Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05383-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05383-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05383-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05383-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
21 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide sobre la acción de tutela1 presentada por el señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, la Policía
Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud, Nueva EPS S.A. y el agente
interventor de esta última entidad.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 26 de mayo de 20262, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga interpuso la
presente acción constitucional en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, la libertad personal, la dignidad humana, la
igualdad, el buen nombre y el patrimonio, que estimó vulnerados por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional, la Superintendencia
Nacional de Salud y la Nueva EPS S.A., con ocasión de las sanciones de arresto y
multa impuestas en su contra dentro de diversos incidentes de desacato derivados
del incumplimiento de órdenes de tutela dirigidas a dicha entidad promotora de
salud, así como de los 156 procesos de cobro coactivo adelantados para hacer
efectivas esas multas.
Ello, pese a que durante su vinculación como gerente zonal Tolima carecía de
competencia funcional, autonomía administrativa, manejo presupuestal y capacidad
decisoria para materializar las órdenes judiciales, pues tales actuaciones se
encontraban centralizadas en la ciudad de Bogotá; además, sostuvo que fue
desvinculado de la compañía el 3 de octubre de 2025 y que, no obstante, las
1 Obra en el certificado 029C1C35F85EDE54 9574A954E9E62A31 8BE94E9BB123499A
889BBDED6EBEF18C, índice 2.
2 Archivo 02 del certificado 401BAC7F7C8BB7F5 C5BC2B0C7F1276EA 8E06224E325C78B7
6A7CEC6560EF0FCC, índice 2.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
sanciones, los cobros y las medidas cautelares sobre sus bienes continúan
vigentes.
2. Hechos
2.1. El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga manifestó que se vinculó laboralmente
con la Nueva EPS S.A. el 23 de noviembre de 2013, mediante contrato de trabajo a
término indefinido, para desempeñar el cargo de gerente zonal Tolima, función que
ejerció hasta el 3 de octubre de 2025, cuando la entidad terminó unilateralmente su
contrato sin justa causa.
2.2. Agregó que, desde 2017, fue inscrito ante la Cámara de Comercio de Ibagué
como administrador de esa sede y que, durante su vinculación, otorgó poder al área
jurídica de la compañía para suscribir contestaciones de acciones de tutela e
intervenir en incidentes de desacato; no obstante, precisó que ello no le confería
facultades de mando, disposición de recursos, manejo presupuestal ni capacidad
para materializar las órdenes impartidas por los jueces constitucionales.
2.3. Explicó que los procesos indispensables para garantizar la prestación de los
servicios de salud, entre ellos la contratación de las instituciones prestadoras, la
facturación y los pagos, se encontraban centralizados en la oficina principal de la
Nueva EPS en Bogotá; por tanto, no era ordenador del gasto ni tenía a su cargo la
autorización o negación de los servicios solicitados por los afiliados.
2.4. Asimismo, afirmó que las notificaciones relacionadas con acciones de tutela e
incidentes de desacato eran recibidas, controladas y respondidas por el área jurídica
del nivel central, a través del correo secretaria.general@nuevaeps.com.co, sin que
fueran remitidas a su correo personal ni estuvieran bajo su dependencia jerárquica.
2.5. En relación con la situación administrativa de la entidad, señaló que, mediante
la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, la Superintendencia
Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y
negocios de la Nueva EPS, así como su intervención forzosa para administrar.
Indicó igualmente que, mediante la Resolución 2025320030001956-6, que en uno
de los apartes de la demanda identificó con fecha del 3 de abril de 2024, fue
designado como agente interventor Julio Alberto Rincón; posteriormente, mediante
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
la Resolución 2024320030015020-6 del 18 de noviembre de 2024, se designó en
esa función a Bernardo Armando Camacho, y, a través de la Resolución
2025320030006807-6 del 15 de agosto de 2025, se nombró como agente especial
de intervención a Gloria Libia Polanía Aguillón, quien le comunicó la terminación de
su contrato de trabajo.
2.6. Añadió que la intervención fue dispuesta ante la crisis estructural de la Nueva
EPS y el incremento de las acciones de tutela, así como por las deficiencias
advertidas en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
y en la atención de requerimientos judiciales, aspectos en los que la entidad
presentaba niveles de cumplimiento del 25 % y del 0 %, respectivamente.
2.7. También refirió que la medida se adoptó inicialmente por un año, ante el riesgo
que la situación financiera y de solvencia representaba para el aseguramiento y la
prestación de los servicios de salud, y que, mediante la Resolución
2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud
prorrogó la intervención, al establecer que persistían las causas que le dieron
origen, entre ellas la insuficiencia del patrimonio requerido y las deficiencias en el
régimen especial de reservas técnicas.
2.8. Pese a las circunstancias descritas, indicó que diferentes despachos judiciales
lo vincularon a incidentes de desacato derivados del incumplimiento de órdenes de
tutela impartidas contra la Nueva EPS y le impusieron sanciones de arresto y multa.
Como consecuencia de estas últimas, la Dirección Seccional de Administración
Judicial inició en su contra 156 procesos de cobro coactivo, por un valor total de
$755.861.340,33, y, mediante la Resolución 030 del 30 de diciembre de 2025,
decretó el embargo y posterior secuestro de los bienes inmuebles de su propiedad
y de sus cuentas bancarias.
2.9. Sostuvo, además, que continuó siendo vinculado a acciones de tutela e
incidentes de desacato aun después de su retiro de la entidad, pese a que desde el
3 de octubre de 2025 carecía de cualquier posibilidad de gestión y defensa desde
el interior de la compañía, y agregó que, en vigencias anteriores, la Nueva EPS
había asumido el pago de las multas que no fueron revocadas.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
3. Fundamentos de la acción de tutela
3.1. El accionante sustentó la vulneración de sus derechos en que las sanciones de
arresto y multa impuestas dentro de los incidentes de desacato desconocieron el
carácter subjetivo de la responsabilidad exigida en ese trámite, pues, según afirmó,
no se valoraron su competencia funcional, su capacidad real de cumplimiento, la
imposibilidad material de ejecutar las órdenes ni el contexto de crisis estructural de
la Nueva EPS.
3.2. Para respaldar esa postura invocó las sentencias SU-034 de 2018 y T-315 de
2020 de la Corte Constitucional, así como la decisión del Consejo de Estado del 30
de enero de 2025, radicado 2024-04475, de las cuales extrajo que el desacato no
puede operar como un mecanismo de responsabilidad objetiva y que, cuando el
incumplimiento obedece a fallas institucionales que desbordan la capacidad de
actuación del sancionado, deben examinarse integralmente las circunstancias del
caso.
3.3. También citó la sentencia STP5789-2026 del 9 de abril de 2026 de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, relativa a una exgerente regional
de la Nueva EPS, en la que se ordenó levantar las sanciones de arresto y multa y
los cobros derivados de estas. Con fundamento en ese antecedente solicitó la
aplicación del principio de igualdad material, por considerar que se trataba de un
caso similar al suyo.
3.4. A partir de esos argumentos, estimó vulnerados sus derechos al debido
proceso, porque las sanciones se impusieron sin establecer su responsabilidad
individual; a la libertad personal, por las órdenes de arresto; a la dignidad humana
y al patrimonio, por la acumulación de multas, cobros coactivos y medidas
cautelares; y a la igualdad y al buen nombre, porque se le atribuyeron
personalmente incumplimientos que, según sostuvo, correspondían a fallas
institucionales de la Nueva EPS.
3.5. Agregó que las medidas eran desproporcionadas y continuaban afectándolo
pese a su desvinculación, y consideró que la tutela cumplía los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, dado que las sanciones y cobros seguían vigentes y
no contaba con otro mecanismo judicial al cual acudir.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE
ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de
desacato proferidos en contra del accionante en su condición de ex colaborador
de NUEVA EPS.
SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE
IVAN OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las
órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato,
así como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir
institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos,
evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi
esfera personal.
TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las
órdenes judiciales.”3
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Por reparto, el conocimiento de la solicitud de amparo correspondió a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que, mediante auto del 1.º de junio de 2026 4, requirió
al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga para que precisara si sus reproches se
dirigían contra las decisiones adoptadas en los incidentes de desacato en los que
se le impusieron sanciones de arresto y multa, las actuaciones adelantadas en los
procesos de cobro coactivo iniciados para hacerlas efectivas o ambos asuntos.
5.2. Posteriormente, mediante auto del 24 de junio de 20265, la Sección Cuarta
requirió por segunda vez al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga para que
individualizara los procesos de tutela objeto de cuestionamiento y señalara,
3 Folios 9 y 10 del certificado 029C1C35F85EDE54 9574A954E9E62A31 8BE94E9BB123499A
889BBDED6EBEF18C, índice 2.
4 Obra en el certificado 2D0D09430E3EF918 8298974AAA458987 FF3EFDC8C3E0678F F069138773D360D9,
índice 4 del expediente 11001031500020260401700.
5 Obra en el certificado 710ED2E58898DD9B D51397A0B257E4E4 CD013E9CA084DD74
865BF8AA92C736F8, índice 2.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
respecto de cada uno, la autoridad judicial que profirió la decisión, el número de
radicación y la providencia cuestionada, información que debía allegar de forma
clara, precisa y consolidada.
5.3. Mediante auto del 8 de julio de 20266, la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ordenó el desglose de la acción de
tutela presentada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al advertir que los
cuestionamientos recaían sobre sanciones impuestas en múltiples procesos de
tutela autónomos e independientes, cuyo estudio debía realizarse de manera
individual y tramitarse por separado.
5.4. Por medio del auto del 15 de julio de 20267, el Despacho ponente admitió la
acción y ordenó notificar, en calidad de accionadas, al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Ibagué, la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de
Salud, Nueva EPS S.A. y el agente interventor de esta última entidad. Asimismo,
dispuso vincular como terceros con interés al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Ibagué, autoridad que resolvió el grado jurisdiccional de consulta de la sanción por
desacato impuesta al accionante8.
5.5. Además, se precisó que su conocimiento se circunscribía a la sanción por
desacato impuesta por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, dentro del
radicado 73001-40-03-002-2025-00073-00.
5.6. El Consejo Superior de la Judicatura9 solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación del
trámite constitucional. Explicó que sus funciones, como órgano de gobierno y
administración de la Rama Judicial, son de naturaleza administrativa y están
orientadas a la definición de políticas y directrices generales, mientras que la
ejecución de las actividades administrativas corresponde a la Dirección Ejecutiva de
6 Obra en el certificado 663EC54A5E3729B1 BC8DE801690BE9B3 89E5B04876FC541B
98C56682AD87B817, índice 2.
7 Obra en el certificado FE1371F02F75D65A 1CBC500685BD9811 B768F9AF8A49F73C
D003D117BEBBF056, índice 4.
8 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
9 Obra en el certificado 20B0841C83193EF1 E744E0687FA79731 F3C31A55A644ED38 B3992FC120E73DAA,
índice 15.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Administración Judicial y a sus direcciones seccionales, las cuales ejercen sus
competencias de manera independiente.
Precisó que los procesos de cobro coactivo derivados de decisiones judiciales son
adelantados por la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial o por la respectiva Dirección Seccional, según corresponda,
por lo que son esas autoridades las que tienen aptitud legal para responder por las
actuaciones cuestionadas por el accionante.
5.7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ10 solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela respecto de esa entidad, por falta de
legitimación material en la causa por pasiva. Como fundamento, explicó que,
aunque corresponde inicialmente al accionante identificar la autoridad responsable
de la presunta vulneración, el juez constitucional, en aplicación de los principios de
informalidad, oficiosidad y pro actione, debe integrar adecuadamente el
contradictorio cuando la información suministrada resulte insuficiente o ambigua.
Señaló que el proceso de cobro coactivo del accionante se tramita ante la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué y que aquel no presentó ninguna
solicitud ante la DEAJ; por ello, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva y desvincularla del trámite.
Finalmente, en escrito aparte11, solicitó acumular las acciones de tutela promovidas
por Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al considerar que contienen hechos y
pretensiones idénticos, dirigidos al levantamiento de las sanciones de arresto y
multa impuestas en incidentes de desacato relacionados con su anterior vinculación
como gerente zonal de la Nueva EPS.
5.8. La Policía Metropolitana de Ibagué12 sostuvo que no intervino en el trámite de
los incidentes de desacato, ni impuso las sanciones cuestionadas o determinó la
responsabilidad del accionante, pues su actuación se limita a ejecutar las órdenes
judiciales que le sean comunicadas. Afirmó que carece de competencia para revisar,
10 Obra en el certificado A784930D98B594A9 42ED93C9F8CFC55F 4BC86216FA1AD040
A2529C69F5547F36, índice 18.
11 Obra en el certificado 8D532A12821199B0 B14B13A832AF53AD F738F2F00393B8BF
3D36126849E8EBD2, índice 13.
12 Obra en el certificado 1BDD03BFECB4A91D A3B7BA426FDEB267 53BB208C7746BECE
79D1C06639A6FAFB, índice 16.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
suspender, modificar o levantar las medidas de arresto y multa, facultad reservada
a las autoridades judiciales, por lo que no le resulta atribuible ninguna acción u
omisión vulneradora de derechos fundamentales.
En consecuencia, solicitó desestimar las pretensiones formuladas en su contra y
disponer su desvinculación; subsidiariamente, pidió que cualquier orden se limite
estrictamente a sus competencias constitucionales y legales.
5.9. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué13 indicó que se atiene a lo
actuado dentro del referido proceso, sin formular argumentos adicionales frente a
las pretensiones de la presente acción constitucional.
5.10. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué remitió copia del expediente
73001-40-03-002-2025-00073-0014; sin embargo, no presentó informe.
5.11. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué15 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y desvincularla del trámite, al considerar que no
incurrió en ninguna acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales
del accionante. Explicó que el proceso de cobro coactivo se inició con fundamento
en la multa de $2.847.000 impuesta por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Ibagué dentro del incidente de desacato y que dicha providencia, una vez
ejecutoriada y remitida a la oficina competente, constituía título ejecutivo suficiente
para adelantar el recaudo. Añadió que el trámite se encuentra vigente y que la
actuación administrativa se adelantó conforme al marco legal aplicable al cobro
coactivo.
Sostuvo, además, que el accionante tuvo oportunidad de ejercer su defensa y
contradicción dentro del incidente de desacato y que las autoridades judiciales
concluyeron que no existía justificación para el incumplimiento de la orden de tutela.
Precisó que la Oficina de Cobro Coactivo carece de competencia para inaplicar,
revocar o dejar sin efectos la multa, pues debe ejecutar las sanciones mientras
permanezcan vigentes, de modo que cualquier cuestionamiento sobre su legalidad
13 Obra en el certificado 9177446969B3DED8 5B9E0A2A90C641C0 7A9186162049E4C4
099527B5AAF510C8, índice 10.
14 Obra en el certificado 6490B53BFD915157 E3E63DFA695F853F 17E53B6231D1B373
A65BE17A8A5283EC, índice 11.
15 Obra en el certificado 04330B89D1B42CE0 F217A9876E50BE2B A4E631E5BCFCF997
560B7A3D30D80072, índice 17.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
debe plantearse ante el juez que la impuso y no mediante la tutela como una tercera
instancia.
5.12. La Superintendencia Nacional de Salud16 solicitó declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación del
trámite constitucional, al considerar que la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante no deriva de una acción u omisión
atribuible a esa entidad. Explicó que los hechos que motivaron la tutela se
relacionan con las sanciones impuestas al actor con ocasión de incidentes de
desacato promovidos contra Nueva EPS y con las medidas adoptadas sobre sus
bienes, asuntos respecto de los cuales carece de competencia para emitir un
pronunciamiento de fondo.
Asimismo, precisó que no ostenta la calidad de superior jerárquico de Nueva EPS
ni del Agente Especial Interventor designado en el marco de la intervención forzosa
administrativa, quien actúa con autonomía e independencia y ejerce la
representación legal de la entidad intervenida, siendo responsable de sus
actuaciones y decisiones.
5.13. La Nueva EPS17 cuestionó el desglose de la acción de tutela en procesos
independientes, pues afirmó que el accionante presentó una única solicitud de
amparo contra las sanciones y actuaciones de cobro derivadas de 132 incidentes
de desacato; por tanto, sostuvo que la pluralidad de providencias cuestionadas
exigía un análisis individual dentro de un mismo trámite, pero no autorizaba su
fraccionamiento y nuevo reparto, dado que ello desconoce el principio de
inescindibilidad de la tutela y afecta la economía, celeridad, eficacia, así como los
derechos de defensa y contradicción.
Asimismo, manifestó que recibe un elevado número de tutelas e incidentes de
desacato y que el represamiento de notificaciones, la gestión manual de la
información y la insuficiencia de capacidad humana generaron inconsistencias en
sus registros. Indicó que, desde el 23 de febrero de 2026, comenzó a sistematizar
la información relacionada con sanciones mediante la plataforma SITI y refirió la
16 Obra en el certificado 175345A18B8CB588 DF6DB799D8BBE0F9 65D258188FED5ECD
2D5D5BCCEDD3E93C, índice 21.
17 Obra en el certificado B4A9796A498A7419 42B32367C5EA15C8 26F11049E9CF6AE8
C6DF63A14C773843, índice 19.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
existencia aproximada de más de 37.000 sanciones vigentes; con fundamento en
ello, afirmó que no podía atender de manera particular, simultánea e inmediata
todas las actuaciones, pues cada una requería verificar el cumplimiento de la orden,
coordinar las áreas correspondientes, recaudar información y efectuar el respectivo
seguimiento.
De otra parte, señaló que, si bien Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su condición de
Gerente Zonal Tolima, ejerció funciones de dirección relacionadas con la operación
administrativa y de salud de la entidad, por lo que su participación no podía
considerarse meramente nominal ni completamente ajena a las situaciones que
dieron lugar a la judicialización de las necesidades de los usuarios; sin embargo,
esa circunstancia no permitía concluir, de manera automática, que contara en todos
los casos con autonomía presupuestal, facultades de contratación o capacidad
directa para ejecutar las órdenes judiciales.
En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad por desacato debía analizarse
individualmente, atendiendo las funciones realmente ejercidas, la capacidad
concreta de cumplimiento, el conocimiento de la orden y la conducta desplegada,
así como su posterior desvinculación laboral, a efectos de establecer si conserva
una posibilidad real y jurídica de cumplir los fallos y si el incumplimiento le resulta
atribuible a título de dolo o culpa.
En consecuencia, solicitó adoptar las medidas necesarias para restablecer la unidad
del trámite y disponer la remisión y acumulación de los expedientes derivados del
desglose al radicado 11001-03-15-000-2026-04017-00, inicialmente asignado a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. De igual forma, pidió no imponer a la Nueva
EPS una gestión individualizada y exclusiva en favor del accionante, al considerar
que ello desconocería la capacidad operativa de la entidad, alteraría el orden de
atención de otras actuaciones semejantes y podría afectar los derechos de otros
colaboradores y excolaboradores sancionados, así como la gestión ordinaria de las
demás actuaciones judiciales y administrativas a su cargo.
5.14. El agente interventor de la Nueva EPS guardó silencio.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por Wilmar
Rodolfo Lozano Parga contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué,
la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud y la Nueva EPS S.A., de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3. Cuestión previa
Respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Superintendencia Nacional de Salud, así como de las solicitudes de desvinculación
formuladas por la Policía Metropolitana y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, la Sala advierte que dichas entidades tienen interés en el
resultado del presente trámite constitucional.
Lo anterior, dado que las pretensiones del accionante están encaminadas al
levantamiento de las sanciones de arresto y multa impuestas en su contra y a dejar
sin efectos las actuaciones derivadas de aquellas, de manera que su eventual
cumplimiento involucra a la Policía Nacional, a las autoridades de la Rama Judicial
encargadas de adelantar y coordinar los procesos de cobro coactivo, dentro de las
cuales se encuentran la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué y el propio Consejo Superior de la
Judicatura en el marco de sus competencias de administración y gobierno de la
Rama Judicial. A su vez, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS y ejerce funciones de
inspección, vigilancia y control sobre dicha entidad.
En consecuencia, se negarán las solicitudes de desvinculación formuladas.
4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad18 y de procedencia19 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”20.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber21: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
18 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
19 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
21 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
especial constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202222, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
5.2. Asimismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en
contra de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio
advertir, además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales”.
5.3. Para la Sala, la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues, aunque el accionante invoca la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, sus argumentos no evidencian, respecto de la
sanción impuesta dentro del radicado 73001-40-03-002-2025-00073-00, un asunto
que trascienda la controversia resuelta por el juez natural.
Ciertamente, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga insiste en que, por la estructura
administrativa de la Nueva EPS y las funciones asignadas a su cargo, carecía de
facultades jurídicas, administrativas y presupuestales para cumplir las órdenes
judiciales; sin embargo, tales planteamientos están dirigidos a obtener una nueva
valoración de su responsabilidad dentro del incidente de desacato, sin identificar
una actuación arbitraria o un defecto de naturaleza constitucional en las
providencias que declararon y confirmaron el incumplimiento.
Es así que la providencia sancionatoria tuvo por acreditados los elementos objetivo
y subjetivo del desacato, pues constató que la Nueva EPS no había garantizado a
la accionante la práctica de la prueba cognitiva, la administración de la prueba
neuropsicológica ni la valoración médica de segunda opinión ordenadas en el fallo
de tutela, y que el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su condición de Gerente
22 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Zonal Tolima, pese a haber sido requerido previamente y vinculado al trámite
incidental, no acreditó gestión alguna encaminada al cumplimiento de dichas
órdenes.
En ese sentido, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué consideró que la
orden judicial era clara, que al incidentado se le había otorgado un término
razonable para informar sobre su acatamiento y que, aun así, guardó silencio y no
demostró actuaciones dirigidas a materializar los servicios de salud ordenados.
A su turno, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué, al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, avaló esa conclusión y estimó demostrado tanto el
incumplimiento objetivo del fallo como la responsabilidad subjetiva del sancionado,
al advertir que no se acreditó la prestación de los servicios ordenados ni gestión
alguna del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga tendiente a su cumplimiento, pese
a haber sido notificado en el correo dispuesto para tal fin. Asimismo, consideró que
durante el trámite incidental se respetaron sus derechos de defensa y debido
proceso y que la sanción de dos días de arresto y multa de dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes resultaba proporcional al incumplimiento verificado,
conforme se advierte de los apartes pertinentes que se transcriben a continuación:
“DEL INCUMPLIMIENTO.
Respecto al incumplimiento alegado por la parte accionante, se tiene que,
mediante el fallo de tutela ya mencionado se ordenó a la accionada procediera
a suministrar tratamiento integral y al ser requerido frente a la prestación de los
servicios de salud de "PRUEBA COGNITIVA; y ADMINISTRACION
[APLICACION] DE PRUEBA NEUROPSICOLOGICA (CUALQUIER TIPO)", ni
tampoco se le ha garantizado VALORACIÓN MÉDICA (SEGUNDA OPINIÓN
MÉDICA), para que sea el profesional idóneo, el que determine con ocasión a
su autonomía, ética y criterio profesional, su ingreso al PAD (Plan de Atención
Domiciliaria), emitiendo las órdenes médicas a que haya lugar, la accionada y
el incidentado no demostraron haberlo hecho razón por la cual se tuvo por
probado el elemento objetivo del desacato.
Igualmente, encontró demostrado el elemento subjetivo, pues pese a que la
orden de tutela fue clara y pese a habérsele otorgado un término razonable al
incidentado para informar el cumplimiento este no demostró haber gestionado
el servicio médico requerido, pese a que se le notificó el correo dispuesto para
tal fin. Así las cosas, el a quo determinó en debida forma que el elemento
subjetivo del desacato se había configurado decisión que se avala en esta
instancia bajo los mismos argumentos de la primera instancia.
DE LA SANCIÓN IMPUESTA.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
El segundo aspecto a evaluar en el grado de consulta es el atinente a la sanción
impuesta.
Sobre el particular, se avizora que la misma se encuentra ajustada a derecho,
toda vez que se impuso dentro del espectro que otorga lo establecido en el
decreto 2591 de 1991 respetando además las garantías constitucionales del
sancionado en especial el derecho de defensa y debido proceso.
En efecto, al revisar el expediente, se observa que a la incidentada se le requirió
previamente a la apertura del incidente, para que indicara si había dado
cumplimiento al fallo de tutela cuyo incumplimiento se deprecaba, término
dentro del cual no demostró el cumplimiento del fallo de tutela, al correrse
traslado del desacato, se hizo a los correos dispuestos para tal fin del accionado
por lo que se estima que se garantizó el derecho a la defensa de las partes.
Respecto a la sanción impuesta, se tiene que se encuentra dentro de los límites
otorgados por la norma puesto que se sancionó con 2 días de arresto y 2
SMLMV de multa lo que se considera proporcionado al incumplimiento23”.
(Negrillas fuera del texto).
5.4. Ahora, el accionante afirma que las decisiones administrativas, presupuestales
y operativas se encontraban centralizadas en la sede principal de la Nueva EPS y
que su cargo no comprendía facultades para autorizar servicios, contratar
prestadores o disponer recursos. Sin embargo, no explicó por qué la atribución de
responsabilidad efectuada por el juzgado accionado carecía de sustento jurídico o
probatorio, ni confrontó la conclusión según la cual permaneció en silencio durante
el trámite y no acreditó gestión alguna encaminada al cumplimiento de las órdenes
impartidas en este asunto específico.
Tampoco precisó de qué manera la intervención y la crisis estructural de la entidad
le impidieron realizar las labores de coordinación territorial que el juez natural estimó
comprendidas dentro de sus funciones, pues se limitó a invocar esas circunstancias
de manera general, sin relacionarlas con las órdenes impartidas en el asunto objeto
de examen ni con alguna actuación concreta desplegada para procurar su
cumplimiento.
5.5. En todo caso, correspondía al accionante acudir ante el juez natural que impuso
la sanción y solicitarle que examinara la incidencia de la crisis estructural y de la
intervención administrativa de la Nueva EPS, así como de su alegada imposibilidad
funcional y material, en el cumplimiento de las órdenes judiciales, toda vez que dicha
autoridad conserva la competencia para verificar el acatamiento del fallo y
23 Folios 11 y 12 del certificado B406D799A0A78550 17916395854BE3BD 44731B7B5DA731E3
37BE6D3112FB622F, índice 17.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
determinar, atendiendo las particularidades del caso, si las medidas de desacato
continúan siendo procedentes, necesarias y proporcionales o si existen razones que
justifiquen su modulación, suspensión o levantamiento.
Entendimiento que se acompasa con lo expuesto por esta Subsección en sentencia
del 30 de enero de 2026, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-
03924-01, al resolver un asunto que, si bien no guardaba identidad fáctica con el
presente, planteaba una controversia semejante, pues allí se pretendía suspender
integralmente la ejecución de las sanciones de arresto y multa decretadas en
distintos incidentes de desacato a distintos funcionarios de la Nueva EPS, incluidas
aquellas impuestas a quien promovió esta acción constitucional, oportunidad en la
que se expuso:
“Desde esta perspectiva, para la Sala dichas decisiones no traslada ni
relativizan la naturaleza del derecho para privilegiar derechos individuales de
los funcionarios sancionados por el incumplimiento de fallos de tutela. En
efecto, las fallas estructurales del sistema no pueden generan otro agravante
traducido en la imposición de barreras (ahora judiciales) para el ejercicio y
activación del incidente de desacato, máxime cuando la salud mantiene su
carácter de fundamental, exigible de manera inmediata.
“En concordancia con lo expuesto, resulta relevante precisar que el incidente
de desacato se promueve a solicitud de parte, surge del incumplimiento de una
orden de tutela y se inscribe dentro de las potestades disciplinarias del juez
constitucional . Se trata de un procedimiento especial cuyo propósito no es
punitivo, sino persuasivo, orientado a inducir el cumplimiento efectivo de lo
ordenado en el fallo de tutela, y que debe adelantarse con pleno respeto del
debido proceso, dada su estrecha vinculación con el ejercicio de facultades
sancionatorias.
En este marco, los funcionarios obligados al cumplimiento de la orden cuentan
con un trámite incidental estructurado en diversas etapas que les permite
acreditar el cumplimiento, exponerlas razones que lo han impedido o justificar
eventuales retrasos. La imposición de sanciones no opera de manera
automática, sino que depende de la valoración judicial sobre la conducta
desplegada, la posibilidad real de ejecución y las explicaciones aportadas por
el incidentado, en el marco del incidente mismo.
Así, frente a cada decisión de tutela, el presunto incumplido dispone de
la oportunidad procesal para presentar argumentos, pruebas y evidencias
que justifiquen la inejecución de la orden, así como para solicitar ajustes
razonables o ampliaciones del plazo inicialmente concedido.
Lo anterior desvirtúa la alegada urgencia invocada en la acción de tutela y
evidencia que el ordenamiento ya prevé mecanismos idóneos para valorar la
procedencia, necesidad y proporcionalidad de las sanciones por desacato, sin
17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
que resulte necesario suspenderlas de manera generalizada.24” (Negrillas fuera
del texto).
Ahora, aun cuando, con posterioridad a la imposición de la sanción por desacato, el
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga solicitó al juez natural la inaplicación de las
sanciones, lo cierto es que sustentó esa petición en que su vínculo laboral con la
Nueva EPS había finalizado el 3 de octubre de 2025 y que, a partir de entonces, se
encontraba en imposibilidad física, material, jurídica y funcional de continuar
gestionando el cumplimiento de las órdenes de tutela. Por lo tanto, sostuvo que la
responsabilidad debía trasladarse a quienes actualmente ejercieran las funciones
correspondientes dentro de la entidad.
Sin embargo, en esa actuación no planteó, en los términos que ahora formula en
sede de tutela, que durante el trámite incidental careciera, por la estructura
administrativa y operativa de la Nueva EPS, de las facultades jurídicas,
administrativas o presupuestales necesarias para cumplir las órdenes judiciales, ni
controvirtió específicamente la valoración efectuada por los jueces acerca de su
responsabilidad al momento en que se produjo el incumplimiento.
Por consiguiente, no puede atribuir un defecto a las providencias cuestionadas por
no haber examinado argumentos que omitió plantear oportunamente, ni acudir a la
acción de tutela para introducirlos por primera vez y obtener una nueva valoración
de su responsabilidad. Admitir lo contrario supondría desplazar la competencia del
juez encargado del cumplimiento y convertir el mecanismo de amparo en una
instancia adicional para controvertir las decisiones adoptadas dentro del incidente
de desacato.
Por consiguiente, la solicitud de amparo tampoco satisface el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el accionante no solicitó ante el juez natural la
modulación, suspensión o levantamiento de la sanción exponiendo los reparos
introducidos en sede de tutela, pese a que dicha autoridad conserva la competencia
para adoptar esas determinaciones. Sobre este presupuesto, la Corte
Constitucional ha precisado que la tutela contra providencias judiciales solo procede
cuando el interesado ha agotado los medios de defensa disponibles, salvo que (i) a
24 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 30 de enero de 2026. Rad. 11001-03-
15-000-2025-03924-01. C.P. Adriana Polidura Castillo.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
pesar de existir otros mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la
protección de los derechos fundamentales o (ii) cuando se ejerce para evitar
la causación de un perjuicio irremediable25, circunstancia que no fue acreditada en
el presente asunto.
5.6. Lo anterior no supone desconocer la crisis estructural que afronta la Nueva
EPS, pues la propia entidad, al intervenir en este trámite constitucional, expuso las
dificultades financieras, administrativas y operativas que atraviesa, así como las
limitaciones de su capacidad institucional para atender el elevado volumen de
acciones de tutela, incidentes de desacato y órdenes judiciales relacionadas con la
prestación de los servicios de salud.
Dicha situación también se encuentra documentada en las decisiones adoptadas
por la Superintendencia Nacional de Salud. En efecto, mediante la Resolución
2024160000003012-6 del 3 de abril de 202426, esa autoridad ordenó la toma de
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Nueva EPS y dispuso
su intervención forzosa administrativa; posteriormente, a través de la Resolución
2025320030001956-6 del 2 de abril de 202527, constató que la entidad continuaba
incursa en las causales que originaron la medida y, por ello, resolvió prorrogarla.
Finalmente, mediante la Resolución 2026100000003814-6 del 10 de abril de 202628,
la Superintendencia Nacional de Salud ordenó nuevamente la toma de posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Nueva EPS y su intervención
forzosa administrativa, por el término de un año, al constatar la persistencia de
graves deficiencias financieras, administrativas, operativas y asistenciales.
En particular, advirtió el incumplimiento de las condiciones de capital mínimo,
patrimonio adecuado e inversión de la reserva técnica; el aumento de las
obligaciones con la red prestadora; las fallas en la disponibilidad, suficiencia y
seguimiento de dicha red; las dificultades en la entrega oportuna de medicamentos
25 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.
26 Según consulta efectuada en la página web de la Superintendencia de Salud. Link:
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20
2024160000003012-6%20de%202024.pdf.
27 Según consulta efectuada en la página web de la Superintendencia de Salud. Link:
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20
2025320030001956-6%20de%202025.pdf.
28 Según consulta efectuada en la página web https://consultorsalud.com/wp-
content/uploads/2026/04/Supersalud-oficializo-la-prorroga-de-la-intervencion-de-Nueva-EPS-por-un-ano-
conoce-los-detalles-de-la-Resolucion.pdf.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
e insumos; el incremento de las reclamaciones y acciones judiciales, así como
debilidades estructurales en la gestión de tutelas e incidentes de desacato. Tales
circunstancias evidenciaban, según la autoridad de vigilancia, una situación
financiera crítica que ponía en riesgo la continuidad y oportunidad de los servicios
y, por ende, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de sus afiliados.
Así, las referidas actuaciones administrativas permiten constatar que la crisis de la
Nueva EPS es una situación institucional persistente que no fue superada durante
el primer año de intervención y que exigió la continuidad y el fortalecimiento de las
medidas de control.
Sin embargo, su existencia no comporta la exoneración automática de los
funcionarios sancionados ni determina el levantamiento generalizado de las
medidas de desacato, pues corresponde al juez natural valorar, en cada caso, si
dicha situación incidió efectivamente en la posibilidad material y jurídica de cumplir
la orden, así como las gestiones desplegadas por el obligado para procurar su
acatamiento.
Lo anterior, máxime cuando acceder al levantamiento de las sanciones con
fundamento exclusivo en la crisis estructural de la Nueva EPS conduciría a
neutralizar la eficacia del incidente de desacato, mecanismo judicial previsto para
asegurar el cumplimiento de los fallos de tutela y garantizar a los usuarios el acceso
efectivo a un servicio público esencial.
5.7. Resulta claro, entonces, que el accionante pretende utilizar la acción de tutela
como una instancia adicional, no solo para reabrir el debate sobre su
responsabilidad subjetiva, definido dentro del incidente de desacato radicado
73001-40-03-002-2025-00073-00 y revisado en grado jurisdiccional de consulta,
sino también para obtener directamente el levantamiento de las sanciones de
arresto y multa con fundamento en circunstancias que no puso en conocimiento del
juez natural, desplazando así la competencia que este conserva para verificar el
cumplimiento del fallo y determinar si procede modular, suspender o dejar sin
efectos tales medidas.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
20
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
5.8. En tal virtud, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada29, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del
proceso ordinario30.
6. En lo que respecta a los reproches formulados contra las actuaciones surtidas
dentro de los procesos de cobro coactivo, la Sala advierte que tales
cuestionamientos tampoco pueden ser examinados en esta sede constitucional. En
efecto, las inconformidades relacionadas con la legalidad de las actuaciones
adelantadas, la validez de los actos proferidos y el ejercicio del derecho de defensa
dentro de dichos trámites deben ser planteadas, en primer término, ante la autoridad
competente que los conoce o mediante los mecanismos ordinarios de contradicción
previstos en el respectivo procedimiento. De este modo, la acción de tutela no puede
erigirse en un escenario paralelo para sustituir las competencias atribuidas a las
autoridades encargadas de adelantar los procesos de cobro coactivo, ni para
desplazar los instrumentos ordinarios de defensa judicial y administrativa
establecidos por el legislador.
7. En consecuencia, se declararán improcedentes los cargos del amparo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
29 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
30 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
21
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05383-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la Policía Nacional –
Policía Metropolitana de Ibagué y la Superintendencia Nacional de Salud, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.