Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05577-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05577-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05577-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05577-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C.,veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: ASENETH AGUILAR OSTOS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA Y OTRO
Tema: Tutela de fondo – mora judicial – niega amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por la
señora Aseneth Aguilar Ostos contra el Tribunal Administrativo de Arauca y el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
El 16 de julio de 2026, la señora Aseneth Aguilar Ostos presentó acción de tutela
con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al «plazo
razonable».
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Tribunal Administrativo de
Arauca, porque a la fecha de radicación de esta acción de tutela, no ha proferido
sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa identificado con
el radicado 81001-33-33-002- 2013-00431-00/01, el cual promovió contra la Nación
• Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora pidió lo siguiente:
PRIMERA: Declarar que el Tribunal Administrativo de Arauca vulneró mis derechos
fundamentales al Debido Proceso sin dilaciones injustificadas, al Plazo Razonable y
al Acceso Efectivo a la Administración de Justicia, debido a la mora judicial en la que
ha incurrido para resolver el recurso de apelación dentro del expediente
81001333300220130043100.
• SEGUNDA: Ordenar al Tribunal Administrativo de Arauca (y/o al Magistrado
Ponente a cargo) que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de este fallo, proceda a proferir y notificar la respectiva
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: Aseneth Aguilar Ostos
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
sentencia de segunda instancia que resuelva de fondo el recurso de apelación del
proceso referenciado.1
1.3. Hechos probados y/o admitidos
De los múltiples hechos que relató la actora, en su escrito de tutela, la Sala los
sintetiza de la siguiente manera:
1.3.1. La señora Aseneth Aguilar Ostos expuso que hace parte del grupo de
demandantes que promovieron el medio de control de reparación directa contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por el fallecimiento de su
hermano Carlos Enrique Aguilar Ostos.
1.3.2. Adujo que en primera instancia el proceso le correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Arauca y que en sentencia de 28 de febrero
de 2025 negó las pretensiones de la demanda.
1.3.3. Por consiguiente, y debido a la inconformidad con el fallo del a quo, el 14 de
marzo de 20252 y 19 de marzo de 20253 los actores radicaron apelación contra el
referido fallo.
1.3.4. El 17 de julio de 20254, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Arauca, por medio de auto «concedió en el efecto suspensivo y ante el Tribunal
Administrativo de Arauca, los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida el 28 de febrero de 2025».
1.3.5. El 12 de septiembre de 2025, el expediente con radicado 81001-33-33-002-
2013-00431-00/01 ingresó al Tribunal Administrativo de Arauca, el 15 del mismo
mes y año al Despacho de la magistrada ponente y el 23 de julio de 2026 profirió
providencia en la que admitió el recurso contra la sentencia de 28 de febrero de
2025 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Arauca.
1.3.6. Asimismo, y de la revisión del expediente ordinario en el aplicativo Samai, se
evidenció que el 11 de agosto de 2026, el tribunal demandado emitió auto en el que
corrigió el numeral primero de la providencia de 23 de julio de 2026.
1.4. Fundamento de la solicitud
La señora Aseneth Aguilar Ostos aseguró que sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva
y al «plazo razonable», están siendo transgredidos con ocasión a que a la fecha de
radicación de esta acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Arauca no ha
proferido sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa
1
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
2
Este escrito fue presentado por las señoras Sorey Pérez Salazar, Virginet Pérez Pérez, Meire Pérez
Pérez y Paula Andrea Pabón Pérez, por medio de apoderado judicial.
3
Este escrito fue promovido por los demás accionantes, dentro de los que se encuentra la señora
Aseneth Aguilar Ostos, por medio de apoderado judicial.
4
Después de que se radicó la tutela.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: Aseneth Aguilar Ostos
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
identificado con el radicado 81001-33-33-002- 2013-00431-00/01, el cual promovió
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Manifestó que «a la fecha de presentación de esta acción constitucional, el recurso
de apelación lleva más de un (1) año en el despacho del Tribunal Administrativo de
Arauca sin que se haya registrado ningún avance sustancial, trámite de fondo o
emisión de la sentencia de segunda instancia que defina la situación jurídica
planteada».
Indicó que «ha transcurrido un término que desborda con creces los plazos
procesales legalmente señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para la resolución de la segunda
instancia, configurándose una flagrante e injustificada mora judicial».
Finalmente aseguró que la dilación en la que ha incurrido el tribunal accionado
vulnera de manera grave y sistemática sus garantías fundamentales, dado que
perpetúa la incertidumbre jurídica de un proceso que inició en el año 2013,
afectando así su derecho a obtener una justicia pronta, cumplida y eficaz.
1.5. Auto que admitió la acción de tutela
El magistrado ponente de esta sentencia, mediante auto de 17 de julio de 2026,
admitió la tutela, ordenó notificar a la señora Aseneth Aguilar Ostos así como al
Tribunal Administrativo de Arauca y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Arauca.
Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés a Darwin Aguilar Ostos,
Cristian Farid Varón Aguilar, Leonardo Aguilar Ostos, Daniela Xiomara Aguilar,
Faccsuri Vanessa Aguilar, Aristóbulo Aguilar Chávez, Leidy Paola Aguilar Pardo,
Fidelina Aguilar Ostos, Andrey Julián González Aguilar, Lina María Rua Aguilar, Luz
Mery Aguilar Ostos, Daniel Esteban Gómez Aguilar, Angélica Aguilar Ostos, Leonel
Yara Aguilar, Uriel Ferney Deantonio Florido, Eneil Pérez Pérez, Carlos Enrique
Aguilar Ostos, Silverio Aguilar Chávez, Katherine Aguilar Cruz, Jennifer Aguilar
Cruz, Mileidy Aguilar Cruz, Luis Fernando Aguilar Ostos, Yenny Lorena Serrato
Aguilar, Jessica Andrea Aguilar Ostos y Harold Norvey Aguilar Ostos, Soray Pérez
Salazar, Virgenit Pérez Pérez, Meire Pérez Pérez, Paola Andrea Pabón Pérez, José
Uriel Deantonio Arévalo, Elizabeth Florido Vega, Alba Jazbleidy Deantonio Florido
y Thomas Alejandro Ruiz Deantonio, José Uriel Deantonio Arévalo, Elizabeth Florido
Vega, Alba Jazbleidy Deantonio Florido y Thomas Alejandro Ruiz Deantonio [parte
accionante en el medio de control respecto del cual se predica la mora ], a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional [parte accionada en el medio de
control respecto del cual se predica la mora ] así como a las demás personas y/o
entidades contra la cual se haya dirigido la demanda con radicado 81001-33-33-
002-2013-00431-00/01, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el
presente asunto.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: Aseneth Aguilar Ostos
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
1.6. Intervención
1.6.1. Tribunal Administrativo de Arauca
Por medio de memorial de 22 de julio de 2026, la magistrada que tiene a cargo el
proceso ordinario de la actora intervino en el presente asunto e hizo un recuento de
los hechos y pretensiones de esta acción de tutela radicada por la señora Aseneth
Aguilar Ostos.
Manifestó que «no es cierto» que a la fecha haya transcurrido un año desde que le
correspondió por reparto el expediente del medio de control de reparación directa
con radicado 81-001-33-33-002-2013-00431-00/01, el cual pasó a su Despacho el
15 de septiembre de 2025.
Asimismo, comunicó que tomó posesión como magistrada el 15 de julio de 2025,
recibiendo la entrega del inventario el 16 del mismo mes y año.
Expuso que una vez recibió el inventario del Despacho, le informaron que tenía un
total de 700 procesos en trámite, por lo que se inició la revisión de los expedientes
con el fin de establecer su estado procesal y dar inicio a los impulsos
correspondientes para garantizar celeridad en la toma de decisiones pendientes.
Dijo que en el informe que presentó y que allegó a esta intervención se informó que
tenía a su cargo 567 procesos al Despacho para dictar sentencia, de los cuales 434
corresponden a procesos de segunda instancia.
De modo que, expresó que se está dando impulso a los expedientes de conformidad
con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 «Por la cual se adoptan
como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23
de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión,
eficiencia y acceso a la justicia».
Finalmente arguyó que «estableció que no había sido resuelta la admisión del
recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia
proferida al interior del proceso radicado bajo el número 81001-33-33-002-2013-
00431-01, por lo cual mediante auto proferido el 22 de julio de 2026 se dispuso
admitir los recursos de apelación interpuestos e impartir el trámite establecido en el
artículo 247 del CPACA, y de acuerdo a ello, una vez ingrese al Despacho el
proceso para proferir sentencia, será proferida en el turno, teniendo en cuenta el
orden de prelación referido en los párrafos precedentes».
En ese orden de ideas, solicitó que se declare que en el presente asunto no hay
una mora judicial injustificada.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: Aseneth Aguilar Ostos
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Aseneth Aguilar Ostos contra el Tribunal Administrativo de Arauca y el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Arauca5, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva y al «plazo razonable» de la señora Aseneth Aguilar Ostos,
dado que, a la fecha de radicación de esta acción de tutela, el tribunal accionado no
ha proferido sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa
identificado con el radicado 81001-33-33-002- 2013-00431-00/01, el cual promovió
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial justificada, y (iv) el caso
concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones
u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.
Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial
ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos
para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se
habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los
instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir
sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción constitucional se
use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
5
Si bien en su escrito de tutela, la accionante menciona al juzgado también como accionado, lo cierto
es que esta acción se estudiará solo respecto del Tribunal Administrativo de Arauca, pues es de este
de quien se predica la presunta mora judicial.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: Aseneth Aguilar Ostos
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución6, del derecho fundamental al debido
proceso7 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia8.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»9.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar
ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real
y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»10.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías”11, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales
de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el
acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se
deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende
6
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
7
«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
// Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // En
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. // Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. //
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
8
Sentencia T-006 de 1992.
9
Sentencia T-476 de 1998.
10
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
11
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: Aseneth Aguilar Ostos
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los
jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»12.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia13 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»14.
2.5. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes15.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»16. En esa línea
esa corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
12
Ibídem.
13
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
16
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: Aseneth Aguilar Ostos
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial17, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y al debido proceso de las partes.
2.6. Caso concreto
Ahora bien, a juicio de la señora Aseneth Aguilar Ostos, el Tribunal Administrativo
de Arauca transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al «plazo razonable».
Lo anterior, con base en que a la fecha de radicación de esta acción de tutela, no
ha proferido sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa
identificado con el radicado 81001-33-33-002- 2013-00431-00/01, el cual promovió
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Por su parte, la magistrada que tiene a su cargo la demanda de reparación directa
en el que la tutelante funge como actora, adujo que si bien el expediente con
radicado 81001-33-33-002-2013-00431-00/01 ingresó a su Despacho el 15 de
septiembre de 2025, lo cierto es que ella tomó posesión en la referida judicatura el
15 de julio de 2025, y el 16 del mismo mes y año recibió el inventario de 700
procesos que tenía a su cargo en ese momento, respecto de los cuales inició su
revisión con el fin de establecer su estado procesal y dar inicio a los impulsos
correspondientes para garantizar celeridad en la toma de decisiones pendientes.
Dijo que en su momento presentó un informe en el que expuso que tenía a su cargo
más de 560 procesos al Despacho para dictar sentencia, de los cuales 434
corresponden a procesos de segunda instancia.
En ese orden de ideas, informó que se le está dando impulso a los expedientes de
conformidad lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 que estipula:
17
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: Aseneth Aguilar Ostos
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
«Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto
2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan
otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas
del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia».
Asimismo, de la revisión del aplicativo Samai, esta Sección evidenció que el 12 de
septiembre de 2025, el expediente con radicado 81001-33-33-002- 2013-00431-
00/01 ingresó al Tribunal Administrativo de Arauca, el 15 del mismo mes y año al
Despacho de la magistrada ponente y el 23 de julio de 2026 profirió providencia en
la que admitió el recurso contra la sentencia de 28 de febrero de 2025 proferida por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Arauca.
Además, se advirtió que el 11 de agosto de 2026, el tribunal demandado emitió auto
en el que corrigió el numeral primero de la providencia de 23 de julio de 2026.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la contestación de tutela, se advierte que en el
presente caso no hay una dilación injustificada, con fundamento en que la
magistrada que tiene a su cargo el proceso del cual la parte actora predica la
presunta mora judicial, expuso de manera clara y detallada las razones por las
cuales a la fecha de radicación de la solicitud de amparo no se ha emitido la
sentencia de segunda instancia.
Es importante recordar que la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación
injustificada que configura la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, se caracteriza por: (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las
obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la
falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que
no se pueden contrarrestar.
En ese orden de ideas, esta Sección encuentra que el incumplimiento del término
procesal para dictar la providencia que resuelve el recurso de apelación en el medio
de control de reparación directa se entiende justificado, pues la magistrada que tiene
a su cargo el proceso con radicado 81001-33-33-002- 2013-00431-00/01 demostró
que esto se debe a la alta congestión laboral que presenta en este momento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por la señora Aseneth Aguilar Ostos
contra el Tribunal Administrativo de Arauca.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05577-00
Demandante: Aseneth Aguilar Ostos
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
TERCERO: Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. Usted puede consultar
la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.