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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05505-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05505-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección B, de conformidad con las razones ut supra. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2026-05505-00 Accionante: Juan Carlos Calderón España Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Sentencia de primera instancia SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05505-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05505-00
Accionante: Juan Carlos Calderón España
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Juan Carlos Calderón
España, en nombre propio y en representación de la Veeduría Ciudadana Nacional
– Control Social y Efectivo “Ver control”, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta - Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 14 de julio de 20262, la parte actora promovió la presente acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de su derecho fundamental de petición, al
considerar que la respuesta emitida el 10 de julio del mismo año por la magistrada
Lina Ángela María Cifuentes Cruz, integrante de la Sección Cuarta, Subsección B,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no resolvió de fondo la solicitud
presentada el 1.º de julio anterior.

En particular, sostuvo que la autoridad accionada se limitó a señalar las
disposiciones generales que regulan la concertación ambiental de los planes de
ordenamiento territorial, sin identificar el fundamento jurídico específico que
facultaría al despacho judicial para exigir a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca la concertación del POT del municipio de Madrid, ni explicar la
compatibilidad de esa exigencia con la autonomía técnica y administrativa de dicha
autoridad ambiental.

1 Obra en el certificado 1539FCBB70926F4E F0E31B417996F96A B10BFBD9591274A1
9475E323011E6095, índice 2.
2 Según el correo electrónico que obra en el certificado 650AE67D0F923ECD A524B88B79C85926

28237C05F11D9ED4 B852B2EB2D2C6949, índice 3.

2

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Accionante: Juan Carlos Calderón España
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Asunto: Sentencia de primera instancia

2. Hechos

2.1. El 1.º de julio de 20263, el señor Juan Carlos Calderón España, actuando como
ciudadano y representante de la Veeduría Ciudadana Nacional – Control Social y
Efectivo “Ver-Control”, presentó derecho de petición ante la magistrada Lina Ángela
María Cifuentes Cruz, dentro del trámite de seguimiento al cumplimiento de la orden
4.18 de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014,
relacionada con la descontaminación del río Bogotá.

2.2. La solicitud tuvo origen en las decisiones adoptadas dentro del incidente 123,
mediante las cuales se dispuso que el municipio de Madrid y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR adelantaran y suscribieran el acta de
concertación de los asuntos ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial de
ese municipio.

2.3. El peticionario señaló que existía una controversia respecto del alcance del
régimen de transición previsto en el artículo 31 del Decreto 545 de 2026, toda vez
que la CAR había manifestado la necesidad de incorporar nuevas determinantes
ambientales antes de culminar el procedimiento de concertación.

2.4. En ese contexto, solicitó que se precisara la disposición normativa que
sustentaba la exigencia impuesta a la CAR de concertar los asuntos exclusivamente
ambientales del POT de Madrid y el alcance de esa obligación frente al referido
régimen de transición. Según explicó, su propósito no era conocer las normas
generales que regulan dicho procedimiento, sino establecer el fundamento jurídico
específico que facultaba al Despacho para exigir la concertación, pese a los reparos
técnicos y jurídicos formulados por la autoridad ambiental.

2.5. Mediante comunicación del 10 de julio de 20264, la magistrada accionada
respondió que la concertación ambiental encontraba fundamento en la orden 4.18
de la sentencia del 28 de marzo de 2014 y en el numeral 1.º del artículo 24 de la
Ley 388 de 1997. Asimismo, indicó que el régimen de transición previsto en el

3 Folios 7 al 10 del certificado 1539FCBB70926F4E F0E31B417996F96A B10BFBD9591274A1
9475E323011E6095, índice 2.
4 Folios 11 al 14 ibid.

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Accionante: Juan Carlos Calderón España
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Asunto: Sentencia de primera instancia

artículo 31 del Decreto 545 de 2026 no modificaba, contradecía ni impedía las
actuaciones adelantadas para obtener el cumplimiento de dicha orden judicial.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora sostiene que sus derechos fundamentales se vieron afectados por
las siguientes razones:

3.1. El accionante sostuvo que la respuesta no resolvió de fondo su petición, toda
vez que omitió identificar la disposición constitucional, legal o reglamentaria que
imponía a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR la obligación
jurídica de concertar el POT del municipio de Madrid, así como explicar de qué
manera la orden 4.18 de la sentencia del Consejo de Estado podía interpretarse
como una habilitación para imponerle una decisión administrativa específica dentro
del procedimiento de concertación ambiental.

3.2. Igualmente, afirmó que la magistrada no precisó si la CAR conservaba la
facultad legal de formular objeciones técnicas y abstenerse de concertar cuando
estimara que el instrumento de ordenamiento territorial no incorporaba la totalidad
de las determinantes ambientales exigidas por el ordenamiento jurídico, ni explicó
cómo se armonizaba dicha exigencia con la autonomía administrativa, financiera,
funcional y técnica reconocida a las corporaciones autónomas regionales, en su
condición de máximas autoridades ambientales dentro de su jurisdicción. Con
fundamento en estas omisiones, consideró vulnerado su derecho fundamental de
petición.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. Amparar el derecho fundamental de petición del accionante.

2. Declarar que la respuesta emitida por la Magistrada Lina Ángela María
Cifuentes Cruz el 10 de julio de 2026 no resolvió de manera clara, completa,
congruente y de fondo la petición radicada el 1 de julio de 2026.

3. Ordenar a la accionada que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo, emita una respuesta complementaria y de
fondo en la que:

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Asunto: Sentencia de primera instancia

a) Identifique expresamente la disposición constitucional, legal, reglamentaria
o jurisprudencial que, en criterio del despacho, impone a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca la obligación jurídica de concertar el
POT del Municipio de Madrid.

b) Precise si la Orden 4.18 de la sentencia del Consejo de Estado constituye
una fuente jurídica autónoma suficiente para imponer dicha obligación a la
CAR.

c) Explique cómo se armoniza tal exigencia con la autonomía administrativa y
técnica reconocida a las Corporaciones Autónomas Regionales por la
Constitución y la Ley 99 de 1993.

d) Precise si la CAR conserva la facultad de formular objeciones técnicas y
abstenerse de concertar cuando considere que el POT no incorpora la
totalidad de las determinantes ambientales aplicables.

4. Ordenar que la respuesta sea notificada al accionante en la dirección física
y electrónica registrada en el derecho de petición.”5

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 16 de julio de 20266, el Despacho del magistrado ponente
admitió la acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandado, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta, Subsección B7.

5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta, Subsección B8,
a través de la magistrada Edith Alarcón Bernal, explicó que la solicitud presentada
por el accionante se relacionaba con actuaciones adelantadas dentro del incidente
123, mediante el cual se verifica el cumplimiento de la orden 4.18 de la sentencia
del 28 de marzo de 2014, que dispuso la actualización de los instrumentos de
ordenamiento territorial de los municipios aferentes a la cuenca del río Bogotá
conforme al POMCA.

5.3. Sostuvo que, cuando una solicitud se refiere a actuaciones judiciales, debe
formularse y resolverse de acuerdo con las reglas propias del proceso, y no
mediante el derecho de petición. En ese sentido, señaló que, en la etapa de

5 Folio 4 y 5, ibíd.
6 Obra en el certificado F0F02872B7B6F88C 1D35BEB87A0ECAC4 3C92A34E0C9E0316
153D29D42F637C0D, índice 5.
7 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
8 Obra en el certificado 4A80B4DC98149FED FEBDBCE0E1683394 884D0A4764713FDE

F71A4274D764947A, índice 9.

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Accionante: Juan Carlos Calderón España
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Asunto: Sentencia de primera instancia

verificación del cumplimiento de la sentencia, las solicitudes de coadyuvancia o
intervención de personas ajenas a las entidades vinculadas debieron presentarse
antes de que se profiriera el fallo de primera instancia y no posteriormente a través
de peticiones de información.

5.4. No obstante, manifestó que, aunque el señor Juan Carlos Calderón España no
tenía reconocida la calidad de parte, tercero con interés, coadyuvante o interviniente
dentro del trámite de verificación, la magistrada encargada respondió de manera
clara, concreta, oportuna y congruente los interrogantes formulados respecto del
incidente 123. Agregó que la contestación fue remitida al correo electrónico
informado por el peticionario el 10 de julio de 2026.

5.5. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y,
subsidiariamente, negar el amparo. Asimismo, solicitó conminar al accionante para
que se abstuviera de presentar escritos en ejercicio del derecho de petición
mediante los cuales cuestionara las decisiones adoptadas dentro del trámite de
verificación del cumplimiento de la sentencia de descontaminación del río Bogotá,
particularmente las proferidas en el incidente 123, sin tener reconocida la calidad de
parte dentro de dicho trámite.

5.6. Finalmente, como pruebas, aportó los enlaces de consulta de los incidentes 80
y 123 y de las actuaciones registradas en SAMAI, así como la respuesta al derecho
de petición, el correo mediante el cual fue enviada y la constancia de su recepción9.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por el señor
Juan Carlos Calderón España en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección B, de conformidad con lo establecido

9 Obra en los certificados 24097D6A3EE3AC62 BFE370E9AFFF8614 6AFBF85D2CED0430
811078C05ABE4660, 14558E655C088731 3EEB90083E7C23A5 60530F47D9A3B52F
66174D07AD1176A5, 123D7509E3625645 D3EBA6E47814C8EB C13D2A835AA7DC1C
7FB8C654C5146F91 y 0640B0935C7F7066 348C39C35791A37D 8E45162C87D03E88
5199B9B3F24FDECB, índice 9.

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en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

Si bien el señor Juan Carlos Calderón España manifestó actuar en representación
de la Veeduría Ciudadana Nacional – Control Social y Efectivo “Ver-Control”, no
aportó elemento de prueba que acreditara esa calidad. Con todo, al revisar el escrito
elevado en ejercicio del derecho de petición, se observa que fue el propio señor
Juan Carlos Calderón España quien lo radicó ante la autoridad accionada; en
consecuencia, para efectos del presente trámite, se entenderá que actúa en nombre
propio y, por ende, se encuentra legitimado en la causa por activa para reclamar la
protección del derecho fundamental de petición.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró el derecho fundamental de petición
invocado por el accionante. Para resolver el problema jurídico planteado, se
reiterará la jurisprudencia relacionada con la naturaleza y el alcance de ese derecho
y, posteriormente, se analizará el caso concreto.

4. Generalidades del derecho de petición

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política y en la
Ley 1755 de 2015, mediante la cual se reguló el derecho fundamental de petición y
se sustituyó el Título II de la Ley 1437 de 2011, toda persona puede presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o
particular. En cuanto a los requisitos de estas solicitudes, además de los previstos
en el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la citada Ley 1755 de 2015,
se ha establecido que deben formularse en términos respetuosos, pues, de lo
contrario, podrán ser rechazadas. Asimismo, han de ser claras y comprensibles; en
caso contrario, la autoridad competente podrá requerir al interesado para que las
aclare o complemente dentro del término legal, so pena de su archivo.

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Ahora, respecto a la respuesta, esta debe ser (i) oportuna, de manera que la
autoridad se manifieste dentro del término que exige la ley; (ii) clara, es decir,
sencilla y fácil de comprender; (iii) precisa, de forma tal que atienda solo lo solicitado,
sin presentar información impertinente o elusiva; (iv) congruente, en tanto absuelva
de fondo a la solicitud y, finalmente, (v) consecuente, en relación con el trámite
dentro del cual el requerimiento es presentado10.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755
de 2015, las autoridades están obligadas a resolver las peticiones dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción. Por su parte, las solicitudes de
documentos e información deben resolverse dentro de los diez (10) días siguientes
a su radicación, mientras que las consultas deben ser atendidas dentro de los treinta
(30) días. En todo caso, para determinadas modalidades de petición, el legislador
puede establecer términos especiales.

4.1. Análisis de la vulneración del derecho de petición en el caso concreto

4.1.1. En el sub examine, la Sala advierte que, mediante escrito presentado en
ejercicio del derecho de petición el 1.º de julio de 2026, el señor Juan Carlos
Calderón España se dirigió a la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el que solicitó, textualmente, lo siguiente:

“Primero: Precisar la normatividad vigente en la que se sustenta la orden de
concertación ambiental del POT del municipio de Madrid impartida a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR.

Segundo: Aclarar el alcance de dicha exigencia frente al régimen de
transición previsto en el artículo 31 del Decreto 545 de 2026, en particular
respecto de los procesos de concertación que, a la fecha de entrada en
vigencia de dicho decreto, no cuentan con acta de concertación acogida
mediante acto administrativo en firme.

Tercero: Con fundamento en los principios de publicidad y participación
ciudadana que rigen las acciones populares — reconocidos en el artículo 2°
de la Constitución Política, en el artículo 270 superior sobre control social a
la gestión pública, y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (entre otras, sentencias C-630 de 2011 y C-641 de 2002) —,
respetuosamente se solicita a su Despacho informar:

¿La decisión adoptada dentro del presente trámite fue previamente
socializada, comunicada y puesta en conocimiento de los actores
ambientales y de la comunidad del municipio de Madrid, en su calidad de

10 Sentencia T-610 de 2008 M. P. Rodrigo Escobar Gil.

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directamente interesados y potenciales afectados por sus efectos,
considerando que en las acciones populares la comunidad constituye parte
sustancial del proceso y que, según lo ha señalado la Corte Constitucional,
las decisiones que puedan incidir sobre sus derechos e intereses colectivos
deben ser objeto de comunicación y, en lo pertinente, de concertación con
dichos afectados?”11

4.1.2. Por su parte, la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dio respuesta a la petición mediante comunicación del 10 de julio de
202612, la cual fue puesta en conocimiento del accionante el 14 de julio siguiente, a
través de un mensaje enviado a la dirección electrónica juank0612@hotmail.com13.
En dicha respuesta señaló textualmente lo siguiente:

“II. DE LA PETICIÓN FORMULADA:

2.1 Dicho lo anterior, procederá la Magistrada verificadora a contestar el
interrogante formulado en la petición en el punto número 2, así:

¿Con fundamento en qué disposición normativa vigente se exige, dentro del
presente trámite, que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-
CAR, en su calidad de autoridad ambiental, concierte los asuntos
exclusivamente ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Madrid, y en qué términos y alcance debe entenderse dicha
exigencia frente al régimen de transición previsto en el artículo 31 del
Decreto 545 de 2026?

III.RESPUESTA

3.1 La orden 4.18 arriba citada, es el sustento que fundamenta la
concertación de los asuntos ambientales del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Madrid con la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca -CAR. Este Despacho debe lograr su cabal cumplimiento
y su labor de verificación en conjunto con las demás ordenes impartidas en
la Sentencia de 28 de marzo de 2014 proferida por el Consejo de Estado.

3.2 Aunado a ello, tal como lo reconoce el peticionario, por disposición de la
Ley 388 de 1997, en especial lo reglado en el numeral 1 del artículo 24
deberán concertarse exclusivamente los asuntos ambientales, tal como se
dispuso en los siguientes términos: "1. El proyecto de Plan se someterá a
consideración de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca o
autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente con
el municipio y/o distrito concerten los asuntos exclusivamente ambientales,
dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
99 de 1993, para lo cual dispondrán, de cuarenta y cinco (45) dias; solo
podrá ser objetado por razones técnicas y sustentadas en estudios".

11 Folio 9 del certificado 1539FCBB70926F4E F0E31B417996F96A B10BFBD9591274A1
9475E323011E6095, índice 2.
12 Folios 11 al 14 del certificado 1539FCBB70926F4E F0E31B417996F96A B10BFBD9591274A1

9475E323011E6095, índice 2.
13 Obra en el certificado 14558E655C088731 3EEB90083E7C23A5 60530F47D9A3B52F

66174D07AD1176A5, índice 9.

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3.3. Actuaciones de verificación de cumplimiento que vienen realizándose
por el despacho desde el año 2020, a través de diferentes decisiones
judiciales, las cuales han quedado en firme y han coadyuvado al avance en
el cumplimento de la orden de la Sentencia del Consejo de Estado.

3.4. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN:

3.4.1. En cuanto al régimen de transición dispuesto en el artículo 31 del
Decreto 0545 de 29 de mayo de 2026, como lo indicó el Despacho en auto
de 25/06/2026, по modifica, contradice o impide las acciones en desarrollo
para lograr la concertación ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial
del Municipio de Madrid en cumplimiento de la orden 4.18 de la Sentencia
de 28 de marzo de 2014. Aquellas deben seguir su ejecución para lograr la
verificación del cumplimiento de la orden.

3.4.2. En ese orden, el Despacho ostenta facultades en cumplimiento de su
labor de verificación para disponer que no se modifique, contradiga o
impidan las acciones de cumplimiento del fallo y en especial de la orden 4.18
por parte del municipio de Madrid en concertación con la CAR.

3.5. PRINCIPIO DE PÚBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.5.1. En cuanto al interrogante formulado con el cual el peticionario indaga
sobre la publicidad de las actuaciones adoptadas en el marco de verificación
de cumplimiento de la orden 4.18 de la sentencia de 28 de marzo de 2014 y
de las decisiones (autos sustanciación e interlocutorios), adoptados en curso
del incidente 123 POT MADRID, el Despacho pone de presente al
peticionario que, todas las decisiones judiciales emitidas en desarrollo de la
labor de verificación de cumplimiento del fallo de descontaminación del rio
de Bogotá, se notifican conforme lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, la Ley
1437 de 2011 y lo dispuesto en el Código General del Proceso, en lo que no
sea dispuestamente contrario a la ley marco de reglamentación de las
acciones populares. Todo lo anterior, en observancia de los postulados y
principios constitucionales.”

4.1.3. En este contexto, a juicio de la Sala, la respuesta emitida por la Sección
Cuarta, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió de
fondo lo solicitado por el actor, en la medida en que identificó como fundamento de
la concertación ambiental del POT del municipio de Madrid la orden 4.18 de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014 y el numeral
1.º del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, al tiempo que explicó que corresponde al
Despacho adelantar las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de
esa orden judicial. Es decir, indicó expresamente la disposición que impone a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca la obligación jurídica de
concertar los asuntos ambientales del referido instrumento de ordenamiento
territorial.

Asimismo, frente al régimen de transición previsto en el artículo 31 del Decreto 545
de 2026, la autoridad accionada indicó que este no modificaba, contradecía ni

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impedía la continuación de las actuaciones dirigidas a lograr la concertación
ambiental del POT de Madrid, por lo que debían proseguir hasta obtener el
cumplimiento de la orden 4.18. Finalmente, respecto de la publicidad y participación
ciudadana, precisó que las decisiones adoptadas dentro del incidente 123 se
notificaban de conformidad con la Ley 472 de 1998, la Ley 1437 de 2011 y el Código
General del Proceso.

4.1.4. Ahora bien, los cuestionamientos relativos a si la orden 4.18 constituía una
habilitación para imponer a la CAR una decisión administrativa específica, si dicha
autoridad conservaba la facultad de formular objeciones técnicas y abstenerse de
concertar, y cómo debía armonizarse esa exigencia con su autonomía
administrativa, financiera, funcional y técnica no fueron planteados expresamente
en el escrito presentado en ejercicio del derecho de petición, sino desarrollados
posteriormente en la solicitud de amparo.

Por consiguiente, la falta de un pronunciamiento particular sobre esos aspectos no
comporta la vulneración alegada, pues la congruencia de la respuesta debe
examinarse frente a las solicitudes efectivamente formuladas y no respecto de
planteamientos incorporados con posterioridad en la acción de tutela. Además, la
contestación no estaba llamada a satisfacer las expectativas del peticionario ni a
acoger la interpretación jurídica que este consideraba correcta, sino a resolver de
manera clara, congruente y sustancial lo pedido, exigencia que se encuentra
cumplida en el presente asunto.

En tal virtud, se negará el amparo solicitado, toda vez que no se acreditó la
vulneración del derecho fundamental de petición invocado por el accionante.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada en contra del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección B, de conformidad con las razones
ut supra.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05505-00
Accionante: Juan Carlos Calderón España
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Asunto: Sentencia de primera instancia

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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