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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05496-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05496-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05496-00 (8675)
Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sanción disciplinaria. Subtema 3:
defectos fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Jhon Edisson Acosta Vélez contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

1. Síntesis del caso

El señor Jhon Edisson Acosta Vélez presentó acción de tutela, con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la defensa, a la contradicción, a la igualdad, a la
presunción de inocencia y a la doble instancia, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con ocasión de la sentencia
proferida el 11 de junio de 2026, dentro del expediente identificado con el radicado
núm. 54001-33-33-005-2018-00082-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2.
El señor Jhon Edisson Acosta Vélez, mediante Resolución 00136 del 1 de mayo
de 2002, ingresó a la Policía Nacional el 21 de marzo de 2002, en el grado de
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05496-00, índice 2, certificado D766A99E91E07C19 20ECA46A2D24F89B
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05496-00 (8675)
Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Alumno del Nivel Ejecutivo. Posteriormente, el 2 de diciembre de 2002, se graduó
como patrullero de Policía en la Escuela Nacional de Carabineros y se desempeñó
en este cargo hasta el 20 de septiembre de 2017.

3.
El actor contrajo matrimonio católico con la señora Leidy Víctoria Urbina
Sepúlveda, el 8 de octubre de 2009, unión de la cual nacieron dos hijos. No
obstante, el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Cúcuta, por sentencia del 17
de marzo de 2017, decretó la terminación de los efectos civiles del vínculo
matrimonial celebrado entre el actor y la mencionada señora.

4.
La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Cúcuta,
el 21 de julio de 2016, dispuso la apertura de la indagación preliminar núm.
PMECUC-2016-163 contra el señor Acosta Vélez, con fundamento en el escrito del
30 de junio de 2016 presentado por la señora Leidy Victoria Urbina Sepúlveda, en
la cual informó que era víctima de reiterados maltratos físicos y psicológicos.

5.
La mencionada entidad disciplinaria, mediante fallo del 13 de junio de 2017,
determinó que el sujeto investigado incurrió en una falta gravísima, de conformidad
con lo previsto en el artículo 34 numeral 10, de la Ley 1015 de 20062, imputada a
título de dolo, razón por la cual lo sancionó con destitución e inhabilidad general en
el cargo por el término de 10 años. Contra dicha decisión, el actor presentó recurso
de apelación.

6.
La Inspección Delegada Región Cinco, a través de providencia del 15 de agosto
de 2017, confirmó el fallo de primera instancia. Esta actuación fue ejecutada por
medio de la Resolución 04511 del 20 de septiembre de 2017, expedida por el
director General de la Policía Nacional.

7.
El señor Jhon Edisson Acosta Vélez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de que se anularan las decisiones que lo sancionaron
disciplinariamente y, en su lugar, se ordenara su reintegro a la institución y el pago
de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

8.
El Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, por medio sentencia del 1 de junio
de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos
administrativos demandados estaban fundamentados en pruebas legalmente
recaudadas y ajustados a la normativa aplicable, por lo que no se configuraron los
cargos de nulidad invocados por la parte actora. Contra dicha decisión, el
demandante radicó recurso de apelación.

9.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 11
de junio de 2011, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, bajo el
argumento de que la entidad demandada realizó una adecuada valoración de los

2
Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
10. Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito, que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen,
la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución, cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como:
Franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05496-00 (8675)
Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

hechos, las pruebas y la normativa aplicable para determinar la responsabilidad
disciplinaria del investigado.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10.
La parte actora, en el escrito de tutela, solicitó lo siguiente:

PRIMERA. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, defensa, contradicción, igualdad, presunción de
inocencia, doble instancia material y tutela judicial efectiva del señor JHON EDISSON
ACOSTA VÉLEZ, vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el once (11) de
junio de dos mil veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
54001-33-33-005-2018-00082-01.

SEGUNDA. Que, como consecuencia del amparo construccional, se deje sin efectos
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el once (11)
de junio de dos mil veintiséis (2026), por haber incurrido en defecto fáctico, defecto por
motivación aparente o insuficiente, desconocimiento del precedente constitucional y
violación directa de la Constitución Política.

TERCERA. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que,
dentro del término que señale el juez constitucional, profiera una nueva sentencia en
la que resuelva integralmente los cargos expuestos en el recurso de apelación, valore
la totalidad del material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, observe los
estándares construccionales sobre motivación de las providencias judiciales y
garantice plenamente los derechos fundamentales del accionante.

CUARTA. Que, al proferir la nueva decisión, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander se abstenga de incurrir en los defectos constitucionales identificados en esta
acción de tutela, especialmente en lo relacionado con la valoración integral del acervo
probatorio, el deber de motivación suficiente, la observancia del principio de presunción
de inocencia, el indubio pro disciplinado y el respeto por el derecho a una segunda
instancia material y efectiva.

QUINTA. Que se ordene a la autoridad judicial accionada adoptar las medidas
necesarias para garantizar que la nueva decisión se profiera con estricta observancia
de los precedentes vinculantes de la Corte Constitucional en materia de tutela contra
providencias judiciales, debido proceso disciplinario, valoración probatoria y motivación
de las decisiones judiciales.

SEXTA. Que se disponga cualquier otra medida que el despacho considere necesaria
para lograr el restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales vulnerados al
accionante […]3.

11.
Como fundamento de sus pretensiones, el accionante consideró que la
providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, porque no realizó una valoración
integral de los elementos probatorios aportados al proceso ordinario.

3
Se transcribe incluso con errores.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05496-00 (8675)
Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

12.
En este sentido, explicó que la autoridad accionada «omitió pronunciarse de
manera suficiente sobre aspectos determinantes planteados por la parte actora,
entre ellos: (i) la inexistencia de dictamen de medicina legal o de cualquier otro
medio técnico que corroborara las presuntas lesiones; (ii) la ausencia de testigos
presenciales de los hechos investigados; (iii) la falta de declaración de los menores
que, según la propia denunciante, presenciaron los hechos; (iv) la utilización
predominante de testimonios indirectos o de referencia; (v) la ausencia de una
valoración integral del contexto familiar expuesto por la defensa; y (vi) la
insuficiencia probatoria para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia».

13.
Asimismo, indicó que el Tribunal accionado incurrió en el defecto alegado, por
cuanto «trasladó implícitamente al disciplinado la carga de demostrar su inocencia
al reprochar la ausencia de actividad probatoria por parte de la defensa», sin tener
en cuenta que, según el régimen disciplinario vigente para la época de los hechos,
corresponde a la autoridad disciplinaria acreditar plenamente la existencia de la falta
y la responsabilidad del investigado.

14.
Por otro lado, advirtió que la providencia cuestionada incurrió en el defecto de
decisión sin motivación, debido a que se limitó a afirmar que la autoridad
disciplinaria valoró las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica y que existía
certeza sobre la responsabilidad disciplinaria del accionante, sin explicar las
razones por las cuales desestimó los argumentos relacionados con la inexistencia
de prueba técnica, la ausencia de testigos presenciales, la utilización de testimonios
de referencia, la falta de práctica de pruebas indispensables y las inconsistencias
advertidas por la defensa.

15.
En suma, refirió que la providencia judicial no explicó de manera razonada los
motivos por los cuales las pruebas indirectas resultaban idóneas para alcanzar el
grado de certeza exigido para imponer y mantener una sanción de destitución e
inhabilidad general por diez años. Indicó que la autoridad judicial se limitó a reiterar
las conclusiones de la entidad disciplinaria, sin realizar un examen propio, autónomo
y constitucionalmente exigido de los cuestionamientos planteados por el
demandante, lo que evidenció una ausencia de valoración integral y una vulneración
del debido proceso.

16.
Finalmente, advirtió que el Tribunal accionado «desconoció la jurisprudencia
constitucional relativa al deber reforzado de motivación de las providencias
judiciales, la valoración integral del material probatorio, el derecho a una segunda
instancia efectiva y la obligación de responder de manera expresa los argumentos
relevantes expuestos por las partes»4.

4
Se aclara que la parte accionante en el escrito de tutela no identificó alguna providencia constitucional relacionada con los
temas que describió para justificar el desconocimiento del precedente alegado.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05496-00 (8675)
Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

2.3. Trámite procesal

17.
El despacho ponente, mediante auto del 17 de julio de 20265, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Quinto Administrativo de
Cúcuta y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional en su
condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

18.
El Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta6 solicitó que se declare
improcedente el amparo, porque los argumentos expuestos por el accionante no
demuestran la existencia de las causales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial. Además, la decisión cuestionada fue proferida con fundamento
en la normativa procesal y sustancial vigente, de tal manera que no se evidencia la
amenaza o vulneración de los derechos invocados por el actor.

19.
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional7 solicitó que se
nieguen las pretensiones de la tutela, al considerar que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se adelantó con el respeto por el debido proceso y el
derecho de defensa y contradicción del demandante. Explicó que en dicho
escenario judicial se efectuó una amplia discusión jurídica, que permitió validar los
fallos disciplinarios en los cuales se desvirtuó la presunción de inocencia del actor
con base en un sólido acervo probatorio.

20.
Agregó que la sentencia del 11 de junio de 2026 resaltó que las decisiones
disciplinarias se sustentaron en un conjunto probatorio (queja, ratificación,
testimonios y documentos) el cual fue valorado de manera integral, sin que el
disciplinado hubiera desplegado actividad probatoria en contrario. Así pues, afirmó
que el control judicial de legalidad no constituye una tercera instancia destinada a
reabrir el debate disciplinario ya resuelto por la autoridad competente.

21.
Por otro lado, advirtió que no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, dado que no se acreditó una amenaza inminente e injustificada, razón
por la cual la tutela no resulta procedente.

22.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander8 remitió, a esta corporación,
el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones del escrito de tutela.

5
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5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05496-00 (8675)
Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

3. Consideraciones

3.1. Competencia

23.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Jhon Edisson Acosta Vélez contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander

3.2. Legitimación en la causa

24.
La legitimación en la causa por activa de Jhon Edisson Acosta Vélez está
acreditada, porque fue el demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

25.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, debido a que fue la autoridad que profirió la
providencia, objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

26.
La Sala observa que, el accionante, en el escrito de amparo, pretende atribuirle
a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) fáctico, ii) decisión sin
motivación y iii) desconocimiento del precedente.

27.
Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la motivación
desarrollada en la providencia cuestionada y en la valoración probatoria que realizó
la autoridad judicial al momento de analizar la legalidad de los actos demandados,
sin exponer razones particulares para justificar la procedibilidad del
desconocimiento del precedente alegado. Por esta razón, la Sala analizará el asunto
bajo una posible configuración de los defectos fáctico y decisión sin motivación.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

28.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

29.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05496-00 (8675)
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i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

30.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

31.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

32.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

33.
Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;

11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7

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ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

34.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
35.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

36.
Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander fue notificada el 23 de junio siguiente17, y la demanda de tutela se
presentó el 15 de julio de este año18, es decir, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como
razonable.

37.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos en los que se sustenta la
afectación alegada.

38.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

39.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico y decisión sin
motivación y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.

17
Samai, exp. 54001-33-33-005-2018-00082-01, índice 27.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05496-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8

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3.5. Problema jurídico

40.
Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad del
accionante e incurrió en los defectos fáctico y decisión sin motivación, al proferir la
sentencia del 11 de junio de 2026, mediante la cual confirmó la providencia de
primera instancia21, que negó las pretensiones de la demanda relacionadas con la
nulidad de los actos administrativos que lo sancionaron disciplinariamente?

41.
Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

42.
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

43.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»25.

44.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez

21
Sentencia del 1 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
9

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de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso26.

45.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.

46.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.

3.5.2. Decisión sin motivación

47.
El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus
decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se
considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de
providencia juridiciales.

48.
Al respecto, la Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se
configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cu[a]nto no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»30

26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
30
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de 2024.
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Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

49.
En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional31 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad».32

50.
Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia de
la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del derecho
de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de contradicción.

51.
En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le
exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de
derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los jueces,
son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia o
deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.

52.
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal33 .

3.5. Caso concreto

53.
En el asunto bajo estudio, Jhon Edisson Acosta Vélez presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se dejaran sin efecto los actos
administrativos por medio de los cuales fue sancionado disciplinariamente y, en
consecuencia, se ordenara su reintegro a la institución, así como el pago de los
salarios y prestaciones dejadas de percibir.

54.
En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, con
sentencia del 1 de junio de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Apelada la
anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
providencia del 11 de junio de 2026, confirmó el fallo recurrido.

55.
Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad accionada, al proferir la providencia del 11 de junio de 2026, incurrió
en lo defectos fáctico, porque la providencia cuestionada no realizó una valoración

31
Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
32
Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
33
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024
11

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integral del material probatorio y, además, trasladó indebidamente al disciplinado la
carga de demostrar su inocencia.

56.
En este sentido, explicó que la autoridad judicial omitió pronunciarse sobre los
elementos esenciales planteados por la defensa, como: i) la inexistencia de
dictamen técnico que corroborara lesiones; ii) la ausencia de testigos; iii) la falta de
declaración de los menores que presuntamente presenciaron los hechos; iv) el uso
predominante de testimonios de referencia; y v) la falta de análisis del contexto
familiar.

57.
Además, afirmó que el Tribunal accionado le trasladó la carga de la prueba, sin
tener en cuenta que, según el régimen disciplinario vigente, le correspondía a la
administración el deber de acreditar plenamente la existencia de la falta y la
responsabilidad del investigado, no el disciplinado.

58.
Por otro lado, expuso que en la providencia cuestionada se configuró el defecto
de decisión sin motivación, porque no desarrolló un análisis argumentativo que
justificara las razones por las cuales las pruebas recaudadas alcanzaban el
estándar de certeza exigido para imponer una sanción tan gravosa como la
destitución e inhabilidad por diez años.

59.
Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
en la sentencia del 11 de junio de 2026, precisó que los argumentos expuestos por
el señor Jhon Edisson Acosta Vélez en el recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia se centraron en cuestionar: i) la ausencia de certeza probatoria
respecto de la ocurrencia de la conducta y la responsabilidad del investigado; ii) el
presunto error en la adecuación típica de la conducta, por no encuadrar los hechos
atribuidos en la falta disciplinaria imputada; y iii) la indebida valoración probatoria,
al fundamentarse la decisión en un análisis insuficiente de los elementos de
convicción allegados al proceso.

60.
Así pues, la autoridad judicial accionada, con el fin atender los cargos
planteados por el demandante, examinó las actuaciones surtidas al interior del
proceso disciplinario adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la
Policía Metropolitana de Cúcuta, frente a lo cual destacó lo siguiente:

Se observa que el 30 de junio de 2016 la señora Leidy Urbina Sepúlveda formuló queja
en contra del demandante por una presunta agresión psicológica, ocurrida cuando este
se hizo presente en su lugar de trabajo, ubicado en el mismo cuadrante, siendo para
ese momento su pareja sentimental.

A partir de dicha queja, mediante auto del 21 de julio de 2016, la Oficina de Control
Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Cúcuta dispuso la apertura de
indagación preliminar dentro del radicado P-MECUC-2016-163, decisión notificada al
investigado el 10 de agosto del mismo año.

El 16 de agosto de 2016 la quejosa rindió declaración en la que ratificó los hechos
denunciados, precisando las agresiones físicas y psicológicas que, según afirmó, había
recibido por parte del demandante desde diciembre de 2015, señalando que tales

12

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circunstancias la llevaron a instaurar una caución el 6 de enero de 2016, con el fin de
evitar la continuidad de amenazas y escándalos. No obstante, indicó que el 9 de abril
del mismo año el señor Jhon Edisson Acosta Vélez la agredió nuevamente,
propinándole patadas, asfixiándola, y causándole lesiones en los labios. Asimismo,
manifestó que no acudió a Medicina Legal por temor; sin embargo, indicó que la
agresión quedó registrada en los libros de la Estación de Policía Belén el 9 de abril de
2016, toda vez que su hijo dio aviso a las autoridades y una patrulla se hizo presente
en su residencia.

Posteriormente, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Cúcuta mediante autos del 25 de agosto y 18 de noviembre de 2016
ordenó la práctica de unas pruebas documentales y testimoniales, decisiones que
fueron notificadas en debida forma al investigado el 30 de agosto y 22 de noviembre
de 2016 respectivamente.

Dentro de las pruebas documentales allegadas figuran las minutas de guardia de la
Estación de Policía Belén, en las que consta que se encuentra consignado el 9 de abril
de 2016 el registro por parte de la patrulla del cuadrante de la jurisdicción, acerca de la
atención de presunto caso de riña y violencia intrafamiliar sucedido entre los señores
Leidy Victoria Urbina Sepúlveda y Jhon Edisson Acosta Vélez, en donde la quejosa al
ser entrevistada por el cuadrante de seguridad manifestó que: “entramos a discusión
porque le pedí cuentas del salario de él, se alteró como siempre lo hace y me corrió de
la casa, cuando me vio recogiendo las cosas se puso a llorarle a los niños y le dije que
no lo hiciera y lo empuje y el se alteró y empezó a pegarme, ahorcarme al punto que
me dejó inconsciente, con morados en la cara y en el cuello, cuando desperté el estaba
con los niños y estaba asustado, yo llamé al 123 y el salió de la casa”, lo que coincide
con lo manifestado por la señora Leidy Victoria Urbina Sepúlveda en la diligencia de
ampliación y ratificación de queja

Asimismo, se recibieron las declaraciones de Rosalba Sepúlveda y Teodoro Urbina
Becerra, en las cuales la primera manifestó: “...Pues primero que todo el la trata con
malos tratos, por lo menos para el año 2015 la golpeó en la cara y en todo el cuerpo
siempre le pega muy fuerte, ella estaba viviendo en la casa de nosotros cuando llego
JHON y le patio la moto a mi hija y salió́ a defenderla mi otra hija PILAR URBINA y este
le saco la mano y la golpeó en el brazo y este año le volvió́ a pegar muy duro la cara le
quedo muy golpeada... la llama y le envía mensajes donde le dice que si ella lo pone
mal en la policía la mata o la manda a matar y la forma como la trata con malos tratos
psicológicos todo eso lo hace delante de los niños... la parte de la mandíbula y el cuello
le quedo marcada con morados es que el la trato de asfixiar además también aruñada
los brazos también le quedaron marcados con morados como el la sujeto de los
brazos...”.

Por su parte, el señor Teodoro Urbina Becerra, indicó: “… este señor pelea demasiado
la trata mal el año pasado no recuerdo la fecha exacta estábamos en la casa cuando
llego este señor le empujo la moto y la golpeo le pego también a mi otra hija, en este
año la volvió́ a golpear duro la cara le quedo muy morada de golpes, la amenaza a
diario le dice que la va matar le llega al trabajo y la acosa...la policía del barrio belén
siempre acudía ante el llamado, una vez les toco llevárselo y lo retuvieron por un rato
y luego fue mi hija a la estación de policía belén y ya él estaba mejor y lo dejaron
salir...". Dichas declaraciones guardan concordancia con lo manifestado por la quejosa.

Dentro de las pruebas documentales allegadas figuran las minutas de servicio de la
Estación de Policía de los Patios en donde constan los turnos asignados al Patrullero
13

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Jhon Edisson Acosta Vélez para el día 9 de abril de 2016.

61.
Con base en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander puso
de presente que la autoridad disciplinaria examinó el material probatorio recaudado
en la etapa preliminar y consideró que las circunstancias acreditadas permitían
advertir la existencia de faltas disciplinarias, por lo que el jefe de Oficina de Control
Disciplinario Interno MECUC, mediante auto del 7 de febrero de 2017, ordenó la
apertura de la investigación disciplinaria núm. MECUC-2017-6 contra Jhon Edisson
Acosta Vélez, bajo la posible ocurrencia de la falta gravísima descrita en el numeral
10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, razón por la cual, citó al investigado a
audiencia pública dentro de dicho trámite, y ordenó la práctica de diligencias y
pruebas que se realizarían en el curso de la audiencia.

62.
Asimismo, el Tribunal refirió que, el 2 de junio de 2017, se adelantó la audiencia
verbal publica, en la que el investigado rindió versión libre sobre los hechos
cuestionados y presentó sus alegatos de conclusión. Posteriormente, se llevó a
cabo la diligencia de lectura de fallo de primera instancia, el 13 de junio de 2017, en
la cual la «Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Cúcuta declaró disciplinariamente responsable al señor Jhon Edisson Acosta Vélez
por incurrir en una falta gravísima, al estimar acreditada la comisión de una conducta
descrita en la ley como delito, imponiéndole como sanción la destitución e
inhabilidad general por el término de diez (10) años».

63.
Aunado a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander destacó
que el sujeto disciplinado presentó recurso de apelación y la Inspección Delegada
Región Cinco, mediante fallo proferido el 15 de agosto de 2017, confirmó en su
integridad la decisión adoptada en primera instancia.

64.
A partir de lo dicho, la autoridad judicial indicó que en el expediente
administrativo obraba la queja disciplinaria, la declaración de señora Leidy Victoria
Urbina Sepúlveda, la ratificación de esta y las declaraciones de los señores Rosalba
Sepúlveda y Teodoro Urbina Becerra, cuyo contenido coincidía y permitía concluir
que el 9 de abril de 2016, el patrullero Jhon Edissón Acosta Vélez A agredió física
y verbalmente a la señora Urbina Sepúlveda, como resultado de una discusión que
sostuvo con ella.

65.
De igual forma, advirtió que el actor, para el momento en que se configuró la
agresión, se encontraba descansando, tal como se indicó en el Libro de Minuta de
la Estación de Policía de Los Patios y como el demandante lo afirmó en su
declaración de versión libre. Esta circunstancia lo ubicaba dentro de la situación
administrativa definida como franquicia, por ende, consideró que la conducta
desplegada por el accionante, consistente en actos de agresión en contra de la
señora Leidy Victoria Urbina Sepúlveda (cónyuge), se adecuaba al tipo disciplinario
descrito en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

66.
En atención a lo anterior, el Tribunal concluyó que dentro de la actuación
administrativa existían suficientes elementos probatorios para establecer con
claridad tanto la ocurrencia de la conducta como la responsabilidad del investigado.
14

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Por tal razón, determinó que el cargo propuesto por la parte accionante, relativo a
la ausencia de certeza sobre la falta disciplinaria atribuida, carecía de fundamento,
pues no se evidenciaba irregularidad alguna en el trámite adelantado por la entidad
demandada que afectara la validez de la decisión.

67.
Por otro lado, se observa que a la providencia objeto de tutela se pronunció
sobre el segundo cargo de nulidad propuesto por el actor en el recurso de apelación,
relativo a la «indebida adecuación típica de la conducta». Sobre el particular, el
Tribunal expuso las siguientes consideraciones:

[…] debe precisar la Sala que la investigación disciplinaria se orientó a establecer si el
Patrullero Jhon Edisson Acosta Vélez incurrió en la conducta tipificada en la Ley 1015
de 2006, artículo 34 numeral 10, la cual permite la remisión a la conducta descrita en
el artículo 299 del Código Penal, modificada por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007,
relacionada con el delito de violencia intrafamiliar. En ese contexto, se determinó que
el disciplinado, el día 9 de abril de 2016, habría desplegado actos de agresión en contra
de quien para ese momento era su cónyuge, conforme a lo registrado en el Libro de
Minuta de Población de la Estación de Policía Belén y a la queja presentada ante la
Policía Nacional el 30 de junio de 2016, en la cual se dejó constancia del último episodio
denunciado.

De igual forma, tal como se indicó en el fallo de primer instancia, la obligación del
personal adscrito a la Policía Nacional está en el deber primordial de cumplir no
solamente los estamentos institucionales sino también las normas y leyes que rijan el
buen funcionamiento de la institucionalidad y la administración, razón por la cual debe
advertirse que el cuestionamiento disciplinario tuvo como fundamento la infracción de
una disposición contenida en una ley que es de obligatorio cumplimiento para todos los
ciudadanos y más aún, para un servidor público que pertenece a la institución que
precisamente ejerce la vigilancia y el control y aseguramiento de la convivencia
ciudadana.

Por ende es claro que la sanción impuesta al demandante estuvo precedida de una
debida motivación, en tanto el disciplinado incurrió en una conducta reprochable a
cualquier ciudadano, como lo es el hecho de maltratar física y psicológicamente a un
miembro de su núcleo familiar, conducta que se agrava por recaer sobre una mujer, y
con mayor razón si se trata de un servidor público adscrito a la Policía Nacional, en
tanto dicho delito se constituye en el cargo base de la investigación disciplinaria seguida
en contra del señor Acosta Vélez, de manera que no le asiste razón al demandante
cuando afirma que los hechos atribuidos no se encuadran en la falta disciplinaria
imputada.

Adicionalmente, debe indicarse que este segundo argumento del recurrente no tiene la
capacidad de desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados, en la
medida en que del proceso disciplinario no se advierte el ejercicio de una actividad
probatoria orientada a controvertir los supuestos fácticos y jurídicos que sirvieron de
sustento al cargo disciplinario. En efecto, la parte actora se limita a plantear una
discrepancia frente a la adecuación típica, sin aportar elementos de convicción que
permitan enervar la conclusión a la que arribó la autoridad disciplinaria.

En este contexto, no resulta procedente en esta instancia invocar aspectos adicionales
que no fueron objeto de contradicción dentro del trámite disciplinario ni han sido
acreditados en el proceso contencioso administrativo, pues ello desconocería la carga
15

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Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

procesal que le asiste al demandante de desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos administrativos demandados. Por tal motivo, este cargo tampoco está llamado a
prosperar.

68.
En efecto, para el Tribunal Administrativo de Norte de Santander la investigación
disciplinaria contra el patrullero Jhon Edisson Acosta Vélez buscaba establecer si
incurrió en la falta del artículo 34, numeral 10 de la Ley 1015 de 2006, remitida al
delito de violencia intrafamiliar (artículo 299 del Código Penal, modificado por la Ley
1142 de 2007). En desarrollo de esta, se determinó que el 9 de abril de 2016 agredió
a quien era su cónyuge, hecho registrado en la Minuta de Población de la Estación
de Policía Belén y respaldado por una queja del 30 de junio de 2016 que documentó
el último episodio.

69.
La providencia cuestionada sostuvo que los miembros de la Policía Nacional
deben observar no solo las normas institucionales, sino también las leyes generales,
con un nivel de exigencia superior derivado de su condición de garantes de la
convivencia ciudadana. En ese sentido, la sanción impuesta fue debidamente
motivada, pues el maltrato físico y psicológico contra un integrante del núcleo
familiar constituye una conducta especialmente reprochable, cuya gravedad se
incrementa cuando recae sobre una mujer y es cometida por un servidor público
perteneciente a la institución policial.

70.
En este sentido, la autoridad judicial consideró que el argumento del
demandante de que los hechos no encajaban en la falta imputada debía rechazarse,
porque no aportó pruebas que controvirtieran los hechos ni la calificación jurídica
dentro del proceso disciplinario, pues se limitó a manifestar una discrepancia sin
sustento probatorio.

71.
Adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander desestimó el
cargo de indebida valoración probatoria en los fallos disciplinarios que lo afectaron,
porque la autoridad disciplinaria analizó los elementos de prueba allegados a la
actuación administrativa de forma razonada y apropiada, conforme las reglas de la
sana crítica. Al respecto, explicó lo siguiente:

Finalmente, frente al reproche por indebida valoración probatoria, se advierte que la
decisión sancionatoria se edificó sobre un conjunto probatorio integrado por la queja
presentada por la presunta víctima, su posterior ratificación, así como las declaraciones
testimoniales y demás documentos allegados al expediente, los cuales fueron
apreciados de manera conjunta por la autoridad disciplinaria.

De este modo, no se evidencia una valoración arbitraria o caprichosa de la prueba, sino
un análisis acorde con las reglas de la sana crítica, a partir del cual concluyó la
ocurrencia de los hechos y la responsabilidad disciplinaria del investigado. Las
inconformidades del recurrente relacionadas con supuestas inconsistencias en las
lesiones, la falta de percepción de terceros o la credibilidad de los testimonios, no pasan
de ser apreciaciones subjetivas que no logran desvirtuar la coherencia del acervo
probatorio.

Aunado a lo anterior, la parte actora no desplegó, ni en sede judicial ni en las etapas
pertinentes del proceso disciplinario, actividad probatoria destinada a controvertir
16

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dichas conclusiones, limitándose a cuestionar la valoración efectuada sin cumplir con
la carga de demostrar el error alegado, lo cual resulta insuficiente para desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. En consecuencia,
no se advierte la configuración de una indebida valoración probatoria, por lo que el
cargo no está llamado a prosperar

72.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal accionado concluyó que se debía
confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el señor Jhon Edisson Acosta Vélez,
toda vez que no se demostró la configuración de causales de nulidad que afecten
la validez de los actos administrativos acusados.

73.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 11 de junio de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no incurrió en
los defectos alegados por la parte accionante, pues la decisión de confirmar la
providencia de primera instancia34, que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el accionante, estuvo
soportada en un estudio razonable de los hechos y los elementos probatorios
aportados al trámite judicial.

74.
En concreto, resaltó que la decisión cuestionada realizó una valoración
pertinente, integral y completa del material probatorio, sin incurrir en omisiones ni
exclusiones arbitrarias de elementos determinantes. El Tribunal examinó de manera
conjunta la queja de la víctima, su ampliación, los registros de minuta, los
testimonios y los demás documentos aportados a la actuación administrativa que
daban cuenta de episodios de violencia atribuidos al tutelante, lo cual le permitió
concluir que la responsabilidad disciplinaria se encontraba demostrada mediante
pruebas suficientes que acreditaban tanto la ocurrencia de los hechos como la
autoría del investigado.

75.
De este modo, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada, lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido del
expediente administrativo aportado a la actuación judicial, por lo que no es posible
inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que no le
haya otorgado el valor probatorio que el demandante pretendía que se les atribuyera
a los medios de prueba allegados al proceso.

76.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues, precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»35.

34
Sentencia del 1 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta.
35
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
17

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Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

77.
Adicionalmente, se debe indicar que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander contiene una exposición clara, suficiente y coherente de las
razones jurídicas y probatorias que sustentan la confirmación del fallo de primera
instancia. La providencia desarrolló un problema jurídico preciso, analizó la
normativa aplicable (Ley 734 de 2002, Ley 1015 de 2006 y Resolución 03082 de
2012), evaluó la tipicidad de la conducta, la demostración de la responsabilidad, la
ilicitud sustancial y la proporcionalidad de la sanción, lo cual le permitió concluir que
la presunción de inocencia fue desvirtuada al interior de la actuación disciplinaria,
con fundamento en pruebas legalmente recaudadas y debidamente valoradas por
la entidad demandada.

78.
En el caso concreto, se observa que la sentencia del Tribunal expuso de manera
detallada los fundamentos normativos y probatorios que justificaron la imposición
de la sanción disciplinaria, explicó las razones por las cuales las pruebas fueron
suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia y desarrolló un razonamiento
articulado que permitió comprender la decisión. Por tanto, no se configuró el defecto
decisión sin motivación.

79.
Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los hechos y las pruebas aportadas al
proceso ordinario e interpretó de forma razonable los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto. Por estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido
sus garantías constitucionales.

80.
Para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción
de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate
jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode
a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

81.
La providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no
se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya alguna vía de hecho por los
defectos fáctico y decisión sin motivación que exija la intervención del juez de tutela.
En consecuencia, se negará la solicitud de amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

18

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05496-00 (8675)
Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Falla:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por Jhon Edisson Acosta Vélez contra
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05496-00 (8675)
Accionante: Jhon Edisson Acosta Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

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