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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05490-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05490-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONCEDER el amparo al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Ricardo Alberto Perilla Barajas. SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la sentencia de 11 de junio de 2026 y, en su lugar, ORDENAR a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de un término de 10 días, siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva decisión, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05490-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05490-00
Demandante: RICARDO ALBERTO PERILLA BARAJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Ampara acceso a la
administración de justicia. Análisis insuficiente de la cosa
juzgada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de tutela presentada por el ciudadano
Ricardo Alberto Perilla Barajas contra la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 15 de julio de 20261, el actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
al «debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, derecho de
petición, acceso a la información y a los documentos públicos, y el derecho a la
verdad de las víctimas».

Las anteriores garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de lo
resuelto el 11 de junio de 2026, por parte de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que decidió
desfavorablemente el recurso de insistencia que presentó contra la Fuerza
Aeroespacial Colombiana (FAC), esto dentro del proceso 25000-23-41-000-2026-
00334-00.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

1 Según consta en el aplicativo Samai. De acuerdo con el informe secretarial visible en el índice 3,

el expediente no fue cargado a la plataforma sino hasta el 4 de agosto de 2026.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

PRIMERA. Se amparen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al
ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, al ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LOS
DOCUMENTOS PÚBLICOS y al DERECHO A LA VERDAD del señor RICARDO
ALBERTO PERILLA BARAJAS, los cuales fueron vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 11 de junio de dos mil veintiséis 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, dentro del
recurso de insistencia radicado 25000-23-41-000-2026-00334-00.

SEGUNDA. Que, como consecuencia del amparo constitucional, se deje sin
efectos la sentencia proferida dentro del expediente 25000-23-41-000-2026-
00334-00, por haber incurrido en defecto sustantivo, decisión sin motivación
suficiente y violación directa de la Constitución, al declarar la existencia de cosa
juzgada sin ejercer el control jurisdiccional que constitucional y legalmente
correspondía dentro del recurso de insistencia promovido por el accionante.

TERCERA. Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”, proferir una nueva sentencia dentro del recurso de
insistencia radicado 25000-23-41-000-2026-00334-00, con plena observancia de
los parámetros constitucionales fijados por el Consejo de Estado para este tipo
de actuaciones, ejerciendo un examen jurisdiccional propio, autónomo e
independiente sobre la negativa administrativa objeto de controversia, sin
limitarse a extender automáticamente los efectos de una providencia emanada
de un peticionario distinto.

CUARTA. Que, al dictar la nueva providencia, el Tribunal realice un estudio
integral del recurso de insistencia promovido por el accionante, pronunciándose
expresamente sobre todos los argumentos constitucionales y legales formulados,
particularmente respecto del alcance de los artículos 21 y 28 de la Ley 1712 de
2014, del deber de verificar la posibilidad de acceso parcial o mediante versión
pública, del test del daño, de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y
de la naturaleza excepcional y restrictiva de las reservas legales en materia de
acceso a la información pública, conforme a la línea jurisprudencial vigente del
Consejo de Estado.

QUINTA. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca abstenerse
de fundamentar la nueva decisión en una aplicación automática de la “cosa
juzgada” derivada exclusivamente de la identidad material de la información
solicitada, y que, en su lugar, examine de manera expresa y motivada la
incidencia que tienen la autonomía del derecho fundamental de petición ejercido
por el accionante, la identidad subjetiva de las partes, la naturaleza individual del
recurso de insistencia y el precedente constitucional sobreviniente que ha venido
fijando el Consejo de Estado respecto del estándar aplicable al control judicial de
las reservas de información pública.

SEXTA. Se disponga que la nueva decisión se profiera con estricto respeto del
precedente constitucional vigente en materia de acceso a la información pública
en casos de accidentes de aviación de estado, garantizando que el análisis
recaiga sobre la respuesta administrativa emitida frente a la petición presentada
por el señor RICARDO ALBERTO PERILLA BARAJAS, la respuesta FAC-S-
2026-004514- CE del 9 de febrero, evitando sustituir el examen constitucional
propio del recurso de insistencia por la reproducción o extensión de los efectos
de decisiones proferidas en procesos distintos y promovidos por peticionarios
diferentes.

SÉPTIMA. Que se precise expresamente que la declaratoria de cosa juzgada no
puede fundarse exclusivamente en la identidad material de la información
solicitada cuando el recurso de insistencia proviene del ejercicio autónomo del
derecho fundamental de petición por un peticionario distinto, respecto de una
víctima distinta y dentro de una relación jurídica administrativa independiente, sin
que previamente se efectúe un examen motivado de los presupuestos

2

Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

constitucionales y procesales que habilitan la extensión de los efectos de una
decisión judicial anterior.2

1.3. Hechos

El 26 de enero de 2026, el señor Ricardo Alberto Perilla Barajas solicitó a la FAC
que le informara, en un lenguaje claro, la causa que llevó al accidente del
helicóptero de matrícula FAC 4441, ocurrido el 29 de septiembre de 2024 y en el
que falleció su hijo Julián David Perilla Pinto, quien se desempeñaba como capitán
en la entidad.

Con oficio de 9 de febrero de 2026, la FAC resolvió la solicitud en el sentido de
negar lo pretendido, esto, por cuanto se trataba de información con carácter
reservado por su relación con la defensa y seguridad nacional.

El 11 de febrero de 2026, el actor interpuso recurso de insistencia, el cual, fue
tramitado por la entidad y se repartió a la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El 11 de junio de 2026, la mencionada corporación resolvió:

PRIMERO.- DECLÁRASE COSA JUZGADA en el presente caso por cuanto
ya se profirió la sentencia del 9 de marzo de 2026 por esta corporación,
Sección Primera, Subsección C, Magistrado ponente Dr. Luis Norberto
Cermeño, expediente 25000234100020260033300.

A juicio de esa colegiatura, la solicitud de información del señor Perilla Barajas era
la misma que había presentado otra ciudadana en el expediente 2026-00333, que
conoció la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por lo que se configuró la cosa juzgada.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Para la parte actora, la providencia cuestionada incurrió en distintas omisiones que
presentó de la siguiente forma:

En primer lugar, acusó a la autoridad accionada de no realizar valoración alguna
sobre la respuesta suministrada por la FAC, en especial, «nunca verificó si esa
respuesta satisfacía los estándares constitucionales de motivación reforzada,
razonabilidad, proporcionalidad y prueba del daño». En su lugar, se remitió a lo
resuelto en un caso que corresponde a otro peticionario y respecto de otra víctima
del siniestro3.

Resaltó que la sentencia en la que se sustentó la autoridad accionada para fundar
la cosa juzgada corresponde a una decisión que fue dejada sin valor ni efecto por
la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de tutela 11001-03-15-
000-2026-02247-00, y que dicha determinación se sustentó en que la autoridad

2 Trascripción literal del original con posibles errores.
3Proceso conocido por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con el consecutivo 25000-23-41-000-2026-00333-00.

3

Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

accionada en dicha oportunidad no agotó una ponderación sobre la racionalidad y
proporcionalidad de la reserva.

En su sentir, lo anterior privó de todo contenido la figura del recurso de insistencia
al dejarla sin contenido material, puesto que no cumplió con el objetivo de dicho
mecanismo.

En segundo lugar, estimó que se desconoció que la solicitud nunca versó sobre la
publicación o entrega del informe final sobre lo ocurrido con el helicóptero, sino
que lo pretendido era que se brindara «la posibilidad de comunicar oficialmente la
causa institucionalmente determinada del accidente, manteniendo en reserva lo
que se considera reservado».

A partir de lo anterior, concluyó que la administración modificó su solicitud con el
fin de encontrar motivos para negarla y la autoridad judicial aceptó lo anterior, sin
constatar lo que realmente se pretendía con la petición de información. Por lo
tanto, manifestó que no se profirió una sentencia congruente con lo pedido.

Afirmó que se omitió de plano el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, norma que
permite que, en caso de documentos con información reservada, se pueda emitir
una versión pública. Señaló que el tribunal «nunca verificó si la causa oficialmente
establecida del accidente podía comunicarse separándola de aquellos apartes del
Informe Final que eventualmente estuvieran sometidos a reserva».

Cuestionó la entidad de la cosa juzgada para este caso, por cuanto «el presente
recurso provenía de un peticionario distinto, respecto de una víctima distinta, con
una respuesta administrativa propia y un interés jurídico autónomo».

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 6 de agosto de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar como autoridad accionada al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

Adicionalmente, vinculó a las partes e intervinientes del expediente 25000-23-41-
000-2026-00334-00, como terceros con interés directo.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, no se recibió informe
alguno.

No obstante, la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca remitió el vínculo de acceso al proceso de insistencia.

4

Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Ricardo Alberto Perilla Barajas contra la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la providencia de 11
de junio de 2026, por la cual se declaró la cosa juzgada respecto de una solicitud
de información elevada por el accionante ante la FAC.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva, y, de superarse, (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

5

Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal8 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”10

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”12
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,

8 Sentencia SU-573 de 2019.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.

6

Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal14. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los
defectos15 en los que incurrió la decisión atacada.

Ahora bien, en el presente caso, aunque la parte accionante no clasificó sus
argumentos en alguno de los defectos decantados por la jurisprudencia para la
procedencia de esta acción de amparo, la Sala identifica claramente que los
amplios señalamientos del escrito inicial se pueden enmarcar en los defectos
procedimental absoluto y sustantivo.

En el primer grupo de reproches del actor, se alegó que la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no había abordado
de fondo la controversia, al limitarse a declarar la cosa juzgada, la cual carece de
sustento por cuanto el caso que invocó para dar aplicación a dicha figura
correspondía a una peticionaria distinta.

El segundo bloque de censuras hace referencia a que su solicitud se limitó a que
se le informara la causa del accidente del helicóptero; no obstante, la FAC incluyó
una serie de elementos reservados, sobre los que no se basó la petición, para
negarla y, a juicio del actor, la corporación accionada, permitió que dicha
tergiversación se mantuviera al momento de definir su recurso. Al respecto, acusó
que se emitió una sentencia incongruente con lo pedido.

Esta circunstancia también se enmarca en un posible defecto procedimental
absoluto, puesto que, a juicio del actor, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca basó su decisión en una controversia
que nunca fue planteada por el señor Perilla Barajas, lo que implica una sentencia
que no guarda relación con el objeto del proceso.

Sobre este punto, la Sala encuentra superado el requisito de la relevancia
constitucional, esto, por cuanto de ser cierto lo que afirma el accionante, entonces
se estaría ante una aplicación defectuosa de la figura de la cosa juzgada y el
desconocimiento de la naturaleza del recurso de insistencia, en el sentido que no
se estaría cumpliendo con la consumación de la triple identidad, entiéndase,
igualdad de partes, causa y objeto, para invocar dicha figura procesal.

Del mismo modo, si se demuestra probado que la colegiatura controvertida dejó
de lado lo manifestado por la parte demandante para tergiversar, añadir o
modificar la solicitud inicial, a fin de encontrar motivos para negarla, también
podría implicar una afectación al derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

14 Ibid.
15 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error

inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.

7

Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

Lo anterior, podría conducir a la afectación de una de las dimensiones esenciales
del derecho de acceso a la administración de justicia, como lo es, la efectividad de
la decisión, que corresponde a que el proceso termine con una decisión de fondo16
y que resuelva lo discutido, aspecto que desborda el mero debate legal y tiene
importancia de rango constitucional, puesto que existe la posibilidad de que la
autoridad accionada se haya alejado totalmente de su deber de resolver la
insistencia o que su sentencia no se corresponda con la controversia que debía
solucionar.

Por último, acusa una decisión defectuosa por la falta de aplicación del artículo 21
de la Ley 1712 de 2014, lo que es evidente que se soporta en un posible defecto
sustantivo, relacionado con la decisión de la autoridad accionada de desconocer
una norma que el accionante identifica como necesaria para resolver su caso.

Al respecto, también se evidencia la relevancia constitucional, puesto que se trata
de un caso en el que el hijo del actor falleció en el ejercicio de su servicio a la FAC
y donde los hechos del evento, con los cuales pretende descubrir si hay razones
para reclamar ante la justicia, se encuentran reservados y, al ser sometidos al filtro
del recurso de insistencia, la autoridad no se manifestó sobre la opción de contar
con una versión pública sin que, presuntamente, verificara la viabilidad de la
opción contemplada en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.

2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el accionante
fue proferida en el marco del proceso de insistencia.

2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
atacada data del 11 de junio de 2026, por lo que, sin necesidad de contar la
ejecutoria, es claro que el mecanismo de amparo se presentó de manera
oportuna.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 17, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200518, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
estas.

2.4.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que este requisito se
encuentra cumplido.

16 Ver, entre otras, sentencia T – 608 de 2019.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

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Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

En primer lugar, respecto de las manifestaciones relativas a la inexistencia de la
cosa juzgada y la falta de aplicación del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014,
corresponden a argumentos que no pueden ser ventilados por otras vías judiciales
ordinarias ni extraordinarias.

Ahora bien, aunque los argumentos de falta de congruencia, en principio,
corresponden a aquellos que pueden ventilarse mediante el recurso extraordinario
de revisión, como una de las modalidades de la nulidad originada en la sentencia,
lo cierto es que, tratándose del recurso de insistencia, esta previsión no resulta
aplicable.

Lo anterior, fue advertido inicialmente en la sentencia C – 520 de 2009, en la que
la Corte Constitucional, al revisar la procedencia de dicha figura ante los distintos
tipos de sentencia, llegó a la siguiente conclusión:

En esa medida, no serían susceptibles del recurso extraordinario de
revisión los siguientes procesos cuya naturaleza no permite la ocurrencia de
ninguna de las causales que dan lugar al recurso extraordinario de revisión: (i)
Los procesos de única instancia ante los jueces administrativos que de
conformidad con lo que establece el artículo 134 del CCA (Adicionado por la
Ley 446 de 1998, artículo 42), se refieren al recurso de insistencia contra la
providencia motivada proferida por el funcionario o autoridad del orden
municipal o Distrital que niegue la posibilidad de consultar, copiar o fotocopiar
ciertos documentos (artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985). (ii) En los
procesos de jurisdicción coactiva regulados por el artículo 5 de la Ley 1066 de
2006, las apelaciones contra el mandamiento de pago, el auto aprobatorio de
liquidación de crédito, y el auto que decrete nulidades procesales, cuando la
cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales,
que según el numeral 1 del artículo 134 del Código Contencioso Administrativo
son de competencia de los jueces administrativos en segunda instancia.

Si bien en aquella oportunidad se analizaba el texto de la Ley 446 de 1998, el
sustento de la decisión no ha variado, esto es, que el trámite del recurso de
insistencia no contiene un debate ordinario como ocurre con los demás medios de
control, se limita a ser un procedimiento expedito y de mera verificación sobre el
acceso o no a un documento al que no se le puede aplicar las causales del
recurso extraordinario de revisión.

Esta postura fue reiterada por la Sala Plena del Consejo de Estado en decisión de
3 de febrero de 201519, en la que se citó el texto de la sentencia C – 520 de 2009.

Por lo tanto, se tendrán por cumplidos los requisitos de procedibilidad y se
procederá con el estudio de fondo.

2.5. Generalidades del defecto identificado

2.5.1. Referente al defecto procedimental se tiene que la Corte Constitucional ha
reconocido dos modalidades: a) uno absoluto, que se presenta cuando el operador
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y b)
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando hay una renuncia consciente

19 Dentro del expediente 11001-03-15-000-2001-00117-01.

9

Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales20.

En lo concerniente al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha
señalado que «el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los
cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar
trámite al proceso respectivo»21.

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que es el que se
alega con esta acción de tutela, se configura «cuando hay una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor
en la aplicación de las normas procesales»22.

Asimismo, se ha contemplado que el defecto procedimental también ocurre
cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido (absoluto), pero que cualquiera que sea el caso, la procedencia de la
acción de tutela en presencia del vicio de tal naturaleza se sujeta a la concurrencia
de los siguientes elementos23:

i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela.

ii) Que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales.

iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico.

iv) Que la situación irregular no sea atribuible al afectado.

v) Que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los
derechos fundamentales.

De igual manera, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del
procedimiento que se arguye puede ser una deficiencia atribuible al afectado24.

2.5.2. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional25, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta

20 Sentencia T-620 de 9 de septiembre de 2013. Sentencia T-268 de 2010. El Alto Tribunal también

ha considerado que el defecto procedimental se puede configurar por la violación del derecho a la
defensa técnica, puesto que «… el concepto de defensa técnica como el derecho de la persona a
escoger su propio defensor y, de no ser ello posible, a ser representado por uno de oficio
designado por el Estado, quien a su vez debe contar con un nivel básico de formación jurídica»
(sentencia T- 561 de 2014).
21 Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
22 Corte Constitucional, sentencia T - 620 de 9 de septiembre de 2013.
23 Ibidem.
24 Al respecto, ver las Sentencias T-538 de 1994, SU 478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de

2011, entre otras.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»26.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente27 o porque ha sido derogada28, es
inexistente29, inexequible30 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador31.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma32.

c) La disposición aplicada es regresiva33 o contraria a la Constitución34.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición35.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma36 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.

2.6. Caso concreto

De acuerdo con la delimitación realizada previamente, en este punto la Sala debe
estudiar si la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales del actor al declarar la cosa
juzgada en su recurso de insistencia.

Sobre la institución de la cosa juzgada, el Consejo de Estado ha manifestado:

La cosa juzgada se presenta cuando el litigio sometido a la decisión del juez,

26 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.

30 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

31 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
32 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-

1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
36 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.

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Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

ya ha sido objeto de otra sentencia judicial; produce efectos tanto procesales
como sustanciales, por cuanto impide un nuevo pronunciamiento en el
segundo proceso, en virtud del carácter definitivo e inmutable de la decisión,
la cual, por otra parte, ya ha precisado con certeza la relación jurídica objeto de
litigio.

En otras palabras, “la cosa juzgada es una institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y
en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica”.

Esta Corporación ha sostenido que el concepto de cosa juzgada “(...) hace
referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han
adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre
asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones
mediante la adopción de una nueva providencia”. En consecuencia, es
posible “(..) predicar la existencia del fenómeno de la cosa juzgada,
cuando llega al conocimiento de la jurisdicción un nuevo proceso con
identidad jurídica de partes, causa y objeto37 (Resaltado fuera del texto)

Nótese que la cosa juzgada implica la imposibilidad de emitir un nuevo
pronunciamiento sobre un asunto que ya ha sido puesto en conocimiento del juez
y respecto del cual ya se emitió una decisión vinculante e inmutable, el cual, se
funda en la existencia de una misma identidad de partes, causa y objeto.

Ahora bien, verificada la providencia de 11 de junio de 2026, se observa que la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
sustentó dicho fenómeno de la siguiente manera:

La FAC, en el curso del presente proceso, allegó copia de la sentencia
proferida el 9 de marzo de 2026 por esta corporación, Sección Primera,
Subsección C, Magistrado ponente Dr. Luis Norberto Cermeño, expediente
25000234100020260033300, en la cual se resolvió la misma solicitud de
información, pero en ese expediente formulada por la señora Dalila Esther
Núñez Lozada y se determinó declarar bien denegada la entrega de la
información.

En la sentencia referida la peticionaria solicitó a la FAC “Se expida
comunicación oficial, por medio de la cual me informe exclusivamente, y en un
lenguaje claro, cuál fue la causa del accidente Helicóptero FAC-4441. ocurrido
el 29 de septiembre de 2024”. La Sala de decisión, con ponencia del
Magistrado Luis Norberto Cermeño, consideró.

“De manera que se demostró que la información y la documentación
relacionada con la defensa y la seguridad nacional, tiene protección de reserva,
entre otras, la establecida en las normas jurídicas transcritas, que fueron
invocadas por la entidad nacional. Es más, el artículo 24, CPACA, ni siquiera la
pone al alcance de los titulares de la información, pues solo lo permite en el
caso de los numerales 3, 5, 6 y 7 y la excluye del numeral 1. Y es claro que
determinar cuál fue la causa del accidente del Helicóptero FAC-4441, ocurrido
el 29 de septiembre de 2024, requiere de un procedimiento de análisis y
discusión interdisciplinario, que a su vez implica convocar la opinión y
deliberación colectiva de servidores públicos, con alguna intervención de
particulares, aspecto que también está expresamente sometido a reserva,
conforme con el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. Significa que

37 Esta definición se encuentra contenida en la sentencia de 26 de junio de 2014, proferida dentro

del expediente 11001-03-26-000-2008-00108-00 y corresponde a una construcción que elaboró la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado a partir de antecedentes de las
Secciones Primera y Tercera.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
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frente a aspectos que gozan de reserva, se justifica la limitación, ya que
contienen información que tiene la vocación de comprometer los cometidos
estatales asignados a la Fuerza Pública sobre la defensa y seguridad nacional
y la de la integridad del Estado, y la libertad y la seguridad de los aviadores,
pasajeros, investigadores y servidores públicos de la entidad, y de los
implicados en la investigación, se comprometen otros derechos de las
instituciones, del Estado y no pueden ser entregados a la peticionaria, en razón
del mandato legal reseñado. Se reitera que la garantía de reserva legal debe
ser respetada, pues así lo determinó el legislador dentro de su amplio margen
de libertad y autonomía normativa de las que está atribuido. Y en este aspecto,
ni siquiera es jurídico permitir el conocimiento público a través de una versión
pública del artículo 21, Ley 1712 de 2014, por expresa prohibición legal que
cubre la información y la documentación con la protección de reserva”.

Con fundamento en lo expuesto, resolvió. “PRIMERO: DECLARAR bien
negada por la Inspección General Fuerza Aeroespacial Colombiana, la petición
de información que se le radicó por Dalila Esther Núñez Lozada. (…).”.

Por lo tanto, como se trata de la misma solicitud de información, se declarará la
cosa juzgada en el presente caso con respecto a la sentencia de 9 de marzo de
2026, ya mencionada.

Como se puede observar, la autoridad accionada fundó su decisión con el
siguiente orden argumentativo: (i) otra Subsección conoció una petición de
información sobre lo ocurrido con el helicóptero FAC – 4441; (ii) dicha autoridad
declaró bien negada la información en sentencia de 9 de marzo de 2026, y (iii)
como consecuencia, debe declararse la cosa juzgada.

De la lectura de las consideraciones por medio de las cuales la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se evidencia una
ausencia casi absoluta de análisis que justifique lo resuelto, como pasa a
explicarse.

Debe tenerse en cuenta que la cosa juzgada se predica frente a aquella decisión
que, por su carácter definitivo e inmutable impide que pueda abordarse la
discusión nuevamente, con el fin de identificar los casos que se encuentran en
dicho escenario, la jurisprudencia ha establecido tres elementos que, al confluir,
conforman el mencionado fenómeno, estos son, la identidad de pa
rtes, causa y objeto.

En la sentencia de 11 de junio de 2026, no se observa, de parte de la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca alguna
consideración con la que se acrediten los elementos referidos. Por el contrario, de
entrada, resulta evidente que entre el caso 25000-23-41-000-2026-00333-00,
conocido por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el proceso 25000-23-41-000-2026-00334-00 no hay identidad de
partes.

Nótese que la propia entidad accionada reconoció que la accionante del
expediente 2026-00333 era Dalila Esther Núñez Lozada, lo que genera una
diferencia sustancial con el recurso interpuesto por Ricardo Alberto Perilla Barajas.

Lo anterior resulta relevante, por cuanto el señor Perilla Barajas nunca hizo parte
del proceso 2026-00333, lo que implica que de ninguna manera ejerció su derecho
de acción, ni tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos o cuestionar la
respuesta de la administración en ese caso.

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Sección Primera, Subsección A
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En este punto, es relevante recordar que la naturaleza de la decisión que resuelve
un recurso de insistencia es inter partes, puesto que se limita a decir sobre una
solicitud particular y concreta de documentos, no a cuestionar la legalidad de un
acto administrativo general. Por lo tanto, no se observa de qué manera puede
calificarse la sentencia del proceso 2026-00333 como vinculante y definitiva para
el aquí accionante, en especial, si nunca participó en dicha actuación.

Por el contrario, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca convirtió el fallo de 9 de marzo de 2026 dictada por su
homóloga de la Subsección C en una decisión erga omnes con efectos vinculantes
para cualquier persona que pretendiera conocer lo ocurrido con el helicóptero
44411, lo cual, no tiene sustento en el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, debe aclararse que un juez puede estar de acuerdo con los
argumentos que adoptó otra autoridad judicial en un caso idéntico y llegar a la
misma conclusión; no obstante, eso no fue lo ocurrido en este proceso, puesto que
la autoridad accionada se abstuvo de resolver de fondo el recurso de insistencia,
aduciendo la existencia de una cosa juzgada que carece de fundamento.

Por lo anterior, para la Sala es evidente la vulneración al derecho de acceso a la
administración de justicia, puesto que la declaratoria de cosa juzgada proferida por
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no cumplió con la existencia de la identidad de partes, ni es
concordante con la naturaleza inter partes de lo resuelto en el proceso 2026-
00333.

Adicional a lo expuesto, esta Sala no pasa por alto otro argumento de la parte
accionante, esto es, que la decisión de 9 de marzo de 2026 dentro del expediente
2026-00333 fue dejada sin efectos por esta Sección en sentencia de 30 de abril de
2026 y, aun así, la colegiatura cuestionada acudió a aquella para sustentar la cosa
juzgada.

Sobre este punto se evidencia que, en efecto, en el proceso de tutela 11001-03-
015-000-2026-02247-00, se encontró que el fallo de 9 de marzo de 2026 carecía
de una argumentación suficiente sobre la proporcionalidad y racionalidad de la
reserva, aunado a un análisis pobre respecto de la aplicación del artículo 21 de la
Ley 1712 de 2014. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en providencia de 16 de julio de 2026.

Al respecto se tiene que, si bien la sentencia de 11 de junio de 2026 se emitió
antes de que se resolviera la impugnación en el proceso de tutela 2026-02247,
debe recordarse que dicho recurso en tutela tiene un efecto devolutivo, esto
implica que para el momento en que la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el recurso de insistencia del
señor Perilla Barajas, la sentencia de 9 de marzo de 2026 no tenía efectos, con
ocasión de la sentencia de 30 de abril de 2026.

Lo anterior implica que la autoridad accionada no solo aplicó indebidamente la
figura de la cosa juzgada por lo ya advertido, sino que, adicionalmente, la sustentó

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en una sentencia que para ese momento había sido retirada del ordenamiento
jurídico, lo que confirma la clara afectación al derecho de acceso a la
administración de justicia al accionante.

En ese orden de ideas, lo actuado por parte de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca configura el defecto
procedimental absoluto, puesto que la autoridad se apartó de una garantía
procesal mínima, consistente en proferir una decisión de fondo, con base en la
aplicación deficiente de una figura procesal que no se encuentra acreditada.

En consecuencia, se dejará sin efectos el fallo de 11 de junio de 2026 y se le
ordenará a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, dentro de un término de 10 días, siguientes a la notificación de
este fallo, profiera una nueva decisión, de acuerdo con lo indicado en la parte
motiva de esta sentencia.

Finalmente, esta Sala no se pronunciará sobre los cargos relativos al defecto
sustantivo y la presunta incongruencia, puesto que se trata de manifestaciones de
fondo de la controversia y, teniendo en cuenta que la orden de amparo implica que
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca debe emitir una nueva providencia en donde resuelva
sustancialmente el recurso, no es viable que esta Sección emita consideraciones
que puedan viciar la ponderación que debe abordar la autoridad accionada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONCEDER el amparo al derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia del señor Ricardo Alberto Perilla Barajas.

SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la sentencia de 11 de junio de 2026 y, en
su lugar, ORDENAR a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, dentro de un término de 10 días, siguientes
a la notificación de este fallo, profiera una nueva decisión, de acuerdo con lo
indicado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Demandante: Ricardo Alberto Perilla Barajas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05490-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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