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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05474-00

Fecha
21 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05474-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05474-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

21 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05474-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide sobre la acción de tutela1 presentada por el señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué, la Policía
Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud, Nueva EPS S.A. y el agente
interventor de esta última entidad.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 22 de mayo de 20262, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga interpuso la
presente acción constitucional en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, la libertad personal, la dignidad humana, la
igualdad, el buen nombre y el patrimonio, que estimó vulnerados por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional, la Superintendencia
Nacional de Salud y la Nueva EPS S.A., con ocasión de las sanciones de arresto y
multa impuestas en su contra dentro de diversos incidentes de desacato derivados
del incumplimiento de órdenes de tutela dirigidas a dicha entidad promotora de
salud, así como de los 156 procesos de cobro coactivo adelantados para hacer
efectivas esas multas.

Ello, pese a que durante su vinculación como gerente zonal Tolima carecía de
competencia funcional, autonomía administrativa, manejo presupuestal y capacidad
decisoria para materializar las órdenes judiciales, pues tales actuaciones se
encontraban centralizadas en la ciudad de Bogotá; además, sostuvo que fue
desvinculado de la compañía el 3 de octubre de 2025 y que, no obstante, las

1 Obra en el certificado 029C1C35F85EDE54 9574A954E9E62A31 8BE94E9BB123499A
889BBDED6EBEF18C, índice 2.
2 Archivo 01 del certificado 401BAC7F7C8BB7F5 C5BC2B0C7F1276EA 8E06224E325C78B7
6A7CEC6560EF0FCC, índice 2.

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

sanciones, los cobros y las medidas cautelares sobre sus bienes continúan
vigentes.

2. Hechos

2.1. El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga manifestó que se vinculó laboralmente
con la Nueva EPS S.A. el 23 de noviembre de 2013, mediante contrato de trabajo a
término indefinido, para desempeñar el cargo de gerente zonal Tolima, función que
ejerció hasta el 3 de octubre de 2025, cuando la entidad terminó unilateralmente su
contrato sin justa causa.

2.2. Agregó que, desde 2017, fue inscrito ante la Cámara de Comercio de Ibagué
como administrador de esa sede y que, durante su vinculación, otorgó poder al área
jurídica de la compañía para suscribir contestaciones de acciones de tutela e
intervenir en incidentes de desacato; no obstante, precisó que ello no le confería
facultades de mando, disposición de recursos, manejo presupuestal ni capacidad
para materializar las órdenes impartidas por los jueces constitucionales.

2.3. Explicó que los procesos indispensables para garantizar la prestación de los
servicios de salud, entre ellos la contratación de las instituciones prestadoras, la
facturación y los pagos, se encontraban centralizados en la oficina principal de la
Nueva EPS en Bogotá; por tanto, no era ordenador del gasto ni tenía a su cargo la
autorización o negación de los servicios solicitados por los afiliados.

2.4. Asimismo, afirmó que las notificaciones relacionadas con acciones de tutela e
incidentes de desacato eran recibidas, controladas y respondidas por el área jurídica
del nivel central, a través del correo secretaria.general@nuevaeps.com.co, sin que
fueran remitidas a su correo personal ni estuvieran bajo su dependencia jerárquica.

2.5. En relación con la situación administrativa de la entidad, señaló que, mediante
la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, la Superintendencia
Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y
negocios de la Nueva EPS, así como su intervención forzosa para administrar.
Indicó igualmente que, mediante la Resolución 2025320030001956-6, que en uno
de los apartes de la demanda identificó con fecha del 3 de abril de 2024, fue
designado como agente interventor Julio Alberto Rincón; posteriormente, mediante

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
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la Resolución 2024320030015020-6 del 18 de noviembre de 2024, se designó en
esa función a Bernardo Armando Camacho, y, a través de la Resolución
2025320030006807-6 del 15 de agosto de 2025, se nombró como agente especial
de intervención a Gloria Libia Polanía Aguillón, quien le comunicó la terminación de
su contrato de trabajo.

2.6. Añadió que la intervención fue dispuesta ante la crisis estructural de la Nueva
EPS y el incremento de las acciones de tutela, así como por las deficiencias
advertidas en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
y en la atención de requerimientos judiciales, aspectos en los que la entidad
presentaba niveles de cumplimiento del 25 % y del 0 %, respectivamente.

2.7. También refirió que la medida se adoptó inicialmente por un año, ante el riesgo
que la situación financiera y de solvencia representaba para el aseguramiento y la
prestación de los servicios de salud, y que, mediante la Resolución
2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud
prorrogó la intervención, al establecer que persistían las causas que le dieron
origen, entre ellas la insuficiencia del patrimonio requerido y las deficiencias en el
régimen especial de reservas técnicas.

2.8. Pese a las circunstancias descritas, indicó que diferentes despachos judiciales
lo vincularon a incidentes de desacato derivados del incumplimiento de órdenes de
tutela impartidas contra la Nueva EPS y le impusieron sanciones de arresto y multa.
Como consecuencia de estas últimas, la Dirección Seccional de Administración
Judicial inició en su contra 156 procesos de cobro coactivo, por un valor total de
$755.861.340,33, y, mediante la Resolución 030 del 30 de diciembre de 2025,
decretó el embargo y posterior secuestro de los bienes inmuebles de su propiedad
y de sus cuentas bancarias.

2.9. Sostuvo, además, que continuó siendo vinculado a acciones de tutela e
incidentes de desacato aun después de su retiro de la entidad, pese a que desde el
3 de octubre de 2025 carecía de cualquier posibilidad de gestión y defensa desde
el interior de la compañía, y agregó que, en vigencias anteriores, la Nueva EPS
había asumido el pago de las multas que no fueron revocadas.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05474-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3. Fundamentos de la acción de tutela

3.1. El accionante sustentó la vulneración de sus derechos en que las sanciones de
arresto y multa impuestas dentro de los incidentes de desacato desconocieron el
carácter subjetivo de la responsabilidad exigida en ese trámite, pues, según afirmó,
no se valoraron su competencia funcional, su capacidad real de cumplimiento, la
imposibilidad material de ejecutar las órdenes ni el contexto de crisis estructural de
la Nueva EPS.

3.2. Para respaldar esa postura invocó las sentencias SU-034 de 2018 y T-315 de
2020 de la Corte Constitucional, así como la decisión del Consejo de Estado del 30
de enero de 2025, radicado 2024-04475, de las cuales extrajo que el desacato no
puede operar como un mecanismo de responsabilidad objetiva y que, cuando el
incumplimiento obedece a fallas institucionales que desbordan la capacidad de
actuación del sancionado, deben examinarse integralmente las circunstancias del
caso.

3.3. También citó la sentencia STP5789-2026 del 9 de abril de 2026 de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, relativa a una exgerente regional
de la Nueva EPS, en la que se ordenó levantar las sanciones de arresto y multa y
los cobros derivados de estas. Con fundamento en ese antecedente solicitó la
aplicación del principio de igualdad material, por considerar que se trataba de un
caso similar al suyo.

3.4. A partir de esos argumentos, estimó vulnerados sus derechos al debido
proceso, porque las sanciones se impusieron sin establecer su responsabilidad
individual; a la libertad personal, por las órdenes de arresto; a la dignidad humana
y al patrimonio, por la acumulación de multas, cobros coactivos y medidas
cautelares; y a la igualdad y al buen nombre, porque se le atribuyeron
personalmente incumplimientos que, según sostuvo, correspondían a fallas
institucionales de la Nueva EPS.

3.5. Agregó que las medidas eran desproporcionadas y continuaban afectándolo
pese a su desvinculación, y consideró que la tutela cumplía los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, dado que las sanciones y cobros seguían vigentes y
no contaba con otro mecanismo judicial al cual acudir.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05474-00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
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4. Pretensiones de la acción

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE
ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de
desacato proferidos en contra del accionante en su condición de ex colaborador
de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE
IVAN OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las
órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato,
así como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir
institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos,
evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi
esfera personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las
órdenes judiciales.”3

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Por reparto, el conocimiento de la solicitud de amparo correspondió a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que, mediante auto del 1.º de junio de 2026 4, requirió
al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga para que precisara si sus reproches se
dirigían contra las decisiones adoptadas en los incidentes de desacato en los que
se le impusieron sanciones de arresto y multa, las actuaciones adelantadas en los
procesos de cobro coactivo iniciados para hacerlas efectivas o ambos asuntos.

5.2. Posteriormente, mediante auto del 24 de junio de 20265, la Sección Cuarta
requirió por segunda vez al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga para que
individualizara los procesos de tutela objeto de cuestionamiento y señalara,

3 Folios 9 y 10 del certificado 029C1C35F85EDE54 9574A954E9E62A31 8BE94E9BB123499A
889BBDED6EBEF18C, índice 2.
4 Obra en el certificado 2D0D09430E3EF918 8298974AAA458987 FF3EFDC8C3E0678F F069138773D360D9,

índice 4 del expediente 11001031500020260401700.
5 Obra en el certificado 710ED2E58898DD9B D51397A0B257E4E4 CD013E9CA084DD74
865BF8AA92C736F8, índice 2.

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respecto de cada uno, la autoridad judicial que profirió la decisión, el número de
radicación y la providencia cuestionada, información que debía allegar de forma
clara, precisa y consolidada.

5.3. Mediante auto del 8 de julio de 20266, la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ordenó el desglose de la acción de
tutela presentada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al advertir que los
cuestionamientos recaían sobre sanciones impuestas en múltiples procesos de
tutela autónomos e independientes, cuyo estudio debía realizarse de manera
individual y tramitarse por separado.

5.4. Por medio del auto del 16 de julio de 20267, el Despacho ponente admitió la
acción y ordenó notificar, en calidad de accionadas, al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Tercero
Administrativo de Ibagué, la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de
Salud, Nueva EPS S.A. y el agente interventor de esta última entidad. Asimismo,
dispuso vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Tolima,
autoridad que resolvió el grado jurisdiccional de consulta de la sanción por desacato
impuesta al accionante8.

5.5. Además, se precisó que su conocimiento se circunscribía a la sanción por
desacato impuesta por el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué, dentro del
radicado 73001-33-33-003-2025-00081-00.

5.6. El Consejo Superior de la Judicatura9 solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación del
trámite constitucional. Explicó que sus funciones, como órgano de gobierno y
administración de la Rama Judicial, son de naturaleza administrativa y están
orientadas a la definición de políticas y directrices generales, mientras que la
ejecución de las actividades administrativas corresponde a la Dirección Ejecutiva de

6 Obra en el certificado 663EC54A5E3729B1 BC8DE801690BE9B3 89E5B04876FC541B
98C56682AD87B817, índice 2.
7 Obra en el certificado 2FA1FFC41DD259EE C99D40053D9F4567 BE5414DC8B8E1E53
C7A9D297235E2F02, índice 4.
8 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
9 Obra en el certificado 20B0841C83193EF1 E744E0687FA79731 F3C31A55A644ED38 B3992FC120E73DAA,

índice 15.

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Administración Judicial y a sus direcciones seccionales, las cuales ejercen sus
competencias de manera independiente.

Precisó que los procesos de cobro coactivo derivados de decisiones judiciales son
adelantados por la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial o por la respectiva Dirección Seccional, según corresponda,
por lo que son esas autoridades las que tienen aptitud legal para responder por las
actuaciones cuestionadas por el accionante.

5.7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ10 solicitó declarar
probada su falta de legitimación en la causa por pasiva y desvincularla del trámite.
Explicó que los hechos objeto de controversia guardan relación con actuaciones
adelantadas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué,
particularmente en ejercicio de sus competencias relacionadas con el trámite y
ejecución de los procesos de cobro coactivo, por lo que la DEAJ - Nivel Central no
es la autoridad llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

Añadió que, en virtud de los principios de informalidad y oficiosidad que rigen la
acción de tutela, corresponde al juez constitucional integrar debidamente el
contradictorio cuando advierta que la autoridad inicialmente vinculada no es la
llamada a responder. Por ello, solicitó vincular a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué - Cobro Coactivo, para que se pronunciara sobre
los hechos y pretensiones relacionados con las actuaciones adelantadas en
ejercicio de sus competencias.

Finalmente, en escrito aparte11, solicitó acumular las acciones de tutela promovidas
por Wilmar Rodolfo Lozano Parga, al considerar que contienen hechos y
pretensiones idénticos, dirigidos al levantamiento de las sanciones de arresto y
multa impuestas en incidentes de desacato relacionados con su anterior vinculación
como gerente zonal de la Nueva EPS.

10 Obra en el certificado 0208142825F8411D B1533A1D067E6052 CBC0E9CDD98D21D2
8A1A311BBF78C4B4, índice 16.
11 Obra en el certificado 8D532A12821199B0 B14B13A832AF53AD F738F2F00393B8BF
3D36126849E8EBD2, índice 16.

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5.8. El Magistrado José Aleth Ruiz Castro en representación del Tribunal
Administrativo del Tolima12 defendió la legalidad de la providencia censurada,
señalando que la sanción confirmada en sede de consulta tuvo sustento en el
incumplimiento comprobado del fallo de tutela y en la ausencia de pruebas que
acreditaran una causal eximente de responsabilidad. Asimismo, resaltó que la
actuación judicial se adelantó con pleno respeto del debido proceso y dentro del
marco de la autonomía judicial, razón por la cual estimó que no se configuró defecto
alguno que habilitara la procedencia excepcional de la acción de tutela contra la
decisión cuestionada.

5.9. El Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué13 sostuvo que, de acuerdo con lo
consignado en las providencias proferidas dentro de los incidentes de desacato, las
decisiones cuestionadas estuvieron precedidas de un estudio juicioso del material
probatorio y de la normativa aplicable, por lo que no podían calificarse de arbitrarias
o caprichosas; en ese sentido, consideró que durante dichas actuaciones se
respetaron los derechos a la dignidad humana, al debido proceso, al patrimonio, a
la igualdad y al buen nombre, sin que de lo actuado pudiera colegirse vulneración
alguna de tales garantías. Asimismo, remitió copia del expediente 73001-33-33-003-
2025-00081-0014.

5.10. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué15 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y desvincularla del trámite, al considerar que no
incurrió en ninguna acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales
del accionante. Explicó que el proceso de cobro coactivo se inició con fundamento
en la multa de $1.423.500 impuesta por el Juzgado Tercero Administrativo de
Ibagué dentro del incidente de desacato y que, una vez ejecutoriada y remitida a la
oficina competente, dicha providencia constituía título ejecutivo suficiente para
adelantar su recaudo. Añadió que el proceso se encuentra vigente y que la
actuación administrativa se ha adelantado en cumplimiento de las funciones
legalmente asignadas a esa dependencia.

12 Obra en el certificado 15EFBF5079DDF94E 24DB7EE5504B49D4 CCBA6171C4E4D9F3
FEF3501C72273F62, índice 13.
13 Obra en el certificado 3AE47A2835A6AD8A 5A2E61FEC4305F61 7A3C81FF2EE0E7C8
F11B52531E3C1CCD, índice 14.
14 Obra en el certificado 60A2280EF69970B0 4B5E4F828F91FDB5 A8211E203B3FC24A
C089ACA508AE47A4, índice 14.
15 Obra en el certificado 48D039F3309BFA6A 3581F15D67DCFD3B A4A173E2B6D17F6C
9A271091EA43965D, índice 17.

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Sostuvo, además, que el accionante tuvo pleno conocimiento del trámite incidental
y ejerció su derecho de defensa y contradicción, mientras que las autoridades
judiciales que conocieron del asunto concluyeron que no existía justificación para el
incumplimiento de la orden de tutela. Precisó que la Oficina de Cobro Coactivo
carece de competencia para inaplicar o dejar sin efectos la multa impuesta, pues
debe ejecutar las sanciones judiciales mientras permanezcan vigentes, de modo
que cualquier cuestionamiento sobre su imposición, modificación o revocatoria debe
plantearse ante el despacho judicial que la profirió y no mediante la acción de tutela
como mecanismo sustitutivo de los medios ordinarios de defensa.

5.11. La Nueva EPS16 cuestionó el desglose de la acción de tutela en procesos
independientes, pues afirmó que el accionante presentó una única solicitud de
amparo contra las sanciones y actuaciones de cobro derivadas de 132 incidentes
de desacato; por tanto, sostuvo que la pluralidad de providencias cuestionadas
exigía un análisis individual dentro de un mismo trámite, pero no autorizaba su
fraccionamiento y nuevo reparto, dado que ello desconoce el principio de
inescindibilidad de la tutela y afecta la economía, celeridad, eficacia, así como los
derechos de defensa y contradicción.

Asimismo, manifestó que recibe un elevado número de tutelas e incidentes de
desacato y que el represamiento de notificaciones, la gestión manual de la
información y la insuficiencia de capacidad humana generaron inconsistencias en
sus registros. Indicó que, desde el 23 de febrero de 2026, comenzó a sistematizar
la información relacionada con sanciones mediante la plataforma SITI y refirió la
existencia aproximada de más de 37.000 sanciones vigentes; con fundamento en
ello, afirmó que no podía atender de manera particular, simultánea e inmediata
todas las actuaciones, pues cada una requería verificar el cumplimiento de la orden,
coordinar las áreas correspondientes, recaudar información y efectuar el respectivo
seguimiento.

De otra parte, señaló que, si bien Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su condición de
Gerente Zonal Tolima, ejerció funciones de dirección relacionadas con la operación
administrativa y de salud de la entidad, por lo que su participación no podía
considerarse meramente nominal ni completamente ajena a las situaciones que

16 Obra en el certificado B4A9796A498A7419 42B32367C5EA15C8 26F11049E9CF6AE8
C6DF63A14C773843, índice 19.

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dieron lugar a la judicialización de las necesidades de los usuarios, esa
circunstancia no permitía concluir, de manera automática, que contara en todos los
casos con autonomía presupuestal, facultades de contratación o capacidad directa
para ejecutar las órdenes judiciales.

En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad por desacato debía analizarse
individualmente, atendiendo las funciones realmente ejercidas, la capacidad
concreta de cumplimiento, el conocimiento de la orden y la conducta desplegada,
así como su posterior desvinculación laboral, a efectos de establecer si conserva
una posibilidad real y jurídica de cumplir los fallos y si el incumplimiento le resulta
atribuible a título de dolo o culpa.

En consecuencia, solicitó adoptar las medidas necesarias para restablecer la unidad
del trámite y disponer la remisión y acumulación de los expedientes derivados del
desglose al radicado 11001-03-15-000-2026-04017-00, inicialmente asignado a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. De igual forma, pidió no imponer a la Nueva
EPS una gestión individualizada y exclusiva en favor del accionante, al considerar
que ello desconocería la capacidad operativa de la entidad, alteraría el orden de
atención de otras actuaciones semejantes y podría afectar los derechos de otros
colaboradores y excolaboradores sancionados, así como la gestión ordinaria de las
demás actuaciones judiciales y administrativas a su cargo.

5.12. Los demás interesados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por Wilmar
Rodolfo Lozano Parga contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué,
la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud y la Nueva EPS S.A., de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

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2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. Cuestión previa

Respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, así
como de la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, la Sala advierte que dichas entidades tienen
interés en el resultado del presente trámite constitucional.

Lo anterior, por cuanto las pretensiones del accionante están encaminadas al
levantamiento de las sanciones de arresto y multa impuestas en su contra y a dejar
sin efectos las actuaciones derivadas de aquellas, de manera que su eventual
cumplimiento involucra a las autoridades de la Rama Judicial encargadas de
adelantar, ejecutar y coordinar los procesos de cobro coactivo, entre ellas la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, así como al Consejo Superior de la Judicatura,
en el marco de sus competencias de administración y gobierno de la Rama Judicial.
En consecuencia, se negarán las solicitudes de desvinculación formuladas.

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad17 y de procedencia18 con el fin de determinar si se

17 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
18 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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vulneraron o no los derechos de orden superior.

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”19.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber20: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202221, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.

5.2. Asimismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en
contra de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio
advertir, además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales”.

19 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
20 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
21 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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5.3. Para la Sala, la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues, aunque el accionante invoca la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, sus argumentos no evidencian, respecto de la
sanción impuesta dentro del radicado 73001-33-33-003-2025-00081-00, un asunto
que trascienda la controversia resuelta por el juez natural.

Ciertamente, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga insiste en que, por la estructura
administrativa de la Nueva EPS y las funciones asignadas a su cargo, carecía de
facultades jurídicas, administrativas y presupuestales para cumplir las órdenes
judiciales; sin embargo, tales planteamientos están dirigidos a obtener una nueva
valoración de su responsabilidad dentro del incidente de desacato, sin identificar
una actuación arbitraria o un defecto de naturaleza constitucional en las
providencias que declararon y confirmaron el incumplimiento.

Sobre este punto, se destaca que la providencia sancionatoria tuvo por acreditados
los elementos objetivo y subjetivo del desacato, pues constató que la Nueva EPS
no había garantizado al señor Manuel Barajas Muñoz la consulta por primera vez
con especialista en anestesiología, en los términos ordenados en el fallo de tutela
del 7 de mayo de 2025, y que el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su
condición de Gerente Zonal Tolima, pese a haber sido vinculado al trámite incidental
y requerido para acreditar el cumplimiento de la orden, no allegó informe ni soporte
alguno sobre las gestiones realizadas22.

En ese sentido, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué
consideró que la orden era de estricto cumplimiento y que la ausencia de respuesta
de los incidentados evidenciaba desidia y desinterés en su acatamiento, pues no
acreditaron actuaciones encaminadas a materializar la consulta ordenada ni
justificaron las razones de su incumplimiento. Por ello, declaró probado el desacato
y sancionó a cada uno con multa equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente.

A su turno, el Tribunal Administrativo del Tolima, al resolver el grado jurisdiccional
de consulta, confirmó la sanción impuesta, al advertir que no obraba en el
expediente medio de convicción alguno que demostrara una causal de exoneración

22 PDF 25 del certificado 60A2280EF69970B0 4B5E4F828F91FDB5 A8211E203B3FC24A
C089ACA508AE47A4, índice 14.

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de responsabilidad y que, por el contrario, persistía el incumplimiento de la orden
impartida, pese a que los funcionarios encargados habían sido debidamente
notificados dentro del trámite incidental. En consecuencia, concluyó que se
encontraba acreditado el desacato y confirmó la multa de un salario mínimo legal
mensual vigente impuesta a cada uno de los sancionados, conforme se advierte de
los apartes pertinentes que se transcriben a continuación:

“Analizado el asunto materia de la presente consulta, advierte la Sala que la
situación fáctica que motivó la solicitud de adelantar la actuación de desacato
se traduce en el incumplimiento del fallo de tutela proferido por el Jugado
(sic)Tercero Administrativo el 07 de mayo de 2.025, en la que se amparó el
derecho fundamental a la salud del señor MANUEL BARAJAS MUÑOZ y
ordenó a la NUEVA EPS, la realización de la CONSULTA POR PRIMERA VEZ
POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA, y la prestación de un servicio
integral en salud.

En el caso que nos ocupa, el día 26 de junio del 2.024 (sic), una vez proferido
el auto por medio del cual se inició el incidente de desacato, y mediante el cual
se le solicitara rendir informe respecto del cumplimiento de fallo de tutela, la
NUEVA EPS, guardo silencio.

Por lo anterior, consideró el a-quo que la entidad accionada no dio cabal
cumplimiento de la sentencia de tutela referida, ni se vislumbraba justificación
que la eximiera de responsabilidad, razón por la cual procedió a imponer la
sanción contemplada en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, ante la ausencia en el expediente de medio de convicción alguno
que demuestre la configuración de una causal de exoneración de
responsabilidad, y, por el contrario, al contar con la manifestación del
incidentante de que la NUEVA EPS no ha realizado los trámites administrativos
necesarios para la asignación de fecha y hora para la CONSULTA POR
PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA se concluye la
existencia de prueba suficiente para concluir que no se encuentra acreditado el
cumplimiento de lo ordenado por el juez de instancia.

En conclusión, se tiene que el funcionario (sic) encargados de cumplir la orden
de tutela no lo hizo, no obstante que dentro del trámite del incidente por
desacato el mencionado fue notificado en debida forma y, pese a lo anterior,
no procedió a dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, de tal manera
que aparece acreditada la fase objetiva del desacato, esto es la materialidad
de la conducta omisiva, toda vez que, el accionante manifiesta que no se ha
cumplido con lo ordenado en la decisión constitucional.

Teniendo en cuenta que efectivamente, la NUEVA EPS, debe garantizar la
debida prestación del servicio de salud al señor MANUEL BARAJAS MUÑOZ,
encuentra esta Sala probado el desacato por parte del incidentado, al
desconocer lo ordenado en sentencia proferida por el juzgado de conocimiento
el 7 de mayo de 2.02523”.

23 Folios 8 y 9 del PDF 30 que obra en el certificado 60A2280EF69970B0 4B5E4F828F91FDB5
A8211E203B3FC24A C089ACA508AE47A4, índice 14.

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5.4. Ahora, el accionante afirma que las decisiones administrativas, presupuestales
y operativas se encontraban centralizadas en la sede principal de la Nueva EPS y
que su cargo no comprendía facultades para autorizar servicios, contratar
prestadores o disponer recursos. Sin embargo, no explicó por qué la atribución de
responsabilidad efectuada por el juzgado accionado carecía de sustento jurídico o
probatorio, ni confrontó la conclusión según la cual permaneció en silencio durante
el trámite y no acreditó gestión alguna encaminada al cumplimiento de las órdenes
impartidas en este asunto específico.

Tampoco precisó de qué manera la intervención y la crisis estructural de la entidad
le impidieron realizar las labores de coordinación territorial que el juez natural estimó
comprendidas dentro de sus funciones, pues se limitó a invocar esas circunstancias
de manera general, sin relacionarlas con las órdenes impartidas en el asunto objeto
de examen ni con alguna actuación concreta desplegada para procurar su
cumplimiento.

5.5. En todo caso, correspondía al accionante acudir ante el juez natural que impuso
la sanción y solicitarle que examinara la incidencia de la crisis estructural y de la
intervención administrativa de la Nueva EPS, así como de su alegada imposibilidad
funcional y material, en el cumplimiento de las órdenes judiciales, toda vez que dicha
autoridad conserva la competencia para verificar el acatamiento del fallo y
determinar, atendiendo las particularidades del caso, si las medidas de desacato
continúan siendo procedentes, necesarias y proporcionales o si existen razones que
justifiquen su modulación, suspensión o levantamiento.

Entendimiento que se acompasa con lo expuesto por esta Subsección en sentencia
del 30 de enero de 2026, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-
03924-01, al resolver un asunto que, si bien no guardaba identidad fáctica con el
presente, planteaba una controversia semejante, pues allí se pretendía suspender
integralmente la ejecución de las sanciones de arresto y multa decretadas en
distintos incidentes de desacato a distintos funcionarios de la Nueva EPS, incluidas
aquellas impuestas a quien promovió esta acción constitucional, oportunidad en la
que se expuso:

“Desde esta perspectiva, para la Sala dichas decisiones no traslada ni
relativizan la naturaleza del derecho para privilegiar derechos individuales de

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los funcionarios sancionados por el incumplimiento de fallos de tutela. En
efecto, las fallas estructurales del sistema no pueden generan otro agravante
traducido en la imposición de barreras (ahora judiciales) para el ejercicio y
activación del incidente de desacato, máxime cuando la salud mantiene su
carácter de fundamental, exigible de manera inmediata.

“En concordancia con lo expuesto, resulta relevante precisar que el incidente
de desacato se promueve a solicitud de parte, surge del incumplimiento de una
orden de tutela y se inscribe dentro de las potestades disciplinarias del juez
constitucional. Se trata de un procedimiento especial cuyo propósito no es
punitivo, sino persuasivo, orientado a inducir el cumplimiento efectivo de lo
ordenado en el fallo de tutela, y que debe adelantarse con pleno respeto del
debido proceso, dada su estrecha vinculación con el ejercicio de facultades
sancionatorias.

En este marco, los funcionarios obligados al cumplimiento de la orden cuentan
con un trámite incidental estructurado en diversas etapas que les permite
acreditar el cumplimiento, exponerlas razones que lo han impedido o justificar
eventuales retrasos. La imposición de sanciones no opera de manera
automática, sino que depende de la valoración judicial sobre la conducta
desplegada, la posibilidad real de ejecución y las explicaciones aportadas por
el incidentado, en el marco del incidente mismo.

Así, frente a cada decisión de tutela, el presunto incumplido dispone de
la oportunidad procesal para presentar argumentos, pruebas y evidencias
que justifiquen la inejecución de la orden, así como para solicitar ajustes
razonables o ampliaciones del plazo inicialmente concedido.

Lo anterior desvirtúa la alegada urgencia invocada en la acción de tutela y
evidencia que el ordenamiento ya prevé mecanismos idóneos para valorar la
procedencia, necesidad y proporcionalidad de las sanciones por desacato, sin
que resulte necesario suspenderlas de manera generalizada.24” (Negrillas fuera
del texto).

No obstante, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga no expuso durante el trámite
incidental las circunstancias que, según afirma, le impedían cumplir las órdenes
judiciales ni, con posterioridad, solicitó al juez natural que valorara si aquellas
justificaban la modulación, suspensión o levantamiento de la sanción.

Por consiguiente, no puede atribuir un defecto a las providencias cuestionadas por
no haber examinado argumentos que omitió plantear oportunamente, ni acudir a la
acción de tutela para introducirlos por primera vez y obtener una nueva valoración
de su responsabilidad. Admitir lo contrario supondría desplazar la competencia del
juez encargado del cumplimiento y convertir el mecanismo de amparo en una
instancia adicional para controvertir las decisiones adoptadas dentro del incidente
de desacato.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 30 de enero de 2026. Rad. 11001-03-

15-000-2025-03924-01. C.P. Adriana Polidura Castillo.

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Además, la solicitud de amparo tampoco satisface el requisito de subsidiariedad,
toda vez que el accionante no solicitó ante el juez natural la modulación, suspensión
o levantamiento de la sanción exponiendo los reparos introducidos en sede de
tutela, pese a que dicha autoridad conserva la competencia para adoptar esas
determinaciones. Sobre este presupuesto, la Corte Constitucional ha precisado que
la tutela contra providencias judiciales solo procede cuando el interesado ha
agotado los medios de defensa disponibles, salvo que (i) a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales o (ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable25, circunstancia que no fue acreditada en el presente asunto.

5.6. Lo anterior no supone desconocer la crisis estructural que afronta la Nueva
EPS, pues la propia entidad, al intervenir en este trámite constitucional, expuso las
dificultades financieras, administrativas y operativas que atraviesa, así como las
limitaciones de su capacidad institucional para atender el elevado volumen de
acciones de tutela, incidentes de desacato y órdenes judiciales relacionadas con la
prestación de los servicios de salud.

Dicha situación también se encuentra documentada en las decisiones adoptadas
por la Superintendencia Nacional de Salud. En efecto, mediante la Resolución
2024160000003012-6 del 3 de abril de 202426, esa autoridad ordenó la toma de
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Nueva EPS y dispuso
su intervención forzosa administrativa; posteriormente, a través de la Resolución
2025320030001956-6 del 2 de abril de 202527, constató que la entidad continuaba
incursa en las causales que originaron la medida y, por ello, resolvió prorrogarla.

Finalmente, mediante la Resolución 2026100000003814-6 del 10 de abril de 202628,
la Superintendencia Nacional de Salud ordenó nuevamente la toma de posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Nueva EPS y su intervención

25 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.
26 Según consulta efectuada en la página web de la Superintendencia de Salud. Link:
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20
2024160000003012-6%20de%202024.pdf.
27 Según consulta efectuada en la página web de la Superintendencia de Salud. Link:
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20
2025320030001956-6%20de%202025.pdf.
28 Según consulta efectuada en la página web https://consultorsalud.com/wp-
content/uploads/2026/04/Supersalud-oficializo-la-prorroga-de-la-intervencion-de-Nueva-EPS-por-un-ano-
conoce-los-detalles-de-la-Resolucion.pdf.

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forzosa administrativa, por el término de un año, al constatar la persistencia de
graves deficiencias financieras, administrativas, operativas y asistenciales.

En particular, advirtió el incumplimiento de las condiciones de capital mínimo,
patrimonio adecuado e inversión de la reserva técnica; el aumento de las
obligaciones con la red prestadora; las fallas en la disponibilidad, suficiencia y
seguimiento de dicha red; las dificultades en la entrega oportuna de medicamentos
e insumos; el incremento de las reclamaciones y acciones judiciales, así como
debilidades estructurales en la gestión de tutelas e incidentes de desacato. Tales
circunstancias evidenciaban, según la autoridad de vigilancia, una situación
financiera crítica que ponía en riesgo la continuidad y oportunidad de los servicios
y, por ende, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de sus afiliados.

Así, las referidas actuaciones administrativas permiten constatar que la crisis de la
Nueva EPS es una situación institucional persistente que no fue superada durante
el primer año de intervención y que exigió la continuidad y el fortalecimiento de las
medidas de control.

Sin embargo, su existencia no comporta la exoneración automática de los
funcionarios sancionados ni determina el levantamiento generalizado de las
medidas de desacato, pues corresponde al juez natural valorar, en cada caso, si
dicha situación incidió efectivamente en la posibilidad material y jurídica de cumplir
la orden, así como las gestiones desplegadas por el obligado para procurar su
acatamiento.

Lo anterior, máxime cuando acceder al levantamiento de las sanciones con
fundamento exclusivo en la crisis estructural de la Nueva EPS conduciría a
neutralizar la eficacia del incidente de desacato, mecanismo judicial previsto para
asegurar el cumplimiento de los fallos de tutela y garantizar a los usuarios el acceso
efectivo a un servicio público esencial.

5.7. Resulta claro, entonces, que el accionante pretende utilizar la acción de tutela
como una instancia adicional, no solo para reabrir el debate sobre su
responsabilidad subjetiva, definido dentro del incidente de desacato con radicado
73001-33-33-003-2025-00081-00 y revisado en grado jurisdiccional de consulta,
sino también para obtener directamente el levantamiento de las sanciones de

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arresto y multa con fundamento en circunstancias que no puso en conocimiento del
juez natural, desplazando así la competencia que este conserva para verificar el
cumplimiento del fallo y determinar si procede modular, suspender o dejar sin
efectos tales medidas.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

5.8. En tal virtud, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada29, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del
proceso ordinario30.

6. En lo que respecta a los reproches formulados contra las actuaciones surtidas
dentro de los procesos de cobro coactivo, la Sala advierte que tales
cuestionamientos tampoco pueden ser examinados en esta sede constitucional. En
efecto, las inconformidades relacionadas con la legalidad de las actuaciones
adelantadas, la validez de los actos proferidos y el ejercicio del derecho de defensa
dentro de dichos trámites deben ser planteadas, en primer término, ante la autoridad
competente que los conoce o mediante los mecanismos ordinarios de contradicción
previstos en el respectivo procedimiento. De este modo, la acción de tutela no puede
erigirse en un escenario paralelo para sustituir las competencias atribuidas a las
autoridades encargadas de adelantar los procesos de cobro coactivo, ni para
desplazar los instrumentos ordinarios de defensa judicial y administrativa
establecidos por el legislador.

29 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
30 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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7. En consecuencia, se declararán improcedentes los cargos del amparo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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