGUNDO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por no superar el requisito de inmediatez. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05369-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05369-00
Demandante: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Policía Nacional, la Superintendencia de Salud, la Nueva
E.P.S. y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Ibagué, con el fin de reclamar el amparo de los derechos fundamentales a la
dignidad humana, al debido proceso, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre.

Lo anterior, con ocasión de la providencia del 20 de marzo de 2025, dictada por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué, en
el trámite incidental identificado con el radicado 73001-31-09-004-2024-00043-
00/01/02/03/04/05.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

1 La solicitud de amparo fue presentada el 26 de mayo de 2026, siendo asignada inicialmente al

Consejo de Estado, Sección Cuarta, bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-04017-00, autoridad
judicial que en auto del 8 de julio de 2026 consignó lo siguiente: «Por lo anterior, se ordenará a la
Secretaría General de esta Corporación desglosar la demanda y sus anexos y abrir cuadernos
separados para cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de que cada actuación sea
sometida a reparto y tramitada de forma independiente, conforme con las reglas previstas en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021».

Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05369-00

PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO
Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos
en contra del accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN
OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las
órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así
como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir
institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos,
evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera
personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las
órdenes judiciales2.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga estuvo vinculado laboralmente a la Nueva
EPS desde el 23 de noviembre de 2013, mediante contrato de trabajo a término
indefinido, y se desempeñó como gerente zonal de Tolima. La relación laboral
terminó el 3 de octubre de 2025, cuando la entidad dio por finalizado unilateralmente
su contrato.

El señor Luis Carlos Quijano Ramírez promovió acción de tutela, como agente
oficioso de su progenitora María Teresa Ramírez Pérez, contra la Nueva EPS, con
el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la salud y a
la vida, ante las barreras que se presentaron para acceder al tratamiento médico
que requería.

Mediante sentencia del 6 de mayo de 2024, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Ibagué amparó los derechos invocados y ordenó
a la Nueva EPS garantizar todos los servicios médicos necesarios para la
recuperación integral y la vida estable de la agenciada, sin contratiempos, retrasos
o barreras administrativas. Asimismo, dispuso autorizar y materializar el
procedimiento denominado «politerapia antineoplásica de alta toxicidad», junto con
los medicamentos e insumos prescritos por el médico tratante.

2 Transcripción del texto original que puede contener errores.

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
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Ante el presunto incumplimiento de esa orden, el señor Juan Sebastián Quijano
Ramírez promovió un primer incidente de desacato. El Juzgado efectuó el
requerimiento previo el 12 de septiembre siguiente y, mediante auto del 17 de ese
mes, dio apertura formal al trámite contra el agente interventor, el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga y su superior jerárquico. La apertura fue comunicada el 18
de septiembre de 2024 al correo general secretaria.general@nuevaeps.com.co y a
otras direcciones institucionales de la entidad, sin incluir el correo institucional del
accionante.

Surtido el trámite incidental, mediante proveído del 1 de octubre de 2024, el Juzgado
declaró que el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su condición de gerente
zonal Tolima de la Nueva EPS, incurrió en desacato. En consecuencia, le impuso 3
días de arresto intramural y multa equivalente a 3 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

En providencia del 17 de octubre de 2024, en el grado jurisdiccional de consulta, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué modificó el auto consultado en el sentido
de disponer que el arresto se cumpliera en el domicilio del sancionado y lo confirmó
en todo lo demás. En las piezas allegadas no obra la constancia de notificación de
esa providencia; sin embargo, el 3 de diciembre de 2024 el Juzgado notificó el auto
de obedézcase y cúmplase al correo general de la Nueva EPS y a la dirección
institucional del accionante wilmar.lozano@nuevaeps.com.co.

Posteriormente, mediante auto del 3 de diciembre de 2024, el Juzgado inaplicó las
sanciones de arresto y multa, al encontrar acreditadas las gestiones adelantadas
por la Nueva EPS y el cumplimiento de las órdenes que habían originado el
incidente. Esta decisión fue comunicada el 4 de diciembre siguiente tanto a
secretaria.general@nuevaeps.com.co como a wilmar.lozano@nuevaeps.com.co.

El 13 de noviembre de 2024, Juan Sebastián Quijano Ramírez promovió un segundo
incidente de desacato, debido a la demora en la programación del quinto ciclo de
quimioterapia. Mediante auto del 20 de noviembre siguiente, el Juzgado dio apertura
formal al trámite contra el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga y el entonces agente
interventor de la Nueva EPS. Las piezas allegadas no contienen constancia sobre
la fecha ni las direcciones electrónicas a las que fue comunicado el auto de apertura.
No obstante, el 2 de diciembre de 2024 el apoderado de la Nueva EPS informó el
cumplimiento de la orden, lo cual fue confirmado telefónicamente con la parte
incidentante.

En consecuencia, mediante auto del 3 de diciembre de 2024, el Juzgado decidió no
sancionar al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, debido a que la orden se venía
cumpliendo y la última sesión del tratamiento prescrito se encontraba programada
para el 6 de diciembre siguiente.

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El 28 de febrero de 2025, el señor Juan Sebastián Quijano Ramírez promovió un
tercer incidente de desacato, por la falta de realización del siguiente ciclo de
tratamiento y de entrega de los medicamentos requeridos. Después de
requerimiento previo, mediante auto del 6 de marzo de 2025 el Juzgado dio apertura
formal al trámite contra los señores Bernardo Armando Camacho, Wilmar Rodolfo
Lozano Parga y Aldemar Casadiegos Jaime. La apertura fue comunicada el 7 de
marzo siguiente al correo general secretaria.general@nuevaeps.com.co y a la
dirección institucional wilmar.lozano@nuevaeps.com.co, entre otras direcciones
electrónicas.

A través proveído del 20 de marzo de 2025, el Juzgado declaró que el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga incurrió en desacato y le impuso 5 días de arresto intramural
y multa equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En providencia del 10 de abril de 2025, en el grado jurisdiccional de consulta, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué modificó el auto consultado en el sentido
de disponer que el arresto se cumpliera en el domicilio del sancionado y lo confirmó
en todo lo demás. De igual forma, la decisión fue comunicada el 25 de abril siguiente
tanto al correo general secretaria.general@nuevaeps.com.co como a la dirección
institucional wilmar.lozano@nuevaeps.com.co.

Mediante auto del 28 de octubre de 2025, el Juzgado inaplicó las sanciones
impuestas el 20 de marzo anterior, luego de verificar que los servicios que habían
dado origen al incidente fueron suministrados. En consecuencia, ordenó oficiar a las
entidades encargadas de ejecutar las medidas para que procedieran a su
levantamiento.

En síntesis, dentro de los tres trámites incidentales en los que fue vinculado el señor
Wilmar Rodolfo Lozano Parga se profirieron dos decisiones sancionatorias: las del
1.° de octubre de 2024 y del 20 de marzo de 2025. Ambas sanciones fueron
posteriormente inaplicadas por el Juzgado.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante sostuvo que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al atribuirle personalmente el incumplimiento de las órdenes de
tutela impartidas a la Nueva EPS y sancionarlo con arresto y multa, pese a que
carecía de competencia funcional y capacidad material para ejecutarlas.

Explicó que, aunque se desempeñaba como gerente zonal Tolima, no era ordenador
del gasto, no tenía autonomía para contratar prestadores ni podía autorizar servicios
médicos, efectuar pagos o disponer los recursos necesarios para cumplir los fallos
de tutela. Tales decisiones, según indicó, se encontraban centralizadas en las
dependencias nacionales de la Nueva EPS.

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Agregó que las actuaciones judiciales surtidas en los trámites incidentales eran
recibidas por el área jurídica en el correo institucional de la entidad y no fueron
notificadas a su dirección electrónica personal, por lo que no tenía control directo
sobre su trámite y contestación.

Afirmó que los jueces del incidente desconocieron el carácter subjetivo de la
responsabilidad por desacato, pues dedujeron su culpabilidad del solo
incumplimiento de la sentencia y de la falta de respuesta de la Nueva EPS, sin
verificar si había actuado con dolo o culpa ni examinar sus competencias, su
capacidad real de cumplimiento o la existencia de una imposibilidad material.

Añadió que tampoco valoraron la crisis financiera, administrativa y operativa que
motivó la intervención forzosa de la entidad por la Superintendencia Nacional de
Salud, de manera que trasladaron a su esfera personal las consecuencias de una
falla estructural de la entidad. A este respecto, refirió como antecedentes
jurisprudenciales que abordaron casos similares las sentencias T-1234 de 2008,
SU-034 de 2018 y T-315 de 2020 de la Corte Constitucional, la sentencia 2024-
04475 del 30 de enero de 2025 proferida por esta Sección del Consejo de Estado,
y la sentencia STP5789-2026 del 9 de abril de 2026 dictada por la Corte Suprema
de Justicia.

En esa línea argumentativa, señaló que la sanción cuestionada formaba parte de
un número elevado de medidas de arresto y multa impuestas en su contra por
incumplimientos institucionales de la Nueva EPS, las cuales dieron lugar a múltiples
procesos de cobro coactivo y a la afectación de su patrimonio. A su juicio, esa
acumulación desnaturalizó la finalidad persuasiva del incidente de desacato y
produjo una restricción desproporcionada de sus derechos, sin contribuir
efectivamente al cumplimiento de las órdenes de tutela.

Finalmente, manifestó que las consecuencias de las sanciones continuaron
proyectándose después de la terminación de su relación laboral con la Nueva EPS,
cuando ya carecía de cualquier posibilidad de intervenir en el cumplimiento de los
fallos.

1.5. Admisión de la demanda

La acción de tutela se radicó el 25 de mayo de 2026 y, por reparto, correspondió al
despacho de la magistrada Claudia Rodríguez Velásquez de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, quien a través de auto del 8 de julio de 2026 dictado al interior
del expediente 11001-03-15-000-2026-04017-00, resolvió el desglose de la acción
constitucional siendo repartido el presente asunto el 14 de julio de 2026.

Mediante auto del 21 de julio de 2026, la magistrada ponente inadmitió la solicitud
de amparo, debido a que el escrito inicial no permitía identificar con claridad los
hechos ocurridos en el expediente 73001-31-09-004-2024-00043-00, las
providencias cuestionadas, las autoridades responsables ni los reparos formulados
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contra aquellas. En consecuencia, concedió al actor el término de 3 días para que
precisara el escrito tutelar. La providencia fue notificada el 24 de julio de 2026 al
correo informado por el accionante; sin embargo, este no subsanó la solicitud en
dicho lapso.

No obstante, mediante auto del 10 de agosto de 2026, la magistrada ponente, en
aplicación de los principios de informalidad, oficiosidad, prevalencia del derecho
sustancial y acceso efectivo a la administración de justicia, admitió la acción de
tutela al considerar que del análisis integral del escrito y sus anexos podía
establecerse que el reproche se dirigía contra las sanciones impuestas dentro del
trámite incidental identificado con el radicado 73001-31-09-004-2024-00043-
00/01/02/03/04/05, y el proceso de cobro coactivo derivado.

En consecuencia, resolvió: (i) notificar la solicitud al Consejo Superior de la
Judicatura3, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4, a la Policía
Nacional5, a la Superintendencia Nacional de Salud6, a la Nueva EPS7 y al Juzgado
Penal 04 del Circuito de Ibagué8; (ii) vincular, como terceros con interés, a la señora
María Teresa Ramírez Pérez y al señor Juan Sebastián Quijano Ramírez 9, a la
Seccional Tolima de Nueva EPS10 y a la Sala Penal del Tribunal Superior de
Ibagué11; (iii) ordenar al Juzgado y al Tribunal publicar el escrito de tutela y el auto
admisorio en sus páginas web; (iv) requerirles la remisión íntegra de los expedientes
de tutela e incidente de desacato, y (v) notificar al accionante12.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el auto
admisorio del 10 de agosto de 2026, libró los oficios dirigidos a los sujetos
procesales, en virtud de los cuales se recibieron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Penal

Informó que, en el archivo electrónico del despacho, se localizaron cuatro
decisiones proferidas en grado jurisdiccional de consulta dentro del expediente
73001-31-09-004-2024-00043-00, dos de las cuales correspondieron a la revisión
de las sanciones impuestas al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga cuando se
desempeñaba como gerente zonal Tolima de la Nueva EPS.

3 Notificación enviada a presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
4 Notificación enviada a deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
5 Notificación enviada a segen.consejo@policia.gov.co y notificacion.tutelas@policia.gov.co.
6 Notificación enviada a snstutelas@supersalud.gov.co y
snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co.
7 Notificación enviada a secretaria.general@nuevaeps.com.co.
8 Notificación enviada a j04pctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Notificaciones enviadas a sebasquijano14@gmail.com.
10 Notificación enviada a auditorias_tolima@nuevaeps.com.co y
secretaria.general@nuevaeps.com.co.
11 Notificación enviada a ssptribsupiba@cendoj.ramajudicial.gov.co.
12 Notificación enviada a wrlozano1@hotmail.com.

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Afirmó que las actuaciones correspondientes se tramitaron dentro de los plazos
legales y con respeto de las garantías fundamentales del accionante. Añadió que la
solicitud de amparo no formuló algún reproche concreto contra la Sala Penal.

Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela
respecto de ese despacho.

1.6.2. Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Ibagué

Explicó que, dentro de la acción de tutela 73001-31-09-004-2024-00043-00, profirió
el fallo del 6 de mayo de 2024 y encontró cinco trámites incidentales. Precisó que la
organización interna de los archivos no corresponde necesariamente con las
terminaciones 00/01/02/03/04/05 mencionadas en el auto admisorio.

Señaló que únicamente dos de esos trámites concluyeron con sanciones contra el
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga: la impuesta el 1 de octubre de 2024, inaplicada
el 3 de diciembre siguiente, y la dictada el 20 de marzo de 2025, inaplicada el 28 de
octubre de ese año. Agregó que, en el segundo incidente, decidió no sancionarlo
mediante auto del 3 de diciembre de 2024.

En consecuencia, sostuvo que dentro del expediente revisado no existía una
sanción vigente, ejecutable o pendiente de cumplimiento contra el accionante, sin
perjuicio de otros procesos relacionados en el escrito de tutela que excedían el
ámbito documental del asunto.

1.6.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Explicó que la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva y las direcciones
seccionales están facultadas para recaudar las multas impuestas a favor de la
Nación–Rama Judicial, de acuerdo con la distribución territorial y funcional de
competencias.

Indicó que el proceso relacionado con el accionante era adelantado por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué. Añadió que ninguna de
las actuaciones cuestionadas fue proferida por la Dirección Ejecutiva y que el actor
no había presentado ante esa dependencia alguna solicitud relacionada con su
situación.

Por tanto, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva,
desvincularla del trámite y negar las pretensiones formuladas en lo que a esa
autoridad concierne.

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1.6.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué

La Oficina de Cobro Coactivo informó que el proceso 73001-12-90-000-2025-
00285-00 se inició para recaudar la multa de 5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes impuesta al accionante por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Ibagué, dentro del incidente de desacato tramitado
en la acción de tutela 73001-31-09-004-2024-00043-00 y confirmada por el Tribunal
Superior de Ibagué el 10 de abril de 2025.

Sostuvo que el título remitido reunía los requisitos necesarios para iniciar el cobro y
que el proceso continuaba vigente. Asimismo, señaló que el accionante conoció el
trámite incidental y tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y
contradicción.

Manifestó que carecía de competencia para inaplicar o dejar sin efectos las multas
impuestas por los despachos judiciales y que debía adelantar su recaudo mientras
las providencias no fueran modificadas, revocadas o dejadas sin efectos por la
autoridad judicial competente.

Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción y
desvincular a la Dirección Seccional. Subsidiariamente, pidió exhortar a la Nueva
EPS y a las autoridades competentes para que adoptaran las medidas necesarias
para pagar las multas judiciales que permanecieran en firme.

1.6.5. Consejo Superior de la Judicatura

Planteó que, como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial, sus
funciones consisten principalmente en definir políticas y orientaciones estratégicas,
mientras que la ejecución de las actividades administrativas corresponde a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a sus direcciones seccionales, las
cuales ejercen sus competencias de manera desconcentrada.

Señaló que los procesos de cobro derivados de multas judiciales son adelantados
por la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva o por la respectiva
dirección seccional, según la autoridad que haya impuesto la obligación y el ámbito
territorial correspondiente. Por ello, sostuvo que no profirió las decisiones
cuestionadas ni intervino en el proceso de cobro coactivo.

En consecuencia, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su
desvinculación del trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el
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Decreto 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
201513, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Antes de abordar el estudio de la solicitud de amparo, la Sala resolverá las
peticiones de desvinculación formuladas por el Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Ibagué.

No se accederá a la petición de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué. Esta autoridad informó que adelanta el proceso de cobro
coactivo 73001-12-90-000-2025-00285-00, derivado de una de las multas
controvertidas, y que esa actuación permanecía vigente. En consecuencia, guarda
una relación directa con los hechos que motivaron la solicitud y cuenta con interés
legítimo en el resultado del trámite constitucional.

En contraste, se accederá a las solicitudes formuladas por el Consejo Superior de
la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. De sus
contestaciones y de los documentos que obran en el expediente se advierte que, en
atención a las competencias constitucionales y legales asignadas a cada una, sus
actuaciones u omisiones no guardan relación directa con el objeto de la presente
acción. Ninguna profirió las providencias cuestionadas ni adelantó el proceso de
cobro coactivo, actuación que correspondió a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué.

En consecuencia, se negará la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué y se dispondrá la desvinculación del
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3. Problema jurídico

Si bien en el escrito de tutela se hace referencia al proceso de cobro coactivo
iniciado para obtener el pago de una de las multas impuestas al accionante, los
reparos formulados recaen sobre las decisiones sancionatorias adoptadas dentro
de los trámites incidentales. En consecuencia, el estudio constitucional se
circunscribirá a las providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Ibagué y la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué en los dos incidentes que concluyeron con sanción contra
el señor Lozano Parga.

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material

13 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

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probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de
tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué y
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué vulneraron los
derechos fundamentales del accionante al debido proceso, a la libertad, a la
dignidad humana, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre, con ocasión de los
autos del 1 de octubre de 2024 y del 20 de marzo de 2025, así como de las
providencias del 17 de octubre de 2024 y del 10 de abril de 2025, respectivamente,
mediante los cuales se le impusieron y confirmaron sanciones por desacato dentro
del expediente 73001-31-09-004-2024-00043-00/01/02?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; y, iii) el análisis del caso en
concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 15 y declaró su
procedencia.16

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05369-00

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Inmediatez

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable17, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.18

De acuerdo con lo anterior, esta Sección19 ha considerado como plazo prudencial
el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la notificación
o ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, según sea el caso – que da lugar
a la solicitud de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se declara
su improcedencia.

Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha expresado que “como regla
general, [se] acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”.20

17 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,

Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15,
Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
18 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
19 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.

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En efecto, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201421, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200522, para determinar
la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que 6
meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.

En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 201523, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que
la acción de tutela será procedente:

cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada
del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual24.

En el presente asunto, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga cuestiona, de una
parte, el auto del 1.º de octubre de 2024, mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué lo declaró responsable de
desacato y le impuso 3 días de arresto y multa equivalente a 3 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, así como la providencia del 17 de octubre siguiente,
por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué modificó la modalidad de cumplimiento del arresto y confirmó la decisión en
lo demás.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
22 Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
23 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria

Sáchica Méndez.
24 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
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De otra parte, controvierte el auto del 20 de marzo de 2025, por medio del cual el
Juzgado volvió a declararlo responsable de desacato y le impuso 5 días de arresto
y multa equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la
providencia del 10 de abril siguiente, mediante la cual el Tribunal accionado modificó
la modalidad de cumplimiento del arresto y confirmó la sanción en lo restante.

Según el demandante, estas autoridades vulneraron sus derechos fundamentales
porque le atribuyeron personalmente el incumplimiento del fallo de tutela, pese a
que, por la naturaleza de sus funciones como gerente zonal Tolima de la Nueva
EPS, carecía de competencia funcional, autonomía administrativa y capacidad
material para ejecutar la orden judicial. Asimismo, afirmó que las actuaciones
surtidas en los incidentes no fueron notificadas a su correo electrónico personal.

Corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si la solicitud de amparo fue
presentada dentro de un término razonable, de conformidad con el requisito general
de inmediatez desarrollado en las consideraciones precedentes.

Respecto del primer trámite, se encuentra acreditado que las providencias
sancionatorias y de consulta fueron proferidas el 1 y el 17 de octubre de 2024,
respectivamente. Aunque no obra la constancia de comunicación de la decisión de
consulta, el expediente demuestra que, a más tardar el 4 de diciembre de 2024, el
accionante conocía la sanción y las actuaciones posteriores, pues en esa fecha se
remitió a su correo institucional wilmar.lozano@nuevaeps.com.co el auto mediante
el cual el Juzgado la inaplicó.

En cuanto al tercer incidente, las providencias cuestionadas fueron proferidas el 20
de marzo y el 10 de abril de 2025 por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente. Si
bien el demandante sostuvo que las decisiones no fueron notificadas a su correo
personal, en el expediente obra constancia de que el auto que resolvió el grado
jurisdiccional de consulta fue comunicado a su dirección institucional
wilmar.lozano@nuevaeps.com.co mediante mensaje enviado el 25 de abril de 2025.
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Por consiguiente, incluso si se toma como punto de partida la notificación de la
providencia más reciente, resalta que la solicitud de amparo fue radicada el 25 de
mayo de 2026, esto es, más de un año después de su notificación y cuando ya se
había superado ampliamente el término prudencial acogido por la jurisprudencia de
esta Corporación para considerar oportuno el ejercicio de la tutela contra
providencias judiciales.

La Sala tampoco encuentra acreditada alguna circunstancia que justifique la
tardanza. El demandante no expuso un motivo válido que le hubiera impedido acudir
oportunamente al juez constitucional, ni se advierte que durante ese periodo hubiera
enfrentado una situación de fuerza mayor, caso fortuito o especial vulnerabilidad
que hiciera desproporcionado exigirle el cumplimiento del término razonable.
Incluso, mediante auto del 21 de julio de 2026 se le requirió para que precisara los
hechos, las providencias y los reparos que sustentaban la solicitud, sin que
presentara escrito de subsanación o explicación alguna sobre su inactividad.

Así, la parte actora no se encuentra en alguna de las situaciones que la Corte
Constitucional25 ha establecido como justificación, es decir, que: (i) no existe un
motivo válido para la inactividad del accionante; (ii) su falta de iniciativa no vulnera
el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) no
existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado; y (iv) el fundamento de la acción de tutela

25Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T

1044 de 04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de 17.06.10.,
T-574 de 15.07.10, T-576 de 21.07.10.
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no surgió después de acaecida la actuación presuntamente violatoria de los
derechos fundamentales o en un plazo cercano a su interposición.

Debe recordarse que, aunque la acción de tutela no está sometida a un término de
caducidad, su ejercicio debe producirse dentro de un plazo proporcional y razonable
respecto del hecho que origina la presunta vulneración. Esta exigencia adquiere
especial relevancia cuando se controvierten providencias judiciales ejecutoriadas,
pues la posibilidad de cuestionarlas indefinidamente mediante el mecanismo
constitucional comprometería los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

La circunstancia de que uno de los procesos de cobro coactivo derivados de las
multas hubiera sido reportado como vigente no altera esta conclusión. En efecto, el
accionante no identificó algún acto administrativo concreto dictado en ese trámite ni
formuló un cargo autónomo contra su contenido; sus reparos se dirigieron a
cuestionar las providencias judiciales que impusieron las sanciones. En todo caso,
la parte actora podrá advertir ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué la inaplicación de las sanciones que le fueron
impuestas, o presentar ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Ibagué idéntica solicitud para que se sirva informar a la división de
cobro coactivo que ya no es procedente el recaudo de la multa impuesta.

En esas condiciones, la solicitud de amparo no supera el requisito general de
inmediatez y, por consiguiente, resulta improcedente, sin que sea necesario
examinar los demás presupuestos de procedibilidad ni los defectos atribuidos a las
providencias cuestionadas.

Finalmente, respecto de las dos sanciones cuestionadas se advierte que fueron
inaplicadas antes de la interposición de la presente acción. La primera, mediante
auto del 3 de diciembre de 2024, después de verificarse el cumplimiento de las
órdenes que originaron el incidente; y la segunda, por medio de providencia del 28
de octubre de 2025, tras constatarse que los servicios debatidos habían sido
suministrados.

Así, cuando el actor promovió la tutela, el 25 de mayo de 2026, no se encontraba
vigente alguna sanción judicial de arresto o multa impuesta en los tres trámites
incidentales examinados. Por tanto, además de haberse ejercido tardíamente el
mecanismo constitucional, es claro que la finalidad perseguida en el asunto de la
referencia ya había sido satisfecha por las autoridades competentes.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

15

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FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué.

SEGUNDO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por no superar el requisito de inmediatez.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Con aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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