Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05420-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05420-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05420-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05420-00
Accionante: Kevin Moncada Casadiego
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Tema: Derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la función
pública. Acción de cumplimiento- parágrafo del artículo 9 de la
Ley 393 de 1997. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Kevin Moncada
Casadiego, en nombre propio, en contra del Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ocaña y del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la función pública mediante el sistema de mérito,
que considera vulnerados con las sentencias del 15 de febrero y del 12 de marzo
de 2026, proferidas dentro de la acción de cumplimiento con radicado 54498-33-33-
001-2026-00021-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 3 de febrero de 2025, le solicitó a la Universidad Francisco de Paula
Santander Seccional Ocaña (UFPSO) información sobre la normatividad interna
aplicable al ingreso, permanencia y retiro de los empleos de su planta de personal
administrativo.
Que mediante Oficio núm. O-DP-DIR-0144 del 11 de marzo de 2025 la Universidad
le indicó que el régimen de carrera aplicable para los empleados públicos no
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docentes de la seccional se rige por el Acuerdo núm. 036 del 17 de abril de 2009,
expedido por el Consejo Superior Universitario.
Que el Acuerdo establece que la «provisión de los empleos de carrera debe
realizarse previo concurso público de méritos (Art. 6º) y determina taxativamente
que los nombramientos en provisionalidad tienen un carácter netamente
excepcional y transitorio, fijando un límite máximo improrrogable de cuatro (4)
meses de duración (Arts. 7º y 8º)».
Que el 11 de marzo de 2025, le pidió a la Universidad que informara sobre los
concursos de méritos adelantados por la Institución. El 3 de abril de ese año, la
entidad respondió que el único concurso público de méritos se realizó el 21 de
diciembre de 1995.
Que de la información entregada por la entidad se logró evidenciar que «de los
treinta y dos (32) cargos que conforman la planta global de personal administrativo
de la UFPSO, treinta y uno (31) cargos se encuentran provistos bajo la figura de
provisionalidad. Esto representa un 96.8% de la planta en total interinidad,
existiendo servidores que superan los 30 años ininterrumpidos en dicha condición
“temporal”».
Que el 12 de agosto de 2025, elevó petición ante el rector de la Universidad, para
constituir la renuencia. El 1º de septiembre de esa anualidad, contestó que, debido
al inicio de una nueva administración, requería un «tiempo prudencial» y que en el
segundo semestre de ese año realizaría estudios técnicos para los concursos,
actuación que jamás se materializó.
Que el 26 de enero de 2026, radicó acción de cumplimiento contra la entidad y el
15 de febrero de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de Ocaña declaró
improcedente el medio de control, considerando que la obligación contenida en el
Acuerdo núm. 036 de 2009 no era actualmente exigible, debido a que el Decreto
Presidencial 391 de 2025 otorgó a las universidades del Estado un plazo de doce
(12) meses, para estructurar sus planes de formalización laboral.
Que el 12 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
confirmó la decisión de primera instancia y adicionalmente dijo, que la orden de
convocar a un concurso público de méritos representa una «"nueva erogación o
gasto público" para la administración que no se encuentra debidamente
presupuestado, aplicando indebidamente la prohibición consagrada en el artículo 9º
de la Ley 393 de 1997».
Considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes
defectos:
• Sustantivo, por concluir que el Decreto Presidencial 391 de 2025 suspendió la
exigibilidad del Acuerdo núm. 036 de 2009 de la UFPSO.
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Alega que el decreto reglamentario no puede suspender, aplazar ni derogar el
mandato general de la carrera administrativa consagrado en el artículo 125 de la
Constitución, ni las disposiciones especiales de la Ley 30 de 1992. Que regula la
gradualidad de nuevas vinculaciones, pero no suspende la exigibilidad de los
concursos de mérito de las plantas administrativas actuales, como lo concluyeron
las autoridades judiciales accionadas.
Que no le asiste razón al Tribunal cuando señaló que convocar concurso de méritos
representa un nuevo gasto que no está presupuestado, en la medida que los 31
cargos administrativos objeto del litigio ya existen en la planta de personal y se
encuentran financiados en el presupuesto ordinario de la UFPSO, la universidad les
cancela mensualmente salarios y prestaciones sociales a los trabajadores en
provisionalidad.
Que convocar a un concurso público de méritos no altera el rubro presupuestal de
nómina de la universidad; pues el costo administrativo de la convocatoria es un
gasto operativo ordinario que las entidades estatales tienen la obligación legal de
prever, y no puede ser usado como una patente de corso para eludir de forma
permanente la carrera administrativa.
• desconocimiento del precedente, porque inaplicaron la línea jurisprudencial
pacífica, uniforme y vinculante de la Corte Constitucional (sentencias C-614 de
2009, SU-446 de 2011 y C-171 de 2012), que establecen que la provisionalidad es
una figura de carácter excepcional, transitoria y de interpretación restrictiva,
diseñada para evitar la parálisis del servicio mientras que se surte el concurso de
méritos. Además, se vulnera el mérito como eje axial del Estado.
• fáctico, porque los despachos accionados tuvieron por probado que la Universidad
no realiza concursos desde 1995 y que la planta está totalmente desnaturalizada;
sin embargo, concluyeron que la obligación no es exigible apoyándose en las meras
promesas administrativas de la demandada.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se dejen sin efectos las sentencias
del 15 de febrero y del 12 de marzo de 2026, proferidas dentro de la acción de
cumplimiento con radicado 54498-33-33-001-2026-00021-00/01; y, en
consecuencia, se ordene a las accionadas proferir una nueva decisión, donde
declaren la prosperidad del medio de control y ordenen a la Universidad el
cumplimiento estricto del Acuerdo núm. 036 de 2009.
De manera subsidiaria, pidió:
«(…) En caso de que este Honorable Consejo de Estado decida asumir
directamente el remedio judicial para garantizar la inmediatez de la protección,
solicito ORDENAR directamente al Rector y Representante Legal de la
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UFPSO (sic) que, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, publique
el cronograma definitivo y la convocatoria pública y abierta de méritos para
proveer de forma definitiva los treinta y un (31) cargos de la planta de personal
administrativo que actualmente se encuentran desnaturalizados bajo la figura
de provisionalidad vencida».
TRÁMITE PROCESAL
El 17 de julio de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Universidad Francisco
de Paula Santander – Seccional Ocaña, como tercero con interés; y, se ordenó
notificar a las partes y al vinculado.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña señaló todas las
actuaciones que se adelantaron dentro de la acción de cumplimiento y aportó copia
del expediente.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander manifestó que la decisión
cuestionada no implicó una «”derogación" o "amnistía"» del Acuerdo 036 de 2009
ni del principio constitucional de carrera, sino la constatación objetiva de que el
Gobierno Nacional, a través del Decreto núm. 391 del 1° de abril de 2025 (artículo
2.5.4.5.6), estableció un plazo legal de doce (12) meses para que las Instituciones
de Educación Superior Oficiales estructuren su Plan de Formalización Laboral,
fijando metas progresivas de avance a 31 de diciembre de 2026 (40%) y a 31 de
diciembre de 2027 (80%).
Que al encontrarse en curso el plazo fijado por el Ejecutivo Nacional para la
estructuración e implementación progresiva de las plantas de personal y sus
correspondientes concursos, no se configuraba un incumplimiento vencido y
exigible por vía del medio de control de cumplimiento.
Que la estructuración, convocatoria, desarrollo y evaluación de un concurso público
de méritos para 31 cargos administrativos no es una mera operación contable
nominativa, sino que representa una erogación presupuestal directa y sustancial en
rubros operativos de la institución pública.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Universidad Francisco de Paula Santander – Seccional Ocaña guardó
silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
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temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
La Sala precisa que la sentencia del 12 de marzo de 2026 será la providencia que
analizará el juez constitucional, pues fue la decisión que puso fin a la acción de
cumplimiento.
La acción de tutela contra la providencia señalada cumple con los requisitos de
procedencia, ya que: a) tiene relevancia constitucional, en la medida en que se
alega la presunta vulneración de los derechos fundamentales por incurrir en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y fáctico y el accionante
argumentó suficientemente la solicitud; b) el actor no cuenta con otro medio de
defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se satisface la inmediatez, pues la acción
se instauró el 14 de julio de 2026, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, la cual ocurrió el 20 de marzo de 2026, teniendo en
cuenta que la notificación fue efectuada por mensaje de datos enviado el 13 del
mismo mes y año; y, d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal encontró que los artículos 6, 7, 8 y 11 del Acuerdo núm. 036 de 2009
contienen mandatos de carácter claro, expreso e imperativo, cuya ejecución no se
encuentra condicionada a la expedición de normas adicionales ni al ejercicio de
amplios márgenes de discrecionalidad administrativa; sino únicamente a la
verificación de circunstancias fácticas objetivas, tales como la existencia de
vacancias definitivas o la prolongación injustificada de nombramientos en
provisionalidad.
Dijo que no puede desconocer que el Gobierno Nacional a través del Decreto núm.
391 del 1º de abril de 2025 estableció unos lineamientos y adoptó un régimen
especial orientado a la formalización laboral en las instituciones de educación
superior estatales u oficiales y el artículo 2.5.4.5.6 señaló el plazo que tienen para
ello.
Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que no es jurídicamente viable afirmar la
configuración de un incumplimiento cierto, actual e inmediato en los términos
exigidos por la Ley 393 de 1997, dado que el decreto presidencial está vigente y
prevé plazos específicos para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con
la provisión definitiva de los cargos dentro de las instituciones.
Trajo a colación, lo manifestado por la Universidad en relación con que ha
experimentado un crecimiento institucional constante, por lo que ha destinado gran
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parte de sus recursos al cumplimiento de su misión, lo que dificulta la apertura de
nuevos procesos de contratación.
Citó una sentencia del Consejo de Estado7 que dispone que es improcedente
imponer el cumplimiento de normas que para lograr su fin generen gastos que no
estén previamente presupuestados.
Conforme a lo expuesto, confirmó la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de cumplimiento y exhortó a la Universidad, para que en
ejercicio de su autonomía universitaria y en observancia de lo establecido por el
Gobierno Nacional en el Decreto 391 de 2025, impulse de forma diligente y gradual
la formulación e implementación de su plan de formalización laboral con el propósito
de asegurar la efectiva aplicación del principio del mérito en la provisión de los
empleos de carrera administrativa.
El accionante alega que el Tribunal incurrió en el defecto sustantivo, por interpretar
que el Decreto 391 de 2025 suspende la exigibilidad de los artículos 6, 7, 8 y 11 del
Acuerdo núm. 036 de 2009 y que exigir el cumplimiento del acuerdo representa un
nuevo gasto que no está presupuestado.
En primer lugar, se observa que en los antecedentes del decreto presidencial se
consagró lo siguiente:
«(…) en las Instituciones de Educación Superior Estatales u Oficiales existen
docentes no adscritos a la carrera que se encuentran vinculados como
profesores ocasionales, profesores catedráticos, así como personal del orden
administrativo en provisionalidad, y otras modalidades de contratación, respecto
de las cuales es necesario organizar un marco normativo que permita armonizar
sus condiciones laborales
(…)
Que para el Ministerio del Trabajo el concepto formalización laboral hace
referencia a las acciones que propician que los empleos y las empresas brinden
condiciones para el bienestar y dignificación de los trabajadores y sus familias,
mientras que para el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
mismo corresponde a un compromiso con el que se pretende cumplir a
pronunciamientos de las Cortes (Sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012),
donde se ha instado al Gobierno para que, quienes trabajen para el Estado, lo
hagan en condiciones de igualdad frente a quienes se encuentran vinculados
como servidores públicos, con criterios meritocráticos y que puedan tener
vocación de permanencia».
El Ministerio de Educación Nacional señaló que «[l]a nueva norma sienta las bases
para que las instituciones de educación superior estatales implementen Planes de
Formalización Laboral priorizando la contratación estable, por carrera administrativa
y mediante concursos de méritos. La meta es reducir progresivamente los vínculos
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 12 de julio de 2004, radicado No.2500023-24-000-2004-
00577-01. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón
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temporales y promover condiciones laborales más justas, equitativas y
sostenibles»8.
De lo anterior, se desprende que la finalidad del Decreto 391 de 2025 es priorizar
la contratación estable en las universidades estatales; de manera que esa norma
no amplía el término de cumplimiento de las obligaciones que consagran los
artículos 6, 7, 8 y 11 del Acuerdo núm. 036 de 2009.
Así las cosas, no le asiste razón al Tribunal cuando aduce que el plazo que
consagra el artículo 2.5.4.5.6 del Decreto 391 de 2025 incide en la exigibilidad de
las disposiciones cuya observancia se pretende a través de la acción de
cumplimiento.
Frente a la indebida aplicación del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, se tiene que la
Corte Constitucional en la Sentencia C 157 de 1998 declaró exequible el parágrafo
de dicha norma que estipula «[l]a [a]cción regulada en la presente Ley no podrá
perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos», con fundamento en
lo siguiente:
«(…) En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el
gasto previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la
partida que en ésta se contempla se ejecute, quebranta el sistema
presupuestal diseñado por el Constituyente, lo mismo que el orden de
competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción de cumplimiento
tiene un campo propio en el que ampliamente puede desplegar su virtualidad».
(negrilla fuera de texto original)
De lo expuesto, es claro que la acción de cumplimiento es improcedente cuando la
exigibilidad de la norma implica un gasto, independientemente de que esté o no
presupuestado.
En ese orden, la Sala considera que la decisión del Tribunal de declarar
improcedente la acción de cumplimiento del Acuerdo 036 de 2009 no incurrió en
los errores que se le endilgan. Si bien le otorgó al Decreto 391 de 2025 un alcance
que no correspondía, lo cierto es que este error no cambia el sentido de la sentencia
cuestionada, pues, aunque la accionada hubiera interpretado en debida forma la
norma, la acción seguiría siendo improcedente por no satisfacer el presupuesto del
parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997.
El actor estima que el Tribunal desatendió sentencias de la Corte Constitucional
que tratan sobre el concurso de méritos y el carácter excepcional de la
provisionalidad.
Al respecto, la Sala encuentra que el objeto del proceso no versó en cuestionar la
regla constitucional del concurso de méritos, sino en verificar el cumplimiento de
8 Ver link https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/423970:Gobierno-expide-decreto-
para-dignificar-el-trabajo-en-universidades-publicas
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los requisitos de procedibilidad del medio de control, de ahí que, las providencias
mencionadas no inciden en la decisión que se adoptó, por lo que no se configura el
defecto de desconocimiento del precedente.
Tampoco se avizora una indebida valoración probatoria, bajo el entendido que la
decisión no se fundó en la negación de la realidad fáctica, sino en que la acción es
improcedente.
En consecuencia, se negará el amparo invocado, porque no se configuraron los
defectos alegados, ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado por el señor Kevin Moncada Casadiego,
conforme a las consideraciones expuestas.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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