RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05455-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05455-00

Fecha
28 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05455-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Jhon Jairo Arias Cruz por no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05455-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

28 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05455-00
Accionante: Jhon Jairo Arias Cruz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05455-00
Accionante: Jhon Jairo Arias Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de
Decisión
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedencia. Requisito
de Subsidiariedad – Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Jhon Jairo Arias
Cruz contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Jhon Jairo Arias Cruz promovió acción de tutela con el propósito de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y “la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”1, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, con
ocasión del auto del 5 de diciembre de 2025, mediante el cual esa autoridad rechazó la
demanda, por haber operado la caducidad, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el radicado núm. 18001-23-33-000-2025-00110-00.

2. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos:

2.1. Jhon Jairo Arias Cruz, María Paula Arias Páez, Cecilia Páez Triana, Jhon Jairo Arias
Páez y Eulises Arias Cruz presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, contra la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Policía Nacional–
Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de
los perjuicios que, según afirmaron, les ocasionaron el abandono y la falta de protección

1
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 24D491A703702E9E 0ACF61F7376D267B CDDE1AEAD5C36227
18DD2D087CA43BAD.

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05455-00
Accionante: Jhon Jairo Arias Cruz

de sus vidas y bienes, a raíz del desplazamiento forzado y del hurto de 450 cabezas de
ganado bovino de las fincas «La Samaria» y «El Diamante», ubicadas en la vereda Las
Delicias, jurisdicción del municipio de El Doncello. Atribuyeron esos hechos a grupos
armados organizados al margen de la ley, identificados como disidencias de las FARC.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Caquetá-Sala
Tercera de Decisión bajo el radicado número 18001-23-33-000-2025-00110-00,
autoridad que, mediante auto del 5 de diciembre de 2025, rechazó la demanda por haber
operado la caducidad del medio de control.

El Tribunal señaló que la parte demandante atribuyó a las entidades accionadas los
perjuicios materiales e inmateriales derivados del desplazamiento forzado y del hurto de
los semovientes, hechos que ocurrieron el 23 de agosto de 2023. Por tanto, estimó que
el término de caducidad debía contabilizarse a partir del 24 de agosto de ese año y que,
en principio, vencía el 24 de agosto de 2025.

No obstante, precisó que ese término se suspendió el 22 de agosto de 2025, con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial. Como el trámite conciliatorio
concluyó sin acuerdo, según consta en el acta del 15 de octubre de 2025, determinó que
la parte actora podía presentar la demanda hasta el 17 de octubre siguiente. Sin
embargo, dado que esta se radicó el 6 de noviembre de 2025, concluyó que su
presentación fue extemporánea.

Por otra parte, indicó que, de acuerdo con los anexos de la demanda, la parte actora
afirmó que había radicado el escrito introductorio el 16 de octubre de 2025. Para
sustentar esa aseveración, aportó una captura de pantalla del mensaje remitido a la
dirección electrónica stradfl@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondiente a la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá.

En atención a esa circunstancia, la Mesa de Ayuda efectuó el rastreo del buzón
electrónico de correspondencia y estableció que el mensaje no ingresó a la cuenta
institucional de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá. En consecuencia,
la autoridad judicial recordó que los consejos seccionales de la judicatura de cada
región, por conducto de las oficinas de coordinación administrativa o de reparto y apoyo,
han dispuesto los canales autorizados para la radicación de demandas. Por ese medio,
la parte actora presentó efectivamente la demanda el 6 de noviembre de 2025.

2.3. El auto se notificó por estado el 5 de febrero de 2026 y quedó ejecutoriado el 10 de
febrero siguiente.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, así como del principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas. En consecuencia, pidió: i) dejar sin efectos el auto
del 5 de diciembre de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala

2

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05455-00
Accionante: Jhon Jairo Arias Cruz

Tercera de Decisión, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado núm. 18001-23-33-000-2025-00110-00; y ii) ordenar a la autoridad judicial
accionada que profiera una nueva decisión conforme con lo solicitado en la acción de
tutela.

Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que la providencia cuestionada incurrió
en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues atribuyó consecuencias
desproporcionadas al incumplimiento de una formalidad relacionada con el uso de los
medios tecnológicos, sin valorar la diligencia desplegada por la apoderada ni su
intención de ejercer oportunamente el derecho de acción. En su criterio, esa actuación
desconoció el artículo 228 de la Constitución Política y el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas.

Al respecto, señaló que el Tribunal reconoció que el término para presentar la demanda
vencía el 17 de octubre de 2025 y que la apoderada remitió el escrito el día anterior. Por
tanto, afirmó que aquella actuó dentro de la oportunidad legal. No obstante, la autoridad
judicial concluyó que la demanda se presentó de forma extemporánea, porque el
mensaje no ingresó al buzón institucional habilitado para su recepción.

Por otra parte, alegó que la providencia censurada desconoció el precedente judicial.
Explicó que, para la fecha en que se profirió esa decisión, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado había dictado la sentencia del 28 de agosto de 2025,
dentro del expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02951-01. En esa
oportunidad, dicha autoridad concedió el amparo solicitado por una ciudadana cuya
demanda de reparación directa había sido rechazada, debido a que el escrito de
subsanación se remitió a una dirección electrónica institucional distinta de la habilitada
oficialmente para la recepción de memoriales.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 21 de julio de 20262, el Despacho de la magistrada ponente, admitió
la acción de tutela; vinculó como terceros con interés a María Paula Arias Páez, Cecilia
Páez Triana, Jhon Jairo Arias Páez y Eulises Arias Cruz; pidió a la autoridad judicial
accionada que aportaran los expedientes objeto de amparo; ordenó la notificación a las
partes y suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión3, por conducto
de la magistrada ponente de la providencia cuestionada, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Explicó que la parte actora disponía del recurso de apelación para controvertir el auto

2
Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado F16EECB25D711179 321B590866CF803C 38B04ADB27CA678E
887E62408AD3AB09.
3
Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado EDB29261378F519C 7462755C2562CF4F A6AF27AE5F41DA7E
CDD6FCE417205937.
3

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05455-00
Accionante: Jhon Jairo Arias Cruz

mediante el cual se rechazó, por caducidad, la demanda de reparación directa
identificada con el radicado núm. 18001-23-33-000-2025-00110-00.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que
John Jairo Arias Cruz es el titular de los derechos fundamentales cuya protección
reclama y actuó como demandante en el medio de control de reparación directa
identificado con el radicado núm., 18001-23-33-000-2025-00110-00 en cuyo trámite se
profirió la providencia que considera lesiva de sus garantías constitucionales.

2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
respecto de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá,
autoridad judicial que profirió el auto al cual la parte actora atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 4 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que

4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05455-00
Accionante: Jhon Jairo Arias Cruz

habilitan la interposición de la tutela5, y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto6.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte
de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 7.

4.1. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86
Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al establecer que “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su
vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de
1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo
principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces
para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta
a la que adelanta el proceso ordinario; ii) evitar que no se alteren o sustituyan de manera
fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) garantizar que
los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no
es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar
oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial 8.

5
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de
tutela
6
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8
Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
5

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05455-00
Accionante: Jhon Jairo Arias Cruz

Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para
revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”9, por lo tanto los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia,
descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido,
desde los primeros pronunciamientos de la Corporación Constitucional, se ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de
tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso,
tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues
esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce
para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional.”10

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues la
acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir términos
de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y desvirtuaría
su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos fundamentales debe haber
agotado previamente los mecanismos de defensa previstos en la ley. Esto responde al
principio de subsidiariedad, que impide que la tutela se convierta en una instancia
adicional del proceso judicial o en un medio para corregir omisiones y errores de las
partes.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. En el asunto objeto de estudio, Jhon Jairo Arias Cruz solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
así como del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Atribuyó
su vulneración al auto del 5 de diciembre de 2025, mediante el cual el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, rechazó por caducidad la

9
Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
10
sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217 de
2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
6

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05455-00
Accionante: Jhon Jairo Arias Cruz

demanda presentada en ejercicio del medio de control de reparación directa, identificada
con el radicado núm. 18001-23-33-000-2025-00110-00.

5.2. En síntesis, el accionante sostuvo que la providencia cuestionada vulneró sus
derechos fundamentales porque, a su juicio, incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y desconoció el precedente judicial.

5.3. Sobre el particular, la Sala advierte que el artículo 243 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y
los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el
mandamiento ejecutivo.

2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso”.

En consecuencia, dado que el auto del 5 de diciembre de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, rechazó la demanda por
caducidad del medio de control, dicha providencia era susceptible del recurso de
apelación.

Sin embargo, una vez consultado el expediente ordinario en el aplicativo SAMAI, la Sala
constató que el auto se notificó por estado el 5 de febrero de 2026 sin que la parte actora
interpusiera recurso alguno, como se observa en la siguiente imagen:

5.4. En ese orden de ideas, la Subsección advierte que el accionante no ejerció el medio
de impugnación que tenía a su disposición para procurar la protección de sus derechos
fundamentales y exponer sus reparos ante el juez de segunda instancia del proceso
ordinario. Por tanto, los argumentos formulados en la solicitud de tutela pretenden
subsanar una oportunidad procesal que la parte demandante dejó vencer.

Esta circunstancia impide que el juez constitucional examine de fondo la controversia,
pues ello supondría invadir el ámbito de competencia del juez natural y desconocer el
7

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05455-00
Accionante: Jhon Jairo Arias Cruz

escenario procesal dispuesto por el ordenamiento jurídico para controvertir la decisión
cuestionada.

5.5. En consecuencia, la Subsección concluye que la acción de tutela es improcedente
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Una conclusión distinta permitiría
que este mecanismo constitucional sustituyera los recursos ordinarios establecidos por
el legislador y subsanara la inactividad procesal de la parte que no los ejerció
oportunamente.

En efecto, la acción de tutela tiene naturaleza subsidiaria y residual, por lo que no puede
utilizarse como un mecanismo alternativo a los instrumentos procesales previstos por el
ordenamiento jurídico para la protección de los derechos y la resolución de las
controversias sometidas al conocimiento del juez natural.

5.6. Por otra parte, la solicitud de amparo tampoco resulta procedente como mecanismo
transitorio, pues el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la flexibilización del requisito de subsidiariedad.

5.7. En consecuencia, la Sala procederá a declarar la improcedencia de la acción por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Jhon
Jairo Arias Cruz por no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.