Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05609-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05609-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05609-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05609-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05609-00
Accionante: Adrián Rafael Díaz Ahumedo
Accionado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior – ICETEX.
Tema: Derecho al debido proceso, igualdad, petición, hábeas data, buen
nombre y educación. Negativa de beneficio de condonación de
crédito educativo y actuaciones relacionadas con la administración
de la obligación. DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Adrián Rafael Díaz
Ahumedo, en nombre propio, en contra del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior.
ANTECEDENTES
El accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, igualdad, buena fe, confianza legítima, hábeas data, buen nombre,
petición y educación, los cuales considera vulnerados por la entidad accionada, con
ocasión de las actuaciones administrativas relacionadas con su crédito educativo,
la negativa del beneficio de condonación reclamado.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el accionante es beneficiario de un crédito educativo otorgado por el ICETEX,
respecto del cual afirmó haber adelantado actuaciones encaminadas a normalizar
su obligación y acceder a los beneficios previstos por la entidad.
Que el ICETEX manejó de manera inadecuada la administración de su crédito; que
durante la vigencia del miso, el actor suscribió acuerdos de pago, presentó derechos
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05609-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
de petición, solicitó prórrogas y mantuvo comunicación permanente con la entidad,
con el propósito de atender y normalizar su situación crediticia.
Que el incumplimiento en los acuerdos de pago, no obedecieron a falta de voluntad
si no a su imposibilidad, debida a la reciente incorporación al mundo laboral; sin
embargo, el ICETEX analizó de manera fragmentada e independiente las
circunstancias expuestas, lo que condujo a la negativa del beneficio de condonación
solicitado y a la generación de afectaciones a sus derechos fundamentales, al ser
reportado a las centrales de riesgo.
PRETENSIONES
El accionante solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados y
«Dejar sin efectos la respuesta mediante la cual el ICETEX negó mi solicitud de
condonación, por haberse proferido sin una valoración integral, individualizada y
constitucional de mi situación».
Así mismo, solicitó que se ordene «al ICETEX que realice un nuevo estudio de mi
solicitud de condonación, valorando todas las circunstancias particulares
acreditadas en esta acción de tutela y motivando suficientemente la decisión que
adopte».
TRÁMITE DEL PROCESO
El 31 de julio de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela, negó
la medida provisional solicitada1, y ordenó notificar a la entidad accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudio Técnicos en el Exterior
– ICETEX manifestó que el accionante culminó su proceso académico y que varias
de las situaciones relatadas en la tutela se remontan al año 2020, por lo que alegó
el incumplimiento del requisito de inmediatez. También afirmó que algunos de los
hechos expuestos corresponden a actuaciones de otras entidades y no a conductas
atribuibles al ICETEX.
Expuso que al crédito se le efectuaron desembolsos por valor total de $101.201.649
y precisó que fue trasladado a la etapa final de amortización el 5 de agosto de 2025,
con un saldo de capital correspondiente a los desembolsos realizados y a los
intereses corrientes causados durante la época de estudios, de conformidad con las
condiciones contractuales aceptadas por el beneficiario y su deudor solidario.
Señaló que a la obligación le fueron aplicadas, una refinanciación a 96 cuotas
1 Lo solicitado como medida provisional era equivalente a las pretensiones principales de la acción
de tutela.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05609-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
nuevas y una prórroga por seis meses durante febrero de 2026. Agregó que, al corte
del 29 de julio de 2026, la obligación se encontraba al día, con saldo total de
$127.648.196,90 y con vigencia de la prórroga hasta el 6 de agosto de 2026.
Respecto de los reportes ante centrales de información, explicó que el crédito
registró mora consecutiva entre septiembre de 2025 y enero de 2026, circunstancia
que originó reportes negativos. Que se realizaron en cumplimiento de la Ley 1266
de 2008, con autorización previa otorgada por el beneficiario mediante la suscripción
del pagaré y previa comunicación remitida conforme a los requisitos legales. En
consecuencia, sostuvo que la información reportada es veraz y no procede su
eliminación o corrección.
Afirmó que el 15 de enero de 2026 el accionante presentó una petición ante la
entidad y que esta fue resuelta el 22 de enero de 2026 mediante comunicación en
la cual se le ofrecieron alternativas de normalización de cartera.
También indicó que el 4 de marzo de 2026 emitió respuesta relacionada con los
reportes negativos y que el 22 de junio de 2026 respondió a la solicitud de
condonación formulada ante la Dirección de Cobranzas. Según la entidad, todas las
solicitudes fueron atendidas de fondo y dentro de los canales institucionales
correspondientes.
En relación con la solicitud de condonación por graduación, sostuvo que el Acuerdo
017 de 2021 establece que dicho beneficio aplica para quienes al momento de
graduarse, se encuentren registrados en el Sisbén dentro de los grupos
establecidos o pertenezcan a población indígena certificada en las líneas habilitadas
para ello. Indicó que al verificar la información del accionante, este no registraba
clasificación Sisbén IV dentro de las categorías exigidas ni aparecía certificado
como integrante de una comunidad indígena al momento de su graduación.
Agregó que la normativa institucional tampoco contempla condonación por
graduación para víctimas del conflicto armado y que la situación particular expuesta
por el accionante no sustituye el cumplimiento de los requisitos definidos por la
reglamentación vigente.
Explicó que el crédito no cumple los requisitos para acceder a la política de
condonación parcial de capital por pago anticipado ni a la política de condonación
parcial de capital para cartera de difícil recuperación, puesto que la obligación
permanece clasificada como cartera activa, se encuentra al día y no registra la
condición de cartera castigada.
Frente al derecho de petición, manifestó que la entidad emitió una respuesta
adicional el 30 de julio de 2026 y sostuvo que, en todo caso, se configuró un hecho
superado al haberse suministrado respuesta de fondo a las solicitudes del
accionante.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05609-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en subsidio, negar el amparo
solicitado.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de
subsidiariedad en la acción de tutela y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,
además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.
En torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y la idoneidad
y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus tantos
pronunciamientos expuso la Corte:
«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en
cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su
estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05609-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio
inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales»2.
Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional
con relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de
contenido particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar
la suspensión provisional de sus efectos a través de los medios de control
dispuestos por el ordenamiento jurídico, así lo dijo la Corte Constitucional:
«(…) Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra,
fundamentos jurídicos 44-56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie
de posibles medidas cautelares para la protección y garantía provisional
del objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia. Entre las
que se cuentan el restablecimiento inmediato de un derecho, la
suspensión de un procedimiento o actuación, o la suspensión de los
efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las medidas
cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»3
En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más
excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección inmediata
de los derechos fundamentales.
Análisis del caso concreto
El señor Adrián Rafael Díaz Ahumedo consideró vulnerados sus derechos
fundamentales invocados, con ocasión de la decisión mediante la cual el ICETEX
negó la solicitud de condonación de su crédito educativo.
La inconformidad del accionante recae sobre la decisión adoptada por la entidad
respecto de la procedencia de la condonación solicitada y, en particular, sobre la
valoración efectuada acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos para
acceder a dicho beneficio.
Encuentra entonces la Sala que la acción de tutela resulta improcedente por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad, pues el actor cuenta con el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la decisión cuestionada
y solicitar el examen de legalidad de los argumentos relacionados con la aplicación
de la reglamentación institucional y la valoración de los requisitos exigidos para
acceder a dicho beneficio.
2 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
3 Sentencia T-149 de 2023
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05609-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
En este punto resulta pertinente señalar que la Corte Constitucional 4 examinó una
controversia relacionada con la negativa de una solicitud de condonación de crédito
educativo por parte del ICETEX. En dicha providencia la Corte reconoció la
existencia de mecanismos judiciales ordinarios para cuestionar la actuación de la
entidad; sin embargo, consideró procedente flexibilizar el examen del requisito de
subsidiariedad debido a las circunstancias particulares del caso, pues el accionante
acreditaba una condición de discapacidad y ostentaba la calidad de sujeto de
especial protección constitucional.
Situación distinta ocurre en el presente caso, pues no se acreditó una circunstancia
que permita excepcionar el requisito de subsidiariedad, ni se demostró que los
mecanismos ordinarios de defensa judicial resulten ineficaces para la protección de
los derechos invocados.
El presente asunto se trata de una controversia relacionada con la aplicación de
reglamentos institucionales, la definición de beneficios crediticios y la legalidad de
una decisión administrativa adoptada por la entidad accionada, aspectos cuyo
estudio corresponde a los mecanismos judiciales ordinarios previstos en la
normatividad.
Adicionalmente, observa la Sala que el accionante invocó los derechos de petición,
igualdad, buena fe, confianza legítima, educación, hábeas data y buen nombre; sin
embargo, no relacionó hechos frente a los cuales se deba realizar un examen de
vulneración de esas garantías, por lo que se entiende que todos ellas los asocia a
las pretensiones de dejar sin efectos el acto administrativo que le causa el agravio
y frente al cual, como ya se expresó, no es procedente realizar un examen de fondo.
Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
Adrián Rafael Díaz Ahumedo, en relación con el debido proceso; por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
4 Sentencia T-537 de 2024
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05609-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.