Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05483-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05483-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05483-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
3 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05483-00
Demandante: Marly Yineth Valencia González y otras
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05483-00
Demandante: Marly Yineth Valencia González y otras
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial, medio de control de reparación
directa - rechazo de la demanda por caducidad. Relevancia
constitucional.
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, a través de apoderado, por Marly Yineth
Valencia González, Luz Marina Santos Camacho y Eyeismar Peña Polanía contra el
Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021.
Pretensiones
El 14 de julio de 2026, las señoras Marly Yineth Valencia González, Luz Marina Santos
Camacho y Eyeismar Peña Polanía presentaron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Huila y el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva por la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad. En consecuencia,
formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas.
SEGUNDA: Dejar sin efectos:
• el Auto de treinta (30) de enero de 2026 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo
de Neiva mediante el cual rechazó la demanda por caducidad; y
• el Auto No. 142 del dieciséis (16) de junio de 2026 proferido por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila que confirmó dicho rechazo.
TERCERA: Ordenar al Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva admitir la demanda de
reparación directa y continuar el trámite procesal.
Subsidiariamente,
Ordenar al Tribunal Administrativo del Huila dictar una nueva providencia respetando el
precedente constitucional y contencioso administrativo relativo al cómputo de la caducidad
cuando el conocimiento del daño es posterior a su ocurrencia.»
I. I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
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Demandante: Marly Yineth Valencia González y otras
Las circunstancias que dieron origen al medio de control
Las demandantes son propietarias de unos inmuebles ubicados en la carrera 26 entre
las calles 20 y 23 en el municipio de Neiva.
Cerca a sus viviendas, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
construyó un cerramiento en malla eslabonada acompañado de un terraplén y señales
de restricción de acceso sobre la carrera 26, entre las calles 19 (Av. Buganviles) y 23
del mismo municipio para la Novena Brigada del Ejército Nacional.
El 9 de abril de 2024, la parte demandante solicitó a la alcaldía del municipio de Neiva
un concepto técnico y planos oficiales con el fin de establecer si la carrera 26, entre
las calles 19 (Av. Buganviles) y 23, corresponde a espacio público o si, por el contrario,
hacía parte de predios pertenecientes a la Novena Brigada del Ejército Nacional.
Mediante Oficio del 25 de junio de 2024, la Directora de Ordenamiento Territorial del
municipio remitió informe de visita técnica, en el cual se dejó constancia de:
• La existencia de un cerramiento en malla eslabonada, acompañado de letreros de
“Paso prohibido – Zona militar”, sobre la carrera 26 entre la calle 20 (Av. Buganviles)
y la calle 23.
• Que en dicho sector funcionan instalaciones de equipamiento militar.
• Que no existe licencia urbanística ni autorización alguna que legitime la
ocupación del espacio público.
• Que, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial vigente – Acuerdo 026 de
2009, planos FU-09 (Perfiles del Plan Vial) y FU-10 (Sistema Vial
Estructurante), el tramo referido corresponde a espacio público vial,
configurándose así una presunta infracción a la normativa urbana.
Del medio de control de reparación directa (41001-33-33-007-2026-00004-00/01)
La parte demandante promovió demanda a través del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
con el fin de que se declarara su responsabilidad por la ocupación indebida y
permanente del espacio público, atribuida al Ejército Nacional, situación que se habría
prolongado por más de veinte años y que, según afirmó, persiste en la actualidad,
ocasionando graves perjuicios a los residentes y propietarios del sector. En ese
sentido, la parte actora sostuvo que la construcción realizada dentro del área de uso
público generó la imposibilidad de acceso vehicular a los predios afectados,
inundaciones recurrentes durante las temporadas de lluvia que comprometen la
salubridad y habitabilidad de las viviendas, así como la pérdida de visibilidad
panorámica y la disminución de la percepción de seguridad de la comunidad.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo de
Neiva, el cual, mediante providencia del 30 de enero de 2026, rechazó la demanda
por caducidad del medio de control, porque la parte demandante tenía conocimiento
de los hechos generadores del daño desde antes de 2005, cuando se realizó el
cerramiento y la ocupación permanente del espacio por parte del Ejército Nacional.
Por lo que, el término de dos años para presentar la acción habría vencido en el año
2007.
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Demandante: Marly Yineth Valencia González y otras
La parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la
anterior decisión, bajo el argumento de que el juzgado confundió el conocimiento del
hecho material con el conocimiento jurídico del daño antijurídico.
Sostuvo que, si bien los demandantes conocían desde años atrás la existencia del
cerramiento, solo en octubre de 2024 tuvieron certeza de que el área ocupada
correspondía a espacio público y que su ocupación era irregular e imputable al Estado,
tras la información suministrada por la Secretaría de Planeación del municipio de
Neiva. Asimismo, señaló que la ocupación y sus efectos lesivos persisten en la
actualidad, lo que generó de forma continua afectaciones como restricciones de
acceso, inundaciones, problemas de salubridad y dificultades para el mantenimiento
del alumbrado público, por lo que solicitó revocar la decisión y ordenar la admisión de
la demanda.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, en auto del 20 de febrero de 2026, al
resolver el recurso de reposición, decidió mantener la decisión recurrida al considerar
que el conocimiento del daño no puede depender del momento en que se conoció por
parte de los demandantes sobre la naturaleza jurídica del área ocupada. Señaló que
los propios actores conocían el cerramiento en malla eslabonada y la señalización que
restringía el acceso por tratarse de una zona militar desde hace más de veinte años,
circunstancia que evidenció la ocupación permanente del espacio y les permitía
advertir oportunamente la existencia del presunto daño.
El Tribunal Administrativo del Huila, en providencia del 16 de junio de 2026,
confirmó la decisión de primera instancia. Al respecto, explicó que el daño cuya
reparación se reclama no surgió con el oficio expedido por la Secretaría de Planeación
en 2024, sino con la construcción del cerramiento y las modificaciones del terreno
realizadas hace más de veinte años, hechos que generaron desde entonces las
afectaciones alegadas por los demandantes. En consecuencia, consideró que se trata
de un daño de carácter instantáneo, cuyos perjuicios se prolongan en el tiempo, pero
cuya ocurrencia y conocimiento eran evidentes desde la ejecución de la obra, razón
por la cual el término de caducidad comenzó a correr desde ese momento y no desde
la expedición del concepto administrativo posterior.
2. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sostuvo que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en
múltiples defectos constitucionales que afectaron gravemente sus derechos
fundamentales.
En particular, afirmaron la existencia de defecto sustantivo, defecto fáctico,
desconocimiento del precedente judicial obligatorio, violación directa de la
Constitución, exceso ritual manifiesto y desconocimiento del principio pro
actione, circunstancias que, en su criterio, condujeron al rechazo indebido de la
demanda de reparación directa y restringieron injustificadamente el acceso a la
administración de justicia.
Respecto del defecto sustantivo, se señaló que las autoridades judiciales
interpretaron erróneamente el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) al equiparar el conocimiento del
cerramiento físico con el conocimiento del daño antijurídico imputable al Estado.
Afirmaron que dicha disposición contempla expresamente la posibilidad de que el
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término de caducidad comience cuando el afectado adquiere conocimiento posterior
del daño y de su eventual imputación. Desde su perspectiva, este conocimiento solo
surgió en octubre de 2024, cuando la Secretaría de Planeación de Neiva informó que
el terreno ocupado correspondía a espacio público.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, indicó que las providencias
omiten aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin mencionar cuales son las
sentencias desconocidas, y la sentencia SU-167 de 2023 proferida por la Corte
Constitucional, las cuales diferencian entre la ocurrencia del hecho, la manifestación
del daño, el conocimiento del daño y la posibilidad de atribuirlo a una entidad pública.
A juicio de los accionantes, los jueces redujeron el análisis al conocimiento material
del cerramiento o a la fecha de adquisición de los inmuebles, sin examinar el momento
en que se tuvo conocimiento de la posible antijuridicidad de la ocupación.
Frente al defecto fáctico, la parte demandante indicó que las autoridades judiciales
valoraron indebidamente las pruebas aportadas al proceso, esto es, que el oficio
expedido por la Secretaría de Planeación tenía como propósito acreditar el momento
en que se conoció el presunto carácter irregular de la ocupación y no demostrar la
existencia física del cerramiento. De igual manera, cuestionó que los certificados de
tradición hubieran servido de fundamento para presumir que desde la adquisición de
los inmuebles conocían la naturaleza jurídica del terreno ocupado y la eventual
responsabilidad estatal, conclusión que no cuenta con respaldo probatorio.
Asimismo, afirmaron que con las decisiones judiciales se configuró una violación
directa de la Constitución, especialmente de los artículos 29, 228 y 229 superiores.
Según expusieron, las providencias no resolvieron el verdadero problema jurídico
planteado, sino que limitaron el acceso efectivo a la administración de justicia
mediante una aplicación rígida de la caducidad y se privilegiaron aspectos formales
por encima del análisis sustancial de los derechos reclamados.
Los accionantes también denunciaron el desconocimiento del principio pro
actione, al considerar que las autoridades judiciales optaron por la interpretación más
restrictiva del derecho de acción. En su criterio, las controversias relacionadas con la
naturaleza del daño, el momento de su conocimiento y el alcance de la documentación
aportada requerían un debate probatorio y jurídico dentro del proceso, por lo que la
demanda no debía rechazarse de manera anticipada.
A su vez, sostuvieron que las providencias incurrieron en exceso ritual manifiesto,
debido a que la caducidad fue declarada pese a existir una discusión razonable acerca
del momento inicial para su cómputo, demostrada con la existencia de elementos
probatorios y argumentos jurídicos controvertidos, lo que impedía considerar la
extemporaneidad como evidente y, por ello, correspondía admitir la demanda y
resolver la controversia mediante sentencia.
Adicionalmente, se señaló que las providencias presentaban una marcada
inconsistencia en su fundamentación. Indicaron que mientras el juzgado concluyó que
el conocimiento del daño existía desde hacía más de veinte años, el Tribunal sostuvo
que dicho conocimiento debía computarse desde la fecha de adquisición de cada
inmueble. Para los accionantes, esta divergencia demostraba que la supuesta
caducidad no era clara ni manifiesta y evidenciaba la necesidad de un examen de
fondo dentro del proceso ordinario.
Finalmente, argumentaron que con las decisiones cuestionadas se desconoció el
principio de prevalencia del derecho sustancial, al privilegiar una interpretación
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estrictamente procesal de la caducidad que impidió cualquier análisis de fondo sobre
la responsabilidad estatal.
3. Trámite previo
El 30 de julio de 20261, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las
demandantes, al Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión y al
Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, en condición de demandados; y a la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional en calidad de tercero con interés.
4. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Huila guardó silencio.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva se limitó a enviar el expediente digital
contentivo del medio de control de reparación directa 41001-33-33-007-2026-00004-
00/01.
5. Intervenciones
La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional guardó silencio
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
del 31 de julio de 2012, rad. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
1
El 17 de julio de 2026, se inadmitió la demanda con el objeto de que el abogado Julio César Horta Vanegas allegara el poder
conferido por una de las demandantes. El 23 de julio de 2026 se subsanó la demanda.
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde determinar si el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Séptimo
Administrativo de Neiva vulneraron los derechos fundamentales de las señoras Marly
Yineth Valencia González, Luz Marina Santos Camacho y Eyeismar Peña Polanía, al
proferir las providencias del 30 de enero y 16 de junio de 2026, por medio de las cuales
se rechazó por caducidad la demanda interpuesta por las citadas ciudadanas a través
del medio de control de reparación directa.
La Sala anticipa que, en el presente caso, declarará la falta de relevancia
constitucional, porque las tutelantes insisten en los mismos argumentos expuestos
dentro del proceso de reparación directa para cuestionar el término de caducidad, por
lo tanto, pretenden configurar una tercera instancia.
Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) relevancia
constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales; y, (ii) el análisis del caso concreto.
(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La parte demandante interpuso la presente acción de tutela con el propósito de que
se dejaran sin efecto las providencias por medio de las cuales el Juzgado Séptimo
Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila rechazaron por
caducidad la demanda interpuesta a través del medio de control de reparación directa
por la posible responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército.
Ello, por cuanto considera que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional ocupó indebidamente y de manera permanente espacio público que generó
la imposibilidad de acceso vehicular a predios propiedad de las demandantes,
inundaciones recurrentes durante las temporadas de lluvia que comprometen la
salubridad y habitabilidad de las viviendas, así como la pérdida de visibilidad
panorámica y la disminución de la percepción de seguridad de la comunidad,
ocupación que se prolongó por más de veinte años y persiste hasta la actualidad.
Si bien el demandante formula reparos tanto frente a la providencia de primera
instancia como respecto de la decisión de segunda instancia, el análisis se centrará
en esta última, por cuanto fue la que puso fin al proceso y definió de manera definitiva
la controversia sometida a consideración de la jurisdicción.
Al respecto debe indicarse que, las demandantes promovieron el medio de control de
reparación directa en el que solicitaron que se declarara patrimonialmente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional por la
ocupación ilegal de un predio de espacio público lo que creó afectaciones a la
comunidad y los predios aledaños por más de veinte años.
6
Ibidem.
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El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva
que, en providencia del 30 de enero de 2026, rechazó la demanda presentada a través
del medio de control de reparación directa, al considerar que se configuró el fenómeno
de la caducidad, toda vez que la parte demandante tuvo conocimiento de los hechos
que dieron origen al presunto daño antes del año 2005, esto es, hace más de veinte
años, momento en el que se materializó el cerramiento y la ocupación permanente del
espacio por parte del Ejército Nacional; por consiguiente, el término de dos años
previsto para el ejercicio de la acción habría comenzado a correr desde ese momento
y, en consecuencia, habría vencido en el año 2007.
Contra la anterior decisión, las demandantes interpusieron recurso de reposición y en
subsidio de apelación con el argumento de que el juzgado confundió el conocimiento
del hecho material con el conocimiento jurídico del daño antijurídico.
Sostuvieron que, si bien los demandantes conocían desde años atrás la existencia del
cerramiento, solo en octubre de 2024 tuvieron certeza de que el área ocupada
correspondía a espacio público y que su ocupación era irregular e imputable al Estado,
tras la información suministrada por la Secretaría de Planeación del municipio de
Neiva. Asimismo, señalaron que la ocupación y sus efectos lesivos persisten en la
actualidad, lo que generó de forma continua afectaciones como restricciones de
acceso, inundaciones, problemas de salubridad y dificultades para el mantenimiento
del alumbrado público, por lo que solicitó revocar la decisión y ordenar la admisión de
la demanda.
Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico por
desconocimiento del precedente judicial obligatorio, por violación directa de la
Constitución, por exceso ritual manifiesto y un desconocimiento del principio pro
actione, así:
Las demandantes sostuvieron que las providencias judiciales incurrieron en un defecto
sustantivo y desconocieron el precedente del Consejo de Estado al considerar que el
conocimiento del cerramiento equivalía al conocimiento del daño antijurídico. A su
juicio, el término de caducidad debía contarse desde octubre de 2024, cuando
conocieron, a través de la Secretaría de Planeación de Neiva, que el área ocupada
correspondía a espacio público y que la ocupación podía ser atribuible al Estado.
Asimismo, alegaron la configuración de un defecto fáctico, al estimar que las pruebas
fueron valoradas de manera errónea. En particular, se afirmó que el oficio de la
Secretaría de Planeación acreditaba el momento en que tuvieron conocimiento de la
presunta irregularidad de la ocupación y no la existencia material del cerramiento, y
se cuestionó que los certificados de tradición fueran utilizados para presumir que
conocían desde la adquisición de los inmuebles la naturaleza jurídica del terreno y la
eventual responsabilidad estatal.
Finalmente, señalaron que las decisiones vulneraron los derechos al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, al aplicar de manera excesivamente formal
la figura de la caducidad. En este sentido, afirmaron que con ello se desconoció el
principio pro actione y de prevalencia del derecho sustancial, así como que existió un
exceso ritual manifiesto, pues subsistía una discusión razonable sobre el momento
inicial del cómputo de la caducidad, la cual debía resolverse mediante un análisis de
fondo dentro del proceso y no mediante el rechazo anticipado de la demanda.
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Demandante: Marly Yineth Valencia González y otras
En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada en el
marco del proceso ordinario ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila,
en la providencia del 16 de junio de 2026, como se pasa a exponer:
El Tribunal concluyó que el daño cuya indemnización se pretende no tuvo origen en
el oficio emitido por la Secretaría de Planeación en 2024, sino en la ejecución del
cerramiento y las intervenciones realizadas sobre el terreno más de veinte años atrás,
actuaciones de las que se derivaron desde entonces las afectaciones invocadas por
los demandantes. En ese sentido, se estimó que se estaba frente a un daño de
carácter instantáneo con efectos que se han prolongado en el tiempo, cuyo
conocimiento resultaba evidente desde la materialización de la obra. Por ello,
consideró que el término de caducidad debía computarse a partir de la ocurrencia de
dichos hechos y no desde la expedición posterior del concepto administrativo.
Con base en lo anterior, señaló que los cargos propuestos por la actora no estaban
llamados a prosperar, por lo siguiente:
«[…] La parte demandante resalta con vehemencia el documento expedido por la
administración municipal en el que se menciona una presunta ocupación irregular por parte
del Batallón Novena Brigada del Ejército Nacional del tramo sobre la carrera 26 entre calles
20 y 23 en la ciudad de Neiva, siendo ello el eje que indica el daño antijurídico a reclamar.
De allí, se observa que tal pronunciamiento no consolida el daño, como tampoco es el
momento en que los demandantes tienen conocimiento del mismo, pues no es el espacio
público el bien llamado a proteger con la demanda; claramente lo afirma la parte en el
libelo introductorio que ha sido el cerramiento en malla realizado hace más de 20 años, el
hecho que ha generado “Imposibilidad de ingreso vehicular a los predios; Inundaciones
recurrentes en épocas de lluvia, producto del terraplén construido, afectando la salubridad
y habitabilidad; pérdida de visibilidad y percepción de seguridad para la comunidad. (ya
que de allí se veía todo Neiva y al día de hoy solo se una montaña de tierra con pasto);
encerramiento de postes de alumbrado público lo que impide el acceso del personal de la
empresa de energía para mantenimiento y reparación, prolongando fallas eléctricas”.
De cara a las anteriores circunstancias enlistadas, éstas constituyen el daño antijurídico
real del cual se reclama las indemnizaciones morales y materiales, pues la parte actora
afirmó, la falla del servicio se concreta por construcción del cerramiento y modificación del
terreno, por tal motivo no puede tenerse como fecha de conocimiento del hecho generador
del daño un oficio en el que se indica una presunta ocupación irregular de espacio público,
pues como ya se indicó, ello solo es un referente o hecho posterior que sustenta la tesis
del daño desarrollada por la parte lesionada, sin que configure el daño en sí mismo o lo
ponga en conocimiento de los demandantes.
En tal virtud, el reparo de alzada no encuentra sustento en esta instancia tras afirmarse
que el conocimiento cierto y oficial del daño ocurrió solo en octubre de 2024 con la
comunicación expedida por la Secretaría de Planeación de Neiva dado que los
demandantes sí conocían del cerramiento, pero no conocían que el terreno ocupado
correspondía a espacio público; además tampoco es de recibo que el daño es continuado
por existir aun la ocupación.
En esta oportunidad la Sala advierte que la situación fáctica y los documentos allegados
como soporte en el dossier, dan cuenta que el hecho generador del presunto daño que se
demanda constituye un acontecimiento de agotamiento instantáneo con perjuicios que se
desarrollan en el tiempo.
La anterior premisa tiene lugar en el amplio estudio que al respecto ha desarrollado el
Consejo de Estado-Sección Tercera, y en pronunciamiento reciente ha reiterado que la
permanencia de la conducta lesiva no implica necesariamente la existencia de un daño
continuado, y que el conteo del término de caducidad debe atender al momento cierto de
consolidación del daño y a su conocimiento por parte del afectado, veamos: […]
Definido el daño reclamado, esto es, el cerramiento en malla que ha generado
“Imposibilidad de ingreso vehicular a los predios; Inundaciones recurrentes en épocas de
lluvia; pérdida de visibilidad y percepción de seguridad para la comunidad; encerramiento
de postes de alumbrado público lo que impide el acceso del personal de la empresa de
energía para mantenimiento y reparación” y, de cara al contexto jurisprudencial atrás
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citado, se concluye que el daño cuya reparación se reclama reviste la naturaleza de un
daño instantáneo, toda vez que se materializa en un momento específico y determinado,
esto es, cuando ocurre el cerramiento de la extensión determinada en la demanda,
imposibilitando el ingreso vehicular, la visibilidad de la ciudad, el encerramiento de poste
de alumbrado público y las inundaciones por el terraplén construido junto con el
cerramiento.
Así entonces, aunque la causa generadora del daño -cerramiento en malla- persista en el
tiempo, ello no altera la naturaleza instantánea del daño reclamado ni suspende el
cómputo del término de caducidad, desde que se tuvo conocimiento por los demandantes.
En consecuencia, corresponde establecer el momento cierto y verificable en que los
demandantes tuvieron conocimiento del daño de acuerdo con los elementos de prueba
anexos al sub judice, para determinar si el medio de control fue ejercido oportunamente.»
Para explicar mejor la configuración del daño, el Tribunal demandado trajo a colación
la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 11 de julio
de 2025 (rad. 85001-23-33-000-2020-00408-01, C.P. María Adriana Marín) la cual
precisó que, para efectos de la caducidad de la acción de reparación directa, es
necesario distinguir entre el daño instantáneo y el daño continuado o de tracto
sucesivo. El primero se configura en un momento determinado, aunque sus perjuicios
puedan prolongarse en el tiempo, mientras que el segundo se caracteriza porque el
daño mismo persiste de manera continua o intermitente. Con fundamento en esta
diferenciación, reiteró que el término de caducidad debe contarse, por regla general,
desde la ocurrencia del hecho dañoso o desde la manifestación del daño cuando esta
sea posterior y, excepcionalmente, desde el momento en que la víctima tuvo
conocimiento de este si no pudo conocerlo antes, sin que sea procedente tomar como
referencia la fecha de cesación de los perjuicios derivados del daño.
Ahora bien, frente al conteo del término de caducidad, el Tribunal indicó lo siguiente:
«Además de lo afirmado en el acápite de hechos, numeral quinto “Los daños descritos
constituyen un daño antijurídico realizado hace más de 20 años”; reposa como documental
aportada certificados de libertad y tradición de los predios de propiedad de los
demandantes, en el que consta la fecha de anotación del acto de compraventa y traslado
de la propiedad; por tanto, será a partir de esa data que se tendrá en cuenta el conteo de
la caducidad, teniendo entonces que es a partir de la adquisición del predio la fecha en
que se tiene conocimiento del encerramiento y desde entonces, de los hechos limitantes
y generadores de perjuicios que han enlistado los actores. Además, porque el lapso de
dominio de la propiedad es inferior a los 20 años que se menciona en el escrito
introductorio.
Conforme la información aportada, tenemos que a cada demandante deviene un momento
diferente, por tanto, para cada uno el término de caducidad fenece de forma independiente;
de esta forma, el lapso perentorio con que cuentan los mencionados para promover el
medio de control de reparación directa, inició su cómputo el día siguiente en que se tiene
conocimiento de los hechos lesivos, que como ya se indicó es a partir del día siguiente en
que se registra la anotación de compraventa en el certificado de libertad y tradición
aportados, atendiendo que los términos definidos en meses o años se contabilizan en
unidades exactas, es decir, sin excluirse los días no hábiles (sábados, domingos, festivos).
Atendiendo la disposición legal, el lapso que se aplica en el asunto de estudio es el
establecido en el artículo 164 numeral 2 literal i), término de dos años, y por su naturaleza
el legislador ha señalado un tiempo considerable, garantizando en lo posible las garantías
procesales de las partes. Trayendo a colación la interrupción del cómputo de caducidad
ante la radicación de solicitud de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad
para demandar en el presente medio de control, se confirma que ello aconteció el 28 de
julio de 20258, por tanto, para entonces ya resultaba extemporáneo el acto de convocatoria
a audiencia de conciliación pues habían transcurrido más de los dos (2) años que
garantizaban el ejercicio oportuno a la parte en su derecho de acción.
En consecuencia, al ser radicada la demanda el 13 de enero de 2026 según se observa
del correo que deja la trazabilidad de la radicación y del acta individual de reparto No. 13
asignando el medio de control al Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva (índice 3
samai), ésta se encuentra radicada de forma extemporánea.
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En tal virtud, advierte la Sala que la oportunidad para incoar el medio de control de
reparación directa se encuentra caducada y dado que lo indicado impide que la demanda
pueda recibir el impulso que le correspondería, se procederá a confirmar la providencia
proferida el 30 de enero de 2026 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, que
rechazó la demanda en el medio de control invocado.»
Si bien el Tribunal no acogió el mismo criterio temporal utilizado por el juzgado para
determinar la caducidad, pues el juzgado la contabilizó desde la construcción del
cerramiento y las obras ejecutadas por el Ejército Nacional, mientras que el Tribunal
tomó como referencia la fecha de adquisición de los inmuebles por parte de los
demandantes, lo cierto es que ambas autoridades judiciales coincidieron en un mismo
fundamento jurídico, esto es, que el término de caducidad debía comenzar a correr
desde el momento en que se produjo y fue comprensible el daño alegado, y no desde
octubre de 2024, cuando la Secretaría de Planeación del municipio de Neiva informó
sobre la naturaleza pública del terreno ocupado. En consecuencia, tanto el juzgado
como el Tribunal descartaron que dicho pronunciamiento administrativo constituyera
el punto de partida para el cómputo de la caducidad, al considerar que el conocimiento
relevante para esos efectos existía con anterioridad.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora plantea la misma
controversia jurídica discutida en el proceso de reparación directa, al insistir en que el
término de caducidad debía computarse desde octubre de 2024, fecha en la que la
Secretaría de Planeación del municipio de Neiva informó que el terreno ocupado
correspondía a espacio público.
No obstante, las autoridades judiciales consideraron que el daño y las afectaciones
alegadas se originaron con anterioridad, ya fuera desde la ejecución de las obras
realizadas por el Ejército Nacional o, en criterio del Tribunal, desde la adquisición de
los inmuebles, razón por la cual concluyeron que la caducidad debía contarse desde
la producción y conocimiento del daño, y no desde el posterior pronunciamiento
emitido por la administración municipal.
En consecuencia, aunque en la presente acción de tutela se argumenta que las
providencias cuestionadas vulneraron derechos fundamentales al incurrir en los
citados defectos, en realidad la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional para reiterar los mismos planteamientos que ya fueron debatidos y
resueltos en el proceso ordinario de reparación directa.
Dichos argumentos fueron analizados por el juez natural, quien no solo los desestimó,
sino que además explicó las razones jurídicas y técnicas que sustentan la
razonabilidad del conteo del término de caducidad del medio de control. En sus
decisiones, tanto el juzgado como el Tribunal concluyeron que el punto de partida para
el cómputo de la caducidad correspondía al momento en que se produjo y fue
cognoscible el daño alegado, y descartaron que el posterior concepto administrativo
constituyera un hito relevante para su contabilización. Aunque ambas autoridades
difirieron respecto de la fecha exacta desde la cual debía iniciarse dicho término,
coincidieron en que no procedía contarlo a partir de la información suministrada por el
municipio de Neiva.
Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que
expuso en el marco del proceso ordinario y lo que realmente se evidencia es su
inconformidad con las conclusiones a las que llegó el juez natural, por lo que la Sala
se abstendrá de analizar las causales específicas invocadas.
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En relación con el alegado desconocimiento del precedente judicial, la Sala advierte
que la parte actora no identificó de manera concreta cuál fue la providencia o la regla
jurisprudencial específica que habría sido desconocida por el Tribunal. Si bien hizo
referencias generales a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el cómputo de
la caducidad en el medio de control de reparación directa, no explicó con precisión el
precedente aplicable al caso ni demostró de qué forma la decisión cuestionada se
apartó injustificadamente de este. Por el contrario, se observa que el Tribunal sustentó
su decisión en criterios jurisprudenciales relacionados con la distinción entre el
conocimiento del daño y la prolongación de sus efectos, por lo que la inconformidad
de la parte actora se dirige principalmente contra la interpretación y aplicación de
dichos criterios al caso concreto.
Asimismo, la Sala observa que la sentencia SU-167 de 2023 no resulta aplicable al
caso concreto, toda vez que dicha providencia se refirió a la determinación del
conocimiento del daño en contextos de graves violaciones a los derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad, como los denominados «falsos positivos»,
circunstancias fácticas y jurídicas que difieren sustancialmente de las aquí analizadas.
Por ello, no puede predicarse que el Tribunal hubiera desconocido la regla
jurisprudencial allí establecida.
Lo anterior es suficiente para declarar improcedente el amparo invocado por las
señoras Marly Yineth Valencia González, Luz Marina Santos Camacho y Eyeismar
Peña Polanía.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Marly Yineth Valencia
González y otras contra el Tribunal Administrativo del Huila y otro, por las razones
expuestas en la parte considerativa.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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