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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05478-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05478-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la acción de tutela interpuesta por el señor Martín Emilio Rocha Pedrozo, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05478-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05478 00
Accionante: Martín Emilio Rocha Pedrozo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados (URNA)
Acción: Acción de tutela
Tema: Derecho de Petición
Decisión: Declara carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Martín Emilio Rocha Pedrozo
en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de
Abogados.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Martín Emilio Rocha Pedrozo, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela en contra de la precitada autoridad y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
PRIMERA-. TUTELAR el derecho fundamental constitucional de petición de
presentado por mi persona a la entidad UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS – URNA – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SEGUNDO: Se me emita respuesta de fondo, de manera clara y precisa a lo
solicitado por mi persona. [Negrillas y mayúsculas del escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante expuso que el 26 de febrero de 2026 solicitó a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Santander la rehabilitación del ejercicio de la profesión de
abogado.

Indicó que, mediante auto del 6 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la
citada solicitud al encontrarse satisfecho el requisito temporal previsto en la ley,
oportunidad en la que, además, se decretaron pruebas.

Señaló que, con posterioridad, mediante decisión aprobada en el Acta de Sala núm.
004 del 22 de mayo de 2026, notificada por correo electrónico el 1 de junio de 2026, la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander accedió a la solicitud de
rehabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado y ordenó comunicar dicha

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 05478 00

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05478 00
Accionante: Marín Emilio Roccha Pedrozo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – URNA

determinación a la Unidad de Registro Nacional de Abogados - URNA para que
rehabilitara la inscripción de su tarjeta profesional.

Manifestó que, con fundamento en esa decisión, el 15 de junio de 2026 presentó
derecho de petición ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura, mediante el cual solicitó la inscripción de su tarjeta
profesional de abogado núm. 181.315, teniendo en cuenta que había sido excluido del
registro con ocasión de una investigación disciplinaria y que ya había sido rehabilitado
para el ejercicio profesional.

Afirmó que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, la entidad accionada
no había emitido respuesta a la petición, pese a haber transcurrido el término legal para
ello, ni había efectuado la actualización correspondiente en el Registro Nacional de
Abogados.

Sostuvo que esa omisión le impedía acreditar la vigencia de su tarjeta profesional y, por
ende, ejercer la profesión de abogado, razón por la cual solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales y que se ordenara a la entidad accionada emitir una respuesta
de fondo, clara, precisa y congruente frente a lo solicitado.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 15 de julio de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 16 de julio de 20263 la admitió y se dispuso a notificar4 al
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA),
como parte accionada.

3.2. La Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura
rindió informe5 en el que informó que la petición presentada por el accionante fue
resuelta mediante oficios del 24 de julio de 2026 en los cuales se le informó sobre la
anotación de la rehabilitación para el ejercicio de la profesión, la vigencia de su tarjeta
profesional y las actuaciones adelantadas por la Unidad. En consecuencia, solicitó que
se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo
previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 6 y el

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

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3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

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4 Esta orden se cumplió el 21 de julio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05478 00.
5 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 05478 00.
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”

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Accionante: Marín Emilio Roccha Pedrozo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – URNA

artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 7 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 20218, así como con fundamento en el
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 20199, modificado por el Acuerdo
nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado
que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.2.1. El señor Martín Emilio Rocha Pedrozo, radicó derecho de petición el 15 de junio
de 2026, en el cual solicitó la inscripción de su tarjeta profesional de abogado.

4.2.2. A la fecha de interposición de la acción de tutela, dicha solicitud no había sido
resuelta ni comunicada al peticionario.

4.2.3. El 24 de julio de 2026, la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) dio
respuesta a la petición.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La acción de tutela fue establecida por la Constitución Política de 1991 con la finalidad
de que toda persona, mediante un procedimiento preferente y sumario, solicite la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; «en ocasiones, sin
embargo, la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda su
razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial»10

La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se configura
«cuando la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío”»11
y puede presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado, (ii) hecho superado,
(iii) situación sobreviniente o (iv) sustracción de materia.

En cuanto al hecho superado, ha indicado que dicha figura se presenta cuando 12:

[…] entre la interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las
circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la
amenaza o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo
que los hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente
percibidas por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando
la materia de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo,
cuando todas las pretensiones fueron satisfechas al punto en que la amenaza
sobre los derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial alguna

7 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y

establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
8 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
9 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1

de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado

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(ultra o extra petita) […].

La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que13:

La ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la desaparición
de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la acción. Estos motivos
son concebidos desde dos puntos de vista distintos pero complementarios. De
una parte, hay un enfoque que liga los motivos de la interposición de la acción
a los presupuestos fácticos o situaciones de hecho que llevaron al actor a
percibir una amenaza para sus derechos y que, al mismo tiempo, constituyen el
marco de decisión del juez de tutela; y de otra, la motivación se entiende en
función de las pretensiones hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando
“la pretensión instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo
satisfecha, el instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de
ser”.

En el asunto bajo examen, el señor Rocha Pedrozo solicitó el amparo de su derecho
fundamental de petición, al considerar vulnerada dicha garantía por la falta de respuesta
a la solicitud presentada el 15 de junio de 2026 ante la Unidad de Registro Nacional de
Abogados del Consejo Superior de la Judicatura.

Revisada la documentación allegada al presente trámite tutelar, se advierte que el 27
de julio del 2026 (URNA) allegó memorial en el que informó que la petición fue atendida
mediante respuesta del 24 de julio de 2026 a través de los oficios respectivos, tal como
se evidencia a continuación:

13 Ibidem

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05478 00
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En ese sentido, la Sala concluye que se configura una carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que, al haberse efectuado la respuesta a la petición
solicitada, los motivos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela se
encuentran satisfechos por parte de la autoridad accionada durante el curso del
presente trámite constitucional.

En consecuencia, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

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Accionante: Marín Emilio Roccha Pedrozo
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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela interpuesta por el señor Martín Emilio Rocha
Pedrozo, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada
oportunamente en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 6 de
agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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