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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05592-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05592-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05592-00 Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05592-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Jesús Antonio Medina Anaya, como agente oficioso del
señor Carlos Alberto Sandoval Rico.
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Centro de Documentación Judicial y otra.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05592-00.
Asunto: Tutela contra autoridad judicial. Improcedencia por falta de
legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Centro de Documentación Judicial y la Fiscalía
General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Carlos Alberto Sandoval Rico fue vinculado formalmente a
una investigación penal en la cual se decretó la prescripción de la pena a
su favor el 28 de noviembre de 2011, proceso que a la fecha se encuentra
ejecutoriado y archivado.

1.2. El accionante indicó que en la actualidad la Fiscalía General de la
Nación a través del “[…] sistema SPOA […]” y el Consejo Superior de la
Judicatura mediante el “[…] portal web de la Rama Judicial (CENDOJ)
[…]”, pese a encontrarse el proceso terminado aún lo mantienen en sus

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05592-00

plataformas de consulta pública, omitiendo realizar la actualización,
supresión o desindexación informática […]”.

1.3. El accionante señaló que como consecuencia de lo anterior el señor
Carlos Alberto Sandoval Rico quien se desempeñaba como conductor de
vehículos de transporte de carga pesada, ha “[…] sido víctima de una
cesantía forzosa […]”, que, según afirma, le ha impedido continuar
desarrollando su actividad laboral en condiciones normales.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las accionadas vulneraron los derechos
fundamentales del señor Carlos Alberto Sandoval Rico porque a la fecha
mantienen “[…] visible e indexado su registro procesal inactivo, originando
que el gremio del transporte privado lo discrimine y lo excluya
sistemáticamente de la asignación de carga, asfixiando así su única capacidad
de generación de recursos e impidiéndole de forma absoluta garantizar la
provisión de alimentos, salud y vivienda digna para su hija menor de doce años
de edad, Paula Jireth Sandoval Jaimes, quebrantando de tajo el mandato del
legislador de infancia […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Reconocer plenamente mi calidad de agente oficioso del
señor Carlos Alberto Sandoval Rico para agenciar la defensa de sus
prerrogativas constitucionales.

SEGUNDA: Tutelar de fondo y conceder el amparo de los derechos
fundamentales al Trabajo, Mínimo Vital, Habeas Data, Buen Nombre,
Derecho al Olvido y la Protección Prevalente de los Derechos de los Niños
(Principio Pro Infans) del agenciado y su núcleo familiar.

TERCERA: Ordenar perentoriamente a la Fiscalía General de la Nación
y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (CENDOJ) la
supresión, actualización u ocultamiento definitivo de los registros públicos
asociados a la cédula del ciudadano en sus bases de datos externas, en
un término improrrogable no mayor a cuarenta y ocho (48) horas […]”.

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[podríamos colocar sic en toda cita por lo que tiene errores ortográficos]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 22 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Centro de Documentación Judicial y la Fiscalía
General de la Nación.

III. INTERVENCIONES

1. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar improcedente la solicitud
de amparo al considerar que no se encuentra satisfecho el requisito de la
subsidiariedad porque no se acreditó el haberse presentado ante dicha entidad
solicitud alguna de eliminación de los registros contenidos en el sistema
SPOA.

Igualmente, solicitó negar el amparo constitucional invocado, toda vez que esa
entidad no vulneró ningún derecho fundamental porque la información
contenida “[…] en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) corresponde a
registros misionales de carácter interno, que no constituyen antecedentes
penales, no tienen vocación de publicidad general y no permiten la
identificación del accionante en el módulo de consulta pública […]”.

2. El Centro de Documentación Judicial – CENDOJ afirmó que no vulneró
ningún derecho fundamental toda vez que las decisiones respecto a la “[…]
“anonimización” y/o modificación de información corresponden
exclusivamente a los despachos y corporaciones judiciales, y es la Unidad de
Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial como administradora del Sistema de Información de
Procesos Justicia XXI, la encargada de indicar el procedimiento técnico […]”.

3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ señaló que los
hechos que motivaron la presente acción de tutela no son de su competencia,

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razón por la cual solicitó que se denieguen las súplicas invocadas y se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ
solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – DEAJ fue relacionada por la parte accionante como
la posible entidad que ocasionó la vulneración de sus derechos
fundamentales, le asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se le negará la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer si
en el presente asunto se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación
en la causa por activa en las acciones de tutela. En caso negativo:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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A) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales del señor Carlos Alberto Sandoval Rico, con ocasión
de mantener en sus plataformas de consulta pública la anotación
del proceso penal que cursó en su contra, el cual a la fecha se
encuentra terminado, ejecutoriado y archivado.

4. Caso concreto

4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona2.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].

Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19913 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la

2 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].

A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

Sobre la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha considerado que es
indispensable que el agente oficioso afirme que actúa en dicha condición y
demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en
imposibilidad de promover su propia defensa, “[…] bien sea por circunstancias
físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber
afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le
impida acudir a la justicia […]”4. De ahí que dicha corporación ha establecido
los siguientes requisitos para su configuración:

“[…] La Corte Constitucional se ha ocupado de establecer algunos
requisitos que deben verificarse cuando un ciudadano actúa como agente
oficioso de otra persona. En primer lugar, debe manifestar que actúa en
tal calidad. En segundo lugar, debe encontrarse acreditado en el
expediente que la persona a favor de quien actúa no puede
interponer por sí misma el amparo que se invoca. En tercer lugar, no
es necesario que exista una relación jurídica entre el agente y el
agenciado o agenciados titulares de los derechos fundamentales. Y en
cuarto lugar, cuando ella sea posible, debe existir una ratificación
oportuna por parte del agenciado respecto de los hechos o las
pretensiones que se consignan en el escrito de tutela. Sin embargo, los
anteriores requisitos deben aplicarse en forma flexible, atendiendo a las
circunstancias particulares de cada caso concreto […]”. [Se destaca]

En el caso objeto del presente estudio, el señor Jesús Antonio Medina Anaya
adujo actuar como agente oficioso del señor Carlos Alberto Sandoval Rico,
bajo los argumentos de que su “[…] agenciado se encuentra sumido en una
situación de indefensión material y asfixia económica absoluta, derivada de un
veto laboral sistemático que le impide ejercer su oficio de conductor;

4
Sentencia SU-707 de 1996. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.

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constituyendo una extrema precariedad financiera y una urgencia inminente
por la protección de su mínimo vital, máxime cuando tiene a su cargo a una
hija menor de doce años de edad […]”.

Para la Sala los anteriores argumentos no acreditan los requisitos para la
configuración de la agencia oficiosa en este caso, toda vez que no existen
elementos probatorios al interior del expediente que demuestren que el señor
Carlos Alberto Sandoval Rico se encuentre en una situación que le impida
interponer de manera autónoma y directa la acción de tutela.

Sobre el particular, la Sala advierte que el señor Jesús Antonio Medina Anaya
en el escrito de tutela se limitó a manifestar que su agenciado Carlos Alberto
Sandoval Rico atravesaba una difícil situación económica, sin alegar y
acreditar ninguna otra circunstancia, así sea de manera sumaria que le
permitiera ejercer por sí mismo su propia defensa.

Así las cosas, en el presente caso no se cumplen los requisitos para tener al
señor Jesús Antonio Medina Anaya como agente oficioso de Carlos Alberto
Sandoval Rico.

En ese orden de ideas, la Sala considera que no se encuentra satisfecho el
requisito exigido en el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991, motivo por
el cual declarará improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de
legitimación en la causa por activa del señor Jesús Antonio Medina Anaya para
agenciar los derechos de Carlos Alberto Sandoval Rico, tal y como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05592-00

Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por
falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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