República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05593-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: tutela contra sentencia de
tutela. Subtema 2: improcedencia
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Francisco Javier García Londoño contra la
Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación.
1. Síntesis del caso
El señor Francisco Javier García Londoño promovió acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que
estimó vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, con ocasión de la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 dentro del
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02218-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, índice 2, certificado 2233B7C552671C7F 03CD34F2325155FB 3A08BA637BD76CFA 8C25FDBAA86BEC6C.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
2. El señor Francisco Javier García Londoño prestó sus servicios en el cargo de
profesional nivel 30 grado 18 de la División de Cobranzas de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde el 1.º de junio de 1993.
3. La Dirección de Investigaciones Disciplinarias de la Dirección Regional
Noroccidente de la DIAN abrió indagación preliminar contra el señor Francisco
Javier García Londoño, al considerar que se encontraba incurso en una inhabilidad
sobreviniente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 734 de 2002.
4. En el marco de dicha actuación, la Dirección de Investigaciones profirió la
Resolución núm. 8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007, mediante la cual lo
destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por el término de 12 años. Esta
decisión fue confirmada por la Dirección General de la DIAN mediante la Resolución
núm. 06027 del 24 de mayo de 2007 y, ejecutada a través de la Resolución núm.
07319 del 21 de junio de 2007.
5. El señor Francisco Javier García Londoño interpuso demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el propósito de que: i) se declarara la
nulidad de los actos administrativos mencionados; ii) se ordenara su reintegro a un
cargo igual o superior al que desempeñaba al momento de su retiro; y iii) se
reconocieran y pagaran los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde la ejecución de la sanción hasta su efectivo reintegro.
6. El asunto correspondió, por reparto, a la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, bajo el radicado núm. 11001-03-25-000-2012-00372-00.
Dicha autoridad, mediante sentencia de única instancia del 28 de marzo de 2019,
desestimó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos administrativos cuestionados.
7. Contra dicha decisión, promovió recurso extraordinario de revisión, cuyo
conocimiento correspondió a la Sala Especial de Decisión núm. 25 de esta
corporación, bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2020-02925-00. Mediante
providencia del 20 de agosto de 2021, se declaró infundado el recurso.
8. En consecuencia, el señor Francisco Javier García Londoño radicó acción de
tutela contra la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado, con la
finalidad de que el juez constitucional dejara sin efectos la providencia del 20 de
agosto de 2021 emitida dentro del expediente núm. 11001-03-15-000-2020-02925-
00, al considerar que las autoridades accionadas incurrieron en defectos fáctico,
procedimental y desconocimiento del precedente.
9. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de febrero
de 2025, negó la solicitud de amparo, al advertir que el accionante había promovido
solicitudes de tutela idénticas, sin justificación válida, respecto de las cuales ya
existía pronunciamiento judicial. La parte actora impugnó la decisión.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
10. La Sección Primera de esta corporación, a través de providencia del 3 de abril
de 2025, modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de rechazar la
acción de tutela por temeridad.
11. Posteriormente, el accionante presentó acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se dejara sin efecto el fallo del 6 de
febrero de 2025 dictado en el marco de la acción de tutela identificada con el
radicado núm. 11001-03-15-000-2025-00007-00.
12. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 21 de noviembre de 2025, declaró improcedente la acción, al
considerar que la solicitud de amparo no contenía una carga argumentativa
suficiente para acreditar la configuración de la cosa juzgada fraudulenta ni la
existencia de conductas ilegales o dolosas atribuibles a la autoridad accionada que
hubieran afectado la administración de justicia o vulnerado las garantías
fundamentales de la parte actora. Contra dicha decisión, el accionante interpuso
impugnación.
13.La Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, el 18 de junio de
2026, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
14. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1. QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO
DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA EXTEMPORÁNEAMENTE O LO
RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE FONDO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES
PARA LAS CUALES SE PUEDEN VINCULAR LOS SUPERNUMERARIOS A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN EL
ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2591 DE 1991.
2. QUE SE DE APLICACIÓN AL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN
LAS SENTENCIAS CON EFECTOS ERGA OMNES C-401 DE 1998, C-725 DE 2000,
C-422 DE 2012 Y C-293 DE 2020 PROFERIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
EN LAS CUALES SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE PUEDE
VINCULAR PERSONAL SUPERNUMERARIO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE
PROFIERA EL FALLO JUDICIAL.
3. QUE EN EL FALLO DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA TAMBIEN SE TENGA
EN CUENTA Y DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN LOS DECRETOS LEY 1042
DE 1978 EN SU ARTÍCULO 83 Y, DE MANERA ESPECIAL, AL ARTÍCULO 22 DEL
DECRETO LEY 1072 DE 1999, EL CUAL AUTORIZA LA VINCULACIÓN DE
PERSONAL SUPERNUMERARIO A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES-DIAN ÚNICAMENTE CON EL OBJETO DE SUPLIR O ATENDER
NECESIDADES DEL SERVICIO, PARA APOYAR LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN
Y EL CONTRABANDO, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS, Y
PARA VINCULAR PERSONAS A PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LOS
CONCURSOS ABIERTOS CUANDO ESTOS SE REALICEN BAJO LA MODALIDAD
DE CONCURSOCURSO.”.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
4. QUE, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE PROFIERA UNA
SENTENCIA JUDICIAL, EN LA CUAL TENIENDO EN CUENTA LOS ARGUMENTOS
JURÍDICOS PLANTEADOS EN EL ESCRITO DE ACCIÓN DE TUTELA, SE
AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS COMO
VULNERADOS POR LA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B DEL CONSEJODE
ESTADO CON RADICACIÓN: 11001-03-15-000- 2025-02218-01 DE FECHA 18 DE
JUNIO DE 2026: I) DERECHO AL DEBIDO PROCESO II) DERECHO A LA
IGUALDAD. III) DERECHO A EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN. IV) DERECHO AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
5. QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE TOMEN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS CON
EL OBJETO DE QUE SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS
LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES2.
15.Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante alegó que los
magistrados incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que omitieron pronunciarse
sobre las actividades en las que podían ser vinculados los supernumerarios a la
administración pública, previstas en los artículos 22 y 83 del Decreto-Ley 1042 de
1978.
16. Asimismo, sostuvo que los magistrados desconocieron el precedente contenido
en las sentencias C-401 de 1998, C-725 de 2000 y C-422 de 2012 de la Corte
Constitucional, con efectos erga omnes y vocación de universalidad, las cuales
fijaron las condiciones para la vinculación de supernumerarios a la administración
pública, en particular su carácter excepcional y transitorio.
17. Así pues, afirmó que se omitió el análisis de lo decidido por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 28 de marzo de
2019, dentro del proceso con radicación núm. 11001-03-25-000-2012-00372-00, así
como de los argumentos expuestos con fundamento en la Sentencia SU-627 de
2015 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra una decisión de tutela.
18. Además, manifestó que la sentencia de tutela de segunda instancia del 18 de
junio de 2026, con radicado núm. 2025-02218-01, no aplicó el principio «iura novit
curia» y desconoció que las funciones de control interno disciplinario tenían carácter
permanente dentro de la administración pública.
19. En suma, consideró que al proferirse el fallo objeto de tutela se configuró una
«situación de fraude», toda vez que «[…] al permitir que una supernumeraria, que
simplemente es un auxiliar de la administración pública y no puede realizar
actividades permanentes ni tiene competencia funcional, destituya e inhabilite por
doce años a un funcionario de carrera administrativa». [sic]
20. Por lo anterior, alegó que los elementos de prueba que permitían identificar una
situación de fraude eran los siguientes:
2
Se transcribe incluso con errores.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
[…] TANTO EN LA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA QUE SE PROFIRIÓ EL 28
DE MARZO DE 2019, POR LA SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CON RADICADO 11001-03-25-000-2012-
00372-00 COMO EN EL FALLO DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA CON
RADICADO 2025-02218-01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026, LO CONSTITUYE
EL HECHO DE QUE LOS SUPERNUMERARIOS QUE SON AUXILIARES, NO
PUEDEN SER VINCULADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR
ACTIVIDADES PERMANENTES COMO LO SON EL CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO Y MUCHO MENOS PROFERIR FALLOS DISCIPLINARIOS CON
LOS CUALES DESTITUYAN E INHABILITEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS; POR
LO TANTO, LOS JUECES O MAGISTRADOS QUE PERMITAN DICHA SITUACIÓN
DE FRAUDE, ESTAN “ADOPTANDO UNA DECISIÓN “DERIVADA DE UNA
INTERPRETACIÓN NORMATIVA ABIERTAMENTE CONTRARIA A LOS
POSTULADOS CONSTITUCIONALES Y A LA BUENA FE JUDICIAL”.3
2.3. Trámite procesal
21. El despacho ponente, mediante auto del 22 de julio de 20264, admitió la
demanda; ordenó la notificación a la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en su condición de autoridad accionada; y puso en
conocimiento el escrito de tutela a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), a la Subsección A de la Sección Segunda, a la Sala Especial de Decisión
núm. 25, a la Subsección C de la Sección Tercera y a la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en calidad de terceros con interés.
2.4. Intervenciones
22. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado5 precisó que las
decisiones proferidas dentro del expediente de tutela núm. 2025-02218-00/01
contenían los elementos y argumentos necesarios para que el juez constitucional
adoptara la determinación que en derecho correspondiera. Asimismo, señaló que,
en su condición de magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia objeto
de la acción, acataría lo dispuesto por este despacho.
23. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)6 sostuvo que el
accionante incurrió en temeridad, al promover de manera sucesiva múltiples
acciones de tutela con identidad sustancial de partes, hechos y pretensiones,
dirigidas a controvertir y dejar sin efectos las providencias judiciales proferidas
dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra por dicha entidad.
24. Añadió que, aunque las demandas presentaron variaciones formales en su
formulación, todas perseguían el mismo propósito material: reabrir un debate ya
definido por los jueces competentes, sin que se acreditaran hechos nuevos o
3
Se transcribe incluso con errores.
4
Samai, índice 4.
5
Samai, índice 10.
6
Samai, índice 12, certificado 37CDBD43736892B1 CAA483CDA681C155 C75980BC545D1DDC 9418553648CD1BB8.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
circunstancias sobrevinientes que justificaran la reiteración del mecanismo
constitucional.
25. Finalmente, indicó que en el presente caso operó la cosa juzgada constitucional,
dado que los hechos y pretensiones planteados ya habían sido objeto de decisión
en anteriores acciones de tutela, mediante providencias que adquirieron firmeza. En
consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción y que fuera
desvinculado del proceso al no contar con legitimación en la causa por pasiva.
26. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Francisco Javier García Londoño contra
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
28. La legitimación en la causa por activa del señor Francisco Javier García
Londoño se encuentra acreditada, por cuanto fue el accionante dentro del trámite
de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02218-01, en el que afirmó la
vulneración de sus derechos fundamentales.
29. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dado que fue la autoridad que
profirió la sentencia objeto de tutela.
30. Por otro lado, se advierte que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
31. Al respecto, la Sala aclaró que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, toda vez que dicha entidad actuó como parte accionada dentro del
proceso de tutela en el que se expidió la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la acción podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
32. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.
33.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
34. Ahora bien, cuando la tutela es interpuesta en contra de una sentencia emitida
en un trámite de tutela, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en el fallo
SU-627 de 2015 y explicó que el mecanismo constitucional procede de manera
excepcional, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
i. Que el accionante exponga y demuestre con sus argumentos que la
providencia controvertida fue el resultado de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit).
ii. Que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial.
iii. Que el nuevo trámite de tutela no comparta identidad procesal con la tutela
que es objeto de discusión.
35. Respecto del principio fraus omnia corrumpit9, la Corte indicó que la cosa
juzgada no es absoluta, toda vez que en ciertas ocasiones puede entrar en «en
tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez». Sobre el particular,
la sentencia T-218 de 2012 expuso lo siguiente:
En suma, la Constitución contempla la buena fe que conlleva, además de la
presunción atinente a que acompañará en sus actuaciones a los particulares frente
al Estado, el deber de comportarse conforme a sus postulados. Esto incluye la
colaboración de todas las personas para el buen funcionamiento de la administración
de justicia, así como los deberes de las partes en el proceso de lealtad y probidad.
Lo anterior se contrapone, como es obvio, al uso del proceso con fines ilegales,
dolosos y fraudulentos. En este sentido, existe un deber de las autoridades judiciales,
incluido el juez de tutela, de adoptar todas las medidas que el ordenamiento jurídico
le confiere para combatir que el fraude corrompa la correcta administración de
justicia.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9 El fraude lo corrompe todo.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
La cosa juzgada fraudulenta se predica cuando el dolo se ha materializado en la
sentencia judicial. Sin embargo, esto no necesariamente conlleva consecuencias
ilícitas, ni la aparición de estas es necesaria para que el fraude pueda combatirse.
En todo caso, el objeto de este último supone lograr que una situación dolosa, a
través de la majestad que sustenta una sentencia, sea exigible coercitivamente. Por
lo mismo, el fraude puede ser cometido, por una parte, por ambas o por el juez que
conoce el asunto. Cuando esto último sucede, la gravedad de la actuación es aún
mayor, por desconocer la autoridad judicial sus deberes como poder constituido10.
[negrilla del despacho]
3.4. Caso concreto
36. En el presente asunto, el señor Francisco Javier García Londoño acudió al juez
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva, que estimó vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 18 de junio de 2026 dentro del
trámite de tutela identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02218-
01.
37. En criterio del accionante, la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo, toda vez que omitió pronunciarse sobre las actividades en las que podían
ser vinculados los supernumerarios a la administración pública, por lo que dejó de
aplicar los artículos 22 y 83 del Decreto-Ley 1042 de 1978.
38. Por otro lado, refirió que la autoridad judicial desconoció el precedente
contenido en las sentencias C-401 de 1998, C-725 de 2000 y C-422 de 2012 de la
Corte Constitucional, en las que se estudió las condiciones para la vinculación de
supernumerarios a la administración pública, en particular su carácter excepcional
y transitorio.
39. Adicionalmente, mencionó que no se realizó un análisis de lo decidido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 28
de marzo de 2019, dentro del proceso con radicación núm. 11001-03-25-000-2012-
00372-00, así como de los argumentos expuestos con fundamento en la Sentencia
SU-627 de 2015 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra una decisión
de tutela.
40. Además, manifestó que la sentencia de tutela de segunda instancia del 18 de
junio de 2026, con radicado núm. 2025-02218-01, no aplicó el principio «iura novit
curia» y desconoció que las funciones de control interno disciplinario tenían carácter
permanente dentro de la administración pública.
41. En suma, adujo que el fallo de tutela proferido el 18 de junio de 2026 dentro del
expediente con radicado núm. 2026-02218-01 configuró una «situación de fraude»,
toda vez que «[…] al permitir que una supernumeraria, que simplemente es un
auxiliar de la administración pública y no puede realizar actividades permanentes ni
10
Se transcribe incluso con errores de texto.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
tiene competencia funcional, destituya e inhabilite por doce años a un funcionario
de carrera administrativa». [sic]
42. Al respecto, la Sala considera que el argumento planteado por el accionante no
atiende las circunstancias o características a las que ha hecho referencia la Corte
Constitucional para habilitar al juez constitucional a realizar un análisis de fondo
frente a una providencia dictada en sede de tutela.
43. Lo anterior, por cuanto las razones expuestas por la parte actora no demuestran
que la sentencia objeto de tutela del (18 de junio de 2026) fuera el resultado de una
situación dolosa, de fraude o contraria a la lealtad y a la buena fe que afectara el
sentido de la decisión. En ese orden, se infiere que el accionante busca que el juez
de tutela emita un nuevo pronunciamiento con relación a la procedencia de la acción
interpuesta.
44. Conviene mencionar que la denominada cosa juzgada fraudulenta exige que la
decisión judicial sea producto directo de maniobras engañosas dolosas o
actuaciones aviesas de las partes o del juez, que induzcan a error y quebranten la
justicia material, bajo el principio universal fraus omnia corrumpit (el fraude lo
corrompe todo). Sin embargo, ello no fue acreditado en este asunto.
45. En este orden, la Sala concluye que los argumentos expuestos por el actor en
el escrito de tutela no son suficientes para determinar la procedibilidad de la solicitud
de amparo, dado que la tutela interpuesta en contra de actuaciones de la misma
naturaleza es excepcionalísima, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional11.
46. En consecuencia, los planteamientos desarrollados por el accionante no
cumplen con el requisito previsto por la Corte Constitucional para que proceda la
acción de tutela en contra de una sentencia de tutela, comoquiera que no se
configura la cosa juzgada fraudulenta, motivo por el cual las pretensiones de amparo
frente a este punto resultan improcedentes.
4. Conclusión
47. Por las razones expuestas, esta Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por el señor Francisco Javier García Londoño, al no cumplirse
los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
11
Corte Constitucional, sentencia T-286 de 2018.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05593-00 (8836)
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.
Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Francisco
Javier García Londoño contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
10
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.