Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05444-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05444-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05444-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05444-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
9 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: MARÍA GILMA MARTÍN VÁSQUEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Privación injusta de la libertad. Defecto fáctico, sustantivo, por
desconocimiento y aplicación indebida del precedente y por
motivación insuficiente. Procedencia de la acción de tutela. Deniega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María Gilma Martín Vásquez, Primitivo
Rojas Parra, José Aníbal Martín Vásquez, Mauricio Zuluaga Londoño, Paola Andrea
Walteros, Nubia Constanza Rojas Martín en nombre propio y representación de sus hijos
menores AZR y SZR, Edgar Giovanni Rojas Martin en nombre propio y representación
de sus hijos menores MRC y JSRC; y David Andrés Rojas Martín en nombre propio y
representación de su hija menor LSRW, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 14 de julio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la parte actora pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la
reparación integral.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 29
de enero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, que revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 11001-33-
43-061-2023-00309-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, igualdad, seguridad jurídica, presunción de inocencia y reparación integral de
los accionantes, vulnerados por la Subsección "A" de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso ordinario de reparación directa con radicado No.
11001334306120230030902.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida el veintinueve (29) de
enero de dos mil veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”, dentro del expediente con radicado No. 2023-00309- 02, mediante la cual se revocó la
providencia dictada por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá y se negaron las
pretensiones de la demanda de reparación directa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
que en el término perentorio de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente fallo
constitucional, proceda a proferir una nueva sentencia de segunda instancia accediendo a las
pretensiones de los demandantes en la que:
• i) Valore integralmente el expediente penal bajo los presupuestos dogmáticos estrictos de la Ley 600
de 2000, descartando el uso de "indicios generales contextuales" o analogías inconstitucionales con la
Ley 906 de 2004 para justificar la detención preventiva intramural de mi representada;
• ii) Respete el derecho fundamental a la presunción de inocencia y la carga constitucional de la prueba,
absteniéndose de trasladar a la víctima directa el deber de desvirtuar meras sospechas o conjeturas
financieras del ente investigador;
• iii) Aplique materialmente el precedente constitucional vertical sentado en las providencias SU-072 de
2018, SU-363 de 2021 y SU-126 de 2025, desarrollando un juicio de proporcionalidad material respecto
de la extrema restricción carcelaria sufrida por la actora en el año 2021;
• iv) Resuelva de fondo los cargos de apelación formulados por la parte demandante relativos a la
correcta tasación de los perjuicios morales de las víctimas en primer grado de consanguinidad (David
Andrés Rojas Marín) y la adecuada indexación del lucro cesante y daño emergente comercial
debidamente acreditado.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
En el proceso penal 74.731 se dispuso una compulsa de copias para adelantar una
investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos. En razón a lo
anterior, el 18 de julio de 2016 se dispuso la vinculación de la señora María Gilma Marín
Vásquez, al encontrarse que había recibido depósitos por la suma de $210.229.413 a su
cuenta personal del Banco Cafetero.
Ese mismo día se libró la orden de captura 0018713 en contra de la señora Marín
Vásquez, quien fue capturada el 2 de septiembre de 2016. Luego, el 4 de octubre de
2016, la Fiscalía 24 de Antinarcóticos y Lavado de Activos resolvió la situación jurídica
de la señora María Gilma y le impuso medida de aseguramiento.
El 16 de septiembre de 2019, el ente investigador profirió escrito de acusación contra la
señora Martín Vásquez, quien fue nuevamente capturada el 10 de febrero de 2021. Al
día siguiente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá legalizó la
captura y ordenó la encarcelación de la procesada.
El 5 de agosto de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá
dictó sentencia en la que absolvió a la señora María Gilma Marín Vásquez, en aplicación
del principio de in dubio pro reo. Finalmente, el 6 de agosto de 2021 se emitió la boleta
de libertad de la señora María Gilma.
Los tutelantes promovieron demanda de reparación directa contra la Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación para que fueran declaradas patrimonialmente responsables
por los daños causados con ocasión de la privación de la libertad que padeció la señora
María Gilma Martín Vásquez entre el 10 de febrero y el 6 de agosto de 2021, cuando fue
procesada por el delito de lavado de activos.
La demanda se adelantó bajo el radicado 11001-33-43-061-2023-00309-00 y
correspondió al Juzgado 61 Administrativo de Bogotá que, por sentencia del 17 de febrero
de 2025, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial y la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación; en consecuencia, condenó a esta
última al pago de perjuicios morales en favor de todos los demandantes y materiales en
favor de la señora María Gilma Martín Vásquez.
Señaló que se había acreditado que la señora María Gilma había estado privada de la
libertad entre el 10 de febrero y el 6 de agosto de 2021. Que el proceso se había
adelantado en vigencia de la Ley 600 de 2000 y era la Fiscalía General de la Nación a
quien le correspondía imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
Que, a través de sentencia del 5 de agosto de 2021, se absolvió a la señora María Gilma
al no encontrarse acreditada su vinculación con el lavado de activos. Que en esa decisión
se destacó que el ente investigador no había desplegado una actividad judicial íntegra y
que había incurrido en falta de diligencia.
Que la Fiscalía General de la Nación no contaba con suficiente material probatorio para
imponer la medida privativa de la libertad a la víctima directa, porque solo se había
limitado a la identificación del recaudo e información relacionada con la propiedad de las
cuentas bancarias a las que se realizaron las transferencias. Que las solas transferencias
de dinero no eran suficientes para imponer la medida de aseguramiento.
Inconformes, la Fiscalía General de la Nación y la parte actora apelaron; por un lado, el
ente investigador manifestó que sus actuaciones se ajustaron al cumplimiento de un
deber legal, porque en un allanamiento se encontró una hoja en la que se encontraban
los datos de la cuenta bancaria de la señora Martín Vásquez.
Que existían elementos probatorios suficientes que permitían atribuir responsabilidad
penal e imponer la medida de aseguramiento. Que, incluso, la medida fue objeto de
control de legalidad por parte del Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Bogotá,
que la había encontrado ajustada a derecho. Que la medida privativa no había sido
proferida de forma ilegal, arbitraria o injustificada.
Que no se había acreditado el carácter injusto de la medida, porque la absolución había
sido por aplicación del principio de in dubio pro reo. Que en la sentencia del proceso
penal no se había determinado que el hecho no existió, que la procesada no lo cometió
o que la conducta no constituía delito. Que los hechos que investigó sí constituían las
características de delitos. Que no era dable declarar la falta de legitimación en la causa
de la Rama Judicial, por cuanto había realizado control de legalidad de la medida de
aseguramiento.
Por otro lado, la parte demandante cuestionó la tasación de los perjuicios respecto de
David Andrés Rojas Martín, Mauricio Zuluaga Londoño y Paola Andrea Walteros.
Además, adujo que el lucro cesante reconocido debió liquidarse con el salario devengado
por la víctima directa, que era de $1.700.000, y que se debió condenar a la entidad
demandada al pago de daño emergente.
Por sentencia del 29 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, revocó la decisión apelada, para, en su lugar, denegar
las pretensiones de la demanda, al considerar que el daño reclamado no fue injusto ni
antijurídico, debido a que no se demostró que la medida privativa de la libertad hubiere
desconocido las formalidades normativas exigidas para su imposición.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, puesto que, a su juicio: i) el asunto tenía relevancia constitucional porque
comprometía la vulneración de sus derechos fundamentales y no se trataba de una
simple inconformidad en la valoración realizada por la autoridad judicial demandada; ii)
se encontraba superado el requisito de subsidiariedad porque no contaba con recursos
ordinarios eficaces y no pretendía reabrir el debate del proceso de reparación directa; iii)
la acción de tutela se había presentado en un término razonable; iv) identificó
razonablemente los hechos y derechos vulnerados y, v) no cuestionaba una sentencia
de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
Defecto sustantivo porque la autoridad judicial demandada aplicó de forma irracional el
estándar de indicios de la Ley 600 de 2000, que en su artículo 356 disponía que la
detención preventiva solo procedía cuando aparecieran por lo menos dos indicios graves
de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente allegadas al proceso.
Dijo que el indicio general derivado de la operación <<Manatí>> y de las capturas de
terceros no era un medio de prueba autónomo ni vinculante dentro del proceso penal y
no podían ser tenidos como prueba idónea para justificar que el daño no era antijurídico.
Que el tribunal demandado no identificó los supuestos dos indicios graves en cabeza de
la procesada y no explicó por qué esos indicios superaban el nivel de simple sospecha o
conjetura.
Que en el proceso penal se había determinado que no se había probado el origen ilícito
de los dineros, la procedencia de las consignaciones por parte de la organización criminal
ni la participación de la señora María Gilma en alguno de los verbos rectores del delito
de lavado de activos.
Que el tribunal demandado confundió la categoría de inferencia razonable, que era propia
del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, con el trámite de tarifa legal de indicios graves
previsto en la Ley 600 de 2000, al equiparar meras sospechas y conjeturas con indicios
graves y flexibilizar el estándar legal exigido en el ordenamiento para convalidar una
medida restrictiva de la libertad.
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria y alteración inconstitucional de la
carga de la prueba.
Manifestó que de forma incorrecta el tribunal demandado afirmó que no había aportado
medios de prueba contundentes para controvertir las pruebas que pesaban en contra de
la señora Martín Vásquez, con lo que desconoció los artículos 29 de la Constitución
Política y 3 de la Ley 600 del 2000, que establecía el principio de buena fe y la presunción
de inocencia y que, además, imponían la obligación a la Fiscalía General de la Nación de
demostrar la tipicidad material de la conducta y acreditar la necesidad de la medida de
aseguramiento.
Que constituía un <<exabrupto procesal>> imponerle que justificara cada movimiento
comercial de la fábrica de textiles de la víctima directa. Que la autoridad judicial
demandada había destacado documentos incautados, cuentas bancarias y movimientos
financieros, pero había omitido ponderar que la sentencia absolutoria había determinado
que esos elementos no demostraban nexo con la señora María Gilma.
Que la autoridad judicial demandada tuvo en cuenta apartes del proceso penal que
favorecían la tesis de legalidad de la medida y omitió deliberadamente aquellos que
demostraban la ausencia de nexo entre la conducta imputada y la señora María Gilma.
Que el Juez Tercero Penal Especializado de Bogotá había certificado que el ente
investigador no desplegó una actividad judicial integral, orientada a analizar los verbos
rectores del delito de lavado de activos, y solo se había limitado al rastreo automático de
movimiento de dineros corrientes.
Aplicación indebida del precedente fijado en las sentencias SU-072 de 2018 y SU-126
de 2025, dictadas por la Corte Constitucional, puesto que, según la parte actora, si bien
la autoridad judicial demandada citó esas providencias, lo cierto era que no las había
aplicado de forma material, debido a que no examinó si la captura de la señora María
Gilma fue necesaria, idónea y proporcional.
Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU-363 de 2021 proferida por
la Corte Constitucional, sobre el análisis del eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima en casos relacionados con privaciones injustas de la libertad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
Indicó que en esa providencia se había precisado que el mencionado eximente de
responsabilidad debía examinarse de forma estricta, a partir de la conducta desplegada
por la víctima en el proceso penal y no desde la conducta que originó la investigación,
especialmente cuando no se impuso condena. Que debía probarse un comportamiento
doloso o gravemente culposo de la persona privada de la libertad para obstruir la justicia.
Motivación insuficiente sobre la necesidad y proporcionalidad de la captura de la
señora María Gilma Martín Vásquez, debido a que el tribunal demandado no explicó si
existían razones constitucionales suficientes para privar de la libertad a una persona que
había comparecido al proceso, había explicado su actividad comercial lícita y respecto
de quien posteriormente se concluyó que no existía prueba de nexo con organizaciones
criminales.
5. Trámite procesal
Por auto del 17 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y en calidad de
terceros con interés, al juez 61 administrativo de Bogotá, a la fiscal general de la Nación
y al director ejecutivo de administración judicial.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 23 de julio de
2026.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, ponente de la providencia acusada, pidió que se declarara improcedente
la acción de tutela y, subsidiariamente, que se denegaran las pretensiones de la parte
actora.
Manifestó que la sentencia cuestionada examinó las piezas procesales del proceso penal
e identificó elementos que sustentaban la medida de aseguramiento impuesta a la señora
María Gilma. Que los argumentos de la parte actora correspondían a diferencias en la
valoración realizada por el juez natural, lo que no resultaba suficiente para configurar los
defectos alegados.
Que no se evidenciaba la configuración de un perjuicio irremediable que justificara la
intervención del juez constitucional. Que los argumentos de tutela estaban dirigidos a
constituir una tercera instancia del proceso de reparación directa y que no había incurrido
en los defectos alegados por los accionantes.
La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela y su falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que el asunto no tenía
relevancia constitucional, porque no se habían vulnerado los derechos fundamentales de
la parte actora y que la transgresión de las garantías constitucionales reclamadas no le
era atribuible.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, por no satisfacer las causales específicas de
procedibilidad y porque la decisión cuestionada fue razonablemente motivada,
sustentada en las pruebas aportadas al expediente del proceso ordinario y fundamentada
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional1 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando esta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia del 29
de enero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, en el expediente con radicado 11001-33-43-061-2023-00309-
00/01.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación pidió su desvinculación, al estimar que no
vulneró los derechos de los tutelantes.
No obstante, la vinculación de esa autoridad no fue como parte demandada, sino en
calidad de tercera con interés, debido a que fungió como parte demandada en el proceso
objeto de la presente acción de tutela. En consecuencia, no hay lugar a acceder a la
solicitud de desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por los
accionantes para dejar sin efectos la sentencia del 29 de enero de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que revocó la
decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda
de reparación directa con radicado 11001-33-43-061-2023-00309-00/01.
La Sala anticipa que, por un lado, declarará improcedente el cargo por desconocimiento
del precedente, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Por otro lado,
denegará la solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió
en los defectos alegados por la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y (iii) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
1 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Para la Sala, el cargo por desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU-363
de 2021 proferida por la Corte Constitucional, sobre el análisis del eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima en casos relacionados con privaciones
injustas de la libertad, no satisface el requisito de relevancia constitucional, por cuanto no
cuestiona los fundamentos de la providencia cuestionada, debido a que, el mencionado
eximente de responsabilidad no fue objeto de análisis en la sentencia del 29 de enero de
2026.
En lo demás, la relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez
que el asunto no trata sobre una instancia adicional, puesto que las decisiones de primera
y segunda instancia fueron adoptadas en sentidos opuestos; se cuestionan los
fundamentos de la sentencia del 29 de enero de 2026, no alude a una discusión de orden
legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existieran los
errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad
jurídica y a la reparación integral.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la sentencia acusada fue comunicada por correo
electrónico del 30 de enero de 2026, de modo que quedó efectivamente notificada el 3
de febrero siguiente, y la demanda de tutela fue radicada el 14 de julio de 2026, esto es,
cinco meses y once días después, término que no supera los seis meses fijados como
plazo razonable por la Sala Plena de esta Corporación.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió el medio de control de reparación directa y cuestiona la sentencia de
segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad
del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no
parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en
el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, porque este solo procede cuando la decisión
cuestionada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación.
También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del
derecho fundamental; esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los
derechos fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto fáctico, sustantivo, por desconocimiento y aplicación
indebida del precedente y por motivación insuficiente al proferir la sentencia del 29 de
enero de 2026.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.
5. Análisis del caso concreto
En el sub judice, la parte actora adujo que la sentencia del 29 de enero de 2026, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, incurrió
en defecto fáctico, sustantivo, por desconocimiento y aplicación indebida del precedente
y por motivación insuficiente, porque se debió declarar la responsabilidad patrimonial de
la Fiscalía General de la Nación por los daños ocasionados con la privación de la libertad
que padeció la señora María Gilma Martín Vásquez cuando fue procesada por el delito
de lavado de activos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
Para resolver, la Sala se referirá a las pruebas aportadas al expediente del proceso
ordinario y al análisis realizado por la autoridad judicial demandada en la sentencia objeto
de tutela.
En la audiencia inicial celebrada el 5 de agosto de 2024, el Juzgado 61 Administrativo de
Bogotá decretó como pruebas en favor de la parte actora las documentales aportadas
con la demanda, entre las que se encontraba:
• La Resolución 0267 del 7 de abril de 2015, expedida por la directora de fiscal nacional
especializada en antinarcóticos y lavado de activos, <<por medio de la cual se asigna la
Compulsa de copias Nº 75976>>, para investigar la participación de varias personas en
conductas que podían ser constitutivas del delito de lavado de activos y concierto para
delinquir con fines de lavado de activos, conforme con la información obtenida en la
investigación penal 74.731.
• El oficio del 15 de abril de 2015, en el que el fiscal 24 de la DFALA comisionó a
investigadores para que verificaran información de cuentas bancarias.
• El auto del 18 de julio de 2016, en el que el fiscal 24 de la DFALA dispuso apertura
formal de instrucción para escuchar en indagatoria a varias personas y dispuso librar
orden de captura contra, entre otros, la señora María Gilma Martín Vásquez.
En esa providencia se explicó que mediante informe de policía judicial se presentó la
documentación encontrada en distintos allanamientos, que daban cuenta de movimientos
en cuentas bancarias indicativos de que presuntamente se movieron dineros
provenientes de narcotráfico y, con relación a la señora Marín Vásquez, se encontró que
era titular de una cuenta corriente del banco Cafetero que recibió dinero en efectivo por
la suma de $210.299.413 y débitos por la suma de 207.127.618.
• La orden de captura 0018713, contra la señora María Gilma Marín Vásquez por el delito
de lavado de activos.
• El Acta de derechos del capturado del 21 de septiembre de 2016, de la señora María
Gilma Marín Vásquez, en que se dijo que su estado civil era casada y que su ocupación
u oficio era independiente.
• El Acta de diligencia de indagatoria rendida por la señora María Gilma Marín Vásquez
el 21 de septiembre de 2016, en la que informó que en los años 2002 al 2006: i) se
dedicaba a la confección de ropa de dama y que su negocio se llamaba
ConfeccionesALGIL, ii) tenía ingresos aproximados entre 4 y 5 millones y que en algún
diciembre pudo estar alrededor de 10 millones, iii) que en esos años declaró renta y
poseía cuentas en los bancos Bancafé, Banco Santander y Bancolombia, iv) que no
conocía a los sujetos investigados en el proceso 74.731 ni sobre las operaciones que se
adelantaban contra la organización dedicada al narcotráfico, v) que desconocía por qué
su nombre aparecía en los documentos encontrados en los allanamientos y que no tenía
nada que ver con ese asunto.
• El acta del 4 de octubre de 2016, de la diligencia en la que la Fiscalía 24 Antinarcóticos
y Lavado de Activos resolvió la situación jurídica, entre otros, de la señora María Gilma
Marín Vásquez y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Esa
decisión se fundamentó en que, en una diligencia de allanamiento, se encontró una
agenda en la que se encontraba información relacionada con datos sobre representantes,
titulares, banco, números de cuenta y tipo de cuentas de personas, en las que en distintas
filas frente a la casilla de representante se encontraba el nombre de Elsa o Elsa Tovar y
aparecía información de la señora María Gilma Martín Vásquez sobre una cuenta
bancaria.
Que en hojas impresas de computador tituladas <<Listado de Clientes Elsa>> aparecía el
nombre de, entre otros, la señora Martín Vásquez. Que se había establecido que las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
cuentas pertenecían, entre otros, a la señora María Gilma, que había recibido la suma de
210,229.413 en efectivo y la suma de 207.127.618 le había sido debitada.
Que esas consignaciones provenían de puntos geográficos similares y por valores
inferiores a los 10 millones de pesos. Que habían sido retirados por cifras inferiores o
fraccionadas el mismo día o al día siguiente. Que algunos de esos ingresos
probablemente provenían de actividades comerciales de alguno de los procesados, pero
que esa era precisamente la forma en que se solía ocultar los dineros procedentes de
actividades ilícitas.
Que las cuentas objeto de investigación eran de naturaleza personal, por lo que los
movimientos eran propios de los cuentahabientes. Que los procesados probablemente
habían ocultado o encubierto la verdadera naturaleza, origen, movimiento y derecho
sobre dineros manejados por un grupo de personas dedicadas al narcotráfico. Que de
las diligencias de indagatoria se extraía que los procesados no conocían, no tuvieron trato
ni realizaron transacciones con las personas vinculadas al proceso penal con radicado
70.736, que, entonces, no se explicaba cómo sus nombres y números de cuentas fueron
utilizados por personas que manejaban negocios ilícitos de narcotráfico y que les
realizaron grandes transacciones por sumas menores a 10 millones de pesos, para evadir
el control de las autoridades.
Que la conducta de los procesados encuadraba en el tipo penal de lavado de activos,
bajo los verbos rectores de <<administre>> u <<oculte la verdadera naturaleza, origen o
destino>>. Que los cuentahabientes en los años anteriores a los que eran objetos de
investigación no tenían el flujo de dineros que tuvieron para la época en que fueron
encontradas las transacciones.
Que en el delito de lavado de activos no era el ente investigador el que debía demostrar
los orígenes ilícitos, sino que los procesados eran quienes debían acreditar la licitud de
esos dineros, de acuerdo con las sentencias 23.754/08 y 31.147/09 proferidas por la
Corte Suprema de Justicia.
Que, en ese orden, se reunían los presupuestos para imponer medida de aseguramiento
de detención preventiva, para garantizar la comparecencia de los implicados y porque,
en el evento de una condena, la pena no sería irrisoria.
• El Acta del 16 de septiembre de 2019, con la que Fiscalía General de la Nación procedió
a proferir escrito de acusación contra la señora María Gilma Martín Vásquez, como
presunta coautora, a título de dolo, del delito de lavado de activos.
• La sentencia del 5 de agosto de 2021, dictada por el Juzgado Tercero Penal
Especializado de Bogotá, en la que se absolvió a la señora María Gilma Martín Vásquez
del cargo formulado como presunta autora del delito de lavado de activos, en aplicación
del principio de in dubio pro reo.
Ahora bien, en la sentencia del 29 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, explicó que la decisión de primera
instancia debía revocarse, al no encontrar demostrados los elementos de la
responsabilidad, por cuanto no se había acreditado el carácter injusto o antijurídico de la
privación de la libertad que padeció la señora María Gilma Martín Vásquez.
Señaló que, para que la privación de la libertad se tornara injusta, se debía evidenciar
que la misma no se apegó al ordenamiento jurídico o no fue necesaria, razonable ni
proporcional.
Que, en el caso concreto, el carácter antijurídico de la privación de la libertad se
desdibujaba, porque había sido soportada en medios de pruebas que para el momento
de la imposición de la medida de aseguramiento permitían inferir la posible participación
de la señora Martín Vásquez en el delito de lavado de activos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
Que, de conformidad con los medios probatorios obrantes en el expediente, se advertía
que la investigación penal iniciada en contra de la demandante se derivó de una compulsa
de copias efectuada en otra investigación penal, en la que se condenó a varias personas
por el delito de tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
Que la vinculación al proceso penal y la medida de aseguramiento impuesta a la señora
María Gilma se originó del análisis de: i) los documentos encontrados en los
allanamientos realizados a las residencias de las personas condenadas en el otro
proceso penal, en la que se relacionó la cuenta bancaria de la demandante y, ii) así como
de los informes de policía judicial que encontraron movimiento de altas sumas de dinero
en la cuenta de la señora Martín Vasquez.
Que, en la decisión que definió la situación jurídica de la demandante y se le impuso
medida de aseguramiento, se relacionaron como medios de pruebas los siguientes:
(…) Entre la documentación encontrada están hojas cuadriculadas manuscritas con relación de valores
y nombre, y en ellas aparecen reiteradamente los nombres de ELSA TOVAR (19 a 91 cuaderno 16
anexo, copia de parte de la documentación encontrada en el allanamiento a HUMBERTO ORTIZ
JAIMES) y RUBEN P o RUBEN PELAEZ. Con relación al segundo están anotadas cifras (…).
Igualmente, en ese allanamiento se halló una agenda, que en las páginas comprendidas de enero 1 a
junio 9, referían datos de “representante”, “titular”, “banco”, “número de cuenta” y “tipo de cuenta”.
En distintas filas frente al “representante” ELSA o ELSA TOVAR, aparecen los nombres de, entre otros
… MARÍA GILMA MARTIN VASQUEZ, Bancafé, 02302741-0, corriente (280 ídem}
En impreso de computador estaba “LISTADO DE CLIENTES ELSA”, y en tal Esta aparecen JULIÁN
ATEHORTUA, MARÍA GILMA MARTIN VASQUEZ, ADRIANA ZAPATA y CARMEN ROSA TABERA
(281 ídem}
Que verificó que esa decisión se fundamentó en los informes de policiales, en los que se
había determinado:
(…) Como se puede apreciar, los orígenes de múltiples consignaciones provienen de similares puntos
geográficos, en la gran mayoría de las ocasiones por valores inferiores a los 10 millones de pesos, y los
retiros se producen generalmente por cifras menores y/o fraccionadas en el mismo día o siguientes a
esas consignaciones. (…)
Los respectivos personajes probablemente ocultaron, encubrieron la verdadera naturaleza, origen,
movimiento y derecho sobre tales dineros. No han demostrado cómo es que dinero manejado por un
grupo de personas dedicadas al narcotráfico terminó, para dar aparente viso de legalidad, en sus
cuentas bancarias (…).
Que el ente investigador había tenido en cuenta que las diferentes personas vinculadas
al otro proceso penal, de las que se había extraído información de nombres, documentos
contables y comprobantes de consignaciones hallados en la diligencia de allanamiento,
habían solicitado sentencia anticipada o habían sido condenadas en juicios. Que lo
anterior para la Fiscalía General de la Nación revelaba con altísima probabilidad que
quienes aparecían en esos documentos de lavado de activos matriz, también habrían
participado en la comisión de ese delito, aun en menor escala. Que el ente investigador
había afirmado:
(…) Sin duda en el desarrollo del proceso aparecerán más inquietudes, solicitudes y pruebas, que
obliguen a mayores análisis y/o decretar nuevas pruebas, como una lógica del sentido dialéctico del
proceso. Está dentro de las probabilidades que nuevos elementos de juicio puedan desvirtuar esos
indicios en relación con alguna o algunas particulares personas, como también lo está que corroboren
la tesis de la Fiscalía y se llegue a más condenas (…)
Que, de acuerdo con lo anterior, para el momento de la vinculación al proceso, de la
imposición de la medida de aseguramiento y de la captura de la señora Martín Vasquez
existían indicios de su posible participación en el punible endilgado, por lo tanto, la medida
de aseguramiento se había ajustado a derecho y se había realizado en cumplimiento de
los deberes legales y constitucionales encomendados a la Fiscalía General de la Nación.
Que, aunado a lo expuesto, se destacaba que la absolución se había generado por duda,
lo que de ninguna manera configuraba una falla del servicio, más aún, cuando se
verificaba que: i) el 27 de enero de 2020, la Unidad Nacional de Fiscalías Delegada Ante
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
el Tribunal del Distrito para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de
Activos confirmó el llamamiento a juicio de la señora María Gilma Martín Vásquez; ii) el
15 de octubre de 2020, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado negó la
petición de cancelación de la orden de captura y, iii) por auto del 11 de febrero de 2021
se legalizó la captura y ordenó la encarcelación de la demandante, por considerarse que,
de los medios probatorios se podía extraer una inferencia razonable de que la ahora
demandante pudiera estar incurso en la autoría o ser partícipe de la conducta delictiva
por la cual se le investigaba.
Afirmó que para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento y de la
captura de la señora Martín Vásquez existían indicios de su posible participación en el
punible endilgado, por lo que, a su juicio, las decisiones de la Fiscalía General de la
Nación, relacionadas con la medida de aseguramiento, se ajustaron a derecho y se
profirieron en cumplimiento de los deberes que le habían sido encomendados.
Que la parte actora no había presentado medios de convicción conducentes para
controvertir las pruebas que pesaban en contra de la señora Martín Vásquez y que se
tuvieron en cuenta para el decreto de la medida privativa de la libertad.
Que existía una diferencia en los elementos de prueba que permitía solicitar y decretar
medida de aseguramiento y los que debían ser valorados para dictar la sentencia penal.
Que no se trataba de realizar un nuevo juicio de responsabilidad penal, sino que se debía
analizar la situación fáctica y probatoria surtida en la jurisdicción penal, a efectos de
determinar su incidencia en la responsabilidad extracontractual que se reclamaba.
Que el hecho de que se haya dictado sentencia absolutoria no conllevaba, per se, que se
declarara la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, como tampoco eximía
a la parte actora de su carga procesal de demostrar la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación.
Que el a quo había compartido las conclusiones de la sentencia del proceso penal, sin
realizar un análisis respecto de las pruebas que sirvieron de fundamento al decreto de la
medida de aseguramiento, lo que, según dijo, no era de recibo, porque la valoración que
se realizó en la sentencia penal no implicaba automáticamente consecuencias adversas
sobre el decreto de la medida de aseguramiento o que esta última hubiere perdido su
legalidad o proporcionalidad.
Que la sentencia penal analizaba los medios de prueba para valorar la responsabilidad
penal del procesado y no desde el punto de vista de garantías legales y constitucionales
para el decreto de una medida de aseguramiento.
Que, en consecuencia, no se encontraba demostrado que la Fiscalía General de la
Nación hubiere incurrido en la responsabilidad patrimonial endilgada por los
demandantes, por lo que revocaríala decisión apelada y, en su lugar, denegaría las
pretensiones de la demanda de reparación directa.
A partir de lo anterior, para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, por cuanto la sentencia acusada no se enmarca
en una indebida valoración probatoria, puesto que no se separó de los hechos
debidamente probados en el proceso de reparación directa ni se trata de una decisión
que vaya en contravía de la evidencia probatoria. Por el contrario, la decisión se
fundamentó en las pruebas solicitadas, decretadas e incorporadas por solicitud de la
propia parte demandante.
La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que el daño reclamado no era de carácter
antijurídico, por cuanto la privación de la libertad que padeció la señora María Gilma
Martín Vásquez estuvo soportada en medios de prueba que, para ese momento,
permitían inferir su participación en el delito de lavado de activos, puesto que, en otro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
proceso penal, se adelantó una diligencia de allanamiento a la residencia de varios
procesados por los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos y se
encontraron documentales relacionadas con transacciones realizadas a la cuenta
personal de la señora Martín Vásquez.
Que la señora María Gilma no explicó cómo dineros provenientes de grupos dedicados
al narcotráfico terminaron en su cuenta personal. Que era distinta la valoración probatoria
que se debía realizar para imponer medida de aseguramiento a la que se efectuaba al
momento de proferir la correspondiente sentencia en el proceso penal.
En realidad, la Sala encuentra que la decisión objeto de tutela obedece al análisis propio
del conjunto de pruebas practicadas en el proceso ordinario, que permitieron concluir que
la privación de la libertad de la señora Martín Váquez no tenía el carácter de antijurídica.
Además, no se advierte que la decisión cuestionada contenga errores sustanciales y que
estos provengan directamente de deficiencias en la valoración probatoria, a tal punto que
no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios de objetividad,
racionalidad, legalidad y motivación. Por el contrario, se observa un análisis integral del
material probatorio, que no resulta contraevidente y que permitió arribar a la conclusión
razonable de que la parte actora no acreditó los elementos para que se declarara la
responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección4, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
La Sala observa que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la autoridad judicial
demandada sí se pronunció respecto de la necesidad, idónea y proporcional de la medida
de aseguramiento, como se observa a continuación:
b) Como se precisó previamente, para que una privación de la libertad se torne en injusta, se debe
evidenciar que la misma no se apegó al ordenamiento jurídico o no fue necesaria, razonable, ni
proporcional.
c) Sin embargo, en el caso concreto, contrario a lo afirmado por el a quo, el carácter antijurídico de la
privación de la libertad se desdibuja, bajo el recto entendimiento de que la privación de la libertad que
la demandante reprocha como injusta se encuentra soportada en medios de prueba que para el
momento de imposición de la medida de aseguramiento podían inferir la posible participación en el delito
de lavado de activos.
d) De conformidad con los medios probatorios obrantes en el plenario, se advierte que la investigación
penal 75976 iniciada en contra de la demandante derivó de una compulsa de copias efectuada dentro
de otra investigación penal –74731– dentro de la cual se profirieron sentencias condenatorias en contra
de varias personas por el delito de tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
e) La vinculación al proceso penal de la aquí demandante y la imposición de medida de aseguramiento,
derivó del análisis de: i) los documentos encontrados en el allanamiento realizado a las residencias de
las personas condenadas, entre otras del señor Humberto Ortiz Jaimes, y en los que se relacionó la
cuenta bancaria de la demandante; ii) así como de los informes de policía judicial que encontraron
movimientos de altas sumas de dinero en la cuenta de la señora María Gilma Martín.
En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para denegar la solicitud de
amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
4 Ver, entre otras, las sentencias T-344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05444-00
Demandante: María Gilma Martín Vásquez y otros
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General de la Nación.
2. Declarar improcedente el cargo por desconocimiento del precedente, por los
argumentos expuestos en esta decisión.
3. Denegar la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las razones
expuestas en esta providencia.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 5
5 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.