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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05425-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05425-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. SEGUNDO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Policía Nacional. TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por no superar el requisito de inmediatez. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05425-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05425-00
Demandante: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Policía Nacional, la Superintendencia de Salud, la Nueva
E.P.S. y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué, con el fin de reclamar el amparo de los derechos fundamentales a la
dignidad humana, al debido proceso, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre.

Lo anterior, con ocasión de la providencia del 19 de marzo de 2025, proferida por
el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, al
interior del incidente de desacato, identificado con radicado 73001-31-87-004-2025-
00017-00/01.

1 La solicitud de amparo fue presentada el 26 de mayo de 2026, siendo asignada inicialmente al

Consejo de Estado, Sección Cuarta, bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-04017-00, autoridad
judicial que en auto del 8 de julio de 2026 consignó lo siguiente: «Por lo anterior, se ordenará a la
Secretaría General de esta Corporación desglosar la demanda y sus anexos y abrir cuadernos
separados para cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de que cada actuación sea
sometida a reparto y tramitada de forma independiente, conforme con las reglas previstas en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021».

Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05425-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO
Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos
en contra del accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN
OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las
órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así
como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir
institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos,
evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera
personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las
órdenes judiciales2.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga estuvo vinculado laboralmente a la Nueva
EPS desde el 23 de noviembre de 2013, mediante contrato de trabajo a término
indefinido, y se desempeñó como gerente zonal de Tolima. La relación laboral
terminó el 3 de octubre de 2025, cuando la entidad dio por finalizado unilateralmente
su contrato.

El señor Jairo Angarita Patiño promovió acción de tutela contra la Nueva EPS con
el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a
la vida y a la integridad personal, debido a que no se habían practicado los
procedimientos quirúrgicos que le fueron prescritos.

Mediante sentencia del 21 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué amparó los derechos invocados y ordenó
a la Nueva EPS garantizar la práctica de los procedimientos denominados
«neurorrafia de nervio en antebrazo» y «colgajo local de piel entre dos y cinco

2 Transcripción del texto original que puede contener errores.

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centímetros cuadrados». Asimismo, dispuso que se suministrara tratamiento
integral respecto de las patologías que afectaban al accionante.

Ante el presunto incumplimiento de la orden de amparo, el 10 de marzo de 2025 el
señor Angarita Patiño promovió incidente de desacato.

Surtido el trámite incidental, mediante proveído del 19 de marzo de 2025, el Juzgado
declaró que el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su condición de gerente
zonal Tolima de la Nueva EPS, incurrió en desacato. En consecuencia, le impuso 5
días de arresto y multa equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

En providencia del 3 de abril de 2025, en el grado jurisdiccional de consulta, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Ibagué modificó el auto consultado en el sentido de
disponer que el arresto se cumpliera en el domicilio del sancionado y lo confirmó en
todo lo demás.

Como consecuencia de lo resuelto en consulta, el 10 de abril de 2025 el Juzgado
libró orden de arresto contra el accionante. Posteriormente, el 1 de junio de 2025,
remitió la multa a la oficina de cobro coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué.

Con fundamento en la multa impuesta, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué inició contra el señor Lozano Parga el proceso de cobro coactivo
73001-12-90-000-2025-00246-00.

Posteriormente, mediante auto del 10 de marzo de 2026, el Juzgado consideró que,
debido al carácter subjetivo de las sanciones por desacato, estas no podían hacerse
efectivas contra una persona que ya no se encontraba vinculada a la entidad
obligada al cumplimiento del fallo. En consecuencia, inaplicó las sanciones de
arresto y multa impuestas, canceló la orden de arresto, dispuso comunicar la
determinación a las autoridades que habían conocido de la sanción y ordenó el
archivo de las diligencias.

Finalmente, mediante la Resolución DESAJIBGCC26-3310 del 14 de julio de 2026,
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué declaró
terminado y archivó el proceso de cobro coactivo, debido a la pérdida de ejecutoria
del título que sustentaba el recaudo. Asimismo, ordenó levantar las medidas
cautelares, si a ello había lugar, y retirar al accionante del Boletín de Deudores
Morosos del Estado, de ser necesario.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante sostuvo que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al atribuirle personalmente el incumplimiento de las órdenes de

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tutela impartidas a la Nueva EPS y sancionarlo con arresto y multa, pese a que
carecía de competencia funcional y capacidad material para ejecutarlas.

Explicó que, aunque se desempeñaba como gerente zonal Tolima, no era ordenador
del gasto, no tenía autonomía para contratar prestadores ni podía autorizar servicios
médicos, efectuar pagos o disponer los recursos necesarios para cumplir los fallos
de tutela. Tales decisiones, según indicó, se encontraban centralizadas en las
dependencias nacionales de la Nueva EPS.

Agregó que las actuaciones judiciales surtidas en los trámites incidentales eran
recibidas por el área jurídica en el correo institucional de la entidad y no fueron
notificadas a su dirección electrónica personal, por lo que no tenía control directo
sobre su trámite y contestación.

Afirmó que los jueces del incidente desconocieron el carácter subjetivo de la
responsabilidad por desacato, pues dedujeron su culpabilidad del solo
incumplimiento de la sentencia y de la falta de respuesta de la Nueva EPS, sin
verificar si había actuado con dolo o culpa ni examinar sus competencias, su
capacidad real de cumplimiento o la existencia de una imposibilidad material.

Añadió que tampoco valoraron la crisis financiera, administrativa y operativa que
motivó la intervención forzosa de la entidad por la Superintendencia Nacional de
Salud, de manera que trasladaron a su esfera personal las consecuencias de una
falla estructural de la entidad. A este respecto, refirió como antecedentes
jurisprudenciales que abordaron casos similares las sentencias T-1234 de 2008,
SU-034 de 2018 y T-315 de 2020 de la Corte Constitucional, la sentencia 2024-
04475 del 30 de enero de 2025 proferida por esta Sección del Consejo de Estado,
y la sentencia STP5789-2026 del 9 de abril de 2026 dictada por la Corte Suprema
de Justicia.

En esa línea argumentativa, señaló que la sanción cuestionada formaba parte de
un número elevado de medidas de arresto y multa impuestas en su contra por
incumplimientos institucionales de la Nueva EPS, las cuales dieron lugar a múltiples
procesos de cobro coactivo y a la afectación de su patrimonio. A su juicio, esa
acumulación desnaturalizó la finalidad persuasiva del incidente de desacato y
produjo una restricción desproporcionada de sus derechos, sin contribuir
efectivamente al cumplimiento de las órdenes de tutela.

Finalmente, manifestó que las consecuencias de las sanciones continuaron
proyectándose después de la terminación de su relación laboral con la Nueva EPS,
cuando ya carecía de cualquier posibilidad de intervenir en el cumplimiento de los
fallos.

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1.5. Admisión de la demanda

La acción de tutela se radicó el 25 de mayo de 2026 y, por reparto, correspondió al
despacho de la magistrada Claudia Rodríguez Velásquez de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, quien a través de auto del 8 de julio de 2026 dictado al interior
del expediente 11001-03-15-000-2026-04017-00, resolvió el desglose de la acción
constitucional siendo repartido el presente asunto el 14 de julio de 2026.

Mediante auto del 21 de julio de 2026, la magistrada ponente inadmitió la solicitud
de amparo, debido a que el escrito inicial no permitía identificar con claridad los
hechos ocurridos en el expediente 73001-31-87-004-2025-00017-00/01, las
providencias cuestionadas, las autoridades responsables ni los reparos formulados
contra aquellas. En consecuencia, concedió al actor el término de 3 días para que
precisar el escrito tutelar. El accionante no subsanó la solicitud en dicho lapso.

No obstante, mediante auto del 10 de agosto de 2026, la magistrada ponente, en
aplicación de los principios de informalidad, oficiosidad, prevalencia del derecho
sustancial y acceso efectivo a la administración de justicia, admitió la acción de
tutela al considerar que del análisis integral del escrito y sus anexos podía
establecerse que el reproche se dirigía contra el auto del 19 de marzo de 2025,
proferido en el incidente de desacato 73001-31-87-004-2025-00017-00/01, y el
proceso de cobro coactivo derivado.

En consecuencia, resolvió: (i) notificar la solicitud al Consejo Superior de la
Judicatura3, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4, a la Policía
Nacional5, a la Superintendencia Nacional de Salud6, a la Nueva EPS7 y al Juzgado
Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué8; (ii) vincular,
como terceros con interés, al señor Jairo Angarita Patiño9, al Hospital San Vicente
de Rovira10 y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué11; (iii) ordenar al
Juzgado y al Tribunal publicar el escrito de tutela y el auto admisorio en sus páginas
web, y (iv) requerirles la remisión íntegra del expediente incidental.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción de tutela y el auto del 4 de marzo de 2025, libró los oficios

3 Notificación enviada a presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
4 Notificación enviada a deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
dsajmdlnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.
5 Notificación enviada a segen.consejo@policia.gov.co notificacion.tutelas@policia.gov.co.
6 Notificación enviada a snstutelas@supersalud.gov.co
ysnsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co.
7 Notificación enviada a secretaria.general@nuevaeps.com.co.
8 Notificación enviada a j04epmsiba@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Notificación enviada a snstutelas@supersalud.gov.co
ysnsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co.
10 Notificación enviada a hospisanvicente@hotmail.com.
11 Notificación enviada a tuthabeascorpussecsptsibe@cendoj.ramajudicial.gov.co
ssptribsupiba@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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dirigidos a los sujetos procesales, en virtud de los cuales se recibieron los
siguientes:

1.6.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Penal

Informó que el expediente 73001-31-87-004-2025-00017-01 fue recibido el 31 de
marzo de 2025 para resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sanción por
desacato y recontó las actuaciones allí surtidas.

Argumentó que la Corporación se limitó a tramitar y resolver el grado jurisdiccional
de consulta con observancia del procedimiento correspondiente, por lo que no
incurrió en acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales del
accionante. Asimismo, informó que publicó en su página web el escrito de tutela y
el auto admisorio, y remitió el enlace de acceso al expediente incidental.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué fuera desvinculada del trámite constitucional.

1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué

La Oficina de Cobro Coactivo informó que el proceso 73001-12-90-000-2025-
00246-00 se inició para recaudar la multa impuesta al accionante por el Juzgado
Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, dentro del
incidente de desacato tramitado en el expediente 73001-31-87-004-2025-00017-00.
Explicó que su actuación se limitó al ejercicio de la facultad legal de recaudo, con
fundamento en una providencia judicial ejecutoriada que contenía una obligación
clara, expresa y exigible a favor de la Nación–Rama Judicial.

Señaló que, después de que el Juzgado inaplicó las sanciones mediante
providencia del 10 de marzo de 2026, expidió la Resolución DESAJIBGCC26-3310
del 14 de julio siguiente, por medio de la cual terminó y archivó el proceso de cobro
coactivo y ordenó levantar las medidas cautelares, si a ello había lugar. Por tanto,
sostuvo que desaparecieron el título que sustentaba el recaudo y cualquier
actuación administrativa susceptible de vulnerar o amenazar actualmente los
derechos fundamentales del actor.

Por tanto, peticionó declarar improcedente la acción de tutela por carencia actual de
objeto, debido a la terminación del proceso de cobro coactivo y a la inexistencia de
una actuación vigente atribuible a esa dependencia.

1.6.3. Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué

El Juzgado informó que, dentro de la acción de tutela promovida por Jairo Angarita
Patiño, profirió la sentencia del 21 de febrero de 2025, mediante la cual ordenó a la
Nueva EPS practicar los procedimientos médicos requeridos por el accionante y
garantizarle tratamiento integral. Señaló que en ese expediente solamente se

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tramitó un incidente de desacato, decidido mediante auto del 19 de marzo de 2025,
en el que sancionó al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga con 5 días de arresto y
multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Pese a ello, indicó que mediante el auto del 10 de marzo de 2026 inaplicó las
sanciones impuestas al accionante, debido a que este ya no se encontraba
vinculado laboralmente a la Nueva EPS. Por consiguiente, sostuvo que no existía
una actuación vigente del despacho que vulnerara sus derechos fundamentales.

1.6.4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Explicó que la administración de la Rama Judicial se ejerce de manera
desconcentrada y que las direcciones seccionales cuentan con autonomía
funcional, administrativa y jurídica dentro de su correspondiente ámbito territorial.
Precisó que, mientras el nivel central conoce del cobro de determinadas
obligaciones impuestas por las altas cortes y las autoridades judiciales con sede en
Bogotá, a las direcciones seccionales les corresponde recaudar las multas
impuestas por los juzgados y tribunales de sus respectivos distritos judiciales.

Con fundamento en esa distribución de competencias, sostuvo que el proceso de
cobro coactivo derivado de la sanción impuesta por el Juzgado Cuarto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué correspondía a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué. Añadió que ninguna de las
actuaciones cuestionadas fue proferida por la Dirección Ejecutiva y que, una vez
notificada de la acción de tutela, remitió el asunto por competencia a la referida
dirección seccional. Por consiguiente, afirmó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, al no ser la autoridad responsable de la presunta vulneración ni
tener competencia para cesarla.

Por tanto, peticionó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y desvincularla del trámite; o,
subsidiariamente, negar las pretensiones de la acción en lo que a esa autoridad
concierne.

1.6.5. Consejo Superior de la Judicatura

Planteó que, como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial, sus
funciones consisten principalmente en definir políticas y orientaciones estratégicas,
mientras que la ejecución de las actividades administrativas corresponde a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a sus direcciones seccionales, las
cuales ejercen sus competencias de manera desconcentrada e independiente.

Señaló que los procesos de cobro derivados de multas judiciales son adelantados
por la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva o por la respectiva
dirección seccional, según la autoridad que haya impuesto la obligación y el ámbito
territorial correspondiente. Por ello, sostuvo que no profirió las decisiones

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cuestionadas, no intervino en el proceso de cobro coactivo ni tenía competencia
para levantar las sanciones impuestas al accionante.

En consecuencia, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, y su
desvinculación del trámite constitucional.

1.6.6. Policía Nacional

La Policía Nacional sostuvo que no intervino en la formación de las decisiones
cuestionadas, no participó en la valoración probatoria del incidente de desacato, no
determinó la responsabilidad del accionante ni impuso las sanciones de arresto y
multa. Recalcó que su intervención se limita a ejecutar las órdenes que le
comuniquen las autoridades judiciales competentes, en cumplimiento del deber de
colaboración con la administración de justicia.

Peticionó desvincular a la entidad del trámite constitucional por falta de legitimación
en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
201512, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Antes de abordar el estudio de la solicitud de amparo, la Sala resolverá las
peticiones de desvinculación formuladas por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Policía Nacional.

En relación con el Tribunal Superior de Ibagué, se negará la solicitud, toda vez que
su concurrencia al trámite no se dispuso como autoridad accionada, sino como
tercero con interés, según lo resuelto en el auto admisorio. Su vinculación se
encuentra justificada por la relación directa que guarda con los hechos que
motivaron la acción de tutela, pues fue la autoridad judicial que resolvió el grado
jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta al señor Wilmar Rodolfo Lozano
Parga dentro del incidente de desacato 73001-31-87-004-2025-00017-00/01. Por
tanto, cuenta con interés legítimo en el resultado del proceso y debe permanecer
vinculada en esa calidad.

En contraste, se accederá a las solicitudes formuladas por el Consejo Superior de

12 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

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la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Policía Nacional.
De sus contestaciones y de los documentos que obran en el expediente se advierte
que, en atención a las competencias constitucionales y legales asignadas a cada
una, sus actuaciones u omisiones no guardan relación directa con el objeto de la
presente acción. Pues bien, ninguna de ellas profirió las providencias cuestionadas
ni adelantó el proceso de cobro coactivo derivado de la sanción, actuación que
correspondió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué.

En consecuencia, se negará la solicitud de desvinculación de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y se dispondrá la desvinculación del
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la Policía Nacional, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3. Problema jurídico

Si bien en el escrito de tutela se hace referencia al proceso de cobro coactivo
iniciado para obtener el pago de la multa impuesta al accionante, los reparos
formulados recaen sobre las decisiones sancionatorias adoptadas dentro del trámite
incidental. En consecuencia, el estudio constitucional se circunscribirá a las
providencias proferidas por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué.

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
vulneraron los derechos fundamentales del accionante al debido proceso, a
la libertad, a la dignidad humana, al patrimonio, a la igualdad, al debido
proceso y al buen nombre, con ocasión del auto del 19 de marzo de 2025 y
la providencia del 3 de abril siguiente, respectivamente, mediante los cuales
se le impuso y confirmó una sanción por desacato dentro del expediente
73001-31-87-004-2025-00017-00/01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; y, iii) el análisis del caso en

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concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 13
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 14 y declaró su
procedencia.15

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Inmediatez

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable16, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
16 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,

Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en:

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lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo. 17

De acuerdo con lo anterior, esta Sección18 ha considerado como plazo prudencial
el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la notificación
o ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, según sea el caso – que da lugar
a la solicitud de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se declara
su improcedencia.

Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha expresado que “como regla
general, [se] acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”.19

En efecto, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 20, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200521, para determinar
la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que 6
meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.

En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-

Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15,
Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
17 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
18 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
21 Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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256 de 201522, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que
la acción de tutela será procedente:

cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada
del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual23.

En el presente asunto, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga cuestiona el auto del
19 de marzo de 2025, mediante el cual el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué lo declaró responsable de desacato y le impuso 5
días de arresto y multa equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, así como la providencia del 3 de abril siguiente, por medio de la cual la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué modificó la
modalidad de cumplimiento del arresto y confirmó la decisión en lo demás.

Según el demandante, estas autoridades vulneraron sus derechos fundamentales
porque le atribuyeron personalmente el incumplimiento del fallo de tutela, pese a
que, por la naturaleza de sus funciones como gerente zonal Tolima de Nueva EPS,
carecía de competencia funcional, autonomía administrativa y capacidad material
para ejecutar la orden judicial. Asimismo, afirmó que no fue notificado de las
actuaciones surtidas en el incidente a su correo electrónico.

Corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si la solicitud de amparo fue
presentada dentro de un término razonable, de conformidad con el requisito general
de inmediatez desarrollado en las consideraciones precedentes.

Al respecto, se encuentra acreditado que las providencias cuestionadas fueron
proferidas el 19 de marzo y el 3 de abril de 2025 por el Juzgado Cuarto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y la Sala Penal del Tribunal Superior
de esa ciudad, respectivamente.

Ahora bien, aunque el actor sostuvo que las decisiones adoptadas en el trámite
incidental no fueron notificadas a su correo electrónico, en el expediente remitido
por el Tribunal obra constancia de que la providencia que resolvió el grado
jurisdiccional de consulta fue comunicada a su dirección institucional

22 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria

Sáchica Méndez.
23 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
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wilmar.lozano@nuevaeps.com.co, mediante mensaje enviado el 4 de abril de 2025.
Asimismo, se incorporó la correspondiente constancia de entrega.

Por consiguiente, aún sin determinar la fecha exacta de ejecutoria de la providencia,
resalta que la solicitud de amparo fue radicada el 25 de mayo de 2026, esto es, más
de un año después de su notificación y cuando ya se había superado ampliamente
el término prudencial acogido por la jurisprudencia de esta Corporación para
considerar oportuno el ejercicio de la tutela contra providencias judiciales.

La Sala tampoco encuentra acreditada alguna circunstancia que justifique la
tardanza. El demandante no expuso un motivo válido que le hubiera impedido acudir
oportunamente al juez constitucional, ni se advierte que durante ese periodo hubiera
enfrentado una situación de fuerza mayor, caso fortuito o especial vulnerabilidad
que hiciera desproporcionado exigirle el cumplimiento del término razonable.
Incluso, mediante auto del 21 de julio de 2026 se le requirió para que precisara los
hechos, las providencias y los reparos que sustentaban la solicitud, sin que
presentara escrito de subsanación o explicación alguna sobre su inactividad.

Así, la parte actora no se encuentra en alguna de las situaciones que la Corte
Constitucional24 ha establecido como justificación, es decir, que: (i) no existe un
motivo válido para la inactividad de la accionante; (ii) su falta de iniciativa no vulnera
el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) no
existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado; (iv) el fundamento de la acción de tutela no

24Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T

1044 de 04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de 17.06.10.,
T-574 de 15.07.10, T-576 de 21.07.10.
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surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales,
de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

Debe recordarse que, aunque la acción de tutela no está sometida a un término de
caducidad, su ejercicio debe producirse dentro de un plazo proporcional y razonable
respecto del hecho que origina la presunta vulneración. Esta exigencia adquiere
especial relevancia cuando se controvierten providencias judiciales ejecutoriadas,
pues la posibilidad de cuestionarlas indefinidamente mediante el mecanismo
constitucional comprometería los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

En esas condiciones, la solicitud de amparo no supera el requisito general de
inmediatez y, por consiguiente, resulta improcedente, sin que sea necesario
examinar los demás presupuestos de procedibilidad ni los defectos atribuidos a las
providencias cuestionadas.

Finalmente, frente a los argumentos del actor relacionados con la vulneración al
debido proceso, aun si se prescindiera del anterior análisis, la Sala advierte que las
sanciones cuestionadas ya habían sido inaplicadas antes de la interposición de la
presente acción. En particular, el 1 de marzo de 2026 el señor Lozano Parga solicitó
al Juzgado accionado dejar sin efectos las medidas impuestas, debido a que desde
el 3 de octubre de 2025 había terminado su vínculo laboral con la Nueva EPS.

En respuesta, mediante auto del 10 de marzo de 2026, el Juzgado consideró que,
dado el carácter subjetivo de la responsabilidad por desacato, las sanciones no
podían hacerse efectivas contra una persona que ya no se encontraba vinculada a
la entidad obligada al cumplimiento. En consecuencia, inaplicó el arresto y la multa
impuestos en el auto del 19 de marzo de 2025, canceló la orden de arresto del 10
de abril de ese año, dispuso comunicar la determinación a las autoridades
correspondientes y ordenó el archivo de las diligencias.

Así, cuando el actor promovió la presente tutela, el 25 de mayo de 2026, las
sanciones judiciales que pretendía controvertir ya habían sido inaplicadas y la orden
de arresto se encontraba cancelada. Además, mediante la Resolución
DESAJIBGCC26-3310 del 14 de julio de 2026, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué terminó y archivó el proceso de cobro coactivo
derivado de la multa, y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, si a ello
había lugar.

Por tanto, además de haberse ejercido tardíamente el mecanismo constitucional, es
claro que la finalidad perseguida en el asunto de la referencia ya había sido
satisfecha por las autoridades competentes.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

SEGUNDO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la Policía Nacional.

TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por no superar el requisito de inmediatez.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Con aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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