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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05536-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05536-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el Consorcio Evaluación Judicatura respecto de la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. 14 Ibidem. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Consorcio Evaluación Judicatura Accionados: Instituto Colombiano de Antropología e Historia y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-05536-00 SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por el Consorcio Evaluación Judicatura en contra del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), al no haberse vulnerado el derecho fundamental de petición. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05536-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05536-00
Accionante: CONSORCIO EVALUACIÓN JUDICATURA
Accionados: INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA Y OTRO

Temas: Derechos fundamentales al debido proceso y de petición.
Declara improcedencia y niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Instituto Colombiano de Antropología
e Historia y el Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 17 de julio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia
y mediante providencia del 31 del mismo mes y año, se dispuso auto de mejor
proveer3.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El 14 de julio del 2026, la señora Johanna Gaviria Quebrada, actuando como
apoderada del señor Juan Pablo Muñoz Andrade, representante legal del Consorcio
Evaluación Judicatura, presentó acción de tutela en contra del Instituto Colombiano
de Antropología e Historia (en lo sucesivo, ICANH) y del Consejo Superior de la
Judicatura. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. En dicha decisión se dispuso la notificación de las autoridades accionadas y se ordenó la

vinculación de la empresa Econometría S.A.S y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta
última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso. De otro lado, se requirió a la apoderada
del Consorcio accionante para que aportara el poder especial que la faculta para el ejercicio de la presente
acción, junto con el acta de constitución de su poderdante y, además, se negó la solicitud de medida provisional.
3 Índice 15 de Samai. En dicha providencia se dispuso la vinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial.
1

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fundamentales de petición y al debido proceso.

2. La trasgresión de la anterior garantía constitucional se la adjudicó a: i) la
ausencia de respuesta de fondo por parte del ICANH a las solicitudes del 30 de junio
de 2026 y el 10 de julio del mismo año y ii) la omisión del Consejo Superior de la
Judicatura de realizar un pronunciamiento sobre las pruebas aportadas por el
proponente Econometría S.A.S., al interior del proceso de licitación CM-04-2026.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó las siguientes pretensiones:

1. Declarar que la entidad INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA vulnero el derecho fundamental de petición a la entidad que represento
por no dar una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a lo solicitado, al
derecho de petición presentado el 30 de junio de 2026.

2. Ordenar a la entidad INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA que en un plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la
notificación de la sentencia, emita una respuesta de fondo, clara, precisa y
congruente con lo solicitado.

3. Declarar que la entidad CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ha
vulnerado el derecho fundamental del debido proceso, ya que a pesar de detectar
una inconsistencia y diferencia sustancial dentro de los certificados laborales del
señor MAURICIO PARDO ROJAS, no le ha dado el valor y peso correspondiente
dentro del proceso de licitación.

4. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a suspender el
proceso de licitación CM-04-2026 hasta tanto la entidad INSTITUTO COLOMBIANO
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA no emita la certificación con información veraz,
valida y precisa respecto de la vinculación laboral del señor MAURICIO PARDO
ROJAS4.

1.2. Hechos

4. El Departamento Nacional de Planeación adelantó el proceso de licitación
CM-019-16, en el cual se presentó como oferente la empresa Econometría S.A.S.
Allí, aportó certificación laboral del señor Mauricio Pardo Rojas, expedida el 19 de
octubre de 2011.

5. De otro lado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adelantó
proceso de selección CM-04-2026, cuyo objeto era: «realizar la evaluación de la
subespecialidad civil de pequeñas causas y competencia múltiple (pccm) según lo
dispuesto en la Ley 2430 de 2024 para establecer el grado de cumplimiento de sus
objetivos y recomendar medidas a la corporación sobre la continuidad,
transformación, eliminación o fortalecimiento de la subespecialidad». A la fecha del
presente fallo, la licitación CM-04-2026 se encuentra en estado «proceso
adjudicado y celebrado» con Econometría S.A.S.

4 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

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6. Al proceso se presentaron como oferentes, entre otros, la empresa
Econometría S.A.S. y el Consorcio accionante. Según la parte actora, la primera,
allegó certificado laboral del señor Mauricio Pardo Rojas, expedida por el ICANH el
19 de octubre de 2011; esto es, la misma aportada al proceso de licitación CM-019-
16, pero con un contenido aparentemente distinto.

7. Ante las inconsistencias encontradas en la referida certificación, el Consorció
elevó derecho de petición el 30 de junio de 2026 ante al ICANH.

8. El ICANH mediante oficio 2026184200069932 del 10 de julio de 2026, dio
respuesta a la solicitud previamente referida. Allí, confirmó los cargos ostentados
por el señor Mauricio Pardo Rojas, los extremos laborales y las funciones.

9. Inconforme con la respuesta proporcionada, el mismo 10 de julio de 2026, el
Consorcio elevó una nueva solicitud ante el ICANH. Allí, pidió que se esclareciera
cuál de las dos certificaciones laborales correspondía con la original y si alguna de
ellas, no había sido emitida por dicha entidad.

10. Aunado a lo anterior, la parte tutelante señaló que el Consejo Superior de la
Judicatura5 «dio respuesta a las observaciones iniciales» y expuso que el Comité
Evaluador había evidenciado una inconsistencia en la certificación aportada por la
empresa Econometría S.A.S. Sin perjuicio de ello, concluyó que no había prueba
suficiente para afirmar que dicha certificación fuera falsa o tuviera información
inexacta.

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. El actor mencionó que, a la fecha de presentación de la solicitud de amparo,
el ICANH no ha dado respuesta a la solicitud elevada el 10 de julio de 2026, toda
vez que en su respuesta no aclaró cuál de las dos certificaciones es la correcta, sino
que emitió otro certificado donde adicionó funciones. Acto seguido, trajo a colación
los artículos 23 de la Constitución Política, 14 de la Ley 1755 de 2015 y la sentencia
T-173 de 2025.

12. También señaló que la respuesta de dicha autoridad es indispensable para
poder obtener las respuestas de fondo y concretas, a efectos de que se defina la
adjudicación de la licitación CM-04-2026.

13. Por otra parte, invocó el artículo 29 de la Carta Política y la sentencia T-442
de 2014.

5 La autoridad encargada de atender los reparos formulados en la presente acción constitucional es la Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial.
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1.4. Intervenciones

14. La señora Johanna Gaviria Quebrada allegó memoriales de respuesta a las
órdenes impartidas en providencia del 17 de julio de 2026. En consecuencia, aportó
poder especial y el documento de conformación del consorcio del 10 de junio de
2026. De manera posterior, el 14 de agosto del 2026, la apoderada radicó renuncia
al poder otorgado.

15. La empresa Econometría S.A.S. afirmó que no tiene legitimación en la causa
por pasiva, en tanto no recibió las peticiones cuya respuesta se discute, no expidió
las certificaciones laborales cuestionadas que fueron expedidas por el ICANH y
tampoco tiene competencia para dirigir, evaluar, suspender o adjudicar el proceso
CM-04-2026, ni para establecer la autenticidad de documentos oficiales expedidos
por el ICANH. Precisó que la tutela se radicó apenas 4 días calendario después de
haber presentado la segunda petición el 10 de julio del 2026, circunstancia relevante
para el análisis de oportunidad y eventual configuración de la vulneración.

16. Aunado a lo anterior, hizo un recuento de las actuaciones surtidas al interior
del proceso de licitación, a efectos de aclarar las observaciones formuladas por
terceros a su propuesta y documentos anexados. Bajo esa lógica, afirmó que actuó
de buena fe, toda vez que colaboró con la verificación de los soportes de la oferta y
que la decisión del Comité Verificador también había estado precedida de un estudio
de veracidad suficiente.

17. También indicó que la tutela era improcedente por subsidiariedad, toda vez
que la parte actora dispone de los medios de control pertinentes frente a los actos
precontractuales e, incluso, puede solicitar medidas cautelares. Además, señaló
que no se acreditó un perjuicio irremediable y que este no es el escenario para
declarar la falsedad documental ni sustituir al Comité Evaluador.

18. El ICANH solicitó la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho
superado. En concreto, señaló que el 10 de julio de 2026, dicha autoridad dio
respuesta a la petición elevada el 30 de junio del corriente. Allí, aportó información
oficial, veraz y congruente.

19. Además, expuso que, en virtud de la presente tutela, el Grupo Interno de
Trabajo de Talento Humano realizó una auditoría archivística y documental
exhaustiva sobre los 2 escritos fechados el 19 de octubre de 2011. Como resultado
de dicha gestión, el 27 de julio del 2026 emitió y notificó las funciones del exservidor
ante el peticionario y ante el Consejo Superior de la Judicatura.

20. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura alegó su falta de
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que el numeral 3 del artículo 99 de
la Ley 270 de 19966 asigna dicha facultad al director Ejecutivo de Administración

6 «Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

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Judicial, quien, a su vez, a través de la figura de la delegación, les asigna tales
atribuciones a los directores Seccionales.

21. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó «rechazar por
improcedente» la solicitud de amparo por no superar el requisito de subsidiariedad,
toda vez que el consorcio tutelante pretende debatir la legalidad del acto
administrativo de adjudicación del proceso de licitación CM-04-2026, así como la
valoración probatoria que efectuó la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
la cual no fue arbitraria ni caprichosa, asuntos que son competencia del juez
contencioso-administrativo, no del juez constitucional.

22. Precisó que el 5 de agosto del 2026, la Directora de la Unidad de Compras
Públicas de la entidad sostuvo que el proceso de licitación CM-04-2026 se adjudicó
mediante la Resolución 7536 del 16 de julio del 20267 expedida por la Directora
Ejecutiva de Administración Judicial, acto administrativo del que se derivó el
contrato 132 de 2026 suscrito por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura y
Econometría S.A.S. el 17 de julio de esta anualidad. En consecuencia, el acto
administrativo definitivo de adjudicación es susceptible de control ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, donde pueden solicitar la suspensión de dicha
resolución o pueden pedir medidas cautelares de urgencia.

23. Expuso que, ante las observaciones formuladas por el Consorcio Evaluación
Judicatura a la certificación aportada por Econometría S.A.S. y que fue expedida
por el ICANH, la entidad realizó requerimientos y consultas de manera directa al
ICANH y con base en su respuesta, respondió las observaciones y adoptó la
decisión de adjudicar el proceso de selección a Econometría S.A.S. pues, cumplía
con la experiencia requerida de acuerdo con los requisitos establecidos y no se
configuró una causal de rechazo prevista en el pliego de condiciones. En
consecuencia, se respetó el debido proceso de las partes.

II. CONSIDERACIONES

24. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo frente a las
pretensiones dirigidas en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y negará las relacionadas por la presunta vulneración del derecho de petición. Para
ello, se analizarán los siguientes puntos: (i) la superación de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, y (ii) el caso concreto.

2.1. La solicitud de amparo cumple parcialmente con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela

25. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es

3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse
o celebrarse. Tratándose de contratos que superen la suma de dos mil (2000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, se requerirá la autorización previa del Consejo Superior de la Judicatura».
7 «Por la cual se adjudica el Concurso de Méritos No. CM-04-2026».

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un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la subsidiariedad y, iii) la inmediatez. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo8.

26. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple parcialmente con
todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

27. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

28. La Sala advierte que el Consorcio Evaluación Judicatura está legitimado en
la causa por activa para interponer la presente acción dado que es el titular del
derecho de petición que considera transgredido, comoquiera que fue quien elevó la
solicitud cuya respuesta extraña. Asimismo, porque es el titular del derecho al
debido proceso, el cual aduce trasgredido por la presunta omisión de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de efectuar un pronunciamiento sobre la
documentación allegada por el proponente y adjudicatario Econometría S.A.S. en el
proceso de selección CM-04-2026.

29. Por su parte, se evidencia que el ICANH y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa por pasiva, al ser, el
primero, la autoridad ante quien se radicó la petición objeto de la presente solicitud
de amparo; y, el segundo, quien adelanta el proceso de contratación de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 270 de 19969.

30. En este punto se advierte que, si bien la solicitud de amparo se dirigió en
contra del Consejo Superior de la Judicatura, de la revisión de las piezas procesales
y la normativa vigente, es posible advertir que lo pretendido está en cabeza
directamente de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por esa razón,
será frente aquella autoridad respecto de quien se analice la presente solicitud de
amparo.

31. Ahora bien, debe recordarse que la empresa Econometría S.A.S. y el
Consejo Superior de la Judicatura pidieron su desvinculación del presente asunto

8 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
9 «Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse
o celebrarse. Tratándose de contratos que superen la suma de dos mil (2000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, se requerirá la autorización previa del Consejo Superior de la Judicatura».
6

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por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala negará las
mentadas solicitudes, dado que su comparencia al proceso es necesaria en virtud
de los supuestos fácticos alegados por la parte accionante y las pretensiones
perseguidas, pues, la primera es la empresa adjudicataria del proceso de selección
CM-04-2026 y de quien se reprocha la veracidad de la certificación aportada y que
fue expedida por el ICANH, y la segunda es quien suscribe el contrato del proceso
de selección, representada por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, por
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996.

32. En relación con el requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la
Constitución Política, reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991, establece que la acción de tutela procederá únicamente cuando el
afectado no disponga de otro mecanismo judicial para la defensa de sus derechos,
salvo que sea utilizado como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Esto implica que cuando una persona acude a la administración de
justicia, no puede desconocer los mecanismos judiciales ordinarios contemplados
en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo
su competencia.

33. De conformidad con lo anterior, la sala considera que este requisito se
encuentra acreditado únicamente frente a la protección del derecho de petición, en
la medida en que la parte actora no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para
la protección de su garantía fundamental, atendiendo a las particularidades del caso
en concreto, motivo por el cual es necesario un pronunciamiento de fondo por parte
del juez constitucional.

34. Sin embargo, la pretensión encaminada a que se suspenda el proceso de
selección CM-04-2026 hasta tanto el ICANH emita una certificación con la
información verídica sobre la vinculación laboral del señor Mauricio Pardo Rojas y
que fue aportada por Econometría S.A.S. Esto, al considerar que se le vulneró su
derecho al debido proceso porque no se le ha dado el valor y peso correspondiente
a la inconsistencia y diferencia sustancial entre los certificados laborales del señor
Pardo, la Sala considera que no se supera este requisito.

35. En efecto, el ordenamiento jurídico estableció los medios de control de
controversias contractuales o de nulidad y restablecimiento del derecho, según
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13810 y 14111 de la

10 «Artíuclo 138. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica,

podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca
el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. […]».
11 «Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad,

que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos
administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras
declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando
esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de
7

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Ley 1437 de 2011 cuando la controversia gire en torno a valorar si la autoridad
encargada de adelantar el proceso de selección contractual analizó adecuadamente
las ofertas presentadas y les otorgó los puntajes correspondientes y, de ser el caso,
si ello se traduce en una nulidad del contrato respectivo.

36. Al respecto, se estima que la inconformidad de la parte actora se circunscribe
a un debate sobre la legalidad de la evaluación de la oferta. Se precisa que
actualmente el proceso de selección CM-04-2026 fue adjudicado a Econometría
S.A.S. y se celebró el respectivo contrato.

37. En consecuencia, este asunto es de competencia del juez contencioso-
administrativo, en tanto no compromete, per se, la vulneración de garantías
fundamentales que deban ser protegidas de manera urgente. Así, mal haría esta
autoridad judicial en dictar órdenes relacionadas con un proceso de selección frente
al cual ya hay situaciones jurídicas consolidadas.

38. Aunado a lo anterior, al interior del medio de control correspondiente, el
interesado cuenta con la posibilidad de proponer medidas cautelares que, de
considerarse urgentes por el juez administrativo, se adoptarán desde la
presentación de la solicitud y sin necesidad de notificar a la otra parte, de
conformidad con el artículo 234 de la Ley 1437 de 201112.

39. Finalmente, se advierte que tampoco se encuentra acreditada la
configuración de un perjuicio irremediable. Esto, toda vez que el Consorcio
accionante no demostró que los reproches atribuidos a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial representaran una transgresión de sus derechos
fundamentales, que aquel tuviera un mejor derecho que el otro proponente, ni que
la situación que motivó la presente acción de tutela generara, per se, la existencia
de un daño inminente, grave o urgente que amerite la intervención inmediata del
juez constitucional.

40. Por consiguiente, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo frente a la posible vulneración del debido proceso de la actora en el marco
del proceso de selección proceso de selección CM-04-2026. Y, frente a los reparos
elevados por vulneración al derecho de petición, se hará el correspondiente estudio
de fondo.

41. Por último, se cumple con el requisito de inmediatez puesto que la acción

los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto,
del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán
demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso. [...]».
12 «Artículo 234. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o

Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se
evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución
señalada en el auto que la decrete».
8

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fue interpuesta en un plazo razonable desde el hecho del que deriva la presunta
vulneración de su derecho fundamental de petición, esto es, la omisión de la entidad
en dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones de 30 de junio y 10 de julio
de 2026.

2.2. Caso concreto

42. Como viene de verse, el Consorcio accionante señaló que el ICANH no le
proporcionó una respuesta de fondo a las solicitudes que presentó el 30 de junio y
10 de julio de 2026 relacionadas con la certificación laboral del señor Mauricio Pardo
Rojas, expedida el 19 de octubre de 2011.

43. En concreto, en la petición del 30 de junio del 2026 solicitó información
relacionada con:

1. Teniendo en cuenta lo anterior, donde se evidencias dos versiones de la
misma certificación expedida por el ICANH del 19 octubre del 2011, solicitamos
a la entidad aclarar cuál de las dos es que expidió la entidad

2. Compartir la respuesta de este derecho de petición a la Consejo Superior de
Judicatura a los correos: contrataciondeaj@deaj.ramajudicial.gov.co, lo antes
posible, toda vez que a partir de la misma, la entidad tomará una decisión
respecto de la legitimidad o no del documento presentado y por ello de la
adjudicación del concurso de méritos.

44. El ICANH, mediante oficio del 2026184200069932 del 10 de julio del 2026
respondió a la anterior solicitud informándole los cargos que ha desempeñado el
señor Mauricio Pardo Rojas así: Jefe de División Código 2040 Grado 17 en el
Instituto Colombiano de Cultura del 9 de septiembre de 1996 hasta el 28 de febrero
de 1998; Asesor Código 1020 Grado 08 en el Ministerio de Cultura desde el 16 de
marzo de 1998 hasta el 28 de febrero de 2000; Investigador Científico 3000 Grado
25 en el ICANH desde el 1 de marzo de 2000 hasta el 03 de agosto de 2003 y
Subdirector Técnico Código 0150 Grado 16 en el ICANH desde el 04 de agosto de
2003 hasta el 29 de mayo de 2005. Adicionalmente, enunció las funciones que
desempeñó en cada uno de los cargos en el ICANH.

45. Además, el ICANH allegó al presente trámite constitucional constancia de
envío de esta respuesta:

9

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Accionante: Consorcio Evaluación Judicatura
Accionados: Instituto Colombiano de Antropología e Historia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05536-00

46. El representante del consorcio accionante, inconforme con esta respuesta,
presentó una nueva solicitud el 10 de julio del 2026, en la que pidió que se le
informara lo siguiente:

PRIMERO: Se informe de manera clara cuál de las dos certificaciones que se
anexan (Anexo 1 y 2) reposa dentro de los archivos internos de la Instituto
Colombiano de Antropología e Historia y correspondería a la original.

SEGUNDO: manifestar de manera expresa si alguna de las certificaciones a las
cuales estamos haciendo referencia, no fue emitida por la entidad o no reposa
en sus archivos.

TERCERO: Compartir la respuesta de este derecho de petición [al] Consejo
Superior de Judicatura a los correos:
contrataciondeaj@deaj.ramajudicial.gov.co, lo antes posible, toda vez que a
partir de la misma, la entidad tomará una decisión respecto de la legitimidad o
no del documento presentado y por ello de la adjudicación del concurso de
méritos.

47. Sobre el particular, la autoridad accionada puso de presente en su informe,
que, mediante oficio del 27 de julio de 2026 dio alcance y respuesta definitiva a la
solicitud de verificación de certificaciones laborales. En efecto, al revisar el
documento de respuesta, consta que el ICANH expuso:

Se indica que una de las certificaciones no corresponde a la realidad laboral del
exfuncionario, toda vez que, se indica que ocupó el cargo de Subdirector
Técnico "hasta la fecha" (es decir, octubre de 2011). Esto es contrario a la
realidad laboral de la entidad, pues su retiro definitivo fue a partir del 29 de mayo
de 2005, como se indicó en la respuesta emitida el pasado 10 de julio.
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48. Asimismo, aportó la constancia de su envío tanto al peticionario como a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que es la entidad que adelantó el
proceso de selección:

24. Ahora bien, debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 el término para dar respuesta a las peticiones de
información es de 10 días. Además, aquella debe ser resuelta de fondo, de manera
clara, precisa y congruente con lo solicitado. En palabras de la Corte Constitucional:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado
por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada13.

13 Sentencia T-149 de 2013.

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25. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»14.

26. Con tales apreciaciones, la Sala concluye que el ICANH no conculcó la
garantía fundamental de la parte actora, toda vez que emitió una respuesta dentro
del término otorgado por la Ley, la misma fue de fondo y notificada a los sujetos
procesales.

27. Al respecto, se advierte que la primera petición fue del 30 de junio del 2026
y que se le respondió el 10 de julio de la presente anualidad, por lo que se le
respondió dentro del término legal. Además, se encuentra que la última petición que
motivó la presentación de este proceso constitucional es del 10 de julio de 2026 y
que la acción fue radicada el 14 del mismo mes y año. Esto es, cuando aún no
habían fenecido los términos dispuestos por la Ley para que se le diera trámite a la
misma. En todo caso, la respuesta fue brindada cuando aún no había vencido el
plazo de 10 días contenido en la Ley.

28. Finalmente, como se expuso, ambas peticiones guardan relación entre sí, ya
que perseguían el mismo objeto: determinar si uno de los certificados aportados no
era verídico. En ese orden de ideas, las respuestas otorgadas resuelven la
información solicitada en las peticiones e, incluso, la última se puso en conocimiento
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que es la entidad que adelantó
el proceso de selección y quien era la competente para pronunciarse sobre la
valoración de las certificaciones aportadas. Se reitera que, si bien los reproches son
contra el Consejo Superior de la Judicatura, es la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial quien adelantó el proceso de selección.

29. Así las cosas, lo correspondiente es negar la solicitud de amparo frente a la
protección del derecho fundamental de petición. Como viene de verse, el ICANH no
vulneró la garantía constitucional del Consorcio accionante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el Consorcio Evaluación Judicatura respecto de la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso.

14 Ibidem.

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SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por el Consorcio Evaluación
Judicatura en contra del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH),
al no haberse vulnerado el derecho fundamental de petición.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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