Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05532-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05532-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05532-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diez (10) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-05532-001
Accionante : Wilson Ramón Palacio Salazar
Accionados : Tribunal Administrativo del Magdalena y Consejo Nacional
Electoral
Acción : Tutela
Tema : Petición. Mora judicial
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por el señor Wilson Ramón Palacio Salazar contra el Tribunal Administrativo
del Magdalena y el Consejo Nacional Electoral, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el accionante frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El señor Wilson Ramón Palacio Salazar, quien actúa en nombre propio, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales de petición al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena y
el Consejo Nacional Electoral.
1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Accionante: Wilson Ramón Palacio Salazar
Accionados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
3. Por consiguiente, solicitó:
2. ORDENAR al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) que, en el término perentorio
de cuarenta y ocho (48) horas, resuelva de fondo y notifique de manera efectiva las respuestas
a mis solicitudes con radicados CNE-E-DG-2025-030245 y CNE-E-DG-2025-030248
3. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA (Magistrado
Sustanciador) que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a proferir
el Auto definitivo que resuelva (decrete o niegue) la Medida Cautelar de Urgencia
solicitada dentro del medio de control de la referencia, cesando la mora judicial existente.
1.3 Hechos2
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
parte accionante, se puede evidenciar que, el Diecisiete (17) de Diciembre de Dos
Mil Veinticinco (2025), el señor Palacio Salazar presentó ante el Consejo Nacional
Electoral dos solicitudes, a las cuales se les asignaron los radicados núm. CNE-E-
DG-2025-030245 y CNE-E-DG-2025-030248. Según afirmó, para la fecha de
presentación de la tutela habían transcurrido más de siete meses sin que esa
autoridad hubiera emitido una respuesta de fondo a sus pedimentos, lo que vulnera
su derecho fundamental de petición.
5. Posteriormente, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, presentó demanda contra el Consejo Nacional Electoral con el fin de
obtener la nulidad de la Resolución núm. 11236 del Cuatro (4) de Diciembre de Dos
Mil Veinticinco (2025). El conocimiento de dicho asunto correspondió al Tribunal
Administrativo del Magdalena3. Dentro de ese trámite solicitó, como medida cautelar
de urgencia, la suspensión provisional de los efectos del acta de la convención
distrital para la elección de junta directiva del Partido Colombia Renaciente del
Distrito de Santa Marta, celebrada el Doce (12) de Mayo de Dos Mil Veinticinco
(2025).
6. El actor sostuvo que, pese al carácter de urgencia de la cautela, el Tribunal
accionado no ha proferido decisión alguna al respecto. A su juicio, la falta de
pronunciamiento configura una mora judicial que vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2 Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
3 Proceso núm. 47001-23-33-000-2026-00051-00.
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II. TRÁMITE PROCESAL
7. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del
Diecisiete (17) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de
tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Consejo
Nacional Electoral y requirió al señor Wilson Ramón Palacio Salazar para que
aportara copia de las peticiones cuya falta de respuesta denuncia en la presente
acción.
2.1 Contestación de la acción
8. 2.1.1 El Consejo Nacional Electoral4 sostuvo que no vulneró el derecho
fundamental de petición del actor, porque los escritos radicados bajo los núm. CNE-
E-DG-2025-030245 y CNE-E-DG-2025-030248 no corresponden a solicitudes
propias del derecho de petición en los términos del artículo 23 de la Constitución
Política, sino a actuaciones relacionadas con el recurso promovido contra la
Resolución núm. 11236 de 2025. Explicó que, dichas actuaciones se rigen por las
disposiciones del procedimiento administrativo y, en particular, por los artículos 74
y 76 del CPACA.
9. Agregó que, conforme al artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, la autoridad dispone
de un año, contado a partir de la debida y oportuna interposición del recurso, para
resolverlo, so pena de pérdida de competencia. Como los referidos escritos fueron
presentados el Diecisiete (17) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), afirmó
que, para la fecha de contestación de la tutela dicho término no había vencido y, por
consiguiente, no se configuraba el silencio administrativo ni mora atribuible a la
entidad.
10. De otro lado, alegó que, el mecanismo constitucional no satisface el requisito de
subsidiariedad, toda vez que, el demandante cuenta con los mecanismos ordinarios
para controvertir la referida resolución y, de hecho, interpuso recurso de reposición
y promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante el
Tribunal Administrativo del Magdalena y no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara desplazar esos medios de defensa judicial.
4 Visible a índice 14 de SAMAI.
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11. Finalmente, sostuvo que tampoco se cumplía con el requisito de inmediatez, al
señalar que, el accionante conocía el estado de su trámite, por lo menos, desde el
Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), fecha en la que interpuso
otro recurso de reposición, sin que justificara el tiempo transcurrido hasta la
presentación de la tutela. También precisó que, carece de legitimación en la causa
por pasiva respecto de la mora atribuida al Tribunal Administrativo del Magdalena,
dado que no tiene competencia ni injerencia sobre la decisión de la medida cautelar
solicitada dentro del proceso judicial adelantado ante esa autoridad judicial.
12. 2.1.2 El Tribunal Administrativo del Magdalena5 manifestó que no incurrió en
mora judicial, ya que, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el actor se encontraba en etapa de estudio de admisibilidad. Expuso
que, mediante auto del Veintidós (22) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026), inadmitió
la demanda al advertir el incumplimiento de varios requisitos previstos en los
artículos 159, 160, 162, 163 y 166 del CPACA.
13. Finalmente, sostuvo que, en la tutela de la referencia se configura una carencia
actual de objeto por hecho superado, al considerar que, durante el trámite
constitucional cesó la situación que el actor estimaba vulneradora de sus derechos,
pues, ya se había proferido una decisión dentro del proceso ordinario.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción
15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
5 Visible a índice 15 de SAMAI.
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y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico
16. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si
(i) el Consejo Nacional Electoral vulneró el derecho fundamental de petición del
señor Wilson Ramón Palacio Salazar, al no haber emitido pronunciamiento frente a
los escritos radicados bajo los núm. CNE-E-DG-2025-030245 y CNE-E-DG-2025-
030248; y (ii) si el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por la
presunta mora en resolver la medida cautelar de urgencia solicitada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado núm. 47001-23-33-000-2026-00051-00.
3.4 El derecho fundamental de petición
17. De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de
interés general o particular, y a obtener pronta resolución. Los artículos 13 y
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 desarrollan este derecho, precisando los
términos respectivos de respuesta y el contenido mínimo con que debe cumplir la
petición.
18. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la solicitud, pues de nada serviría la facultad de dirigirse a la autoridad
si esta no resuelve o se reserva para sí el sentido de la decisión6. De esta forma, la
respuesta debe cumplir con estos requisitos: (i) ser oportuna, (ii) constituir una
respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado y (iii) ser puesta en
conocimiento del peticionario. En caso de no cumplir con estos requisitos, se incurre
en una vulneración del derecho de petición.
6 Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
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19. Es necesario puntualizar que la respuesta de fondo, clara, precisa y congruente
no equivale necesariamente a la aceptación de lo solicitado7. Además, las entidades
a quienes van dirigidas las peticiones no pueden solicitarle al peticionario
redireccionar su requerimiento a los medios habilitados o la dependencia que
internamente es competente para atender la petición. Esa respuesta constituye
también una violación del derecho de petición, pues le traslada al peticionario una
carga que le corresponde a la entidad, consistente en la tramitación interna de las
peticiones que debe resolver8.
3.5 La acción de tutela frente a la mora judicial
20. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la
facultad de toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de
resolver las controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas.
21. Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en
funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una
pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de
adoptar las medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.
22. Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos
fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un
«fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo
del derecho de acceso a la administración de justicia, pero que muchas veces una
buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales
que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos»9.
23. No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza
injustificada por parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el
cual será susceptible de protección a través de la solicitud de amparo.
7 Corte Constitucional, sentencia C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
8 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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24. Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 10 ha
indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite
de los procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de autonomía
judicial. Sin embargo, cuando se evidencia que, la tardanza no obedece a
cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales o
complejidad de los asuntos que se conocen, la acción de tutela resulta procedente
para proteger el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.
25. Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de
mora judicial, se deben analizar las particularidades de cada situación en concreto
con el fin de determinar si el retardo es justificado o no.
3.6 Caso concreto
3.6.1. De la actuación surtida por el Consejo Nacional Electoral
26. En el asunto sub judice, el accionante cuestiona la actuación del Consejo
Nacional Electoral, pues, señala que, ya fueron superados los términos para
resolver las peticiones con radicado núm. CNE-E-DG-2025-030245 y CNE-E-DG-
2025-030248.
27. Al respecto, la Sala observa que, como lo manifestó la entidad accionada en su
informe, estas no corresponden a solicitudes propias del derecho fundamental de
petición en los términos del artículo 23 de la Constitución Política, sino, a los
recursos promovidos contra la Resolución núm. 11236 de 2025, actuación que se
rige por las disposiciones del procedimiento administrativo, particularmente, los
artículos 74 y 76 del CPACA.
28. En efecto, de los anexos aportados por la entidad, se observa que el documento
con radicado CNE-E-DG-2025-030245 se dirigió a interponer recurso de reposición
contra la Resolución 11236 de 2025, así:
«REFERENCIA: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN
contra el ARTÍCULO PRIMERO del acto administrativo RESOLUCIÓN No. 11236 DE
2025 (04 de diciembre) que niega la impugnación (Rad. CNE-E-DG-2025-019144).
PARTIDO: COLOMBIA RENACIENTE ASUNTO: Impugnación de la Convención
10 Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Distrital de Santa Marta – Acta del 12 de mayo de 2025.
WILSON RAMÓN PALACIO SALAZAR, mayor de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 85.154.389. expedida en Santa Marta, actuando en mi calidad de
afiliado e impugnante dentro del expediente de la referencia; por medio del presente
escrito interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN
contra el acto administrativo notificado, mediante el cual se decidió negar la
impugnación por mí incoada frente al Acta de la Convención Distrital. El presente
recurso se sustenta en los Artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con base en los
siguientes: (…)»
29. Asimismo, se observa que, el oficio con radicado CNE-E-DG-2025-030248
también es contentivo del recurso de reposición y en subsidio de apelación, así:
«REFERENCIA: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN
contra el ARTÍCULO PRIMERO del acto administrativo RESOLUCIÓN No. 11236 DE
2025 (04 de diciembre) que niega la impugnación (Rad. CNE-E-DG-2025-019144).
PARTIDO: COLOMBIA RENACIENTE ASUNTO: Impugnación de la Convención
Distrital de Santa Marta – Acta del 12 de mayo de 2025.
WILSON RAMÓN PALACIO SALAZAR, mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 85.154.389. expedida en Santa Marta, actuando en mi calidad de
afiliado e impugnante dentro del expediente de la referencia; por medio del presente
escrito interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN
contra el acto administrativo notificado, mediante el cual se decidió negar la
impugnación por mí incoada frente al Acta de la Convención Distrital. El presente
recurso se sustenta en los Artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con base en los
siguientes: (…)».
30. Así las cosas, es claro que, dichas actuaciones no se rigen por los términos
previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo relacionados con el derecho de petición, como erradamente lo afirma
el accionante, pues, con ellos se formularon recursos que deben ser resueltos por
la entidad a la luz del artículo 52 del CPACA.
31. Por lo expuesto, la Sala no encuentra configurada la vulneración del derecho
fundamental de petición alegada por el demandante.
3.6.2. De la actuación del Tribunal Administrativo del Magdalena
32. Respecto de la presunta mora en la que habría incurrido el Tribunal
Administrativo del Magdalena, la Sala observa lo siguiente:
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33. El veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiséis (2026), el señor Wilson Ramón
Palacio Salazar formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Resolución núm. 11236 del cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025),
mediante la cual, el Consejo Nacional Electoral decidió la actuación administrativa
adelantada respecto de las controversias surgidas con ocasión de la Convención
del Partido Colombia Renaciente celebrada el doce (12) de mayo de dos mil
veinticinco (2025) en el distrito de Santa Marta.
34. El proceso ingresó al despacho ponente para proveer el veintisiete (27) de febrero
y, mediante auto del veintidós (22) de julio de dos mil veintiséis (2026), el despacho
ponente inadmitió la demanda por encontrar diferentes falencias, puesto que, entre
otras cosas, no era posible determinar el acto demandado; los hechos y omisiones
no estaban debidamente determinados, clasificados y numerados; el concepto de
violación no se ajustaba a lo exigido en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA; y
tampoco se había acreditado el derecho de postulación.
35. En relación con la medida provisional solicitada, el Tribunal señaló:
«Finalmente, la solicitud de medida cautelar también presenta una evidente falta de
correspondencia con el objeto de la demanda, toda vez que persigue la suspensión
provisional de un acto distinto del identificado como acusado y lo fundamenta en la
presunta falta de respuesta a determinados escritos radicados ante el Consejo
Nacional Electoral, sin efectuar la confrontación entre la Resolución No. 11236 de
2025 y las normas superiores que se estiman vulneradas, como lo exige el artículo
231 del C.P.A.C.A. para el estudio de procedencia de la suspensión provisional. En
consecuencia, el demandante deberá subsanar las anteriores deficiencias,
precisando el acto o los actos administrativos cuya nulidad pretende,
individualizándolos con toda precisión; formulando de manera clara, expresa y
separada las pretensiones de nulidad y de restablecimiento del derecho; identificando
el derecho subjetivo cuya protección reclama y el restablecimiento concreto que
solicita; incorporando un acápite de hechos y omisiones debidamente determinados,
clasificados y numerados que sirvan de fundamento a sus pretensiones; indicando las
normas que considera vulneradas y desarrollando el concepto de su violación
respecto del acto acusado; adecuando la solicitud de medida cautelar al objeto de la
demanda; actuando por conducto de abogado debidamente inscrito o acreditando su
calidad de abogado para ejercer la representación en causa propia; y aportando las
constancias de publicación, comunicación, notificación o ejecución de la Resolución
No. 11236 del 4 de diciembre de 2025, o manifestando la imposibilidad de hacerlo en
los términos previstos en el artículo 166 del C.P.A.C.A., con el fin de que este
Despacho pueda verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales para la
admisión de la demanda.»
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36. En consecuencia, le otorgó al demandante el término de diez (10) días para
subsanar las falencias advertidas. Esta providencia fue notificada el veinticuatro (24)
de julio de dos mil veintiséis (2026), como consta en el índice 10 del expediente
electrónico de SAMAI, como se observa a continuación:
37. Así las cosas, la Sala observa que, para la fecha, el Tribunal Administrativo del
Magdalena emitió pronunciamiento en el proceso formulado por el señor Wilson
Ramos Salazar, decisión que, aun cuando no se satisface la pretensión formulada
en esta sede constitucional encaminada a que se resolviera de manera definitiva la
medida cautelar (negarla o decretarla), da lugar a la configuración de una carencia
actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente, toda vez que,
en el trámite de esta acción de tutela, el Tribunal impulsó el proceso de nulidad, con
el propósito que, el demandante subsane las falencias advertidas en la demanda.
38. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado:
«37.- A propósito de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha considerado que
existen eventos en los que las circunstancias que originaron la presunta vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales pueden desparecer o se modifican las
causas que fundamentaron la solicitud de tutela y hace que esta pierda su razón de
ser como mecanismo extraordinario de protección judicial.11 Por lo que, ante la
configuración de este fenómeno el juez queda imposibilitado para emitir alguna orden
dirigida a proteger los derechos fundamentales que en un principio se consideraron
vulnerados o amenazados.12 En especial, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia
de esta Corporación ha sostenido que “(…) el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha
dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados (…)”.13
11 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-244 de 2022.
12 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias SU-677 de 2017 y T-074 de 2019.
13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
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38.- Esta situación se ha entendido como un fenómeno procesal denominado la
carencia actual de objeto que se configura porque “la acción de tutela tiene por objeto
la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo
cual justifica la necesidad de una decisión, positiva o negativa, por parte del juez.
Pero, si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta
de alguna forma, no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que ‘la posible orden
que impartiera el juez caería en el vacío’”.14
39.- Este fenómeno se presenta en los eventos en que hay lugar a un daño
consumado, un hecho superado o el acaecimiento de una situación sobreviniente. (i)
El hecho superado, ocurre cuando durante el trámite de la acción de tutela las
accionadas remedian la situación que dio lugar a la presentación de la acción. Por lo
tanto, este se verifica cuando se satisface por completo lo pretendido en la acción de
tutela y, es el resultado del actuar voluntario del sujeto pasivo; (ii) El daño consumado,
tiene lugar cuando a raíz de la falta de garantía del derecho, se ocasiona o consuma
el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela15; y (iii) la situación
sobreviniente que se configura cuando las circunstancias fácticas que originaron la
acción varían porque el actor asume una carga que no le correspondía, un tercero
satisface la pretensión principal, el accionante ha perdido interés en el resultado del
proceso o resulta imposible llevar a cabo las pretensiones.16»17
39. Por las razones expuestas, la Sala negará el amparo constitucional deprecado
por el señor Wilson Ramón Palacio Salazar frente al Consejo Nacional Electoral, y
declarará la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, en relación con la
pretensión formulada contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de tutela formulada por el señor Wilson Ramón
Palacio Salazar respecto del Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
14 Ibidem.
15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-296 de 2022 y T-074 de 2019.
16 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-053 de 2025 y T-344 de 2022.
17 Corte constitucional, sentencia T-322-25.
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SEGUNDO. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho
sobreviniente respecto del Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad
con lo expuesto en precedencia.
TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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