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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05380-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05380-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad y buen nombre invocados por Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05380-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diez (10) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-05380-001
Accionante : Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados : Tribunal Administrativo del Tolima, Juzgado Noveno (9°)
Administrativo de Ibagué, Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional, Consejo Superior de la
Judicatura y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Superintendencia Nacional de Salud y la Nueva EPS
Vinculados : Partes e intervinientes de la acción de tutela con radicado
73001-33-33-009-2025-00140-00
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, sanción impuesta en
Decisión : incidente de desacato
Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Wilmar Rodolfo Lozano Parga contra el Tribunal Administrativo del
Tolima, el Juzgado Noveno (9°) Administrativo de Ibagué, la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, Consejo Superior de la Judicatura y Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Superintendencia Nacional de Salud y la
Nueva EPS, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, dignidad humana, igualdad y buen nombre.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y,
finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

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Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05380-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

1.2 La demanda de tutela

2. Wilmar Rodolfo Lozano Parga, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad y buen nombre,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado
Noveno (9°) Administrativo de Ibagué, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional, Consejo Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Superintendencia Nacional de Salud y la Nueva EPS.

3. Por consiguiente, solicitó:

PRIMERA PRINCIPAL: […] ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE
ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato
proferidos en [su] contra […] en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a [la] NUEVA EPS en cabeza de[l] […] actual
interventor designado […] y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en
el marco de sus competencias legales y administrativas, adelanten de manera
inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de
las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así
como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir
institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando
que continúen trasladándose de manera desproporcionada a [su] esfera personal.

1.3 Hechos2

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

el accionante, se puede evidenciar que, la señora Martha Cecilia García Tavera,
en representación de su hija Leydi Martínez García, quien es mayor de edad con
discapacidad, presentó acción de tutela en contra de la Nueva EPS (expediente
73001-33-33-009-2025-00140-00), encaminada a que efectuara la entrega de los
medicamentos (lacosamida y topiromato), que esta última requería para atender
sus crisis convulsivas y, de esa forma, mejorar su calidad de vida y estado de
ánimo.

5. De ese trámite constitucional conoció el Juzgado Noveno (9°) Administrativo de

Ibagué que, con sentencia de Trece (13) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025)

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

accedió al amparo y, en consecuencia, dispuso:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud de LEYDI ALEJANDRA
MARTINEZ GARCIA.

SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS, que de manera inmediata y en la medida
de sus competencias y en caso que no se hubieren entregado, proceda a realizar las
gestiones administrativas e interadministrativas a su cargo, para que se autorice y
entregue los siguientes medicamentos, los cuales se encuentran debidamente
ordenados por el galeno tratante de la señora LEYDI ALEJANDRA MARTINEZ
GARCIA, así:
• LACOSAMIDA 200 MG (TABLETA)
• TOPIRAMATO 50 MG (TABLETA)

En las cantidades indicadas en las formula médicas expedidas y en los precisos
términos que fue prescrito por su médico.

6. La señora Martha Cecilia García Tavera formuló un incidente de desacato en

contra de la Nueva EPS, por el incumplimiento de la referida sentencia de amparo,
al cual, el Juzgado Noveno (9°) Administrativo de Ibagué le dio apertura con auto
de Veinticinco (25) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025) y, con proveído de Ocho
de Julio siguiente, resolvió sancionar al hoy accionante, en calidad de gerente de
la zonal Tolima de la Nueva EPS, con multa de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente (smlmv), así:

PRIMERO: DECLARAR que en el presente asunto EXISTE DESACATO por parte del
Dr. WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, en calidad de Gerente Zonal Tolima de la
NUEVA EPS, por el incumplimiento del fallo de tutela dictado el 13 de junio de 2025,
por medio del cual se dictó orden de amparo a favor de la accionante.

SEGUNDO: En consecuencia, IMPONER SANCIÓN DE MULTA al Dr. WILMAR
RODOLFO LOZANO PARGA, en calidad de Gerente Zonal Tolima de la NUEVA EPS,
por incumplimiento, como funcionario competente y directo responsable de cumplir con
la orden de amparo impartida por esta instancia el 13 de junio de 2025, equivalente a
un (1) salario mínimo Legal mensual Vigente a favor del Tesoro Nacional – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la cuenta
Rama Judicial – Multas y Rendimientos – Cuenta Única Nacional No. 3-082-00-00640-
8, del Banco Agrario.

A efectos de lo anterior, se concede al funcionario sancionado el término de cinco (5)
días siguientes a la notificación de este proveído, para que pague el valor de la multa
impuesta, advirtiéndose que, en todo caso y sin más dilación deberá dar cabal
cumplimiento a la orden de tutela impartida en sentencia del 13 de junio de 2025.

7. Dicha determinación fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en

grado de consulta, mediante auto de Dieciséis (16) de Julio de Dos Mil Veinticinco
(2025)3, al considerar que, «[t]anto el Gerente Zonal Tolima, como su superior jerárquico,
omitieron pronunciarse o aportar prueba alguna que justificara el incumplimiento de lo ordenado,

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Adquiriendo su ejecutoria el 25 de julio de 2025, según constancia emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Tolima.
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Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

incurriendo en una actitud negligente y renuente», a pesar que, «[…] en el trámite incidental se
garantizó plenamente [su] derecho al debido proceso […], [pues], el despacho judicial expidió los
respectivos autos de requerimiento y apertura del incidente, y los mismos fueron notificados a las
direcciones de correo electrónico institucionales previstas por la entidad para estos efectos,
incluyendo las cuentas de los funcionarios involucrados y los correos oficiales dispuestos para
notificaciones judiciales […], lo cual acredita que se brindó la oportunidad procesal para ejercer
defensa, presentar informes y allegar pruebas, sin que ello ocurriera ».

8. El Veintiocho (28) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), el demandante formuló

solicitud de inaplicación de la sanción, con fundamento en que, el Tres (3) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) se terminó, sin justa causa, su vínculo
contractual con la Nueva EPS, el cual, había iniciado el Veintitrés (23) de
Noviembre de Dos Mil Trece (2013) y, por ende, dejó de actuar como gerente zonal
Tolima de dicha entidad, lo que le imposibilita física, material y funcionalmente
cumplir lo ordenado en la decisión de amparo.

9. La anterior petición fue resuelta de manera negativa por parte del Juzgado
Noveno (9°) Administrativo de Ibagué, a través de auto de Diez (10) de Junio de
Dos Mil Veintiséis (2026), por cuanto, «[…] dentro del proceso se surtieron todas y cada una
de las etapas correspondientes al incidente de desacato. Así mismo, se respetaron las garantías
procesales del incidentado para que ejerciera su derecho de defensa, demostrando el acatamiento
de la orden, o, en su defecto, […] la imposibilidad jurídica o material para su cumplimiento», lo cual

no ocurrió, sino que, por el contrario, «[…] en cada etapa, […] guardó silencio durante los
términos otorgados».

10. El tutelante sostuvo que, en ningún momento fue notificado a su correo personal

de las actuaciones judiciales promovidas en su contra, pues, las acciones de tutela
e incidentes de desacato eran comunicadas directamente al correo institucional de
la Secretaría General de la Nueva EPS, esto es,
secretaria.general@nuevaeps.com.co, y tramitados por el área jurídica del nivel
central, dependencia que no estaba bajo su dirección ni subordinación jerárquica.

11. Explicó que, mediante la Resolución núm. 2024160000003012-6 del Tres (3) de

Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), la Superintendencia Nacional de Salud ordenó
la intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS, decisión que después fue
prorrogada al evidenciar la persistencia de graves deficiencias financieras,
administrativas y operativas, así como, un elevado incumplimiento en la atención
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de requerimientos judiciales y de las obligaciones relacionadas con la prestación
del servicio de salud.

12. Señaló que, a través de la Resolución núm. 030 de Treinta (30) de Diciembre de

Dos Mil Veinticinco (2025), la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué decretó el embargo y posterior secuestro de sus bienes inmuebles y
cuentas bancarias, como consecuencia de las múltiples sanciones impuestas por
desacato dentro de diversas acciones de tutela promovidas contra la Nueva EPS,
las cuales dieron origen a 156 procesos de cobro coactivo por un valor aproximado
de $ 755.861.340,33, sin tener en cuenta que, esas penalidades obedecieron
realmente a una problemática estructural de la entidad y no a una conducta dolosa
o negligente de su parte.

13. Sobre la precedente situación, adujo que las providencias reprochadas
vulneraron sus derechos fundamentales al imponerle sanción por desacato, pese
a que carecía de competencia material y funcional para cumplir la orden impartida
en la sentencia de Trece (13) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), toda vez que,
no era ordenador del gasto, no tenía a su cargo la autorización de servicios de
salud, no dirigía el área jurídica ni contaba con autonomía administrativa o
presupuestal, aunado al hecho que, las problemáticas estructurales en la Nueva
EPS, no tenían por qué imputársele a él.

14. Asimismo, invocó como precedente la sentencia STP5789-2026 del Nueve (9)

de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)4 de la Corte Suprema de Justicia, mediante la
cual, al resolver un caso que, a su juicio, es idéntico al suyo, ordenó levantar las
sanciones impuestas a una exgerente de la Nueva EPS, suspendió los procesos
de cobro coactivo y le trasladó la responsabilidad a dicha entidad.

II. TRÁMITE PROCESAL

15. La presente solicitud de amparo fue radicada el Veintiséis (26) de Mayo de Dos

Mil Veintiséis (2026) y le correspondió por reparto a la Sección Cuarta de esta
Corporación que, al advertir que el actor cuestionaba las sanciones de multa y
arresto impuestas dentro de múltiples incidentes de desacato tramitados en

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M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.
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procesos de tutela autónomos, cuyo estudio requería un análisis individual de las
circunstancias fácticas y jurídicas de cada expediente, profirió auto de Ocho (8) de
Julio del mismo año, en el que, únicamente, admitió la acción respecto del incidente
de desacato identificado con el radicado 73001-33-33-004-2024-00160-00/01 y
ordenó el desglose de la demanda y de sus anexos, así como la apertura de
cuadernos separados para cada uno de los procesos cuestionados
(aproximadamente 132), con el fin que fueran repartidos y tramitados de manera
independiente.

16. En cumplimiento de esa decisión, la Secretaría General efectuó un nuevo reparto

que dio lugar al expediente de la referencia, asignado a este despacho que, por
satisfacer los requisitos formales, a través de auto de Diecisiete (17) de Julio de
Dos Mil Veintiséis (2026), lo admitió. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Tolima, al Juzgado Noveno (9°) Administrativo de
Ibagué, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Consejo
Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la
Superintendencia Nacional de Salud y a la Nueva EPS; y (ii) dispuso vincular a las
partes e intervinientes en la acción de tutela con radicado 73001-33-33-009-2025-
00140-00, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción

17. 2.1.1 El Juzgado Noveno (9°) Administrativo de Ibagué5 aportó el enlace

digital del expediente constitucional con radicado 73001-33-33-009-2025-00140-00
y argumentó que, «[…] la actuación de es[a] judicatura, […] no constituye una vía de hecho ni
se enmarca dentro de las causales generales o especiales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, toda vez que las decisiones adoptadas se profirieron con sujeción al
debido proceso, garantizando al funcionario incidentado las oportunidades procesales de defensa,
sin que este hiciera uso de ellas».

18. 2.1.2 La Nueva EPS6 sostuvo que, «[l]a pluralidad de decisiones judiciales demandadas

exigía un estudio organizado e individual de cada actuación, pero no transformaba automáticamente
una sola demanda en 132 acciones constitucionales diferentes ».

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Índices 00013 y 00015 de Samai.
6
Índice 00017 de Samai.
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19. Que, «[…] la economía procesal no consiste en reducir el trabajo de un despacho multiplicando

por 132 el trabajo del aparato judicial. Tampoco consiste en obligar al accionante, a las autoridades
demandadas y a los terceros vinculados a rastrear más de cien radicados, presentar escritos
sustancialmente iguales, reproducir las mismas pruebas, controlar términos dispersos y asumir el
riesgo de desconocer expedientes cuya creación no fue comunicada integralmente ».

20. Explicó que, en el caso concreto «[…] debe valorarse que [el] accionante afirma haber

perdido, con ocasión de su desvinculación laboral, toda posibilidad real de orientar, dirigir, coordinar
o impartir instrucciones a equipos de trabajo de Nueva EPS, así como de intervenir en la
conformación de red, la autorización de servicios, la gestión presupuestal o la materialización de las
prestaciones de salud ordenadas judicialmente. En consecuencia, mantener sanciones de arresto o
multa contra quien ya no tiene capacidad funcional ni competencia institucional para cumplir las
órdenes puede resultar incompatible con la finalidad conminatoria del desacato ».

21. Agregó que, «[…] la controversia debe ser examinada dentro del contexto estructural,
operativo, financiero y judicial que atraviesa Nueva EPS y, en general, el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, pues la imposición masiva de sanciones personales derivadas de fallos
de tutela en salud no puede analizarse de manera puramente aislada ni desconectada de las
condiciones reales de cumplimiento».

22. Los demás vinculados en este trámite constitucional guardaron silencio en la

oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

23. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción

24. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
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cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión previa.

3.3.1 Delimitación del asunto.

25. Aunque la pretensión principal del actor consiste en «[…] ordenar el
LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro
de los incidentes de desacato proferidos en [su] contra […] en su condición de ex colaborador de
[la] NUEVA EPS», lo cierto es que, en atención al desglose efectuado con ocasión de

la providencia del Ocho (8) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación, en el asunto particular, ello conllevaría
indefectiblemente a que se dejara sin efectos el auto de Dieciséis (16) de Julio de
Dos Mil Veinticinco (2025), por medio del cual, el Tribunal Administrativo del Tolima,
en grado de consulta, confirmó la sanción de multa de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente (smlmv), que le fue impuesta el Ocho de Julio del mismo año por
el Juzgado Noveno (9°) Administrativo de Ibagué, dentro del trámite incidental con
radicado 73001-33-33-009-2025-00140-00.

26. Por consiguiente, en este caso se realizará el estudio conforme a la tutela contra

providencia judicial y, en consecuencia, se analizarán los requisitos para su
procedibilidad.

3.4 Problema jurídico

27. Se contrae a examinar el eventual quebranto de los derechos fundamentales al

debido proceso, dignidad humana, igualdad y buen nombre invocados por el
accionante, con ocasión del auto de Dieciséis (16) de Julio de Dos Mil Veinticinco
(2025), por medio del cual, el Tribunal Administrativo del Tolima, en grado de
consulta, confirmó la sanción de multa de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente (smlmv), que le fue impuesta el Ocho de Julio del mismo año por el Juzgado
Noveno (9°) Administrativo de Ibagué, en su condición de Gerente Zonal Tolima de
la Nueva EPS, dentro del trámite incidental con radicado 73001-33-33-009-2025-
00140-01, por presuntamente incumplir la orden de amparo contenida en la
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sentencia de Trece (13) de Junio del mismo año, consistente en entregar los
medicamentos requeridos por Leydi Martínez García.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

28. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 7 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado8, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

29. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

30. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;

7 Sentencia C-590 de 2005.
8 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth

García González.
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(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.6 Caso concreto.

31. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del actor,
en una omisión por parte de las autoridades judiciales accionadas de inaplicar la
sanción que le fue impuesta en el trámite incidental con radicado 73001-33-33-009-
2025-00140-00, pese a que está imposibilitado de acatar la orden de amparo que
la originó, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad y buen nombre; (ii)
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; y (iv) el auto acusado no es de tutela, sino que se surtió en
trámite de incidente de desacato.

32. Ahora bien, en cuanto al requisito de la inmediatez, es necesario precisar que,

el Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

11001-03-15-000-2012-02201-019, dispuso como término razonable para ejercer la
acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o
ejecutoria.

33. Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque

el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto
es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.

34. Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
«(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado;10 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición11.12».

35. De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 13,

existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son:
«(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han
vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de
acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros». Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso,

en el evento en que se acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6
meses).

36. En ese orden de ideas, se observa que la acción de tutela de la referencia no

colma la exigencia de procedibilidad de la inmediatez, en la medida en que, se

9
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Sentencia SU-961/99.
11
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
13
Sentencia T-584 de 2011.
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05380-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

evidencia que la providencia atacada quedó ejecutoriada el Veinticinco (25) de Julio
de Dos Mil Veinticinco (2025)14 y la solicitud de amparo se instauró el Veintiséis (26)
de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, luego de diez (10) meses y un (1)
día y, en todo caso, el tutelante no justificó debidamente su omisión de instaurarla
dentro de los seis (6) meses.

37. Por otra parte, resulta necesario explicar que, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-034 de Tres (3) de Mayo de Dos Mil Dieciocho (2018)15 sostuvo que
es procedente, de manera excepcional, atacar vía tutela una providencia emitida
en el trámite de un incidente de desacato, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que
la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –
incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las
causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe
traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato,
y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro
del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.

38. En ese orden de ideas, como se indicó en párrafos precedentes, al no acreditarse

en el asunto sub examine el requisito general de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales de la inmediatez, no es posible su estudio de
manera excepcional.

39. De otra parte, el argumento del accionante relacionado con la indebida
notificación de las actuaciones adelantadas dentro del trámite incidental carece de
vocación de prosperidad, en tanto que, revisado el expediente que fue adjuntado a
estas diligencias, se observa que, todas y cada una de ellas fueron notificadas al
correo wilmar.lozano@nuevaeps.com.co; es decir, a su correo institucional cuando
aún estaba vinculado y ejercía su cargo de gerente zonal Tolima de la Nueva EPS,
por lo que, estuvo informado oportunamente de las decisiones allí adoptadas.

14
Según constancia de ejecutoria expedida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.
15
M. P. Alberto Rojas Ríos.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05380-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

40. Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de

amparo frente a la protección de los derechos fundamentales invocados.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad y buen nombre
invocados por Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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