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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05492-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05492-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado. 5 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos. 6 Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. 7 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-05492-00 Accionante: José Miguel Hernández González Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05492-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05492-00
Accionante: JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Derecho fundamental de petición.
Solicitud de copia de un expediente ordinario. Carencia actual de
objeto por hecho superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor José Miguel Hernández González, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de julio de 2026, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados por la autoridad accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Primera. Amparar mis derechos fundamentales de petición y acceso efectivo a la administración
de justicia.

Segunda. Ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander – Despacho del Magistrado
Robiel Amed Vargas González que, dentro del término que señale el fallo, emita una respuesta de
fondo, clara, precisa y congruente respecto de la solicitud de desarchivo presentada el 13 de marzo
de 2026 y del memorial de impulso procesal radicado el 25 de junio de 2026.

Tercera. Ordenar que, de encontrarse cumplidos los requisitos legales para el desarchivo, se
adelante sin más dilaciones el trámite correspondiente y permita al suscrito el acceso al expediente
digital mediante el envío del enlace electrónico respectivo o, de no encontrarse completamente
digitalizado, autorice su consulta física, informando oportunamente las actuaciones realizadas.

Cuarta. En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al Juez de la República, el ordenar
todo lo que el despacho considere pertinente para garantizar el restablecimiento de mis derechos
fundamentales”.

2. Hechos

El accionante relató que el 13 de marzo de 2026 radicó ante el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander una solicitud de desarchivo del expediente
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05492-00
Accionante: José Miguel Hernández González

con radicado núm. 54001-23-33-000-2018-00127-00 y que se le remitiera el enlace
de las piezas digitalizadas al correo electrónico. Igualmente, aportó el comprobante
de pago de las expensas judiciales.

Afirmó que el 25 de junio de 2026 radicó un impulso procesal, en tanto no se le
había dado respuesta a la solicitud.

Finalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no ha
dado respuesta a la petición de desarchivo ni ha adelantado actuación
administrativa relacionada con la solicitud.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que la autoridad judicial accionada desconoce el núcleo
esencial del derecho de petición y de acceso a la administración de justicia, pues
han transcurrido varios meses desde que se radicó la solicitud de desarchivo y
posterior envío del expediente digitalizado, sin embargo, no se ha dado respuesta.

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de agosto de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 151671 a 151673
de 21 de agosto de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

Respuesta del Tribunal Administrativo de Norte de Santander

El magistrado sustanciador del proceso ordinario informó que la solicitud fue
recibida en el correo de la secretaría el “2 de junio de 2026”, sin embargo, a pesar
de las gestiones realizadas y dada la congestión que se presenta en el archivo de
la corporación judicial, no se ubicó el expediente físico, aunque, se encontraron en
OneDrive las piezas procesales, las cuales fueron incorporadas a Samai y se le
informó al demandante.

Manifestó que “la mora en la respuesta de la petición tuvo como causa una situación
de congestión secretarial, que se encuentra superada al haberse ubicado el
expediente digital y una vez subido al Samai será remitido al accionante para los
efectos pertinentes”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la

2

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Accionante: José Miguel Hernández González

Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander vulneró los derechos fundamentales de petición y de acceso a la
administración de justicia, por falta de respuesta de la solicitud de desarchivo del
accionante.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor José Miguel Hernández González, quien actúa en nombre propio,
considera que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander vulneró los
derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia por
falta de respuesta a la solicitud de desarchivo que radicó ante la mencionada
autoridad judicial.

De conformidad con las pruebas allegadas se evidencia que el 13 de marzo de 2026,
a través del aplicativo Samai correspondiente al radicado núm. 54001-23-33-000-
2018-00127-001, el señor José Miguel Hernández González radicó una solicitud ante
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en los siguientes términos:

“1. Se ordene el desarchivo del proceso de la referencia, teniendo en cuenta que se ha
efectuado el pago correspondiente por concepto de expensa judicial, cuyo soporte se
adjunta para los fines pertinentes.

1
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000201800127005400123. Índice
00035.
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Accionante: José Miguel Hernández González

2. Una vez desarchivado el expediente, se disponga a remitir al correo electrónico
registrado en el sistema de la Rama Judicial el enlace de acceso al expediente digital,
con el fin de ejercer adecuadamente el derecho de consulta del proceso.

3. En el evento en que el expediente no se encuentre íntegramente digitalizado, se sirva
autorizar el acceso al expediente en su forma física, con el propósito de realizar la
respectiva inspección y solicitar las copias o piezas procesales que resulten necesarias
para el ejercicio de los derechos procesales correspondientes”.

Ahora bien, encontrándose en curso la acción de tutela, el 21 de agosto de 2026, el
Tribunal accionado incorporó a Samai el expediente digitalizado2 y, adicionalmente,
el 24 de agosto de 20263 le remitió a la dirección electrónica del demandante
(josemiguelhernandez1968@gmail.com) un informe relacionado con la respuesta a
su solicitud, así:

“En atención a su solicitud presentada a través de la Ventanilla Virtual de la plataforma
SAMAI, mediante la cual requiere el desarchivo del proceso de Radicado No. 54001-23-
33-000-2018-00127-00 y que se le remita el expediente digital, me permito informarle que
por Secretaría se han venido realizando las gestiones pertinentes para darle una respuesta
clara y de fondo a su solicitud y que hasta el día 20 de agosto de 2026 no se había
encontrado el expediente físico.

Sin embargo, de una nueva búsqueda se advirtió que el expediente estaba digitalizado en
OneDrive, razón por la cual se procedió a migrar el respectivo expediente al aplicativo de
Samai y por tal razón se le informa al apoderado que deberá solicitar directamente, a
través de la Ventanilla Virtual de la plataforma SAMAI, el acceso al expediente digital, con
el fin de que pueda consultar la totalidad de los documentos que lo integran”.

Aunado a lo anterior, en memorial radicado el 26 de agosto de 2026, el demandante
informó sobre el acceso al expediente digital con radicado núm. 54001-23-33-000-
2018-00127-00 y que, como consecuencia, la finalidad de la acción de tutela “se
encuentra satisfecha”.

Así las cosas, la Sala observa que la pretensión formulada por la parte actora
encaminada a que se diera respuesta a la solicitud de 13 de marzo de 2026 se
encuentra satisfecha, debido a que la autoridad judicial accionada desarchivó el
expediente con radicado núm. 54001-23-33-000-2018-00127-00 y migró su
digitalización al aplicativo Samai. De este modo, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de tutela caería en el vacío, pues lo pretendido se
resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20194, la Corte Constitucional reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que
motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política.

2
Ibidem. Índice 00037.
3
Ibid. Índice 00038.
4
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
4

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05492-00
Accionante: José Miguel Hernández González

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar
un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad
de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que permite evidenciar
la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno
se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y
(iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la
acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la
afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer”5.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una orden al
respecto”6.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se enmarcan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”7.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
el acaecimiento de un hecho superado respecto a lo pretendido por el accionante.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado.

5
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
6
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05492-00
Accionante: José Miguel Hernández González

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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