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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05378-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05378-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05378-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, conforme con lo expuesto en la parte motiva. 2. Dejar sin efectos el auto del 9 de marzo de 2026 y las sanciones pecuniarias que permanecen vigentes contra Wilmar Rodolfo Lozano Parga dentro del expediente 73- 349-31-03-001-2022-00079-00/01/02/03/04/05/06/07, por las razones expuestas en esta providencia. 3. Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que resuelva nuevamente la solicitud de inaplicación de las sanciones, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia. 4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05378-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

17 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05378-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05378-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y otros
Temas: Sanción por desacato. Cobro coactivo. Debido proceso.
Ampara

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda y el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de mayo de 2026, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Honda y el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, a la dignidad humana, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la violación de
mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO PROCESO, ordenar el
LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA VIGENTES
impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos en contra del accionante en su
condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN OPSINA
actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD que en el marco de sus competencias legales y administrativas, adelanten de
manera inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo
de las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así
como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente
las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las autoridades
correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las órdenes judiciales».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

Wilmar Rodolfo Lozano Parga estuvo vinculado laboralmente con la Nueva EPS S.A.,
mediante contrato a término indefinido, desde el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3
de octubre de 2025. Durante ese periodo se desempeñó como gerente zonal Tolima
y, en 2017, fue inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué como administrador de
la sede ubicada en esa ciudad.

Durante su vinculación, otorgó poder al área jurídica de la Nueva EPS S.A. para que
suscribieran las respuestas a las acciones de tutela y a los incidentes de desacato.

Mediante la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar
la Nueva EPS S.A., así como la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios.
La medida fue prorrogada en abril de 2025 y, durante su vigencia, se designaron varios
agentes interventores.

El 3 de octubre de 2025, la agente especial de intervención de la Nueva EPS S.A. le
comunicó al accionante la terminación unilateral y sin justa causa de su contrato de
trabajo.

De la acción de tutela con radicado 73349-31-03-001-2022-00079-
00/01/02/03/04/05/06/07

La señora Ana Gilma Urrea de Gualteros interpuso acción de tutela contra la Nueva
EPS S.A., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida
digna y a la integridad personal.

Sostuvo que tiene más de 80 años, padece diabetes e hipertensión y fue
diagnosticada con catarata senil. Indicó que, el 7 de abril de 2022, su médico tratante
le ordenó la práctica de una biometría ocular y de los procedimientos de vitrectomía e
inserción de lente intraocular en el ojo derecho. Sin embargo, aunque la Nueva EPS
S.A. autorizó los servicios, estos no fueron practicados debido a inconvenientes en la
asignación de las citas y a la terminación del convenio con la IPS. En consecuencia,
solicitó que se ordenara autorizar y programar de manera inmediata el examen y los
procedimientos prescritos.

El 28 de noviembre de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda
amparó los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la señora Ana Gilma
Urrea de Gualteros. Consideró que, aunque la Nueva EPS S.A. había autorizado
desde agosto de 2022 el examen y la cirugía ordenados, estos no se habían realizado
debido a problemas administrativos, errores en la asignación de las citas y la
terminación del convenio con la IPS.

Explicó que esas dificultades no podían trasladarse a la paciente ni interrumpir su
tratamiento. Además, tuvo en cuenta que la accionante tenía 80 años, padecía
diabetes y presentaba catarata senil y blefaritis, por lo que era una persona de especial
protección constitucional y requería una atención oportuna e integral.

En consecuencia, ordenó a la Nueva EPS S.A. y, de mantener un convenio vigente, a
la IPS Supraespecialidades Oftalmológicas del Tolima S.A.S., realizar el examen de
biometría ocular dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Asimismo, dispuso
que, dentro de los tres días siguientes a la obtención del resultado, se programara y
practicara la cirugía para colocarle el lente intraocular en el ojo derecho. Finalmente,

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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

ordenó a la Nueva EPS S.A. garantizarle el tratamiento integral de la catarata senil, la
blefaritis y sus posibles complicaciones.

El 30 de enero de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
confirmó la sentencia del 28 de noviembre de 2022, que amparó los derechos
fundamentales a la salud y a la vida de la señora Ana Gilma Urrea de Gualteros.

Manifestó que la accionante, por tener 80 años y padecer catarata senil, una
enfermedad degenerativa, crónica y progresiva, era una persona de especial
protección constitucional. Por estas razones, mantuvo las órdenes de realizar el
examen, practicar la cirugía y garantizar el tratamiento integral de la paciente.

Ante el incumplimiento de la sentencia del 28 de noviembre de 2022, la señora Ana
Gilma Urrea de Gualteros promovió incidente de desacato contra la Nueva EPS S.A.
Señaló que, aunque la entidad programó el examen de biometría ocular para el 5 de
diciembre de 2022 y la cirugía para el 14 de diciembre siguiente, cuando acudió a la
IPS Optisalud para realizarse el examen le informaron que no podían atenderla porque
no tenían convenio vigente con la Nueva EPS S.A. Por esta razón, sostuvo que
continuaba sin recibir los servicios ordenados y solicitó que se exigiera el cumplimiento
del fallo.

Mediante auto del 16 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Honda declaró que Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su calidad de gerente zonal
Tolima de la Nueva EPS S.A., incurrió en desacato. Consideró que pese a haberse
programado nuevamente el examen y la cirugía para el 14 de diciembre de 2022,
estos no se realizaron porque la Nueva EPS S.A. informó que no había médico
disponible.

Por lo tanto, le impuso dos días de arresto domiciliario y una multa de dos SMLMV.
Además, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y lo requirió para
que cumpliera inmediatamente las órdenes impartidas en favor de la señora Ana Gilma
Urrea de Gualteros.

Mediante auto del 12 de enero de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué confirmó la decisión del 16 de diciembre de 2022. Consideró demostrado
que la Nueva EPS S.A. no garantizó la realización del examen de biometría ocular ni
de la cirugía ordenada a la señora Ana Gilma Urrea de Gualteros, pues, aunque las
citas fueron programadas, los servicios no se prestaron por dificultades
administrativas y falta de médico.

En virtud de lo anterior, mantuvo la declaratoria de desacato contra Wilmar Rodolfo
Lozano Parga, gerente zonal Tolima de la Nueva EPS S.A., así como las sanciones
de dos días de arresto domiciliario y multa de dos SMLMV. No obstante, señaló que
el sancionado podía evitar que estas se hicieran efectivas si cumplía la orden de tutela.

El 18 de enero de 2023, la señora Ana Gilma Urrea de Gualteros promovió un segundo
incidente de desacato porque, pese a la sanción impuesta y confirmada en grado
jurisdiccional de consulta, la Nueva EPS S.A. aún no le había asignado una cita ni
había realizado el examen y la cirugía ordenados. Señaló que su estado de salud
había empeorado, pues presentaba congestión en los ojos, el párpado izquierdo
comenzaba a cerrarse y había perdido la visión por ese ojo. Por ello, solicitó que se
exigiera nuevamente el cumplimiento del fallo.

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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

Mediante auto del 1.º de febrero de 2023, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Honda declaró que Wilmar Rodolfo Lozano Parga, gerente zonal Tolima de la Nueva
EPS S.A., continuaba incumpliendo la sentencia de tutela. Consideró que, aunque la
entidad afirmó haber programado el examen y la cirugía para el 25 de enero de 2023,
la accionante confirmó que ninguno de los servicios había sido realizado.

En consecuencia, le impuso cinco días de arresto domiciliario y una multa de cinco
SMLMV. Además, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y lo
requirió nuevamente para que cumpliera de inmediato las órdenes impartidas en favor
de la señora Ana Gilma Urrea de Gualteros.

Mediante auto del 9 de febrero de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué confirmó la decisión del 1.º de febrero de 2023. Consideró que, aunque la
Nueva EPS S.A. afirmó haber programado el examen y la cirugía, no acreditó que
estos servicios hubieran sido efectivamente prestados.

Por lo tanto, mantuvo la declaratoria de desacato contra Wilmar Rodolfo Lozano Parga
y las sanciones de cinco días de arresto domiciliario y multa de cinco SMLMV. No
obstante, señaló que podía evitar que las sanciones se hicieran efectivas si cumplía
la orden de tutela.

El 30 de noviembre de 2023, la señora Ana Gilma Urrea de Gualteros promovió un
tercer incidente de desacato porque, aunque ya le habían practicado la cirugía del ojo
derecho, aún no le habían entregado las gafas y la cita relacionada con el tratamiento
del ojo izquierdo fue asignada para marzo de 2024. Señaló que su visión continuaba
muy reducida, había sufrido caídas y dolores de cabeza y dependía completamente
de otra persona. Además, indicó que nuevamente le cambiaron la IPS, por lo que
solicitó el cumplimiento integral y oportuno del fallo.

Mediante auto del 18 de enero de 2024, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Honda declaró que persistía el incumplimiento de la sentencia, pues la Nueva EPS
S.A. no acreditó la realización de la cirugía del ojo izquierdo. Consideró que
programarla para marzo de 2024 no garantizaba una atención oportuna, debido al
deterioro visual de la accionante y a su condición de adulta mayor.

En consecuencia, sancionó a Wilmar Rodolfo Lozano Parga, gerente zonal Tolima de
la Nueva EPS S.A., con dos días de arresto y multa de dos SMLMV, al estimar que no
realizó gestiones para asegurar la prestación del servicio.

Mediante auto del 8 de febrero de 2024, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué consideró acreditado el incumplimiento de la Nueva EPS S.A., pues no
demostró haber autorizado y practicado la cirugía del ojo izquierdo ni entregado las
gafas requeridas por la señora Ana Gilma Urrea de Gualteros.

Por lo tanto, mantuvo la sanción impuesta a Wilmar Rodolfo Lozano Parga de dos días
de arresto y multa de dos SMLMV. Sin embargo, modificó la decisión para disponer
que el arresto se cumpliera en su domicilio y no en las instalaciones de la Policía. En
lo demás, confirmó el auto consultado.

El 6 de febrero de 2024, la señora Ana Gilma Urrea de Gualteros promovió un cuarto
incidente de desacato porque, pese al fallo de tutela y a los tres incidentes anteriores,
la Nueva EPS S.A. aún no había garantizado la cirugía pendiente. Indicó que las citas
habían sido canceladas en varias ocasiones y que los exámenes necesarios se habían
vencido o estaban próximos a vencer, mientras su visión continuaba deteriorándose.
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Por ello, solicitó nuevamente el cumplimiento del fallo o la imposición de las sanciones
correspondientes.

Mediante auto del 28 de febrero de 2024, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Honda declaró que persistía el incumplimiento de la sentencia. Consideró que,
aunque la consulta de oftalmología estaba programada para el 22 de marzo de 2024,
la Nueva EPS S.A. no acreditó la práctica de la interferometría del ojo izquierdo,
examen necesario para dicha valoración. Además, tuvo en cuenta que este era el
cuarto incidente de desacato y que las sanciones anteriores no habían logrado el
cumplimiento del fallo.

En virtud de lo anterior, sancionó a Wilmar Rodolfo Lozano Parga con veinte días de
arresto y multa de veinte SMLMV. También ordenó compulsar copias a la Fiscalía
General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia
Nacional de Salud.

Mediante auto del 15 de marzo de 2024, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué consideró acreditado el incumplimiento parcial de la sentencia, pues la
Nueva EPS S.A. programó la consulta de oftalmología, pero no demostró haber
autorizado y practicado la interferometría del ojo izquierdo, necesaria para esa
valoración. Además, tuvo en cuenta la reiteración del incumplimiento.

En consecuencia, mantuvo la sanción impuesta a Wilmar Rodolfo Lozano Parga de
veinte días de arresto y multa de veinte SMLMV. Sin embargo, modificó la decisión
para disponer que el arresto se cumpliera en su domicilio y no en las instalaciones de
la Policía. En lo demás, confirmó el auto consultado.

El 3 de mayo de 2024, Nubia Gualteros Urrea, hija de la accionante, informó que su
madre ya contaba con la valoración y aprobación del anestesiólogo para la cirugía del
ojo izquierdo. Sin embargo, la Nueva EPS S.A. le indicó que solo había disponibilidad
para realizarla en Bogotá y no en Ibagué. Señaló que la señora Ana Gilma Urrea de
Gualteros no podía desplazarse a una ciudad de clima frío porque su hipertensión
ponía en riesgo su vida y que su visión continuaba deteriorándose. Por ello, solicitó
nuevamente la intervención del Juzgado para lograr la práctica de la cirugía.

Mediante auto del 17 de junio de 2024, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Honda concluyó que no existía incumplimiento de la sentencia. Consideró que la
Nueva EPS S.A. había autorizado y realizado la valoración por anestesiología y
contaba con disponibilidad para practicar la cirugía en Bogotá. Además, señaló que
no existía concepto médico que demostrara que el clima de esa ciudad representara
un riesgo para la salud de la paciente. Asimismo, tuvo en cuenta que la cirugía fue
autorizada posteriormente en la Clínica de Ojos del Tolima S.A.S.

El 26 de junio de 2024, Nubia Gualteros Urrea informó que la Nueva EPS S.A. aún no
había programado la cirugía del ojo izquierdo de su madre. Señaló que la Clínica de
Ojos de Ibagué ya no tenía convenio con la entidad y que la nueva remisión fue dirigida
a la Clínica Traumanorte, que no contaba con retinólogo para realizar el
procedimiento. Agregó que la señora Ana Gilma Urrea de Gualteros solo conservaba
cerca del 40 % de visión en ese ojo y no tenía gafas. Por ello, solicitó que la Nueva
EPS S.A. informara de manera urgente la fecha y hora de la cirugía.

Mediante auto del 24 de julio de 2024, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Honda reconoció que la Nueva EPS S.A. inicialmente había sido tardía en sus
gestiones. Sin embargo, durante el trámite del incidente asignó una funcionaria para
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acompañar el caso, actualizó los exámenes y órdenes médicas y programó una
valoración por anestesiología para el 29 de julio de 2024, necesaria para realizar la
cirugía.

Por esta razón, concluyó que la entidad estaba gestionando el cumplimiento del fallo
y declaró que Wilmar Rodolfo Lozano Parga no incurrió en desacato, por lo que no le
impuso ninguna sanción. De igual forma, aclaró que podría promoverse un nuevo
incidente de desacato si posteriormente se presentaba otro incumplimiento.

El 28 de octubre de 2024, Nubia Gualteros Urrea reiteró que la Nueva EPS S.A. no
había programado la cirugía del ojo izquierdo ni los procedimientos necesarios para
realizarla, pese a las órdenes judiciales y a los incidentes de desacato anteriores.
Señaló que habían transcurrido casi dos años sin una solución efectiva y que su madre
estaba en riesgo de perder totalmente la visión. Por ello, solicitó al Juzgado adoptar
medidas correctivas y fijar un plazo urgente para la práctica de la cirugía.

Mediante auto del 1.º de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Honda consideró demostrado que la Nueva EPS S.A. llevaba más de veintitrés
meses sin garantizar los exámenes prequirúrgicos ni la cirugía del ojo izquierdo de la
señora Ana Gilma Urrea de Gualteros. Además, concluyó que Wilmar Rodolfo Lozano
Parga, identificado por la propia entidad como responsable del cumplimiento, no
acreditó haber realizado gestiones efectivas para atender la orden judicial.

Por ello, lo sancionó con quince días de arresto domiciliario y multa de quince SMLMV.
También ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.

Mediante auto del 8 de noviembre de 2024, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué confirmó que la Nueva EPS S.A. incumplió la sentencia, pues no acreditó
haber autorizado ni garantizado la ecografía ocular, el suministro y la colocación del
lente intraocular y la cirugía requerida en el ojo izquierdo de la señora Ana Gilma Urrea
de Gualteros.

Por esta razón, mantuvo la sanción impuesta a Wilmar Rodolfo Lozano Parga de
quince días de arresto domiciliario y multa de quince SMLMV. Asimismo, le advirtió
que debía cumplir las órdenes judiciales para evitar un nuevo incidente de desacato.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2026, Wilmar Rodolfo Lozano Parga solicitó al
Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda que lo desvinculara del trámite y
dejara sin efectos las sanciones de arresto y multa impuestas en su contra. Sostuvo
que su vínculo laboral con la Nueva EPS S.A. terminó en 2025 y que, desde entonces,
no tenía funciones, autoridad ni capacidad material o jurídica para cumplir las órdenes
de tutela.

Afirmó que la finalidad del desacato es lograr el cumplimiento del fallo y no mantener
una sanción contra quien ya no puede ejecutarlo. Por ello, pidió que la responsabilidad
fuera trasladada al funcionario actualmente encargado dentro de la Nueva EPS S.A.;
que se informara a la oficina de cobro coactivo, a la Policía Nacional y a la Fiscalía
General de la Nación para que no hicieran efectivas las sanciones, y que se eliminaran
los registros relacionados con las órdenes de arresto.

Mediante auto del 9 de marzo de 2026, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Honda negó la solicitud de Wilmar Rodolfo Lozano Parga de inaplicar las multas
impuestas en los diferentes incidentes de desacato. Consideró que la terminación de
su vínculo laboral con la Nueva EPS S.A. no eliminaba su responsabilidad, pues las
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sanciones fueron impuestas cuando ejercía como gerente zonal Tolima y tenía a su
cargo el cumplimiento de las órdenes de tutela. Además, destacó que todas las
decisiones fueron confirmadas en consulta y que había transcurrido un tiempo
considerable desde su imposición, por lo que dejarlas sin efectos afectaría la
seguridad jurídica.

En consecuencia, mantuvo vigentes las multas de dos, cinco, dos, veinte y quince
SMLMV, impuestas entre diciembre de 2022 y noviembre de 2024. La decisión se
refirió únicamente a las sanciones económicas, pues las órdenes de arresto ya habían
sido inaplicadas en decisiones anteriores o cumplidas.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte accionante interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al patrimonio, a la igualdad
y al buen nombre, con ocasión de las sanciones de arresto y multa impuestas en su
contra dentro de numerosos incidentes de desacato relacionados con el
incumplimiento de órdenes de tutela dirigidas a la Nueva EPS S.A.

Sostuvo que las autoridades judiciales le atribuyeron responsabilidad por esos
incumplimientos sin examinar sus funciones ni su capacidad real para ejecutar las
órdenes. Indicó que, aunque se desempeñaba como gerente zonal Tolima y estaba
facultado para contestar actuaciones judiciales, no era ordenador del gasto, no
autorizaba servicios médicos, no contrataba prestadores ni controlaba el área jurídica,
pues tales funciones estaban centralizadas en Bogotá.

Afirmó que las sanciones desconocieron el carácter subjetivo de la responsabilidad en
el incidente de desacato, al derivar consecuencias personales del simple
incumplimiento de los fallos, sin establecer si actuó con dolo o negligencia. Agregó
que tampoco se tuvo en cuenta la crisis financiera y operativa de la Nueva EPS S.A.,
que motivó su intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y
dificultó el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Asimismo, señaló que las multas, los arrestos y los procesos de cobro continúan
produciendo efectos, pese a que se encuentra desvinculado de la Nueva EPS S.A.
desde el 3 de octubre de 2025. En particular, cuestionó la existencia de 156 procesos
de cobro coactivo por aproximadamente $755.000.000, así como el embargo de sus
bienes y cuentas bancarias.

Invocó las sentencias SU-034 de 2018 y T-315 de 2020 de la Corte Constitucional, así
como la sentencia STP5789-2026 de la Corte Suprema de Justicia. En esta última se
ordenó levantar las sanciones impuestas a una exgerente regional de la Nueva EPS
S.A., debido a la crisis estructural de la entidad y a su falta de capacidad para cumplir
directamente las órdenes judiciales.

Con fundamento en lo anterior, solicitó levantar las sanciones de arresto y multa
impuestas en su contra y que la Nueva EPS S.A. y la Superintendencia Nacional de
Salud asuman institucionalmente el cumplimiento de las órdenes de tutela pendientes
y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

4. Trámite previo

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El 8 de julio de 2026, el despacho sustanciador ordenó desglosar la demanda y sus
anexos y abrir cuadernos separados respecto de los 132 procesos de tutela
cuestionados, para que cada uno fuera sometido a reparto y tramitado de manera
independiente. Lo anterior, porque las sanciones de multa y arresto fueron impuestas
en incidentes de desacato autónomos, adelantados por distintas autoridades judiciales
y originados en hechos y órdenes de amparo particulares.

Mediante auto del 16 de julio de 2026, el despacho admitió la acción de tutela en lo
relacionado con las sanciones impuestas dentro del expediente 73349-31-03-001-
2022-00079-00/01/02/03/04/05/06, ordenó notificar a la parte accionante, a las
autoridades accionadas y vinculó como terceros con interés a la Policía Nacional, a la
Nueva EPS S.A. y a la Superintendencia Nacional de Salud.

5. Oposiciones

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda informó que, ante los reiterados
incumplimientos de la Nueva EPS S.A. frente a la atención médica ordenada a la
señora Ana Gilma Urrea de Gualteros, se promovieron siete incidentes de desacato,
de los cuales cinco terminaron con multas que continúan vigentes, pues los arrestos
fueron cumplidos o inaplicados. Precisó que las multas, equivalentes a dos, cinco,
dos, veinte y quince SMLMV, fueron remitidas a la autoridad competente para su cobro
coactivo.

De igual forma, sostuvo que todas las actuaciones se adelantaron conforme a la ley y
con respeto de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Por ello,
afirmó que no incurrió en ninguna actuación arbitraria ni vulneró los derechos
fundamentales de Wilmar Rodolfo Lozano Parga y solicitó que se tuviera como prueba
la totalidad del expediente.

El Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que sus funciones se limitan al
gobierno y la administración general de la Rama Judicial, principalmente mediante la
definición de políticas y lineamientos estratégicos. Señaló que la ejecución de las
actividades administrativas corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – DEAJ y a sus direcciones seccionales, las cuales ejercen sus funciones de
manera independiente.

Precisó que los procesos de cobro derivados de multas judiciales son adelantados por
la división de cobro coactivo de la DEAJ o por la dirección seccional competente,
según la autoridad que haya impuesto la sanción y el territorio en el que se originó.
Por tanto, el Consejo Superior de la Judicatura no intervino en los cobros cuestionados
por Wilmar Rodolfo Lozano Parga.

Agregó que el accionante no acreditó ninguna actuación u omisión atribuible a esa
corporación, ni demostró haber presentado alguna solicitud ante sus canales
institucionales. En consecuencia, afirmó que no puede responder solidariamente por
las actuaciones de la DEAJ o de sus direcciones seccionales.

Por lo anterior, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y
desvincularlo del trámite de tutela.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ solicitó que se declarara
su falta de legitimación en la causa por pasiva y se ordenara su desvinculación.
Explicó que no es la autoridad encargada de cobrar las multas impuestas por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, pues esa función corresponde a la
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05378-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga

Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima, que fue la entidad que
adelantó las actuaciones de cobro cuestionadas.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué informó que
adelanta dos procesos de cobro coactivo contra Wilmar Rodolfo Lozano Parga por las
multas de $26.000.000 y $19.500.000, impuestas mediante autos del 28 de febrero y
del 1.º de noviembre de 2024, respectivamente, junto con los intereses
correspondientes. Indicó que ambas sanciones están ejecutoriadas y cumplen los
requisitos para ser cobradas.

Explicó que no tiene competencia para modificar, revocar o inaplicar las multas
ordenadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda. Además, sostuvo que
la tutela no puede utilizarse como una tercera instancia para controvertir esas
decisiones ni los procesos de cobro, pues el accionante dispone de otros mecanismos
de defensa y no acreditó un perjuicio irremediable. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente el amparo y desvincularla del trámite.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué guardó silencio.

6. Terceros con interés

La Policía Metropolitana de Ibagué sostuvo que su eventual intervención frente a
las sanciones impuestas a Wilmar Rodolfo Lozano Parga es exclusivamente
instrumental, pues se limita a ejecutar las órdenes judiciales que le sean comunicadas
por los despachos competentes. Aclaró que no participó en la imposición de las
sanciones, no valoró la responsabilidad del accionante dentro de los incidentes de
desacato y carece de competencia para modificarlas, suspenderlas, revocarlas,
inaplicarlas o dejarlas sin efectos.

Explicó que el eventual levantamiento de una sanción corresponde exclusivamente a
la autoridad judicial competente y que, mientras la orden permanezca vigente, debe
acatarla. En ese sentido, indicó que no existe una acción u omisión atribuible a la
institución que pueda considerarse causa de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.

En consecuencia, solicitó desvincularla del trámite, al considerar que carece de
responsabilidad frente a las decisiones judiciales cuestionadas.

La Superintendencia Nacional de Salud guardó silencio.

La Nueva EPS S.A. guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si las providencias mediante las cuales el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Honda declaró en desacato y sancionó a Wilmar Rodolfo
Lozano Parga, confirmadas en grado jurisdiccional de consulta, así como el auto del
9 de marzo de 2026, que negó la inaplicación de las multas, vulneraron sus derechos
fundamentales. Asimismo, deberá establecer si la acción de tutela resulta procedente
respecto de las actuaciones de cobro coactivo adelantadas para hacer efectivas
dichas sanciones.

En síntesis, el accionante sostuvo que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al atribuirle responsabilidad por el incumplimiento de la orden
judicial sin valorar de manera suficiente las funciones que realmente ejercía, su
capacidad material y jurídica para cumplirla y la existencia de responsabilidad
subjetiva.

La Sala anticipa que amparará el derecho fundamental al debido proceso del señor
Wilmar Rodolfo Lozano Parga, porque la subsistencia de las sanciones pecuniarias,
pese a su desvinculación de la Nueva EPS S.A. y a la imposibilidad actual de cumplir
las órdenes de tutela, desconoce la finalidad coercitiva del incidente de desacato y
convierte las multas en una medida meramente punitiva.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué y la Policía Metropolitana de Ibagué; (ii) procedencia
de la acción de tutela contra actuaciones en proceso de tutela; (iii) el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia en el presente caso y (iv) el caso concreto.

(i) Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con las solicitudes de declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva formuladas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – DEAJ, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué y la Policía Metropolitana de Ibagué, la Sala precisa que deben vincularse las
autoridades y particulares que pudieran resultar afectados con la decisión o que
tengan interés directo en su resultado, con el fin de garantizar su derecho de defensa
y contradicción.

El Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– DEAJ, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué y la Policía
Metropolitana de Ibagué fueron vinculados al presente proceso, como parte accionada
o como terceros con interés, según el caso, debido a que el actor cuestionó los cobros
coactivos adelantados para hacer efectivas las multas impuestas en los incidentes de
desacato y solicitó su terminación o suspensión. En consecuencia, se negarán las
solicitudes formuladas.

(ii) Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones en proceso de tutela

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De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional1, la acción de
tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran dentro
de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe superarse.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido, de manera excepcionalísima, casos
en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso2.

En sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unificó la jurisprudencia
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anterior o posterior a la sentencia.

Esto es, fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
dictadas en el trámite de la acción de tutela, según tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una decisión anterior al fallo y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión
posterior3.

En el mismo sentido, estableció que, por regla general, la acción de tutela no procede
contra sentencias de tutela. No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o
tribunal diferente a esta Corporación, se ha admitido de forma excepcional su
procedencia, cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude [Fraus omnia corrumpit] y, (v) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. Tal como se lee de
la motivación de la referida providencia:

«4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse
actuaciones. Una de las hipótesis posibles, como ya se vio es la de que el juez niegue la
impugnación del fallo de tutela, que acaece después del fallo de primera instancia, pero
antes de que pueda darse el de segunda.

(…)
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores
a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

1 La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró, entre
otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-
528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T- 237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-
151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2013.
2 Sentencia T – 162 de 1997.
3 Reiterada en sentencia T-322 de 2019.

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4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera
clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de
una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario
o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional».
(Negrita y subraya fuera del texto)

En el caso concreto, el accionante no dirige sus reproches contra la sentencia de tutela
del 28 de noviembre de 2022, proferida dentro del expediente 73-349-31-03-001-
2022-00079-00/01/02/03/04/05/06/07. Por el contrario, cuestiona las sanciones de
arresto y multa impuestas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, entre
diciembre de 2022 y noviembre de 2024, dentro de los distintos incidentes de desacato
promovidos por la señora Ana Gilma Urrea de Gualteros, y revisadas en grado de
consulta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Asimismo, controvierte
el auto del 9 de marzo de 2026, que negó la inaplicación de las multas que
permanecían vigentes, y las actuaciones de cobro coactivo adelantadas para hacerlas
efectivas.

Entonces, como la presunta vulneración de los derechos fundamentales se atribuye a
actuaciones posteriores al fallo de tutela, la presente solicitud de amparo no está
dirigida contra dicha sentencia. Por lo tanto, corresponde a la Sala verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia respecto de las providencias
dictadas en los incidentes de desacato, del auto que negó la inaplicación de las multas
y de los procesos de cobro coactivo cuestionados.

(iii) Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia en el presente
caso

La Sala advierte que la presente acción de tutela satisface el (i) requisito de relevancia
constitucional, pues la parte actora alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al patrimonio, a la igualdad
y al buen nombre, con ocasión de las sanciones impuestas en los incidentes de
desacato, la decisión que negó su inaplicación y las actuaciones de cobro coactivo.
Además, sus cuestionamientos recaen directamente sobre esas actuaciones, en
particular, sobre la presunta falta de valoración de su responsabilidad subjetiva y de

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su capacidad material y jurídica para cumplir las órdenes de tutela, por lo que el asunto
trasciende una discusión de mera legalidad.

Se cumple igualmente el (ii) requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante
cuestiona una decisión adoptada dentro del trámite de una acción de tutela, frente a
la cual no dispone de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para obtener la
protección de los derechos fundamentales que estima vulnerados.

Por su parte, el (iii) requisito de inmediatez también se encuentra acreditado, pues el
auto que decidió no inaplicar la sanción fue proferido el 9 de abril de 2026 y el ejercicio
de la acción de tutela tuvo lugar el 26 de mayo de 2026.

En lo demás, la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de procedencia,
porque (iv) la irregularidad alegada tendría un efecto determinante en la decisión
cuestionada y afectaría los derechos fundamentales del actor, y (v) este identificó
razonablemente los hechos que originaron la presunta vulneración.

(iv) Caso concreto

En el presente asunto, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga cuestiona las
providencias mediante las cuales el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda lo
declaró en desacato y le impuso sanciones de arresto y multa, así como los autos que
confirmaron esas decisiones en grado jurisdiccional de consulta. Asimismo,
controvierte el auto del 9 de marzo de 2026, por medio del cual dicho juzgado negó la
inaplicación de las multas que permanecían vigentes por el incumplimiento de la
sentencia de tutela del 28 de noviembre de 2022.

Para sustentar esa determinación, el Juzgado consideró que las sanciones fueron
impuestas cuando el accionante todavía se desempeñaba como gerente zonal Tolima
de la Nueva EPS S.A., que fueron confirmadas en grado jurisdiccional de consulta y
que había transcurrido un tiempo considerable desde su ejecutoria. Por ello, concluyó
que la terminación posterior del vínculo laboral no desvirtuaba la responsabilidad
establecida al momento de los incumplimientos.

Con el fin de dilucidar si las anteriores consideraciones de la autoridad accionada
atienden el ordenamiento jurídico, debe advertirse que la jurisprudencia constitucional
ha indicado que el incidente de desacato es una herramienta instituida en el artículo
52 del Decreto 2591 de 1991, con el objeto de obtener el cumplimiento de las órdenes
de tutela y así materializar el deber del Estado de asegurar que las decisiones
judiciales se cumplan, lo que también salvaguarda la prerrogativa superior de acceso
a la administración de justicia, la cual comprende no solo la posibilidad de que una
controversia sea conocida por la jurisdicción, sino que se materialice lo allí decidido4.

Es de anotar que el incumplimiento de las órdenes de tutela, además de afectar el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, trasgrede las garantías
superiores amparadas en las sentencias inobservadas, pues su falta de
materialización deriva en la permanencia de las acciones u omisiones que el juez de
tutela consideró vulneradoras de las prerrogativas de los tutelantes.

Ahora bien, el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 prevé que el juez que conoce de
un incidente de desacato cuenta con la posibilidad de sancionar con multa o arresto a

4 Corte Constitucional, sentencia C-367 de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo

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quien incumpla las órdenes de tutela, sin embargo, la finalidad de esas medidas no es
castigar sino propender por el acatamiento de los mandatos judiciales, por ende, no
es dable emplearlo como un instrumento netamente represivo.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional5 ha señalado que la
procedencia de las sanciones por desacato está supeditada a la concurrencia de los
elementos objetivo y subjetivo de responsabilidad. El primero hace referencia al
incumplimiento de las órdenes de tutela y el segundo a las actuaciones desplegadas
por el encargado de cumplirlas. En virtud de lo anterior, para sancionar por desacato
no basta con que se haya inobservado los mandatos judiciales, sino que también debe
evidenciarse que el llamado a acatarlos adopta una conducta negligente.

Ahora bien, en el caso concreto la Sala no desconoce que la desvinculación del
accionante, ocurrida el 3 de octubre de 2025, no elimina retroactivamente las
circunstancias que dieron lugar a las sanciones ni supone, por sí misma, que las
providencias que las impusieron fueran contrarias al ordenamiento jurídico. Sin
embargo, ese no era el único aspecto que debía examinarse al resolver la solicitud de
inaplicación. También resultaba necesario establecer si, ante la nueva situación
laboral del sancionado, las multas conservaban la capacidad de alcanzar la finalidad
constitucional para la cual fueron impuestas.

Como se señaló, el incidente de desacato, aunque tiene naturaleza sancionatoria,
constituye principalmente un instrumento coercitivo dirigido a obtener el cumplimiento
efectivo de las órdenes de tutela. Por ello, la sanción no puede convertirse en un
castigo autónomo por la conducta pasada del obligado. Su imposición y
mantenimiento deben guardar relación con la posibilidad material y jurídica de
persuadir al responsable para que cumpla la orden judicial.

En esa línea, la Corte Constitucional6 ha señalado que el análisis del desacato debe
considerar, entre otros aspectos, la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento 7,
el contexto en el que debe ejecutarse la orden, la capacidad funcional de la persona
sancionada y su competencia directa para materializarla. De igual forma, ha precisado
que la responsabilidad no puede derivarse exclusivamente de la constatación objetiva
del incumplimiento, pues es indispensable examinar la conducta y las posibilidades
reales de actuación del obligado.

Además, la finalidad del desacato no consiste en castigar al responsable por una
conducta pasada, sino en lograr la protección efectiva del derecho fundamental
mediante el cumplimiento de la orden judicial. Por ello, aun cuando la sanción se
encuentre ejecutoriada, deben valorarse las circunstancias posteriores que puedan
incidir en su utilidad, como el cumplimiento de la orden o la pérdida de capacidad del
sancionado para ejecutarla. Si la medida ya no puede contribuir al acatamiento del
fallo, su subsistencia pierde finalidad coercitiva y se convierte en una consecuencia
meramente punitiva.

En el caso del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga está acreditado que su vínculo
laboral con la Nueva EPS S.A. terminó el 3 de octubre de 2025. Por tanto, con
independencia de las funciones que ejerció mientras estuvo vinculado, actualmente
no tiene capacidad jurídica, administrativa ni material para intervenir en el

5 Sentencias C-367 de 2014, SU-034 de 2018 y SU-050 de 2022, entre otras
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-034 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7 Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2020, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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cumplimiento de la sentencia dictada en favor de la señora Ana Gilma Urrea de
Gualteros. En esas condiciones, las multas que permanecen vigentes no pueden
persuadirlo para ejecutar una orden respecto de la cual ya no posee ninguna facultad
de actuación.

De esta manera, el Juzgado confundió dos momentos jurídicamente distintos. El
primero corresponde a la responsabilidad del accionante cuando ocurrieron los
incumplimientos, cuestión examinada en las providencias sancionatorias. El segundo
se refiere a la utilidad actual de mantener las multas después de su desvinculación.
Que Wilmar Rodolfo Lozano Parga ocupara el cargo cuando se impusieron las
sanciones podía justificar inicialmente su vinculación a los incidentes, pero no resolvía
si, después de retirarse de la entidad, las medidas conservaban la aptitud para obtener
la prestación de los servicios de salud ordenados.

Aunado a lo anterior, la Sala concluye que, conforme con la jurisprudencia
constitucional, las sanciones por desacato solo son procedentes cuando concurren
los elementos objetivo y subjetivo de responsabilidad, presupuestos que actualmente
no se configuran respecto del actor.

Tampoco resultaba suficiente invocar la antigüedad y firmeza de las multas, pues la
solicitud de inaplicación se sustentó en un hecho sobreviniente ocurrido el 3 de octubre
de 2025 y fue presentada en febrero de 2026, de manera que el accionante acudió al
Juzgado dentro de un plazo razonable desde la terminación de su vínculo laboral.
Además, la seguridad jurídica no puede utilizarse para mantener indefinidamente una
medida coercitiva que perdió su capacidad de alcanzar el propósito constitucional que
justificó su imposición.

Lo anterior no significa que la sentencia de tutela pueda quedar incumplida, pues la
obligación de garantizar los servicios médicos continúa en cabeza de la Nueva EPS
S.A. y debe ser exigida a los funcionarios que actualmente tengan competencia
institucional, presupuestal y operativa para materializarla. El Juzgado conserva las
facultades previstas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 para requerir al
responsable actual y adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de
los derechos de la beneficiaria.

En ese orden de ideas, al existir la imposibilidad del actor de atender la sentencia del
28 de noviembre de 2022, no concurren los elementos objetivo y subjetivo de
responsabilidad, lo que, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
hace improcedente el mantenimiento de las sanciones por desacato. De ahí que,
mediante el auto del 9 de marzo de 2026, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Honda debió inaplicar las multas impuestas al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, lo
cual no hizo, máxime cuando la finalidad del trámite incidental es velar por el
cumplimiento de las órdenes de tutela y no servir como instrumento de mero castigo.

Por lo expuesto, la Sala dejará sin efectos el auto del 9 de marzo de 2026, dictado
dentro del expediente examinado, y ordenará al Juzgado Primero Civil del Circuito de
Honda que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
profiera una providencia de reemplazo en la que resuelva nuevamente la solicitud de
inaplicación de las sanciones, de conformidad con las consideraciones aquí
expuestas.

Finalmente, respecto de las actuaciones de cobro coactivo, la Sala advierte que el
accionante cuenta con la posibilidad de oponerse a la ejecución mediante la excepción
de pérdida de ejecutoriedad prevista en el artículo 92 del CPACA. A través de ese
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mecanismo podrá alegar que las sanciones fueron dejadas sin efecto en esta
sentencia y que, por tanto, las providencias que las impusieron perdieron fuerza
ejecutoria y no pueden continuar sirviendo de fundamento para su cobro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
2. Dejar sin efectos el auto del 9 de marzo de 2026 y las sanciones pecuniarias que
permanecen vigentes contra Wilmar Rodolfo Lozano Parga dentro del expediente 73-
349-31-03-001-2022-00079-00/01/02/03/04/05/06/07, por las razones expuestas en
esta providencia.
3. Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda que, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de
reemplazo en la que resuelva nuevamente la solicitud de inaplicación de las
sanciones, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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