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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05619-00

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05619-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora SA. Segundo. Acceder al amparo de los derechos fundamentales de Blanca Neila Narváez Urbano, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Nariño. Tercero. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 6 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 52001-33-33-008-2023- 00042-01 para que, en el término de 20 días después de notificada esta providencia, de no considerar suficientes los elementos probatorios aportados, decrete y practique las pruebas que considere necesarias para esclarecer las circunstancias de tiempo y modo en las que el actor prestó sus servicios como docente en el 16 Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00 Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano departamento de Nariño. Una vez disipadas las dudas sobre este aspecto, dicte nuevamente sentencia de fondo. Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05619-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Pensión jubilación docente – contratos de prestación
de servicios / defecto fáctico, procedimental, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente
Decisión: Accede al amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Blanca Elina Narváez Urbano en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Blanca Elina Narváez Urbano promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia
proferida el 6 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Nariño en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
52001-33-33-008-2023-00042-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. Nació el 26 de septiembre de 1966 y adquirió el estatus pensional al cumplir
55 años de edad el 26 de septiembre de 2021 y más de 20 años de servicios; se
desempeñó como docente: i) mediante contratos de prestación de servicios (OPS)
en el municipio de Ricaurte entre 1992 y 2002 y para la Secretaría de Educación de
Nariño durante 2003; y iii) con posterioridad mediante nombramiento provisional y
luego en propiedad desde 2004.

1
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

2.2. Presentó solicitud formal de reconocimiento pensional ante la Secretaría de
Educación del departamento Nariño bajo el régimen especial docente previsto en
las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, no obstante, la entidad dio respuesta negativa
a su requerimiento con la Resolución 0071 del 2 de febrero 2023 pues consideró
aplicable el régimen de la Ley 100 de 1993 que exigía 57 años y 1300 semanas.

2.3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se dejara sin
efecto el referido acto administrativo a través del cual se negó el reconocimiento y
pago de su pensión de jubilación, sin tener en cuenta que su vinculación ocurrió
antes del 27 de junio de 2003.

2.4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, en sentencia
del 30 de septiembre de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que, teniendo en cuenta los tiempos laborados a través de contratos de
prestación del servicio, se acreditó con suficiencia que la demandante ingresó al
servicio docente antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual se le debía
aplicar el régimen especial de la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de
1985 modificada por la Ley 62 de 1985. Decisión contra la cual la parte demandada
interpuso recurso de apelación.

2.5. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 6 de marzo de 20262
revocó el fallo de primera instancia al considerar que los tiempos laborados
mediante contratos de prestación de servicios no se podían tener en cuenta para el
reconocimiento de una pensión de jubilación, de tal manera al acreditarse que
aquella solo tuvo una vinculación formal, legal y reglamentaria después del 27 de
junio de 2003, fecha límite para conservar el régimen especial docente, su situación
pensional debía regirse por el general de prima media con prestación definida.

2.6. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en violación directa de
la constitución y desconocimiento del precedente, como se explica a continuación:

2.6.1. Defecto fáctico: se ignoró prueba documental relevante y suficiente para
acreditar los tiempos docentes OPS, desconociendo certificaciones laborales
auténticas como las expedidas por el municipio de Ricaurte y la Secretaría de
Educación de Nariño que permitían establecer la vinculación de la demandante
antes de la Ley 812 de 2003 y en consecuencia su pertenencia al régimen especial
docente.

2
Uno de los magistrados que hacen parte de la Sala de decisión que emitió la providencia judicial
cuestionada salvó su voto en el sentido de indicar que en el expediente obran los documentos con
los cuales se acreditan aspectos sustanciales de la relación docente tales como el certificado de
historia laboral expedido por la alcaldía municipal de Ricaurte el 1. De septiembre de 2022 y la
certificación emitida por la oficina de administración financiera de la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño que demuestran distintos periodos en los que la demandante prestó
servicios docentes bajo la modalidad de OPS.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

2.6.2. Defecto procedimental: el tribunal decidió el litigio sin pronunciarse sobre una
petición probatoria relevante realizada por la parte demandante en segunda
instancia y sin valorar los contratos aportados en cuya ausencia se fundamentó la
decisión judicial cuestionada.

2.6.3. Decisión sin motivación: no se explicó de manera suficiente las razones por
las cuales se descartaron pruebas relevantes como las certificaciones laborales
existentes que daban cuenta de los tiempos docentes sin ofrecer motivos claros,
completos y coherentes que justificaran la negativa a la prestación pensional.

2.6.4. Desconocimiento del precedente: sostiene que el tribunal construyó su
decisión sobre una caracterización errónea del precedente judicial, atribuyendo
naturaleza unificadora a una providencia que no la tiene (providencia del 13 de
febrero de 2020, radicado 54001-23-33-000-2014-00106-01 (0156-15)) y
utilizándola, además, en un sentido contrario a lo que realmente decidió el Consejo
de Estado.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, específicamente, la sentencia de segunda instancia calendada el 6 de
marzo de 2026, notificada el 08 de abril de 2026, expediente No. 52001-33-33-008-2023-
00042-01 (17003), el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO -Sala Primera de
Decisión – M.P.: Beatriz Isabel Melodelgado Pabón al revocar la sentencia del 30 de
septiembre de 2025 emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto
y negar las pretensiones de la demanda encaminada al reconocimiento de mi pensión
de jubilación usando como precedente una sentencia unificada inexistente y además
omitiendo la valoración probatoria de las constancias o record laboral emitida por el
Municipio de Ricaurte y la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y no tener
en cuenta como prueba los contratos aportados al proceso, vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso judicial,
el régimen especial de la pensión de jubilación docente, el acceso de la administración
de justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás que considere la Honorable
Corporación.

SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 6 de marzo de 2026,
notificada el 08 de abril de 2026, expediente No. 52001-33-33-008-2023-00042-01
(17003) carece de efectos legales.

TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere
prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada profiera nueva
sentencia evaluando de manera integral las normas que conforman el régimen
exceptuado docente, el cual debe estar en armonía con los artículos 4, 13, 29, 48 y 53
de la Constitución Política, la jurisprudencia sobre la materia, especialmente en lo
relativo a la validez probatoria de documentos o certificaciones pensionales emitidas por
entidades públicas y además considerando que me asiste el derecho a la pensión de
jubilación establecida en la Ley 91 de 1989 – Ley 33 de 1985.

CUARTA. – Exhortar al Tribunal Administrativo de Nariño que en las próximas decisiones
y en casos similares no vuelva a incurrir en una indebida valoración probatoria, referente
a las certificaciones o constancias emitidas por entidades públicas o privadas, así como

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

tampoco insista en tener como precedente la supuesta sentencia unificada del 13 de
febrero de 2020 del Consejo de Estado, expediente No. 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15), reiterando que la misma no es unificada y además accede a las
pretensiones teniendo en cuenta las constancias emitidas por un ente territorial.

QUINTA.- Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo considere
necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados con el fallo de
segundo grado, objeto de la controversia constitucional. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Nariño3 solicitó negar la solicitud de tutela al
considerar que no existió vulneración de los derechos fundamentales invocados,
pues la sentencia de segunda instancia que revocó el fallo favorable a la
demandante fue adoptada con base en las pruebas legal y oportunamente
allegadas, la normativa aplicable y el precedente del Consejo de Estado, de tal
manera concluyó que no era posible reconocer tiempos de servicio prestados
mediante presuntos contratos de prestación de servicios para efectos pensionales
porque aquellos nunca fueron aportados al proceso, incumpliéndose la carga
probatoria exigida por la jurisprudencia de unificación. Sostuvo que, al no
acreditarse una vinculación docente oficial anterior al 27 de junio de 2003, la
demandante no podía beneficiarse del régimen pensional especial de la Ley 33 de
1985, sino que debía sujetarse al régimen general previsto en la Ley 100 de 1993.

5. El Ministerio de Educación Nacional4 pidió declarar la improcedencia y su
desvinculación de la causa, en atención a que no participó en la decisión judicial
cuestionada ni tiene competencia para emitir o modificar providencias judiciales,
además de que la tutela era improcedente por su carácter subsidiario, por existir
otros medios de defensa judicial y por tratarse de una controversia de naturaleza
legal y económica sin relevancia constitucional, además de no evidenciarse
vulneración de derechos fundamentales ni configuración de requisitos
excepcionales para atacar providencias judiciales.

6. La Fiduprevisora SA5 requirió declarar la improcedencia y su desvinculación
de la causa, en la medida en que no profirió la providencia cuestionada ni existe
nexo causal entre su actuación y la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada por la accionante. Asimismo, sostuvo que la tutela contra
providencias judiciales exige el cumplimiento de estrictos requisitos generales y
especiales de procedibilidad, los cuales no fueron debidamente acreditados, pues
la demandante no demostró la configuración de defectos que permitan desvirtuar la
decisión judicial atacada, razón por la cual la tutela pretende controvertir una
decisión judicial por una vía excepcional que no está llamada a sustituir los
mecanismos ordinarios de defensa.

7. Los demás terceros interesados guardaron silencio.

3
Archivo obrante en el índice 12 del Samai.
4
Archivo obrante en el índice 13 y 14 del Samai.
5
Archivo obrante en el índice 15 del Samai.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

2.2. Legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre,
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:

«[…] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior. […]».

11. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

6
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7
Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
8
Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
9
Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».

12. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora SA
solicitaron que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que, no vulneraron derecho fundamental alguno de la parte demandante y tampoco
hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones que puedan desplegar
para su cumplimiento.

13. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en
calidad de terceros con interés, al figurar como demandados en el proceso
contencioso en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y
contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

15. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

10
Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

16. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

17. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos15, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.

19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

20. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los
derechos fundamentales de Blanca Elina Narváez Urbano con ocasión de la
sentencia del 6 de marzo de 2026 con la cual se negó la pretensión de
reconocimiento pensional de la demanda inicial bajo el régimen especial docente,
incurriendo, presuntamente, en defecto fáctico, procedimental, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente?

13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
15
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

21. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Del defecto fáctico

22. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»17, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»18. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»19.

23. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía
de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Del defecto sustantivo

24. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez
adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto20. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta21, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

25. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición

17
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
18
Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
19
Sentencia T-538 de 1994.
20
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
21
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

26. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales22.

2.5.4. Decisión sin motivación

27. En vigencia de la actual norma primigenia, el ejercicio de la función judicial
adquiere importantes connotaciones, en la medida en que, en últimas, a los jueces
se les concedió la facultad [y deber] de resolver de fondo los conflictos que se
suscitan en la sociedad y que son llevados por los interesados a su conocimiento;
ejercicio que debe ser adelantado con sujeción a los principios y reglas que sean
aplicables en cada caso, con la clara pretensión de obtener una justicia en sentido
material y, por esta vía, de garantizar los derechos consagrados en la Constitución.

28. Por otra parte, y como elemento fundamental del derecho al debido proceso,
quienes acuden a la Administración de justicia deben tener la posibilidad de (i)
controvertir las decisiones que adopten los jueces y (ii) en los casos en que ello ya
no sea posible por encontrarse ante una última instancia, saber el por qué de la
solución a su caso; pretensiones que solo se viabilizan en la medida en que las
razones o motivos de los pronunciamientos de los jueces se conozcan.

29. Bajo el anterior hilo argumentativo, entonces, los derechos al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso solo se concretan, en tanto y en
cuanto, (i) el funcionario judicial exponga clara y detalladamente las razones de su
decisión; y, (ii) que éstas últimas justifiquen en debida forma el sentido de su fallo.

30. Así, la actividad del juez con el objeto de determinar (i) los supuestos [fácticos
y/o jurídicos] relevantes en cada caso [a través del análisis probatorio], (ii) el
derecho pertinente [Ley, en sentido material, y demás fuentes]; y, (iii) la aplicación
concreta del «marco jurídico seleccionado» al caso planteado, debe ser razonable,
racional y suficiente, de tal manera que por lo menos los usuarios del servicio de
justicia encuentren la razón de la decisión y que, a su turno, el servicio prestado por
el Estado contribuya en el logro de los fines establecidos en el artículo 2.º de la
Constitución Política.

31. En relación con el deber de motivar las decisiones judiciales, en la Sentencia
T-214 de 2012, se precisó:

22
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

«[…] La motivación, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su
vez, del derecho genérico al debido proceso. Esto se explica porque sólo mediante la
motivación pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes públicos, y
porque sólo cuando la persona conoce las razones de una decisión puede controvertirla
y ejercer así su derecho de defensa. En el caso de los jueces de última instancia, la
motivación es, también, su fuente de legitimación democrática, y el control ciudadano se
convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y
eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jurídicas y
sociales. […]»

32. Por su parte, en cuanto a la falta de motivación o decisión sin motivación, la
Corte Constitucional, en sentencia T-042 de 2024, precisó: «[…] implica el
incumplimiento del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión. La decisión sin motivación es uno de los defectos de que puede adolecer una
providencia en tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático23 […]»

2.5.5. Desconocimiento del precedente judicial

33. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

34. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

35. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.

23
Corte Constitucional, Sentencia T-114 de 2002.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

36. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y
precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.5. Sobre el caso concreto

37. Blanca Elina Narváez Urbano acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia del 6 de marzo de 2026 con la cual se negó la pretensión de
reconocimiento pensional de la demanda inicial bajo el régimen especial docente.

38. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico,
procedimental, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente, en tanto
desconoció certificaciones laborales que acreditaban sus servicios docentes
mediante contratos de prestación de servicios, omitió pronunciarse sobre los
contratos allegados en segunda instancia y luego afirmó que estos no obraban en
el expediente, no explicó de manera adecuada las razones para descartar las
pruebas aportadas y fundamentó su decisión en una providencia presentada como
sentencia de unificación que no tenía tal carácter y fue interpretada de manera
contraria a su contenido.

39. Al descender al caso en concreto, se observa que el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, en sentencia del 30 de septiembre de
2025, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que, teniendo en
cuenta los tiempos laborados a través de contratos de prestación del servicio, se
acreditó con suficiencia que la demandante ingresó al servicio docente antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual se le debía aplicar el régimen especial
de la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley
62 de 1985

40. La entidad demandada interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que la
docente no se puede acoger al régimen excepcional de las leyes 33 y 62 de 1985,
pues su vinculación formal al Fomag inició el 18 de diciembre de 2014, fecha
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que impone la aplicación
del régimen de prima media. Por su parte, argumentó que los periodos laborados
mediante contratos de prestación de servicios no se pueden tener en cuenta, porque
no existen documentos con los cuales se demuestre que se realizaron los aportes
a seguridad social, ni una declaración judicial sobre la existencia de un contrato
realidad.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

41. De tal manera, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Nariño en
sentencia del 6 de marzo de 2026 revocó para negar las pretensiones de la
demanda al considerar que los tiempos laborados mediante contratos de prestación
de servicios no se podían tener en cuenta para el reconocimiento pensional, en tanto
no fueron acreditados, de manera que al demostrarse que aquella solo tuvo una
vinculación formal, legal y reglamentaria después del 27 de junio de 2003, fecha
límite para conservar el régimen especial docente, su situación pensional debía
regirse por el general de prima media con prestación definida, Al respecto, señaló:

«[…] En este asunto, la parte actora pretende que se contabilicen, para efectos del
reconocimiento de su pensión de jubilación los períodos durante los cuales dice haber
laborado como docente mediante vinculación con varios contratos de prestación de
servicios con entidades públicas, antes de su vinculación por nómina al servicio
educativo oficial.

Sin embargo, revisado el expediente se advierte que no se aportaron los contratos de
prestación de servicios, lo que implica que no es posible verificar de manera directa y
precisa los elementos esenciales de cada relación contractual, tales como la fecha de
inicio y terminación, el objeto del contrato, la entidad contratante y, especialmente, la
naturaleza de las funciones que desempeñó.

En sentencia de unificación del 13 de febrero de 2020, que se emitió al interior del
expediente No. 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15), el H. Consejo de Estado
reconoció que, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades es procedente contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales
prestaron sus servicios al Estado con vinculación a través de contratos de prestación de
servicios, siempre que se acredite que ejercieron funciones docentes y que existió una
relación material de subordinación y continuidad.

No obstante, en esa sentencia también se estableció en forma clara y precisa que el
cómputo de esos términos está sujeto a que se cumpla una carga probatoria específica,
que recae sobre quien alega la existencia de la relación laboral.

En particular se exige acreditar i) la existencia de los contratos, ii) el periodo de ejecución
de cada uno, iii) el objeto contractual, que debe corresponder a funciones docentes, iv)
la entidad contratante y, v) la entidad a la cual se efectuaron los aportes pensionales, si
se realizaron.

En ausencia de los documentos contractuales no es posible verificar si los servicios que
se prestaron correspondieron efectivamente a funciones docentes en el marco del
servicio público educativo oficial, si se configuraron los elementos propios de una
relación laboral, la extensión cronológica del servicio (diaria), entre otras. Tampoco es
posible establecer con certeza la duración de los períodos por los que se reclama, ni la
entidad responsable de asumir las obligaciones pensionales correspondientes.

Por tanto, la carencia de prueba directa de los contratos impide contabilizar esos
períodos para efectos pensionales, sin que eso implique que se desconocen los
principios de favorabilidad y primacía de lo sustancial sobre las formas, pues estos no
exoneran al interesado de cumplir con la carga mínima de acreditar los hechos con los
que se constituye de su derecho.

En consecuencia, la Sala considera que los tiempos a los que se refiere la parte actora
como aquellos que laboró mediante contratos de prestación de servicios no se pueden
tener en cuenta para efectos del reconocimiento de su pensión de jubilación, por cuanto
no se acreditaron los elementos mínimos que exige la jurisprudencia para su valoración.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, conforme al acervo probatorio que
se halla en el expediente y al historial laboral que se aportó, se encuentra acreditado que
la demandante ingresó al servicio público educativo mediante una vinculación formal,
legal y reglamentaria después del 27 de junio de 2003, (1 de enero de 2004) fecha en la
que entró en vigencia la Ley 812 de 2003.

En consecuencia, no resulta aplicable en su caso el régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985.
[…]
En este caso, teniendo en cuenta que se probó que el ingreso de la accionante al servicio
público docente ocurrió con posterioridad a la fecha límite establecida por el legislador
para conservar el régimen especial, la situación pensional de la demandante se debe
regir por las disposiciones del régimen general de prima media con prestación definida
consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones posteriores, en particular las
Leyes 797 y 812 de 2003. Este régimen exige, entre otras cosas, que se demuestre que
se cumplieron cincuenta y siete (57) años de edad y acreditar un mínimo de mil
trescientas (1300) semanas cotización.

A diferencia del régimen contenido en la Ley 33 de 1985, el régimen general de seguridad
social no contempla beneficios como el reconocimiento del setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio de los factores salariales devengados durante el año previo a la
adquisición del status, ni la posibilidad de acceder a la pensión sin necesidad de retiro
definitivo del servicio. Por tanto, no es jurídicamente viable aplicar a la demandante las
condiciones más favorables del régimen derogado, puesto que no acreditó una
vinculación al servicio público educativo oficial anterior al 27 de junio de 2003.

Surge de lo anterior, que los argumentos sobre los que la señora apoderada de la parte
demandada cimienta su recurso prosperan, por lo cual la Sala revocará la providencia
objeto del recurso para, en su lugar, se negar las pretensiones de la demanda. […]».
(sic)

42. Así pues, vistos los argumentos expuestos por el tribunal demandado, sea lo
primero decir que acorde con lo preceptuado en los artículos 31 de la Constitución
Política24 y artículo 328 del CGP25 se observa que la entidad demandada en el
recurso de alzada fijó la controversia en cuanto al régimen aplicable para el
reconocimiento pensional, el cumplimiento de los requisitos legales y la falta de
prueba de la relación laboral a través de contratos de prestación de servicios y el
objeto de análisis de estudio en segunda instancia se centró en tales reclamos
expuestos por el apelante sin extenderse a asuntos diferentes.

24
ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley.
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
25
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

43. Tan es así que pudo evidenciar que, si bien es cierto en pronunciamientos de
unificación el Consejo de Estado26 ha establecido que es posible contabilizar los
tiempos durante los cuales los docentes prestaron sus servicios a través de
contratos de prestación para efectos pensionales, también lo es que la parte
demandante tiene una carga probatoria específica que no se cumplió en este caso,
en la medida en que no se aportaron tales documentos que permitieran verificar los
elementos esenciales de cada relación contractual, tales como la fecha de inicio y
terminación, el objeto del contrato, la entidad contratante y, especialmente, la
naturaleza de las funciones que desempeñó.

44. No obstante, debe recordarse que el ejercicio de la función docente a través de
la vinculación por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios
de la primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine
y por las características de la labor desempeñada en estos casos, permite su
cómputo para efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como
empleados públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del
Estado que no puede afectar sus derechos laborales.

45. Ciertamente, la situación descrita, es decir, la falta de los mencionados contratos
de prestación de servicios no puede ser un obstáculo para el goce de derechos
laborales y suprimir las condiciones de desigualdad material que afectan a un sector
de la población sin justificación constitucional.

46. En este orden de ideas, si bien es cierto no se aportaron los referidos
contratos de prestación de servicios, no es posible desconocer que al expediente
fueron allegados el certificado de historia laboral expedido por la alcaldía municipal
de Ricaurte el 1.º de septiembre de 2022, diligenciado en el formato único para
certificaciones del Fomag, en el cual se acreditan de manera expresa los períodos
en que la demandante prestó servicios docentes bajo la modalidad de OPS, de
forma discontinua, entre 1992 y 2002; y la certificación expedida por la oficina de
administración financiera de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño,
que relaciona los contratos suscritos entre el 8 de enero y el 19 de diciembre de
2003, pruebas que resultan suficientes para verificar la relación contractual, pues,
en reiteradas ocasiones y en pronunciamientos de contornos similares, esta sección
del Consejo de Estado lo ha hecho de tal manera27.

47. Sumado a esto, más allá del defecto procedimental y falta de motivación
señalados por la parte demandante al argumentar que, en segunda instancia,
presentó una solicitud probatoria con la que aportó documentos como

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de unificación del 13 de febrero
de 2020, expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15), C.P. Gabriel Valbuena Hernández,
demandante: Carmen Cecilia Matamoros Rincón.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 3 de junio de 2020, expediente
50001-23-33-000-2018-00357-01(5585-2019), C.P. Gabriel Valbuena Hernández, demandante: Elsa
Esperanza Hernández Ortíz; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de
unificación del 3 de septiembre de 2025, expediente 15001-23-33-000-2019-00291-01(3517-2024),
C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, demandante: Anita Lara Rodríguez.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

certificaciones, historias laborales, contratos, etc, para acreditar su derecho
pensional y el tribunal demandado no se pronunció al respecto, es pertinente
precisar que, en la providencia enjuiciada, se mencionaron otros elementos
probatorios a los que podía acudir el juez para constatar la forma en la que estuvo
vinculada Blanca Elina Narváez Urbano al servicio público docente.

48. Sin embargo, al examinar las actuaciones procesales surtidas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52001-33-33-008-
2023-00042-01, no se observa que el tribunal emitiera pronunciamiento alguno
tendiente a solicitar elementos de prueba adicionales.

49. Respecto a lo cual es pertinente indicar que, si bien el artículo 167 del Código
General del Proceso establece que «[…] Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]», también
señala que «[…] según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición
de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas […]».

50. Así las cosas, llama la atención de la Sala que si, bajo el criterio del juez de
segunda instancia, las pruebas con las que el a quo, en principio, accedió a las
pretensiones de la demanda no eran suficientes para acreditar el derecho pensional,
máxime cuando la parte demandante pretendía aportar elementos probatorios
adicionales, o las pruebas analizadas planteaban dudas sobre las condiciones de
vinculación con la entidad territorial, en este escenario, no resulta coherente negar
el derecho con fundamento en la falta de certeza, pues precisamente la finalidad de
la referida potestad oficiosa del juez, reconocida por el legislador y la jurisprudencia
constitucional es aclarar los puntos oscuros de la litis28.

51. En este punto, cabe recordar que, ante la existencia de puntos inciertos frente
a los derechos laborales reclamados por los ciudadanos, las autoridades judiciales
tienen la capacidad para adoptar las medidas necesarias para eliminar la
incertidumbre que concurra en la actuación judicial, en aras de evitar desconocer
derechos como el debido proceso y de acceso efectivo a la administración de
justicia, máxime en asuntos de reconocimiento pensional docente en los que, se
reitera, la Sala ha afirmado que «falta de vinculación como empleados públicos obedeció
a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado, lo cual no puede afectar sus
derechos laborales».

52. Así las cosas, en el presente asunto no se observa un desconocimiento del
precedente, en tanto el pronunciamiento del juez de segunda instancia tuvo en
cuenta el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
según el cual es posible contabilizar los tiempos durante los cuales los docentes

28
En tal sentido, esta sala de decisión tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto de contornos
similares en la sentencia del 22 de junio de 2026 dentro del radicado 11001-03-15-000-2026-02038-
01 (6455), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, demandante: José Rosendo Mendoza Rivera. Asimismo,
en la sentencia del 9 de junio de 2026 dentro del radicado 11001-03-15-000-2026-03372-01, C.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar, demandante: Teresita de Jesús Paz García.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

prestaron sus servicios a través de contratos de prestación para efectos
pensionales.

53. Sin embargo, si se configuró un defecto fáctico por indebida valoración del
material probatorio, en la medida en que no se tuvieron en cuenta tanto el certificado
de historia laboral expedido por la alcaldía municipal de Ricaurte como la
certificación expedida por la oficina de administración financiera de la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño en los que consta el tiempo laborado por la
demandante por OPS, documentos en los cuales el juez de primera instancia basó
su pronunciamiento, de manera que el Tribunal Administrativo de Nariño deberá
efectuar un nuevo estudio de los supuestos fácticos y jurídicos de la controversia
planteada dándole valor probatorio a los documentos mencionados para establecer
la viabilidad del reconocimiento pensional realizado por la demandante.

3. Conclusión

54. Así las cosas, se accederá al amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia para lo cual se dejará sin efecto la
sentencia proferida el 6 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Nariño,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 52001-33-33-008-2023-00042-01 para que, de no considerar suficientes
los elementos probatorios aportados, decrete y practique las pruebas que considere
necesarias para esclarecer las circunstancias de tiempo y modo en las que la
demandante prestó sus servicios como docente en el departamento de Nariño. Una
vez disipadas las dudas sobre este aspecto, dicte nuevamente sentencia de fondo.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional
y la Fiduprevisora SA.

Segundo. Acceder al amparo de los derechos fundamentales de Blanca Neila
Narváez Urbano, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Nariño.

Tercero. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 6 de marzo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 52001-33-33-008-2023-
00042-01 para que, en el término de 20 días después de notificada esta providencia,
de no considerar suficientes los elementos probatorios aportados, decrete y
practique las pruebas que considere necesarias para esclarecer las circunstancias
de tiempo y modo en las que el actor prestó sus servicios como docente en el

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05619-00
Demandante: Blanca Elina Narváez Urbano

departamento de Nariño. Una vez disipadas las dudas sobre este aspecto, dicte
nuevamente sentencia de fondo.

Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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