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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05423-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05423-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DESVINCULAR a los juzgados administrativos del circuito de Bogotá Cincuenta y Cinco (55), Veinticuatro (24), Veintitrés (23), Siete (7), Cuarenta y Nueve (49), Dieciséis (16), Catorce (14), Cincuenta (50), y a la Policía Nacional. Además, NEGAR la petición de desvinculación para Caja de sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de Función Pública y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. SEGUNDO: MANTENER vinculados como terceros con interés a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo de la Función Pública, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Jairo Elías Conde Urdaneta contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los terceros vinculados por el medio más expedito. QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05423-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: JAIRO ELÍAS CONDE URDANETA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia proferida por alta corte. Improcedente por carecer
de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado judicial, Jairo Elías Conde Urdaneta promovió acción de
tutela contra las providencias que adecuaron el medio de control y remitieron por
competencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B a los jueces
administrativos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-03-25-000-2026-00156-00. A continuación se resumen los
antecedentes del proceso ordinario y luego los fundamentos del escrito de amparo.

Antecedentes del proceso ordinario.

2. El tutelante es coronel en retiro de la Policía Nacional y titular de asignación de
retiro. Nació el 16 de mayo de 1941, por lo que actualmente tiene 85 años de edad.
Sirvió en la Policía Nacional por 34 años y quince días.

3. El actor ejerció demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con acumulación de
pretensiones contra los actos administrativos de carácter general. La demanda se
dirigió contra la Nación-Ministerio de Defensa, Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, (CASUR), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Administrativo de la Función Pública. El tutelante sostiene que la
demanda de nulidad “siempre puso de presente la existencia de pretensiones de
nulidad contra actos administrativos generales expedidos por autoridades del orden
nacional, acumuladas con pretensiones subjetivas de restablecimiento.”1

4. Concretamente solicitó la nulidad del Oficio No. 881828 del 11 de julio de 2024,
mediante el cual CASUR negó reconocer en la asignación de retiro del accionante
el derecho al reajuste del sueldo básico conforme al régimen especial consolidado

1 Folio 2 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: Jairo Elías Conde Urdaneta
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

en virtud de la Ley 42 de 1980, los Decretos Ley 201 y 203 de 1987 y el Decreto
Legislativo 335 de 1992.

5. Adicionalmente, se formularon pretensiones de nulidad contra actos
administrativos generales expedidos por autoridades del orden nacional,
especialmente los decretos salariales de ministros del Despacho desde 1993 en
adelante, así como las expresiones contenidas en los decretos nacionales de la
Fuerza Pública que fijaron los sueldos básicos para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

6. Repartida la demanda en el Consejo de Estado, en auto de 19 de marzo de 2026,
la consejera ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado resolvió adecuar la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, declarar la falta de competencia del Consejo de
Estado y remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Bogotá, en
cumplimiento de lo prescrito por el CPACA, en su artículo 155.2. La decisión fue
objeto de recurso de reposición y en subsidio súplica. En el recurso se alegó que,
en virtud del artículo 165 del CPACA, concretamente del fuero de atracción del juez
de la nulidad, la competencia para conocer la demanda era privativa del Consejo de
Estado conforme al artículo 149 del CPACA, pues parte de las pretensiones versan
sobre la nulidad de actos administrativos de carácter general, y en esa medida
existe una imposibilidad de adecuar la demanda para eliminar la pretensión de
nulidad simple o convertirla en una simple excepción de ilegalidad.

7. Se indicó además que, existe una disparidad de criterio entre la subsección B y
la Subsección A de la Sección Segunda respecto de la posibilidad de acumular
pretensiones. Agregó que remitir el asunto a jueces administrativos que carecen de
competencia para anular decretos nacionales con efectos erga omnes expone al
accionante a un trámite judicial potencialmente inocuo.

8. En auto de 5 de mayo de 2026, consejera ponente de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado no repuso el auto atacado.

9. En auto de 19 de junio de 2026, la misma autoridad resolvió el recurso de súplica
confirmando la decisión de adecuar el medio de control y remitir la demanda a los
jueces administrativos del circuito. El actor sostiene que la autoridad judicial
accionada sustituyó el alcance real de la demanda, redujo las pretensiones
expresas de nulidad de actos generales nacionales a simples argumentos
instrumentales de ilegalidad, y remitió el asunto a jueces que carecen de
competencia para declarar la nulidad general de actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional.

Fundamentos del escrito de amparo

10. Sostuvo que, la remisión del asunto a los juzgados administrativos no constituye
una actuación inocua o de simple reparto. Por el contrario, produce una afectación
real y actual al derecho fundamental al juez natural y al acceso efectivo a la
administración de justicia. Añadió que, el argumento de la autoridad judicial

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: Jairo Elías Conde Urdaneta
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

accionada parte de una premisa aparente correcta: si el asunto tiene interés
individual, el juez administrativo puede conocerlo como nulidad y restablecimiento
del derecho y, eventualmente, valorar los actos generales por vía de excepción de
ilegalidad. “Sin embargo, la práctica judicial demuestra lo contrario. En procesos
sustancialmente análogos, los juzgados administrativos han negado las
pretensiones al sostener que los decretos salariales generales gozan de presunción
de legalidad, que no han sido anulados judicialmente y que su control corresponde
al Consejo de Estado”2.

11. Sostiene que el demandante está atrapado entre dos tesis incompatibles, por
un lado, se le niega el acceso al Consejo de Estado como juez de la nulidad de
actos generales del carácter general, bajo el argumento de que el juez
administrativo puede resolver el litigio individual. Por otro lado, cuando el proceso
llega al juzgado, se le niega el restablecimiento del derecho porque los decretos
generales siguen vigentes, gozan de presunción de legalidad y no han sido retirados
del ordenamiento jurídico. Eso lo lleva a afirmar que la situación es inconstitucional
y exige la intervención del juez del amparo.

12. Mencionó casos, en su criterio, análogos, en los que, se ha producido que, en
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con acumulación de
pretensiones de nulidad, resulta por un juzgado del circuito se han negado las
pretensiones pues, los jueces unipersonales no cuentan con la competencia para
anular actos generales de carácter nacional.

13. Realizó reflexiones dogmáticas sobre la distinción entre nulidad simple, nulidad
y restablecimiento del derecho, y la acumulación de pretensiones de nulidad y
nulidad y restablecimiento del derecho e indicó que existe incertidumbre
jurisprudencial sobre la manera de proceder en estos casos, pues existe
contradicción entre precedentes al interior de las subsecciones de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Por ello, en su criterio, la indefinición debe ser
resuelta por la Sala Plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado.

14. Indicó que las decisiones que adecuaron la demanda con pretensiones de
nulidad a únicamente nulidad y restablecimiento del derecho y la remitieron a los
juzgados administrativos de Bogotá incurrieron en los defectos orgánico, sustantivo,
procedimental, desconocimiento del precedente horizontal y trato desigual,
insuficiente motivación a la solicitud de unificación y violación directa de la
Constitución.

15. Respecto al primer defecto sostuvo que la decisión remite el asunto a juzgados
administrativos pese a que la demanda contiene pretensiones de nulidad contra
actos administrativos generales expedidos por autoridades del orden nacional. Esos
juzgados carecen de la competencia para anular actos de carácter general. El
defecto sustantivo se fundamenta en que, se aplica de manera preferente el artículo
155.2 del CPACA y reduce el litigio a un asunto laboral individual, dejando sin efecto
práctico la regla especial de acumulación y competencia del juez de la nulidad.
Además, se configura porque las providencias censuradas privilegiaron una lectura

2 Folio 5 del escrito de demanda.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: Jairo Elías Conde Urdaneta
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

aislada del artículo 155.2 del CPACA y omitió armonizarla con los artículos 137,
138, 149, 152, 164 y 165 del CPACA.

16. El defecto procedimental se produjo pues los autos cuestionados alteraron el
alcance de la demanda, al convertir las pretensiones expresas de nulidad contra
actos generales nacionales, en argumentos instrumentales orientados únicamente
a la protección de un interés individual. Esa adecuación desnaturaliza la causa
petendi y priva al accionante del control de legalidad general que expresamente
solicitó. El defecto por desconocimiento de precedente horizontal se debe a que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en un caso
sustancialmente análogo, reconoció que la acumulación de nulidad de actos
generales nacionales con restablecimiento activaba la competencia del Consejo de
Estado como juez de la nulidad. La Subsección B fue informada de esa
contradicción y de la necesidad de unificación, pero mantuvo la remisión a juzgados
administrativos.

17. En relación con el defecto de insuficiente motivación sostuvo que se presentó
pues, la parte actora solicitó expresamente la unificación de criterio ante la
contradicción objetiva entre las Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo
de Estado. La respuesta judicial no resolvió de manera suficiente esa advertencia.
La Violación Directa de la Constitución se debe, en criterio del tutelante, pues, el
accionante fue remitido a jueces que no pueden resolver integralmente las
pretensiones formuladas en la demanda, en particular las relacionadas con la
nulidad general de actos administrativos expedidos por autoridades nacionales.

Trámite procesal

18. Repartida la acción de tutela, en auto de 16 de julio se admitió y se notificó a la
entidad accionada y se ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo
de la Función Pública, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), a los
Juzgados Administrativos de Bogotá – Sección Segunda, al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado núm. 11001-
03-25-000-2026-00156-00, en calidad de terceros con interés en las resultas del
proceso. De igual forma, se negó la medida provisional y se reconoció la personería
al abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas, entre otras decisiones.

19. Los juzgados Diez (10)3, Cincuenta y Cinco (55)4, Once (11)5, Veinticuatro
(24)6, Nueve (9)7, Siete (7)8, Cuarenta y nueve (49)9, Dieciséis (16)10, Trece

3 Índice samai 12
4 Índice samai 13
5 Índice Samai 14
6 Índice samai 15.
7 Índice samai 16.
8 Índice samai 20.
9 Índice samai 21
10 Índice samai 22

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: Jairo Elías Conde Urdaneta
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

(13)11, Catorce (14)12, Quince (15)13, Cincuenta y Dos (52)14 y Veintiocho (28)15
administrativos del circuito de Bogotá y la Oficina de apoyo de los juzgados
administrativos de Bogotá16 intervinieron con el fin de indicar cada uno lo siguiente;

20. El Juzgado Diez (10)° indicó que, actualmente no cursa proceso alguno entre
las partes relacionadas en la presente acción constitucional. Se constató que en
este Despacho cursó el proceso con radicado No. 11001-33-31-010-2011-00382-
00, promovido por JAIRO ELÍAS CONDE URDANETA contra la CAJA DE
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR, dentro del cual se
profirió sentencia el 14 de febrero de 2014. Dicho proceso fue archivado desde el
mes de mayo de 2015.

21. El Juzgado Cincuenta y Cinco (55) informó que una vez revisado el aplicativo
SAMAI, no se observa que al Juzgado le haya sido repartida para su conocimiento,
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Jairo
Elías Conde Urdaneta. Solicitó la desvinculación del Juzgado del citado trámite
constitucional.

22. El Juzgado Once (11) Administrativo indicó que, una “vez revisada la
plataforma samai y la base de datos del despacho no se encuentra asignado por
reparto proceso donde actúe como parte el señor JAIRO ELIAS CONDE
URDANETA”.

23. El Juzgado Veinticuatro (24) informó que no ha sido repartido ni remitido para
conocimiento de esa autoridad el proceso ordinario identificado por la parte
accionante, razón adicional por la cual no existe actuación judicial alguna atribuible
a ese despacho que pueda relacionarse con los hechos que fundamentan la
presente acción constitucional. Solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva de este Juzgado y, en consecuencia, se le desvincule de la
presente actuación constitucional.

24. El Juzgado Nueve (9º) Administrativo indicó que no se encontró ningún
proceso que curse en esa dependencia judicial donde obre como parte demandante
o demandado Jairo Elías Conde Urdaneta.

25. El Juzgado Veintitrés (23) intervino con el fin de solicitar la desvinculación del
proceso de tutela por falta de legitimación en la causa, por no haber proferido la
providencia cuestionada.

26. El Juzgado Siete (7) intervino para informar que no tiene incidencia alguna en
las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado, al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del Derecho No. 11001-03-25-000-2026-00156-00 (0665-
2026). Solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional.

11 Índice samai 23
12 Índice samai 30
13 Índice samai 31
14 Índice Samai 33.
15 Índice samai 36
16 Índice samai 18

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: Jairo Elías Conde Urdaneta
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

27. El Juzgado Cuarenta y Nueve (49) Administrativo indicó que no existe reparto
ni ingreso del expediente a conocimiento de esta autoridad judicial, por lo cual, no
es posible informar un estado procesal específico ni reportar actuaciones realizadas
por el despacho dentro del mencionado asunto. Solicita la desvinculación de esta
autoridad judicial del presente trámite de tutela.

28. El Juzgado Dieciséis (16) Administrativo indicó que, no tiene en su
conocimiento el proceso cuestionado. Solicitó su desvinculación. El juzgado 13
indicó que, no se evidencia que en ese juzgado curse o haya cursado proceso
alguno en el que figure como demandante, demandado, accionante o accionado
Jairo Elías Conde Urdaneta.

29. El Juzgado Trece (13) Administrativo de Bogotá informó que, revisadas sus
bases de datos y SAMAI, no cursa ni ha cursado allí proceso alguno en el que figure
Jairo Elías Conde Urdaneta.

30. El Juzgado Cincuenta (50) Administrativo indicó que carece de legitimación
en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.

31. La oficina de reparto de los juzgados administrativos del circuito de
Bogotá informó que el proceso iniciado por el tutelante fue repartido al juzgado 52
administrativo de Bogotá.

32. El Juzgado Catorce (14) Administrativo indicó que el proceso que llevó a la
decisión cuestionada no fue proferido por esa autoridad judicial, motivo por el cual,
solicitó la desvinculación.

33. El Juzgado Quince (15) Administrativo indicó que el proceso cuestionado no
es objeto de su conocimiento.

34. El Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo solicitó que se declare
improcedente el amparo por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional
ya que se trata de una discusión interpretativa de orden legal que no tiene
trascendencia en el ámbito de los derechos fundamentales.

35. El Juzgado Veintiocho (28) Administrativo indicó que no ha tenido
intervención alguna en el asunto objeto de controversia constitucional, por tal razón
no ha desconocido ningún derecho fundamental al accionante.

36. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó su desvinculación por
carecer de legitimación en la causa por pasiva17.

37. El apoderado del Departamento Administrativo de la Función Pública18
solicitó negar el amparo, pues las providencias judiciales fueron proferidas
respetando las normas sustantivas que regulan la materia. Además, señaló que esa

17 Índice samai 24.
18 Índice samai 34.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: Jairo Elías Conde Urdaneta
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

entidad no había desplegado conducta alguna vulneradora de los derechos
invocados y, por ello, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

38. El Procurador judicial de la sección segunda19 intervino con el fin de solicitar
negar las pretensiones, pues no existió vulneración sin perjuicio de que se exhorte
la unificación del criterio sobre la competencia funcional de las demandas que
acumulan pretensiones de nulidad de actos generales con pretensiones de nulidad
y restablecimiento del derecho.

39. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado20 remitió la
copia del expediente con radicado 11001-03-25-000-2026-00156-00.

40. La consejera Elizabet Becerra Cornejo21 intervino con el fin de indicar que, los
proveídos cuestionados no restringieron ni obstaculizaron el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia del demandante; por el contrario,
estuvieron encaminados a garantizar que la controversia fuera conocida por el juez
legalmente competente, en observancia de las reglas de competencia previstas por
el legislador y del principio del juez natural, garantía que integra el contenido
esencial del derecho al debido proceso. Los autos acusados no negaron ni
rechazaron la demanda, ni privaron al actor de obtener una decisión judicial sobre
el fondo de sus pretensiones; en cambio, dispusieron la continuación del proceso
ante el juez que, conforme a la distribución legal de competencias, debía conocer
de la controversia. Agregó que, aceptar la tesis del demandante conduciría a que la
sola incorporación de pretensiones de nulidad respecto de actos generales bastaría
para desplazar la competencia legalmente asignada a los jueces administrativos en
todos los litigios laborales de carácter subjetivo, dejando la determinación del juez
competente a su arbitrio y no al legislador. En consecuencia, la inconformidad del
accionante no revela la configuración de un defecto constitucional, sino una
discrepancia con la interpretación efectuada por la autoridad judicial acerca del
medio de control procedente y del juez competente para conocer de la controversia,
máxime cuando la Constitución Política no garantiza el acceso a un juez
determinado por la preferencia del demandante, sino al juez previamente
establecido por la ley. Solicitó desestimar el amparo.

41. El consejero de Estado Enrique Bedoya Escobar22, ponente de la providencia
que resolvió el recurso de súplica, solicitó negar el amparo invocado, toda vez que
la providencia objeto de la presente acción fue proferida con plena observancia del
debido proceso, se encuentra debidamente motivada y no incurre en ninguno de los
defectos excepcionales que hacen procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales.

42. La asesora del sector defensa de la Policía Nacional23 indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva pues no profirió las providencias cuestionadas
y solicitó su desvinculación.

19 Índice samai 26.
20 Índice samai 17.
21 Índice samai 27.
22 Índice samai 28.
23 Índice samai 37.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: Jairo Elías Conde Urdaneta
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

43. La Presidencia de la República24 solicitó desvincular a esa entidad por carecer
de legitimación en la causa por pasiva, se declare improcedente el amparo por
inexistencia de acción u omisión imputable al departamento administrativo de
Presidencia o que, subsidiariamente, se nieguen las pretensiones.

44. CASUR25 indicó que no se produjo vulneración del derecho y que en todo caso
carece de legitimación en la causa por pasiva, y solicitó su desvinculación del
proceso.

45. El apoderado de la parte accionante26 remitió un memorial a través del cual
relaciona los informes de tutela e indica sobre la existencia de una divergencia
interpretativa estructural. Por lo que debía presentarse una decisión constitucional
de fondo.

CONSIDERACIONES
Competencia

46. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

47. El 12 de marzo de 2026, el actor promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Defensa y otros. En auto
de 19 marzo de 2026, la consejera ponente de la subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado adecuó la demanda interpuesta por Jairo Elías
Conde Urdaneta en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional; Caja de
Sueldo de Retiro de la Policía Nacional; Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
el Departamento Administrativo de la Función Pública, al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Además, declaró la falta de competencia del
Consejo de Estado para conocer en única instancia del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho interpuesto por Jairo Elías Conde Urdaneta y remitió
el expediente a los juzgados administrativos.

48. En auto de 5 de mayo de 2026 se confirmó la providencia en sede de reposición
al igual que en el auto de 19 de junio de 2026, en sede de recurso de súplica.

49. En criterio de las autoridades judiciales accionadas, la demanda del actor
contiene pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y nulidad simple
de actos de carácter general. Sin embargo, verificaron que la situación se adecua
al parágrafo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, conforme a la cual, en casos
de demandas de nulidad “si de la demanda se desprendiere que se persigue el

24 Índice samai 39.
25 Índice samai 41.
26 Índice samai 35.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: Jairo Elías Conde Urdaneta
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del
artículo siguiente” es decir, el trámite de la nulidad y restablecimiento del derecho.

50. En esa medida, como primer problema jurídico, se debe establecer si la acción
de tutela satisface las causales generales de procedencia, atendiendo a que se trata
de un ataque a un auto de 19 de junio de 2026 que resolvió el recurso de súplica
contra el auto de 19 de marzo del mismo año y que había sido confirmado en sede
de reposición en providencia de 5 de mayo, que adecuó el medio de control a la
nulidad y restablecimiento del derecho, y que remitió el proceso a los juzgados
administrativos para que se inicie el proceso de admisión.

51. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, en primer lugar, se reiterará
el precedente sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales de Alta Corte, y se resolverá en el caso concreto, si se cumplen los
requisitos.

Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por altas cortes

52. En precedente de unificación de la Corte Constitucional27 se ha señalado que,
una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una alta corte
debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en
un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia. Al respecto, la Corte ha señalado que, en
estos eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”28. Por lo tanto:

“(…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias
judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad que contraría
abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la
intervención urgente del juez de tutela”

53. En sentencia T-202 de 2025, la Corte Constitucional recordó la especial y
exigente carga argumentativa que debe satisfacer una acción de tutela dirigida
contra una alta corte. Señaló que, el tutelante debe hacer un esfuerzo especial en
señalar en qué defectos específicos (sustantivo, fáctico, procedimental, orgánico,
desconocimiento del precedente, violación directa a la constitución, entre otros), con
el fin de evidenciar la manera en la que la providencia de manera protuberante y
ostensible afecta derechos fundamentales. Se reiteró que, al tratarse de una acción
de tutela contra una sentencia de una alta Corporación, como sucede con el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, esta corporación ha indicado,
entre otros en los fallos SU-573 de 2019, SU-257 de 2021, SU-215 de 2022, SU-
269 de 2023 y SU-451 de 2024, que el examen de procedencia debe realizarse de
forma más rigurosa o estricta. Eso no significa que la tutela no sea procedente, sino

27 Cfr. SU-128 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-495 de 2024 (Juan Carlos Cortes
González), -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo), SU-050
de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), y SU-167 de 2024 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
28 Cfr. SU-209 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05423-00
Accionante: Jairo Elías Conde Urdaneta
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

que en la evaluación adoptada por el juez constitucional tiene que considerarse una
argumentación cualificada, dada la importancia y el rol que cumplen los órganos de
cierre de cada jurisdicción dentro del sistema judicial. De esta manera, cuando la
tutela se dirige contra una decisión expedida por una alta Corte, “además de cumplir
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y con los
especiales de procedibilidad contra providencias judiciales, se debe acreditar una
irregularidad que contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal
manera que amerite la intervención urgente del juez de tutela”29.

54. Además de una carga argumentativa especialmente exigente que, evidencie
una contradicción objetiva entre preceptos constitucionales y la decisión judicial, el
tutelante debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal
decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7)
que no se ataquen sentencias de tutela30.

55. Respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte31 ha indicado que
existen peticiones de amparo que por su contenido, justificación y pretensiones
carecen de relevancia. Esto se predica de aquellas peticiones de amparo que, en
lugar de cuestionar la validez de la decisión judicial, utilizan el medio constitucional
para plantear diferencias respecto a un especifico contenido de un fallo o
interpretaciones alternativas al material probatorio, pero en realidad no muestran
que la decisión adolezca de un requisito esencial para su validez. Se afirma que en
esos eventos acude a la acción de tutela como una tercera instancia.

56. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos
de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”.

57. La SU-128 de 2021 precisó que, no es suficiente con que la parte actora alegue
la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título de ejemplo se
ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional cuando: “la discusión
se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que
de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales”.

58. Las providencias de unificación citadas han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente

29 Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021.
30 Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre

otras.
31 SU-033 de 2018, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

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económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

59. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.

Análisis del caso concreto

Legitimación en la causa

60. El departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Policía
Nacional, la Caja de sueldos de retiro de la policía nacional (Casur), el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y los juzgados administrativos del circuito de Bogotá
Cincuenta y Cinco (55), veinticuatro (24), veintitrés (23), Siete (7), Cuarenta y Nueve
(49), Catorce (14), Dieciséis (16), Cincuenta (50) solicitaron su desvinculación del
trámite del amparo por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

61. El artículo 10 y 13 del decreto 2591 de 1991 prescribe que deben concurrir al
proceso de tutela aquellas personas que puedan verse afectadas por el fallo de
amparo. En esa medida, se debe desvincular a los juzgados administrativos del
circuito de Bogotá Cincuenta y Cinco (55), Veinticuatro (24), Veintitrés (23), Siete
(7), Cuarenta y Nueve (49), Dieciséis (16), Catorce (14) y Cincuenta (50), tal como
lo solicitaron. En el caso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Casa de
sueldos de retiro de la Policía Nacional (CASUR), y el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República si deben participar del proceso de tutela, pues la
demanda de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho que llevó a las
providencias atacadas fueron promovida por el tutelante contra el Caja de sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Departamento Administrativo de Función Pública. Se desvinculará la Policía
Nacional, pues además de que lo solicitó, no fue demandada dentro del proceso
judicial ordinario.

Relevancia constitucional

62. En el caso concreto, los defectos invocados por el actor carecen de relevancia
constitucional en los términos jurisprudenciales indicados en la parte considerativa
de la decisión, especialmente, teniendo en cuenta que se trata de un ataque a
providencias judiciales proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

63. Como se acaba de indicar, respecto de las providencias proferidas por una Alta
Corte, en sede de amparo, el actor tiene el deber de ofrecer una carga
argumentativa que muestre una arbitrariedad protuberante en la decisión judicial del
órgano de cierre. En la providencia cuestionada de 19 de junio y en la que se
confirmó el auto de 19 de marzo de 2026, se verificó que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el actor, además buscaba la nulidad de
actos de carácter general, motivo por el cual, el despacho sustanciador de la
decisión, adecuó el medio de control pues concluyó que era una demanda de

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nulidad y restablecimiento del derecho, con pretensión de nulidad de actos
generales, pero de la cual se deriva el restablecimiento automático del derecho, lo
que llevó a aplicar el parágrafo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

64. La norma citada indica que, en casos de demandas de nulidad de actos de
carácter general, “Si de la demanda se desprendiere que se persigue el
restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del
artículo siguiente”, esto es, de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. En punto a la acumulación de pretensiones de nulidad simple y de nulidad
y restablecimiento del derecho, el auto de 19 de marzo de 2026 indicó:

“Asimismo, el despacho estima pertinente destacar que el abogado Juan Carlos
Arciniegas Rojas, quien formuló la presente demanda, también ha instaurado
diversos medios de control ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con
el mismo propósito, esto es, la reliquidación de asignaciones de retiro,
acumulando pretensiones de nulidad simple y de restablecimiento del derecho.
Dichos procesos, por las razones aquí expuestas, fueron remitidos a los
Juzgados Administrativos de Bogotá, conforme al mismo criterio que se adopta
en esta providencia”

65. La providencia hizo referencia a varios casos (5 procesos), en los que, en
idénticas circunstancias, los procesos contencioso-administrativos surtieron la
primera instancia en los juzgados administrativos del circuito. Las providencias que
resolvieron el recurso de reposición y de súplica confirmaron la misma tesis, es
decir, que debe aplicarse el parágrafo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 y en
esa medida debe tramitarse como nulidad y restablecimiento ante los jueces del
circuito. En esa medida, a juicio de esta Sala la decisión, en sede de tutela, no
avizora la arbitrariedad protuberante que exige el examen de la procedencia formal
de la tutela contra providencias de Alta Corte, por el contrario, desde una
perspectiva constitucional, las decisiones atacadas se vislumbran razonable y
resultado de la aplicación de una línea interpretativa por la Subsección B.

66. Las decisiones explicaron las razones por las cuales, conforme al CPACA, en
casos de demanda de nulidad contra actos de carácter general, cuya consecuencia
es el restablecimiento automático del derecho, debe tramitarse como un proceso de
nulidad y restablecimiento regulado por el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

67. El actor sostiene que, los juzgados administrativos del circuito no tienen la
competencia para anular actos administrativos de carácter general, motivo por el
cual, las pretensiones de su demanda están llamadas a ser descartadas. No
obstante, eso no es argumento de constitucionalidad en sede de amparo, pues la
eventualidad de las resultas de un proceso judicial no tiene el alcance para ser
fundamento de una causal específica de procedencia de tutela contra providencia.
Con base en eventualidades, suposiciones o hipotéticos resultados de un proceso
judicial no puede construirse un defecto específico de procedencia.

68. Aunque el actor sostiene que el juez administrativo carece de competencia para
declarar, con efectos generales, la nulidad de decretos nacionales, las providencias
cuestionadas interpretaron que las pretensiones formuladas perseguían, en
realidad, el restablecimiento automático de una situación individual y que, por ello,

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debían tramitarse conforme al artículo 138 del CPACA. La tutela no demuestra que
esa caracterización sea manifiestamente incompatible con el contenido objetivo de
la demanda ni que deje al actor sin una autoridad judicial facultada para resolver su
reclamación subjetiva. La controversia radica, entonces, en la corrección de esa
interpretación procesal, no en la ausencia absoluta de juez.

69. Los argumentos del tutelante son razones que muestran una discrepancia de
criterio o una interpretación alternativa a la contenida en las decisiones censuradas,
pero no muestran un yerro de validez que afecte a las providencias, muestran un
criterio disímil con una providencia que fue resuelta de manera adversa a las
pretensiones del actor. De manera global, los cargos propuestos por el tutelante
carecen de relevancia constitucional pues: (i) no muestran una arbitrariedad
protuberante de las decisiones atacadas; (ii) plantean una discrepancia de criterio
entre la providencia y la interpretación del demandante; y (iii) utilizan la acción de
tutela para presentar los mismos argumentos que fueron resueltos por el juez
ordinario en varias etapas procesales pertinentes. Con el fin de responder a cada
uno de los defectos invocados, a continuación, se presenta un cuadro que expone
las razones de la improcedencia de cada cargo de tutela.

Razones de improcedencia
1 Defecto orgánico El actor sostiene que se incurre en ese defecto, pues,
las providencias remiten el asunto a juzgados
administrativos pese a que la demanda contiene
pretensiones de nulidad contra actos administrativos
generales expedidos por autoridades del orden
nacional.

El argumento carece de relevancia constitucional, pues
son las mismas razones que fueron examinadas por el
juez ordinario, en este caso, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, y que fueron
descartadas en todas las etapas procesales previstas
para cuestionar el auto de 19 de marzo de 2026 (los
autos de 5 de mayo y de 19 de junio). Es decir, el actor
presenta las mismas razones que fueron examinadas y
resueltas en las etapas ordinarias, pero esta vez, bajo
la forma de causal específica de procedencia de tutela
contra providencia. El cargo carece de relevancia
además, pues se trata de una discusión de índole legal
referida a la interpretación de la norma procesal sobre
la acumulación de pretensiones. Es decir, una
demanda de rango infra constitucional.
2 Defecto sustantivo El actor sostiene que se interpretó inadecuadamente
normas del CPACA, concretamente el artículo 155
numeral 2, concretamente en detrimento de las normas
contenidas en el artículo 137, 138, 149, 152, 164 y 165.

Se trata de una discusión de índole legal relacionada
con la interpretación de normas infra constitucionales,
asuntos propios del juez ordinario y natural de esta
discusión, esto es la propia sección segunda de la

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Corporación y no el juez constitucional. El actor no
realizó un esfuerzo argumentativo para mostrar las
razones por las cuales la interpretación es
protuberantemente arbitraria, y se limita a indicar que
no comparte la conclusión.
3 Defecto procedimental El actor sostiene que la decisión cuestionada “alteró el
alcance de la demanda, pues convirtió pretensiones
expresas de nulidad contra actos generales nacionales
en argumentos instrumentales orientados únicamente
a la protección de un interés individual”. Este
argumento plantea una discrepancia de criterio que le
fue adversa, pero no se evidencia un esfuerzo
argumentativo para mostrar la inconstitucionalidad de
la determinación.

Es un argumento que plantea una discrepancia de
criterio con una decisión que no atendió a sus razones,
pero no implica que por eso se erija como un defecto
específico de procedencia.
4 Defecto por El actor nuevamente reitera un argumento de índole
desconocimiento del legal, relacionado con el supuesto desconocimiento de
precedente horizontal un precedente de la Subsección A de la Sección
Segunda respecto de la interpretación de normas
legales. Aunque el actor identificó el auto del 18 de
septiembre de 2025 de la Subsección A y señaló que
allí se adoptó una interpretación distinta sobre la
competencia, la Subsección B conoció expresamente
esa providencia y explicó por qué no la consideró una
línea jurisprudencial consolidada ni determinante para
modificar su criterio.

En consecuencia, el reproche se reduce a argumentos
de discrepancia que buscan una instancia adicional,
más no presenta un reparo constitucional relacionado
con un yerro de validez de las decisiones atacadas.

5 Insuficiente motivación Se trata de una apreciación del tutelante, pero no ofrece
razones constitucionalmente relevantes para mostrar
que se produjo una falsa motivación. Simplemente
afirma que se produjo, y que es la apreciación del actor,
pero no explica en qué consistió la supuesta
insuficiencia.
6 Violación directa de la La argumentación se limitó a citar normas
Constitución constitucionales, pero sin indicar de manera concreta la
manera en la que las decisiones judiciales vulneran
artículos superiores. Tiene especial importancia, como
ya se indicó, que la demanda del actor será tramitada
por el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del
Circuito de Bogotá, y la petición de amparo se funda en
una suposición respecto del eventual sentido de un fallo
futuro. Se trata entonces de un cargo sin relevancia
constitucional.

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Referencia: Primera instancia de acción de tutela

70. Por lo anterior se declarará improcedente el amparo por no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DESVINCULAR a los juzgados administrativos del circuito de Bogotá
Cincuenta y Cinco (55), Veinticuatro (24), Veintitrés (23), Siete (7), Cuarenta y
Nueve (49), Dieciséis (16), Catorce (14), Cincuenta (50), y a la Policía Nacional.
Además, NEGAR la petición de desvinculación para Caja de sueldos de Retiro de
la Policía Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento
Administrativo de Función Pública y al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.

SEGUNDO: MANTENER vinculados como terceros con interés a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, al Departamento Administrativo de la Función Pública, al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y al Juzgado Cincuenta y Dos
Administrativo del Circuito de Bogotá.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Jairo
Elías Conde Urdaneta contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los terceros vinculados por el
medio más expedito.

QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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