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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05534-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05534-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la solicitud de emitir el auto que admite la apelación contra la sentencia de primera instancia del proceso ordinario, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Uriel Alfonso de Arco Paternina con respecto a la presunta tardanza del Tribunal Administrativo de Bolívar en decidir de fondo el recurso de alzada o pronunciarse sobre el memorial de renuncia o desistimiento respecto del ajuste por concepto de indexación concedido en el fallo de primer grado al demandante, por lo expuesto en la parte considerativa. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05534-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05534-00
Demandante: URIEL ALFONSO DE ARCO PATERNINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR

Tema: Tutela por presunta mora judicial. Declara carencia actual de
objeto y niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El señor Uriel Alfonso de Arco Paternina, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Lo anterior, por la supuesta mora judicial injustificada en que ha incurrido la autoridad
judicial accionada para emitir el auto que admite el recurso de apelación y decidir el
recurso de alzada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 13001-33-33-013-2024-00199-00/01 promovido contra la
Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, -en adelante EDURBE S.A.-.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y en consecuencia pidió:

1 Tutela radicada el 7 de mayo de 2026 a la que se le asignó la secuencia interna número 5597.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Uriel Alfonso de Arco Paternina
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2026-05534-00

[…]
SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR — Despacho
005 que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo
que se profiera, profiera la providencia que en derecho corresponda dentro del proceso
radicado bajo el número 13001333301320240019901, pronunciándose sobre:

a. La admisión del recurso de apelación interpuesto por EDURBE S.A. contra la
Sentencia No. 093 del 8 de septiembre de 2025, y
b. El memorial que radiqué el 27 de marzo de 2026, mediante el cual puse en
conocimiento del Despacho mi renuncia al ajuste por concepto de indexación ordenado
en el numeral 2.2 de la referida sentencia.

TERCERA: PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA. En el evento de que esa
Corporación considere insuficiente el término de cuarenta y ocho (48) horas, solicito
respetuosamente que la orden se imparta para que el Tribunal Administrativo de
Bolívar se pronuncie dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo
— término que corresponde al que el artículo 120 del Código General del Proceso
concede a los magistrados para dictar autos, y que fue el impartido por esa misma
Corporación en un supuesto análogo dentro del radicado 11001-03-15-000-2020-
03143-01.
[…]2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Uriel Alfonso de Arco Paternina laboró como gerente de la empresa EDURBE
S.A., desde el 20 de septiembre de 2020 hasta el 4 de marzo de 2021, fecha en la
que fue aceptada su renuncia. A continuación, la referida sociedad expidió la
Resolución 021-0044 del 5 de abril de 2021 mediante la cual ordenó pagar al actor la
suma de $16.856.512 por concepto de prestaciones sociales. El anterior monto fue
desembolsado el 10 de agosto de 2022.

El 17 de enero de 2023 el demandante elevó una solicitud ante EDURBE S.A., en la
que pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías definitivas, comoquiera que, en su sentir, el desembolso del dinero debió
efectuarse hasta el 29 de julio de 2021, pero los recursos le fueron entregados el 10
de agosto de 2022. Por lo que, se incumplieron los plazos establecidos en las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006. Frente a la referida petición, el demandante no obtuvo
pronunciamiento alguno.

Por lo anterior, radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
acto ficto o presunto derivado de la falta de respuesta a la petición elevada el 17 de
enero de 2023. Como consecuencia, pidió que se ordenara a la demandada a efectuar
el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas.

2 Transcripción original del texto con posibles errores.

2
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Demandante: Uriel Alfonso de Arco Paternina
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2026-05534-00

En primera instancia conoció del proceso el Juzgado Décimo Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Cartagena, que mediante sentencia del 8 de septiembre de
2025 accedió a las pretensiones. Declaró nulo el acto administrativo demandado y
ordenó a la EDURBE S.A., pagar el monto de $164.614.910 por concepto de sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

El fallo se notificó a las partes en estrados y contra este, la parte demandada interpuso
recurso de apelación solamente en lo referente a la indexación ordenada en la
sentencia: el que fue concedido en auto del 12 de diciembre de 2024.

El 20 de febrero de 2026 se asignó al Tribunal Administrativo de Bolívar, despacho
del magistrado José Rafael Guerrero Leal para resolver la alzada.

El 27 de marzo de 2026 el señor Uriel Alfonso de Arco radicó un memorial en el que
manifestó renunciar al ajuste por concepto de indexación que le había sido concedido
en el fallo de primer grado. Agregó que el anterior se puso en conocimiento de la
EDURBE S.A.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Para la parte actora, el tribunal accionado, vulneró las garantías invocadas ante la
mora injustificada en admitir el recurso de apelación y resolver el memorial de renuncia
a la condena obtenida a su favor, solo en lo que respecta al ajuste por concepto de
indexación.

Señaló que, según el acta de reparto que obra en el expediente, el proceso se asignó
al despacho del magistrado José Rafael Guerrero Leal el 20 de febrero de 2026, no
obstante, a la fecha de radicar esta acción constitucional no se ha registrado ninguna
actuación en Samai, lo que, en su sentir, vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Lo anterior comoquiera que el artículo 120 del C.G.P. señala un término de 10 días
para dictar un auto fuera de audiencia; termino que, en su sentir, se encuentra vencido,
puesto que, en su caso, han pasado más de 3 meses desde que se remitió el recurso
al tribunal, sin que se emita ninguna decisión hasta el momento.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 22 de julio de 2026 la Magistrada Ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte accionante3 y como accionado al Magistrado José Rafael Guerrero
Leal, del Tribunal Administrativo de Bolívar4.

3Índice 007 de Samai. La notificación fue remitida al correo: urieldearco@hotmail.com.
4 Índice 007 de Samai. La notificación fue remitida a los correos: jguerrel@cendoj.ramajudicial.gov.co;

stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co y sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2026-05534-00

1.6. Intervención

Tribunal Administrativo de Bolívar5

El titular del despacho pidió que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado dentro del presente trámite constitucional comoquiera que el pasado 27 de
julio de 2026 profirió el auto que admite el recurso de apelación contra la sentencia de
primer grado, la que fue debidamente notificada, por lo que, la causa que motivó la
acción de tutela fue superada.

Por otro lado, en lo que respecta a la pretensión dirigida a obtener un pronunciamiento
frente a la solicitud de renuncia o desistimiento radicada el 27 de marzo de 2026,
indicó que, como la decisión debe adoptarse mediante una providencia aprobada por
la sala de decisión de la cual hace parte; su estudio y el del recurso de alzada se
realizará atendiendo al orden de ingreso y la prelación de los asuntos, pues su análisis
no depende únicamente del magistrado sustanciador.

Señaló que, entre enero y junio de 2026 le han sido repartidas a su despacho: 7
acciones de cumplimiento, 3 habeas corpus, 7 acciones de tutela de primera instancia,
48 impugnaciones de tutela, 2 incidentes de desacato de tutela, 12 consultas de
incidente de desacato y 2 recursos de insistencia, es decir, 81 procesos a los cuales
por su naturaleza se les da prioridad en su trámite.

Refirió que, en el primer trimestre de 2026 la sala examinó alrededor de 97 proyectos
constitucionales, lo que evidencia una gestión sostenida y un compromiso permanente
con la atención oportuna de los asuntos de naturaleza constitucional, garantizando la
continuidad en la adopción de decisiones y la efectiva protección de los derechos
fundamentales sometidos a conocimiento de la corporación.

Además, explicó que en el año 2025 fungió como presidente de la corporación, lo que
le implicó cumplir, además, funciones administrativas. Aunado a que, asumió el
encargo del despacho 03 desde el mes de abril del presente año, por el traslado del
magistrado Oscar Iván Castañeda Daza; circunstancias que demandaron una
inversión significativa de tiempo laboral que debe ser ponderada para evaluar la
razonabilidad de cualquier retardo.

Finalmente remitió el vínculo de acceso al expediente electrónico.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de

5 Índice 009 de Samai.

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2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la tutela se dirige
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en mora judicial al no impartir
trámite alguno frente al recurso de apelación contra la sentencia de primer
grado dictada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 13001-33-33-013-2024-00199-00/01?

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia; (iii) mora judicial injustificada, (iv) de la carencia actual de
objeto, y; (v) el análisis del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable6.

2.4. Derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica
de los artículos 229 de la Constitución7, del derecho fundamental al debido proceso 8

6 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
7 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará

en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
8 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

5
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y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al
derecho de acceso a la administración de justicia9.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que
resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el
mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a
derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»10.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces,
o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los
asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca
de los hechos materia de su decisión […]»11.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”12, y de otro lado,
“la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la
necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»13.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 2430 de 202414, y con sustento en los principios de celeridad,
eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director
del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
9 Sentencia T-006 de 1992.
10 Sentencia T-476 de 1998.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
12 Corte Constitucional C-796 de 2006. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
13 Ibidem.
14 ARTÍCULO 1o. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley

2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> La administración de justicia es la parte de la función
pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> La administración de justicia es un servicio público esencial.
Deberá garantizarse su prestación mediante las herramientas, recursos y mecanismos conforme a los
parámetros señalados en la ley.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo, se deberán aprovechar las tecnologías de la
información y las comunicaciones, así como de los recursos que permitan garantizar la prestación
continua del servicio de justicia, asegurando el acceso, el ejercicio del derecho a la intimidad y a la
reserva de los datos personales y confidenciales que por una u otra razón pudiesen ser de conocimiento
público.

6
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que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado
Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que aplica
irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá
de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»15.

2.5. La mora judicial injustificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos
casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes.16

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»17.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor
tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para
valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o
de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.
Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de
dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente
y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en

15 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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relación con la existencia de mora judicial18, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.6. Carencia actual de objeto

La sala ha explicado en varias ocasiones19 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1.º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción20.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su

18 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-

01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. M.P.: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-
00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
19 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
20 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».

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amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado. (Negrillas propias).

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i)
“hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente21.

Con base en el marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando
en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha
realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos
fundamentales22.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal23.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere
antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado
que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta
desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso
de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados24.

21 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
22 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
23 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Demandante: Uriel Alfonso de Arco Paternina
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2026-05534-00

2.7. Caso concreto

El señor Uriel Alfonso de Arco Paternina alegó que sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia se vulneran por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, con ocasión a la presunta mora judicial injustificada en la
que ha incurrido para: (i) emitir el auto que admite el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y, (ii) resolver el memorial de renuncia al ajuste por
concepto de indexación concedido al actor en el fallo de primer grado dictado dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
13001-33-33-013-2024-00199-00/01.

En el informe allegado por la autoridad judicial accionada a la presente acción
constitucional, el magistrado encargado señaló que profirió el auto del 27 de julio de
2026 en el que admitió la alzada y explicó que, una vez quede ejecutoriado, ingresará
el expediente a turno para resolver sobre la renuncia o desistimiento presentado por
el demandante y el recurso de alzada de la parte demandada.

Además, puso de presente la alta carga laboral y la cantidad de egresos efectivos que
ha tenido pese al alto volumen de proceso que se le asignan al despacho y que debe
revisar la sala de decisión que integra. Puso de presente que, entre enero y junio de
2026 se le asignaron 7 acciones de cumplimiento; 3 habeas corpus; 7 acciones de
tutela de primera instancia; 48 impugnaciones de tutela; 2 incidentes de desacato de
tutela; 12 consultas de incidente de desacato y 2 recursos de insistencia, es decir, 81
procesos a los cuales por su naturaleza debe darles prioridad en el trámite, sin dejar
de lado los asuntos que lleva a estudio con sus otros compañeros de sección. Todo
ello, evidencia una gestión sostenida y un compromiso permanente con la atención
oportuna de los asuntos de naturaleza constitucional, con el fin de garantizar la
continuidad en la adopción de decisiones y la efectiva protección de los derechos
fundamentales sometidos a conocimiento de la corporación.

Cabe advertir que la Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada que
configura la violación del derecho fundamental al debido proceso, se caracteriza por
(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar actuación por
parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de las obligaciones
en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo
razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden
contrarrestar.

Frente al primer punto que es objeto de cuestionamiento por parte del actor, esto es,
la supuesta tardanza en dictar el auto que admite el recurso de apelación, la Sección
advierte que, el magistrado al que se le asignó el conocimiento del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho resolvió la reclamación del tutelante en providencia del
27 de julio de 2026. En efecto profirió el proveído en el que admitió la alzada
interpuesta por EDURBE S.A., contra la providencia de primera instancia del 8 de
septiembre de 2025 proferida por el Juzgado Décimo Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
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La anterior providencia se notificó en debida forma al tutelante en estado del 28 de
julio de 2026, tal como se advierte en la captura de pantalla que se inserta a
continuación:

De conformidad con lo expuesto y en lo referente al primer planteamiento del actor,
no es necesaria la intervención de la Sección Quinta del Consejo de Estado, como
juez constitucional, pues el asunto que presuntamente vulneraba los derechos
fundamentales del señor Uriel Alfonso de Arco Paternina dejó de existir durante el
presente trámite al proferirse el auto que admite el recurso de apelación por parte de
la autoridad judicial, por lo que se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado en esta cuestión.

Por otro lado, en cuanto al segundo aspecto alegado por el tutelante, relativo a la
presunta mora en que habría incurrido el tribunal accionado por no resolver el
memorial en el que manifestó renunciar al ajuste por concepto de indexación que le
había sido concedido en el fallo de primer grado, considera la Sala que, no existe
tardanza atribuible al extremo pasivo de este mecanismo constitucional, comoquiera
que el auto mediante el cual se admitió el recurso de apelación dentro del proceso
ordinario fue proferido el 27 de julio de 2026.

En ese sentido considera la Sección que no ha pasado un tiempo que pueda
considerarse excesivo, tampoco se observa la existencia de un perjuicio irremediable
de la parte actora, que amerite la intervención del juez constitucional para ordenar la
agilización de las diligencias y que se profiera la providencia que resuelva sobre el
memorial de renuncia o desistimiento del demandante, en lo referente al ajuste por
concepto de indexación concedido por el juzgado de primera instancia, y de ser el
caso, sobre los puntos de la alzada presentados por la parte demandada. Aunado a
que, ya se dictó el auto que admite la apelación contra la sentencia de primera
instancia, y se indicó que una vez ejecutoriada dicha providencia, el proceso ingresará
a despacho y se le asignará un turno para resolver lo pertinente. Por tanto, se negará
el amparo frente a este punto.

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En consecuencia, esta Sala de Decisión declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado frente a la solicitud de emitir el auto que admite el recurso de
apelación y negará el amparo con respecto a la tardanza en decidir de fondo la alzada
o pronunciarse sobre el memorial de renuncia o desistimiento frente al ajuste que por
concepto de indexación le fue concedido al demandante en el fallo de primer grado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
solicitud de emitir el auto que admite la apelación contra la sentencia de primera
instancia del proceso ordinario, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Uriel Alfonso de Arco
Paternina con respecto a la presunta tardanza del Tribunal Administrativo de Bolívar
en decidir de fondo el recurso de alzada o pronunciarse sobre el memorial de renuncia
o desistimiento respecto del ajuste por concepto de indexación concedido en el fallo
de primer grado al demandante, por lo expuesto en la parte considerativa.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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