Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05471-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05471-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-05471-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05471-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial / Incidente de desacato /
Sanción ex gerente Nueva EPS / Sin defecto específico
Decisión: Declara improcedente el amparo por falta de inmediatez y
subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Wilmar Rodolfo Lozano Parga en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Wilmar Rodolfo Lozano Parga promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos y garantías fundamentales a la dignidad, al debido
proceso, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre, con ocasión de las
decisiones adoptadas dentro de los incidentes de desacato en los que se impusieron
sanciones de multa y arresto; y, las actuaciones adelantadas dentro de los procesos
de cobro coactivo iniciados para hacer efectivas esas sanciones.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El demandante estuvo vinculado laboralmente a Nueva EPS SA desde el 23
de noviembre de 2013 hasta el 3 de octubre de 2025, mediante contrato de trabajo
a término indefinido, desempeñando el cargo de Gerente Zonal Tolima.
2.2. Desde el año 2017 figuró inscrito ante la Cámara de Comercio de Ibagué
como administrador de la sede de la ciudad mencionada. Durante su permanencia
en la entidad, Nueva EPS SA fue objeto de intervención forzosa administrativa por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud, circunstancia que implicó la
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
designación de diferentes agentes especiales interventores, hasta la terminación de
su vínculo laboral el 3 de octubre de 2025.
2.3. En desarrollo de sus funciones otorgó poder al área jurídica de Nueva EPS
SA para la atención y contestación de solicitudes de tutela e incidentes de desacato.
No obstante, ese mandato se limitaba a la representación judicial y no comprendía
facultades para ordenar el gasto, autorizar servicios de salud, contratar la red
prestadora, efectuar pagos ni ejecutar materialmente las órdenes impartidas por las
autoridades judiciales.
2.4. La estructura administrativa y operativa de Nueva EPS SA concentraba en el
nivel central, ubicado en la ciudad de Bogotá, las decisiones relacionadas con la
contratación de la red de prestación de servicios de salud, la autorización de
servicios y tecnologías en salud, la ejecución presupuestal, la facturación y el pago
a los prestadores. En consecuencia, tales competencias nunca estuvieron
asignadas al cargo de Gerente Zonal Tolima.
2.5. Las actuaciones judiciales relacionadas con solicitudes de tutela e incidentes
de desacato eran notificadas al correo institucional de la Secretaría General de
Nueva EPS, dependencia encargada de su recepción, trámite y coordinación de las
respuestas judiciales. En ningún momento esas notificaciones fueron remitidas a su
correo personal ni dependieron de su gestión directa.
2.6. Las decisiones encaminadas al cumplimiento de las órdenes impartidas por
los jueces constitucionales eran adoptadas en exclusiva por las dependencias
competentes del nivel central de la entidad, razón por la cual el demandante carecía
de competencia funcional, administrativa y presupuestal para garantizar su
ejecución.
2.7. La Superintendencia Nacional de Salud en Resolución 2024160000003012-
6 del 3 de abril de 2024 ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes,
haberes y negocios de Nueva EPS S.A. y dispuso su intervención forzosa
administrativa, al evidenciar graves deficiencias financieras, operativas y
administrativas que comprometían la adecuada prestación del servicio de salud.
2.8. En las resoluciones mediante las cuales se ordenó y posteriormente se
prorrogó la intervención administrativa, la Superintendencia Nacional de Salud
concluyó que Nueva EPS presentaba un grave incumplimiento en la atención de
requerimientos judiciales, además de importantes deficiencias financieras y de
gestión, circunstancias que evidenciaban una problemática estructural e
institucional ajena a su actuación individual.
2.9. Como consecuencia de los incumplimientos institucionales, diversos
despachos judiciales impusieron sanciones por desacato que posteriormente dieron
origen a múltiples procesos de cobro coactivo dirigidos en su contra, pese a que
este no contaba con las facultades legales, funcionales ni materiales para ejecutar
las órdenes cuyo incumplimiento motivó tales sanciones.
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2.10. Se vulneraron sus derechos fundamentales, en tanto su vínculo laboral, se
reitera, finalizó el 3 de octubre de 2025, fecha a partir de la cual dejó de ejercer
cualquier función dentro de la entidad por lo que carecía desde entonces de
competencia, autoridad o posibilidad material para intervenir en el cumplimiento de
órdenes judiciales o adoptar decisiones relacionadas con la prestación de los
servicios de salud.
2.11. No obstante, su desvinculación definitiva de Nueva EPS, continuó siendo
vinculado en procesos de tutela e incidentes de desacato promovidos contra la
entidad, desconociéndose que ya no ostenta representación legal, cargo,
competencia funcional ni facultades para dar cumplimiento a las órdenes impartidas
por los jueces constitucionales.
2.12. Finalmente, señaló que, en vigencias anteriores, Nueva EPS asumió el pago
de diversas multas derivadas de sanciones por desacato que no fueron revocadas
judicialmente, circunstancia que evidencia que tales sanciones obedecieron a
deficiencias estructurales e institucionales de la entidad y no a actuaciones dolosas,
culposas o negligentes que le fueran atribuibles.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO Y
MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos en contra
del accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.
SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN
OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus competencias legales y administrativas,
adelanten de manera inmediata las gestiones necesarias para la materialización y
cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los
incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas
a asumir institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos,
evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera
personal.
TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las autoridades
correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las órdenes judiciales.
[…]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo Superior de la Judicatura2 solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva y su desvinculación del trámite constitucional,
en tanto solo tiene funciones de gobierno y administración general de la Rama
2 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Judicial, mientras que los hechos cuestionados corresponden a actuaciones
relacionadas con procesos de cobro coactivo y trámites administrativos que son
competencia exclusiva de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
específico de la División de Cobro Coactivo o de las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial. Con sustento en normas constitucionales, la Ley 270 de
1996, acuerdos internos y jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, sostuvo que la mencionada dirección
ejecutiva es un órgano independiente y la entidad con aptitud legal para responder
por las presuntas vulneraciones alegadas, razón por la cual no podía atribuírsele
responsabilidad ni exigírsele el cumplimiento de eventuales órdenes de tutela
respecto de actuaciones que no ejecutó ni controló directamente.
5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ3 sostuvo que
carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las actuaciones administrativas
cuestionadas y el eventual cobro coactivo derivado de las sanciones correspondían,
por competencia legal y funcional desconcentrada, a la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Tolima, entidad que debía comparecer al trámite
constitucional, pues la administración judicial opera bajo un esquema de
desconcentración funcional y que las direcciones seccionales cuentan con
competencia para adelantar los cobros derivados de decisiones judiciales proferidas
dentro de su respectivo distrito. En consecuencia, pidió declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva, se ordenara su desvinculación del proceso y se
vinculara a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima como
autoridad competente.
6. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué4 pidió
declarar improcedente la tutela y su desvinculación, en la medida en que el proceso
de cobro coactivo con radicado 73001129000020250081100 se originó en una
multa impuesta al demandante, en su calidad de gerente zonal de Nueva EPS,
dentro de un incidente de desacato tramitado por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, sanción que fue reducida por el Tribunal
Administrativo del Tolima a un salario mínimo legal mensual vigente y
posteriormente remitida para su recaudo.
6.1. Argumentó que la Oficina de Cobro Coactivo actuó dentro de las
competencias conferidas en la Ley y se limitó a ejecutar una obligación contenida
en una providencia judicial ejecutoriada, sin facultades para modificar, revocar o
dejar sin efectos la sanción impuesta por los jueces. Asimismo, sostuvo que la tutela
no puede utilizarse como una tercera instancia para controvertir decisiones
judiciales o administrativas que cuentan con mecanismos ordinarios de defensa,
que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable y que cualquier
cuestionamiento sobre la legalidad de la multa debe plantearse ante la autoridad
judicial que la impuso.
3 Archivo obrante en el índice 13 del Samai.
4 Archivo obrante en el índice 14 del Samai.
4
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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
7. La Policía Nacional5 requirió su desvinculación del trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que las pretensiones del demandante
están dirigidas a obtener el levantamiento de sanciones de arresto y multas
impuestas en incidentes de desacato relacionados con su antiguo cargo en Nueva
EPS; sin embargo, esas decisiones fueron adoptadas por autoridades judiciales y
no por la institución policial, cuya actuación se limita al cumplimiento de órdenes
judiciales en ejercicio del deber de colaboración armónica entre autoridades y que
carece de competencia constitucional y legal para modificar, suspender, revocar o
dejar sin efectos providencias judiciales.
8. La Nueva EPS6 solicitó restablecer la unidad procesal de la tutela y acumular
los expedientes derivados del desglose ordenado por el Consejo de Estado, al
considerar que la fragmentación de una sola solicitud constitucional en múltiples
procesos desconoce el principio de inescindibilidad de la tutela, afecta el debido
proceso, dificulta el derecho de defensa y genera riesgo de decisiones
contradictorias, además sostuvo que la situación del demandante debe analizarse
dentro del contexto estructural de la entidad, caracterizado por el incremento masivo
de acciones de tutela, incidentes de desacato y procesos de cobro coactivo,
circunstancias que han afectado a numerosos colaboradores y excolaboradores.
8.1. El demandante tuvo funciones directivas como gerente zonal, la
responsabilidad derivada de los incidentes de desacato no puede presumirse
automáticamente, sino que debe evaluarse caso por caso con verificación de la
capacidad real de cumplimiento, la competencia funcional, el grado de participación
y la existencia de culpa o dolo. Asimismo, resaltó que el desacato tiene una finalidad
conminatoria y no punitiva, por lo que las sanciones de arresto y multa pierden
justificación cuando la persona ya no tiene vínculo laboral ni capacidad material o
jurídica para cumplir las órdenes judiciales. Finalmente, la EPS solicitó que no se le
impusiera una gestión prioritaria o exclusiva en favor del demandante, pues ello
afectaría la igualdad frente a otros colaboradores y excolaboradores en situación
similar y comprometería la atención de miles de procesos judiciales pendientes.
9. El Tribunal Administrativo del Tolima7 solicitó que se negaran las
pretensiones del escrito de tutela al considerar que no se configuró vulneración
alguna al debido proceso y que las decisiones judiciales cuestionadas fueron
adoptadas conforme al ordenamiento jurídico. Para sustentar su posición expuso
que durante el trámite se respetaron plenamente las garantías procesales, que no
se acreditaron causas de exoneración de responsabilidad ni justificaciones para el
incumplimiento de la orden judicial, y que existían elementos suficientes para
concluir que la EPS no dio cumplimiento al fallo.
9.1. Asimismo, sostuvo que la acción de tutela no procede para controvertir
providencias judiciales válidamente proferidas, salvo la existencia de una vía de
hecho manifiesta, circunstancia que no se evidenció en el caso, pues las decisiones
5 Archivo obrante en el índice 15 del Samai.
6 Archivo obrante en el índice 16 del Samai.
7 Archivo obrante en el índice 17 del Samai.
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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
adoptadas estuvieron debidamente motivadas, fundadas en las pruebas obrantes y
amparadas por los principios de autonomía judicial, cosa juzgada y seguridad
jurídica.
10. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
2. Consideraciones
11. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas; iii)
procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema
jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
12. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20218, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo del Tolima
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Acumulación de los procesos desglosados
13. Es pertinente recordar que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en
providencia del 8 de julio de 2026, emitida en el radicado 11001-03-15-000-2026-
04017-00, dispuso el desglose de la demanda y sus anexos y abrir cuadernos
separados para cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de que cada
actuación fuera sometida a reparto y tramitada de forma independiente, conforme
con las reglas previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021.
14. Lo anterior, debido a que Wilmar Rodolfo Lozano Parga aportó una relación
consolidada en la que incluyó 132 procesos de tutela objeto de cuestionamiento, en
la que indicó, para cada uno de ellos, la autoridad judicial correspondiente, el
número de radicación y la providencia objeto de reproche, de manera que, a este
despacho le correspondió el conocimiento de la solicitud de tutela contra el Juzgado
Segundo Administrativo de Ibagué, radicado 73001-33-33-002-2025-00145-00.
15. Por su parte, la Nueva EPS solicitó acumular los expedientes derivados del
desglose ordenado por el Consejo de Estado, al considerar que la fragmentación de
una sola solicitud constitucional en múltiples procesos desconoce el principio de
inescindibilidad de la tutela.
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05471-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
16. Sin embargo, no se accederá a la solicitud de acumulación de los
expedientes derivados del desglose ordenado dentro del presente trámite, por
cuanto los asuntos remitidos a reparto no constituyen simples fragmentos de una
única controversia constitucional, sino cuestionamientos autónomos respecto de
varias providencias proferidas en distintos incidentes de desacato, originados a su
vez en procesos de tutela independientes, promovidos por demandantes diferentes,
sustentados en hechos particulares y relacionados con órdenes judiciales
específicas.
17. De tal forma, aunque Wilmar Rodolfo Lozano Parga expuso sus
inconformidades mediante un solo escrito de tutela, ello no desvirtúa la autonomía
material de cada una de las actuaciones cuestionadas ni transforma en una sola
controversia constitucional aquello que, por su naturaleza, exige un examen
individualizado de circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas propias.
18. En efecto, la determinación sobre la procedencia del amparo frente a cada
sanción impuesta requiere verificar aspectos particulares tales como la orden
presuntamente incumplida, las condiciones concretas en que se produjo el
desacato, la capacidad funcional del sancionado para cumplir la decisión judicial,
las actuaciones desplegadas en cada caso y la eventual configuración de
responsabilidad subjetiva. Tales elementos difieren necesariamente de una
actuación a otra, razón por la cual una decisión unificada podría comprometer el
análisis individual que demanda cada expediente.
19. En consecuencia, la coincidencia del demandante y la existencia de algunos
argumentos de defensa comunes no constituyen razón suficiente para acceder a la
solicitud de la Nueva EPS, pues esta terminaría desconociendo la autonomía de las
providencias cuestionadas y de los procesos de tutela de los cuales aquellas se
derivan, por lo tanto, se negará la solicitud orientada a remitir y acumular los
expedientes derivados del desglose a esta causa.
2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
20. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre,
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
«[…] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior. […]».
21. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
7
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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente9:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental10. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”11, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”12 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
22. Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección de
Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué,
la Policía Nacional y la Nueva EPS solicitaron que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no vulneraron derecho
fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación directa
entre lo pretendido y las acciones que puedan desplegar para su cumplimiento.
23. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en
calidad de terceros con interés, debido a la solicitud realizada por el demandante, y
en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual
se negará su solicitud.
2.3. Delimitación del asunto a decidir
24. De acuerdo con las pretensiones de amparo elevadas por Wilmar Rodolfo
Lozano Parga se observa que solicitó: «[…] ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS
SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de
desacato proferidos en contra del accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA
EPS. […]». (sic), lo cual implica para lo que corresponde al presente asunto revisar
las providencias proferidas el 14 y 22 de agosto de 2025 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
respectivamente, mediante las cuales se le impuso sanción de multa por desacato
en el trámite incidental identificado con el radicado 73001333300220250014500.
25. De tal manera, si bien la vulneración alegada no gira en torno a la posible
configuración de un defecto especial en aquellas decisiones judiciales, sino al
9 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
12 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
levantamiento de la sanción impuesta por imposibilidad funcional y falta del
elemento de responsabilidad subjetiva, lo cierto es que será procedente estudiar tal
inconformidad, solo de superarse los requisitos de procedencia generales de la
tutela contra providencia judicial.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
26. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 14. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
27. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
28. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado15 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
29. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05471-00
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se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
30. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos17, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales18.
31. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3.1. Solicitud de tutela contra desacato
32. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso concreto las providencias que
se cuestionan son aquellas con las que se le impuso sanción de multa por desacato,
es pertinente advertir que en reiterada jurisprudencia se ha considerado que, por
regla general, la solicitud de tutela no procede dentro del trámite de una acción
constitucional. Lo anterior, en tanto se trata de una acción que tiene carácter
excepcional, en razón a que la propia Constitución Política la ha señalado como un
mecanismo encaminado a la protección de derechos fundamentales, y que, por lo
tanto, su utilización debe hacerse en forma racional, de manera que no se reste su
eficacia.
33. Sin embargo, en ciertas ocasiones es procedente dejar de lado tal postura
para estudiar de fondo tales providencias, esto es, en aquellos eventos en los que,
bajo una interpretación restrictiva, sea evidente la vulneración grave de derechos
fundamentales.
34. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T- 482 de 2013 expresó que
la solicitud de tutela contra la providencia que decide el incidente de desacato
procede en forma excepcional, «[…] siempre que logre verificarse la existencia de una
vía de hecho […]», pues en virtud de tal procedimiento se toman decisiones que
pueden vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
17 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
35. Adicionalmente, consideró, que para que proceda la tutela contra la
providencia que resuelve un incidente de desacato es necesario además de superar
los requisitos generales y específicos de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales19, que el trámite incidental haya finalizado; y en relación con
el demandante que: i) los argumentos expuestos en el trámite del desacato y en la
solicitud de tutela contra éste deben ser coherentes y no contradictorios, ii) no se
trate de asuntos nuevos, pues el momento procesal para argumentarlos es el
incidente de desacato; y iii) no puede pedir o presentar pruebas que no fueron
originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar oficiosamente.
36. Así mismo, en relación con el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencia de desacato, consideró que éste debe limitarse a estudiar: i) si
el juez que negó el incidente de desacato se ajustó a la orden de amparo cuyo
incumplimiento define; ii) si respetó el debido proceso y, iii) si la sanción impuesta –
si fuere el caso- no resulte arbitraria, sin que por otra parte pueda reabrir el debate
o decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en la tutela donde se produjo el
incidente de desacato que se ataca, ni cambiar la protección concedida o el alcance
y contenido de aquella20.
37. En ese orden de ideas, el actuar del juez constitucional que conoce del
recurso de amparo impetrado contra decisiones de desacato, está limitado al
estudio del trámite y la decisión adoptada en virtud del incidente mismo, por lo tanto
el juez de tutela no puede entrar a desplegar un estudio del fondo del asunto y
reabrir el debate que quedó clausurado en el proceso constitucional inicial y en
consecuencia, le está vedado revisar la decisión original de proteger el derecho o
cambiar el alcance o contenido sustancial de las órdenes proferidas por el juez de
la primera causa cuyo desacato se estudia.
38. Así las cosas, en el sub-lite al pretenderse el estudio de las providencias que
impusieron sanción con ocasión del presunto incumplimiento de una orden de tutela,
hace procedente analizar de fondo la solicitud de tutela impetrada, siempre y cuando
se superen los demás requisitos generales de procedencia del recurso de amparo
contra decisiones judiciales, en razón a la vigencia de los derechos fundamentales
dentro del marco de un Estado social de derecho.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales: a. Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f.
Que no se trate de sentencias de tutela.
20 Corte Constitucional T-1113-05 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05471-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
2.4. Problemas jurídicos
39. La Sala deberá definir si: ¿La solicitud de tutela presentada por Wilmar
Rodolfo Lozano Parga cumple con el requisito de procedencia general de la
inmediatez?
40. De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, se deberá establecer:
¿si el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima vulneraron los derechos fundamentales de Wilmar
Rodolfo Lozano Parga con ocasión de las providencias proferidas el 14 y 22 de
agosto de 2025, respectivamente, mediante las cuales se le impuso sanción de
multa por desacato en el trámite incidental identificado con el radicado
73001333300220250014500?
2.5. Procedencia de la solicitud tutela – del requisito de inmediatez
41. Como presupuesto general de procedencia de la solicitud de tutela, la
jurisprudencia Constitucional ha sostenido que, debido a su naturaleza de
mecanismo de protección inminente, esta debe promoverse dentro de un plazo
razonable que justifique su utilización para conjurar una situación apremiante
amenazadora de los derechos fundamentales invocados. Al respecto, la Corte
Constitucional en Sentencia T-032 de 2023, consideró:
«[…] Como presupuesto de procedencia la inmediatez “exige que la tutela se presente
en un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta vulneración o
amenaza. De esta manera, se garantiza que el amparo sea un instrumento judicial de
aplicación inmediata y urgente (artículo 86 de la Constitución)”.[55] En estos términos,
quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término justo y moderado,
en cuanto es un instrumento constitucional de protección inmediata de derechos
fundamentales.
67. La jurisprudencia constitucional ha sido clara en establecer que la acción de tutela
no se puede presentar en cualquier momento, de lo contrario podría afectar la seguridad
jurídica y alterar su esencia como mecanismo de protección inminente. Por este motivo,
aunque no hay regla rigurosa y precisa del término para determinar la inmediatez, el juez
de tutela debe analizar las circunstancias particulares de cada situación y determinar
qué se entiende por plazo razonable caso a caso.[56] En esta medida, la Corte
Constitucional ha establecido algunos criterios para este fin: “(i) la diligencia del
interesado en la defensa de sus derechos; (ii) la eventual afectación de derechos de
terceros; (iii) la estabilidad jurídica; (iv) la complejidad del conflicto; (v) el equilibrio de las
cargas procesales y (vi) la existencia de circunstancias de vulnerabilidad o debilidad
manifiesta”.[57]
68. El requisito de plazo razonable en el ejercicio de la acción es fundamental para
establecer el carácter apremiante de la situación amenazadora del derecho, porque un
retraso excesivo e injustificado permite concluir que ni si quiera el titular de los derechos
reconoce la condición de urgencia de su situación, lo cual desvirtúa la urgencia de
intervención del juez constitucional y la naturaleza inmediata de la acción de tutela.[58]
[…]»
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05471-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
42. Así pues, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la
inmediatez, como uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de
tutela contra providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un
término razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora
de la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario,
«se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos»21.
43. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de
2016 estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de
la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición
de esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el lapso
que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está
por resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar
suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2
años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá
de las particularidades del caso»22.
44. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso-
administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014,23 respecto al término
razonable para presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:
«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional. […]»
45. Así pues, en el presente asunto la parte demandante acudió al juez de tutela
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia,
observa que solicitó: «[…] ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE
ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos
en contra del accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS. […]». (sic), lo
cual implica para lo que corresponde al presente asunto dejar sin efecto las
providencias proferidas el 14 y 22 de agosto de 2025 por el Juzgado Segundo
21 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
23 Expediente 110010315000201202201 01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P. Dr.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05471-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
respectivamente, mediante las cuales se le impuso sanción de multa por desacato
en el trámite incidental identificado con el radicado 73001333300220250014500.
46. En consecuencia, para mayor claridad del asunto y en aras de determinar si
cumple el requisito de inmediatez, en esta oportunidad es relevante referir algunas
actuaciones adelantadas el proceso de tutela y el trámite incidental:
47. María Solfa Morales Marroquín promovió solicitud de tutela en contra de la
Nueva EPS por la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, vida en
condiciones dignas y seguridad social, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué que, en sentencia del 9 de julio de
2025, accedió al amparo y resolvió:
«[…] Segundo. – ORDENAR a la NUEVA EPS S.A., que, en el término no mayor a 24
horas, siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a garantizarle a la
señora MARÍA SOLFA MORALES MARROQUÍN, identificada con la cedula de
ciudadanía No.28.914.799 de Rovira - Tolima, ya sea de manera directa y/o a través de
un operador farmacéutico adscrito a su red de prestadores de servicios, la entrega del
medicamento Olmesartán + Amlodipino 20/5 mg 60 unidades, que requiere y que le fue
prescrito por el médico tratante para el tratamiento de la Hipertensión Esencial
(Primaria), sin incurrir en trámites administrativos e injustificados que impidan la
realización del procedimiento.
Tercero. – ORDENAR a la NUEVA EPS S.A que proceda a autorizarle y garantizarle a
la señora MARÍA SOLFA MORALES MARROQUÍN, identificada con la cedula de
ciudadanía No.28.914.799 de Rovira - Tolima, ya sea de manera directa y/o a través de
un operador farmacéutico adscrito a su red de prestadores de servicios, todos los
medicamentos que le ordenen y prescriban los médicos y/o especialistas tratantes, para
el tratamiento de la Hipertensión Esencial (Primaria) que padece, con la oportunidad,
dosis y cantidades prescritas, a efectos de garantizar la continuidad e integralidad del
tratamiento médico, y sin incurrir en trámites administrativos e injustificados que impidan
o retarden el cumplimiento de la orden impartida.
Cuarto. – ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que, en el
marco de las funciones de inspección, vigilancia y control que le fueron asignadas frente
a los actores del sistema de salud, que adelante de oficio todas las actuaciones
administrativas pertinentes a que haya lugar en contra de la Nueva EPS S.A., a afectos
de asegurar la prestación real y efectiva de los servicios amparados en la presente
acción constitucional a la accionante. Para lo cual en el término no mayor a quince (15)
días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, deberá allegar
informe con las actuaciones adelantadas.
Quinto. - ORDENAR a las partes que deben informar sobre el cumplimiento de este fallo,
mediante prueba documental, advirtiéndose que en caso de incumplimiento se
procederá conforme lo señala el capítulo V del Decreto 2591 de 1991 y ss. […]»
48. El 30 de julio de 2025, la demandante promovió incidente de desacato en
contra de la Nueva EPS con el argumento de que la entidad omitió el cumplimiento
de lo dispuesto en la sentencia de amparo.
49. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante
providencia del 1 de agosto de 2025, dio apertura al incidente de desacato en contra
de Wilmar Rodolfo Lozano Parga, Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS, entre
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05471-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
otros, concediéndoles un término de 3 días contados a partir de la notificación de la
providencia de apertura del incidente, para que manifestaran lo que a bien tuvieran
en su defensa y solicitaran pruebas.
50. El despacho de conocimiento profirió la providencia del 14 de agosto de 2025
con la que resolvió sancionar con multa de 2 salarios mínimos legales mensuales
vigentes en contra de Wilmar Rodolfo Lozano Parga, Gerente Zonal Tolima de la
Nueva EPS, entre otros, por el incumplimiento del fallo de tutela proferido el 9 de
julio de 2025.
51. En sede de consulta, el Tribunal Administrativo del Tolima emitió la
providencia del 22 de agosto de 2025 modificó la decisión proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el 14 de agosto de 2025 en
el sentido de reducir la multa impuesta a un salario mínimo mensual vigente a cargo
de Wilmar Rodolfo Lozano Parga, Gerente Zonal Tolima de la NUEVA EPS, por no
cumplir la orden judicial impartida por el Juez de tutela. El Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué emitió auto de obedézcase y cúmplase
el 16 de septiembre de 2025, el cual cobró ejecutoria el 22 de igual mes y año.
52. El 28 de octubre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué envió los documentos pertinentes para cobro coactivo de la
sanción impuesta a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.
53. El 21 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del Tolima solicitó la
remisión del expediente de tutela y el trámite incidental con el fin de resolver solicitud
de nulidad presentada por el apoderado de otros de los incidentados por lo cual el
juez de primera instancia lo remitió a través de correo electrónico del 21 de enero
de 2026.
54. El 14 de mayo de 2026 fue devuelto el expediente y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué emitió auto del 19 de igual mes y año
de obedézcase y cúmplase la providencia del 28 de abril de la misma anualidad con
la que el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad parcial del auto
proferido el 22 de agosto de 2025 en relación con la sanción impuesta al incidentado
Bernardo Armando Camacho Rodríguez.
55. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué emitió el
auto del 29 de mayo de 2026 con el que se abstuvo de aperturar y continuar con el
trámite incidental de desacato, en tanto requirió a la demandante para que informara
si los hechos que dieron origen a la causa fueron superados o si persistía el
incumplimiento, y que de no emitir pronunciamiento se ordenaría el cierre del
incidente.
56. El juzgado de primera instancia emitió el auto del 2 de julio de 2026 con el
que puso en conocimiento las solicitudes de inaplicación de la sanción presentadas
por la Nueva EPS y por la Superintendencia de Salud y corrió traslado a la parte
incidentante y al agente del Ministerio Público para que se pronunciaran.
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Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
57. Visto lo anterior, se evidencia que la parte demandante acudió ante el juez
constitucional (7 de julio de 202624) después de haber transcurrido más de 9 meses
y 15 días desde que quedara ejecutoriado el auto de consulta de la sanción por
desacato que le fue impuesta, razón por la cual no se cumple con el requisito de
inmediatez.
58. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar
cada caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío del demandante. Dicho ello, debe precisarse que el
tutelante no expuso argumento alguno tendiente a justificar el tiempo que tardó en
acudir al juez constitucional y de los supuestos narrados no es posible tener certeza
de la afectación alegada.
59. Al respecto, debe resaltarse que la regla general fijada por la jurisprudencia
constitucional consiste en que la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación
urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados»25.
60. De otro lado, revisado el expediente de tutela y el trámite incidental con
radicado 73001333300220250014500, se presentaron solicitudes de inaplicación
de la sanción, cuyo pronunciamiento se encuentra pendiente, razón por la cual debe
precisarse que el sistema jurídico no pueden permitirse el paralelismo de formas,
de manera que al estar en trámite los medios de defensa no le es posible el juez
constitucional invadir la competencia del juez natural del asunto, máxime cuando se
observa que el aquí demandante no ha ejercido la defensa de sus intereses al
interior de aquel a través de los recursos idóneos.
61. Sumado a esto, si bien el demandante pretende que se ordene a la Nueva
EPS y a la Superintendencia de Salud el cumplimiento efectivo de la orden de tutela
que dio origen al incidente de desacato con sustento en el estudio efectuado por la
Corte Constitucional en sentencias como la T-1234 de 2008 y SU-028 de 2018, no
es posible desconocer que en aquellas se estudiaron supuestos fácticos y jurídicos
totalmente distintos a los que dieron origen al presente reclamo constitucional, no
obstante, debe recordarse que es el juez de primera instancia quien conserva la
competencia para procurar el cumplimiento de una orden de tutela, razón por la cual
tal solicitud debe presentarse ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué.
3. Conclusión
62. Así las cosas, al encontrar que el presente asunto no cumple con los requisitos
de inmediatez y subsidiariedad, esta Sala de decisión declarará la improcedencia
del amparo en la solicitud de tutela presentada por Wilmar Rodolfo Lozano Parga
contra el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué y otros.
24 De conformidad con la información obrante en el índice 1 del Samai, expediente
11001031500020260401700.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05471-00
Demandante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, la Policía Nacional y la Nueva EPS.
Segundo. Declarar la improcedencia del amparo en la solicitud de tutela presentada
por Wilmar Rodolfo Lozano Parga contra el Juzgado Segundo Administrativo de
Ibagué, el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo Superior de la Judicatura
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
17
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