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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05376-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05376-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05376-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 1001-03-15-000-2026-05376-00
Accionante: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO ORAL DE IBAGUÉ, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela / Improcedencia por falta de inmediatez – La tutela se presentó
una vez superado ampliamente el término que la jurisprudencia constitucional considera
razonable para cuestionar providencias judiciales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, porque no cumple el requisito de
inmediatez. El accionante presentó la solicitud aproximadamente un año después de
notificada la providencia que impuso una sanción de multa por desacato, plazo que
supera el que la jurisprudencia considera razonable para controvertir providencias
judiciales.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 26 de mayo de 2026, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga presentó acción de
tutela para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad
y a la dignidad humana, presuntamente vulnerados por la imposición de múltiples
sanciones de desacato derivadas de la imposibilidad institucional de la Nueva Empresa
Promotora de Salud S.A. en intervención (en adelante, la Nueva EPS) de cumplir órdenes
de tutela.

3. La demanda fue asignada inicialmente a la Sección Cuarta de esta Corporación1, que,
tras dos requerimientos sucesivos de inadmisión, ordenó el desglose de la acción en
auto del 8 de julio de 2026. Con ocasión de dicha orden, se individualizaron 132 trámites
de tutela. A esta Subsección correspondió la acción referente al incidente de desacato
seguido ante el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del
Tolima con radicado 73001-33-33-008-2025-00064-01.

1 Proceso que se tramita con radicado 11001-03-15-000-2026-04017-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05376-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Tribunal Administrativo Del Tolima y otros
Referencia: Acción De Tutela

Hechos relevantes

4. El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga se desempeñó como gerente zonal Tolima de
la Nueva EPS desde noviembre de 2013 hasta octubre de 2025. Durante ese periodo,
otorgó poder al área jurídica de la compañía para ejercer su representación en acciones
de tutela. En el marco de esas acciones constitucionales se iniciaron múltiples incidentes
de desacato en los que resultó sancionado, inclusive con posterioridad a su
desvinculación.

5. Las actuaciones judiciales nunca le fueron comunicadas a su dirección electrónica
personal, sino a la de la secretaría general de la EPS. Por tanto, la respuesta y el
pronunciamiento oportuno de las tutelas estaban a cargo del área jurídica de la empresa.
Tampoco tenía el control de otorgar autorizaciones de servicios o medicamentos.

6. Por la «grave» crisis estructural en que se encontraba la Nueva EPS, la
Superintendencia Nacional de Salud, en Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril
de 2024, ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la
intervención forzosa para su administración.

7. Con ocasión de las sanciones proferidas en los trámites de desacato, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué inició 156 procesos de cobro coactivo en
contra del accionante por $755.861.340,33, en el marco de los cuales se dictó la
Resolución 00030 del 30 de diciembre de 2025, que decretó el embargo y secuestro de
varios inmuebles de su propiedad.

8. En el trámite del incidente de desacato con radicado 73001-33-33-008-2025-00064-
00/01 se surtieron las siguientes actuaciones relevantes:

(i) El señor Cristian Andrés Pérez Bocanegra presentó acción de tutela para la
protección de su derecho fundamental a la salud;
(ii) En sentencia del 7 de abril de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo de
Ibagué accedió parcialmente a la solicitud de amparo y ordenó a la Nueva EPS
la entrega de varios medicamentos;
(iii) Ante el incumplimiento de dicha orden, el señor Pérez Bocanegra solicitó abrir
incidente de desacato;
(iv) El 9 de junio de 2025, se declaró que el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga,
en su condición de gerente zonal Tolima, incurrió en desacato y se le impuso
multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes;
(v) El 16 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima, en sede de
consulta, confirmó la imposición de la sanción, pero la redujo a un salario
mínimo legal mensual vigente.
(vi) El 22 de mayo de 2026, la Nueva EPS solicitó la inaplicación de la sanción.
Argumentó que el señor Pérez Bocanegra se trasladó a otra empresa
promotora de salud, por tanto, se configuraba carencia de legitimación en la
causa por pasiva.
(vii) En auto del 25 de junio de 2026, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué
inaplicó la sanción por desacato impuesta al señor Lozano Parga y ordenó

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05376-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Tribunal Administrativo Del Tolima y otros
Referencia: Acción De Tutela

comunicar la decisión a la oficina de cobro coactivo de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.

Pretensiones

9. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la Nueva
EPS que ejecute las gestiones necesarias para el cumplimiento de las órdenes de tutela
que derivaron en los incidentes de desacato en los que se le impusieron las sanciones.
Además, ordenar que asuma «institucionalmente» las consecuencias derivadas de sus
incumplimientos, para evitar su traslado a su vida personal.

10. En los memoriales de subsanación, el accionante sostuvo que pretendía la
inaplicación y levantamiento de las sanciones adoptadas dentro de los incidentes de
desacato.

Fundamentos de la acción de tutela

11. No es constitucionalmente válido imponer y mantener sanciones de arresto y multa
por el incumplimiento derivado de la imposibilidad funcional y material de cumplir las
órdenes de tutela, sin considerar las condiciones de crisis estructural de una empresa
que, inclusive, está intervenida y administrada por el Estado.

12. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado reconoció que
la falla estructural de una empresa promotora del servicio de salud impide
sistemáticamente el cumplimiento de las órdenes de tutela. Las múltiples sanciones
impuestas en los trámites incidentales de desacato trasladan a la esfera personal de los
representantes legales o administradores las consecuencias del «desborde institucional»
en el acatamiento de lo resuelto por los jueces constitucionales.

13. La sentencia STP5789-2026 del 9 de abril de 2026 resolvió un asunto fáctica y
jurídicamente análogo a este. En dicha decisión, la Corte Suprema de Justicia reconoció
que la imposición automática de sanciones por desacato desconoce el principio de
culpabilidad cuando el incumplimiento obedece a circunstancias estructurales y no a la
conducta del presunto incumplido. Además, ordenó el levantamiento de las sanciones,
la suspensión de cobros coactivos y el traslado de la responsabilidad a la entidad.

14. Los jueces constitucionales le impusieron las sanciones desconociendo que se
encontraba en la imposibilidad material de cumplir las órdenes de tutela.

Trámite impartido

15. En auto del 23 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de
Ibagué y el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, vinculó a los terceros con interés y solicitó a la Secretaría del Tribunal

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05376-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Tribunal Administrativo Del Tolima y otros
Referencia: Acción De Tutela

Administrativo del Tolima y del Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué copia del
expediente del incidente de desacato con radicado 73001-33-33-008-2025-00064-01.

Intervenciones

16. La Nueva EPS2 solicitó «restablecer la unidad procesal» de la acción de tutela inicial.
La decisión de desglosar la demanda y remitir asuntos distintos a otros despachos
desconocía el principio de inescindibilidad de la tutela. En su criterio, el accionante
cuestionó de manera global la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento de
órdenes de amparo, pero no pretendía efectuar cuestionamientos concretos e
individualizados. La decisión de desglose generó un riesgo de que se profirieran
decisiones contradictorias sobre la misma causa.

17. Sobre el fondo de la controversia, admitió la existencia de una situación institucional
compleja, derivada, entre otras circunstancias, de dificultades operativas y financieras,
que, a su vez, generaron el incremento significativo de acciones de tutela, incidentes de
desacato y procedimientos de cobro coactivo. A pesar de ello, la responsabilidad del
actor debía analizarse en cada caso, tras valorar la capacidad jurídica y material que
tenía para cumplir la orden de amparo.

18. Además, la circunstancia del accionante no es singular. En las mismas condiciones
se encuentran otros extrabajadores de la empresa que afrontan sanciones y medidas
cautelares derivadas de incidentes de desacato.

19. La Policía Nacional3 solicitó que se la desvinculara de este trámite constitucional. El
accionante cuestiona la imposición de una serie de sanciones derivadas del
incumplimiento de órdenes de tutela, en cuya adopción no participó ni intervino.

20. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 y el Consejo Superior de la
Judicatura5 solicitaron declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva. La
vulneración que el actor alega está inescindiblemente vinculada a una actuación
administrativa adelantada por la Seccional Ibagué.

21. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué6 informó que en el
trámite incidental con radicado 73001-33-33-008-2025-00064-00 el señor Lozano Parga
tuvo la oportunidad de oponerse a la sanción, pero no lo hizo. La acción de tutela no es
una instancia adicional o mecanismo alternativo para cuestionar decisiones judiciales y
administrativas que ya fueron definidas.

22. El Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué7 solicitó declarar improcedente la acción
de tutela. En el trámite del incidente de desacato objeto de esta acción obra memorial
del 22 de mayo del año en curso por medio del que la Nueva EPS solicitó expresamente

2 Samai, índice 17.
3 Samai, índice 18.
4 Samai, índice 19.
5 Samai, índice 21.
6 Samai, índice 20.
7 Samai, índice 22.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05376-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Tribunal Administrativo Del Tolima y otros
Referencia: Acción De Tutela

el levantamiento de la sanción impuesta al accionante. Dicha petición fue acogida por
auto del 25 de junio de 2026, comunicado a la dependencia de cobro coactivo de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué en oficio 03767 del 25 de junio
de 2026.

23. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima8 allegó copia digitalizada del
expediente de tutela con radicado 73001-33-33-008-2025-00064-01.

24. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados no
intervinieron.

III. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

25. Se negará la solicitud de «restablecimiento de la unidad procesal» formulada por la
Nueva EPS. Aunque la Sala coincide en que el accionante inicialmente cuestionó la
ejecución sistemática e irreflexiva de sanciones por desacato cuyo incumplimiento derivó
de la crisis estructural de la promotora de salud, en auto del 8 de julio de 2026, la Sección
Cuarta de esta Corporación ordenó el desglose del expediente, sin pronunciamiento del
actor constitucional.

26. En consecuencia, el despacho sustanciador admitió y tramitó la presente acción de
tutela únicamente en relación con el trámite incidental con radicado 73001-33-33-008-
2025-00064-01 que se adelantó ante el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima.

Competencia

27. Esta Subsección es competente para resolver la acción de tutela, conforme a los
artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con
el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta Corporación.

Problema jurídico

28. La Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de
inmediatez. De superarse ese examen, se analizará si la providencia del 16 de julio de
2025 incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, al aplicar una sanción
por desacato sin considerar las condiciones de crisis estructural en las que se encontraba
la Nueva EPS.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto

29. El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga tiene legitimación en la causa por activa,
porque es el titular de los derechos cuya protección reclama. Se satisface la legitimación

8 Samai, índice 14.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05376-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Tribunal Administrativo Del Tolima y otros
Referencia: Acción De Tutela

por pasiva, pues el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo
del Tolima son las autoridades judiciales que impusieron la sanción por desacato en el
trámite de tutela con radicado 73001-33-33-008-2025-00064-01.

30. Conforme al artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela es un mecanismo de
protección inmediata de derechos fundamentales. La jurisprudencia de la Corte
Constitucional9 sostiene que, aunque no está sometida a un término de caducidad, debe
interponerse dentro de un «plazo razonable y proporcional» al tiempo transcurrido entre
el acaecimiento de los hechos que sustentan las pretensiones y la solicitud de protección.
En casos de tutela contra providencias judiciales, la referida Corporación determinó que,
por regla general, dicho plazo corresponde a seis meses.

31. La Corte Constitucional también precisa que la razonabilidad del plazo debe
evaluarse según las circunstancias de cada caso. Además, sostiene que este requisito
puede flexibilizarse cuando se demuestre: (i) que la vulneración es permanente, continua
y actual, aunque el hecho que la originó es antiguo, o (ii) que el estado de vulnerabilidad
del accionante torna desproporcionada la carga de acudir a la acción oportunamente.

32. En este caso, la acción de tutela no satisface el requisito de inmediatez. La
providencia que confirmó, en sede de consulta, la sanción por desacato en el trámite
incidental con radicado 73001-33-33-008-2025-00064-01 data del 16 de julio de 2025. A
la fecha de radicación de la presente acción de tutela había transcurrido
aproximadamente un año. Este término no es proporcional ni razonable, si se considera
que el actor constitucional tuvo conocimiento de la decisión desde el 18 de julio de 2025.

33. Aunque en el escrito de amparo el señor Lozano Parga aseguró que no fue notificado
de las actuaciones procesales de los incidentes de desacato, en el expediente del trámite
objeto de esta acción obra constancia del envío del mensaje de datos del 18 de julio de
2025, remitido a las siguientes direcciones electrónicas:
wilmar.lozano@nuevaeps.com.co y secretaria.general@nuevaeps.com.co. Al
expediente también se incorporó el certificado de matrícula mercantil de agencia de la
Nueva EPS Tolima en el que se registró como dirección electrónica
secretaria.general@nuevaeps.com.co. Con ello quedan desvirtuadas una indebida
notificación de la providencia y una eventual afectación del derecho al debido proceso.

34. Con todo, la sanción impuesta al accionante no está vigente. En auto del 25 de junio
de 2026 el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué accedió a la solicitud de inaplicación
formulada por la Nueva EPS. Dicha decisión fue comunicada a la oficina de cobro
coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué en oficio 0367
del 25 de junio de 2026.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

9 Corte Constitucional, sentencia T-422 de 2025. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05376-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Tribunal Administrativo Del Tolima y otros
Referencia: Acción De Tutela

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado Electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento,
a través del enlace señalado a continuación:
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