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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05620-00

Fecha
28 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05620-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Leydy Yohana Bahamón Jiménez contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 5 https://sirna.ramajudicial.gov.co/SiteAssets/Paginas/LEY19052018/Resoluci%C3%B3n%20No.%20URNAR26- 192%20de%202026.pdf 10 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2026-05620-00 Accionante: Leydy Yohana Bahamón Jiménez SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no fuere impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05620-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

28 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05620-00
Accionante: Leydy Yohana Bahamón Jiménez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05620-00
Demandante: Leydy Yohana Bahamón Jiménez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela – Niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Leydy Yohana Bahamón Jiménez contra
el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 17 de julio de 2026 la señora Leydy Yohana Bahamón Jiménez, en nombre propio,
formuló acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, de acceso a cargos públicos y al debido proceso administrativo,
que consideró vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con ocasión de la decisión de no
tramitar la expedición de su tarjeta profesional de abogada hasta que se resolvieran la
totalidad de los recursos de reposición interpuestos contra los resultados del Examen de
Estado para Abogados.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos 1:

2.1. El 17 de mayo de 2026 la señora Leydy Yohana Bahamón Jiménez presentó el
Examen de Estado para Abogados previsto en la Ley 1905 de 2018, organizado y
aplicado por la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior
de la Judicatura.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05620-00
Accionante: Leydy Yohana Bahamón Jiménez

2.2. El 10 de julio de 2026 le fue notificada a su correo electrónico la Resolución No.
URNAR26-184 del 10 de julio de 2026 “Por la cual se publican los resultados del examen
de Estado para abogados de la Ley 1905 de 2018, aplicación 2026-I”, en la que consta
que aprobó el examen de idoneidad.

2.3. El 15 de julio de 2026, ingresó al aplicativo oficial de SIRNA y presentó la solicitud de
expedición de la tarjeta profesional de abogada, para lo cual aportó los documentos
exigidos para adelantar el trámite.

2.4. Luego de la radicación, recibió un correo electrónico proveniente de Comunicaciones
Urna 02 – Nivel Central mediante el cual se le informó que la solicitud de expedición de la
tarjeta profesional únicamente podría presentarse a partir del 25 de agosto de 2026,
cuando hubiese sido resuelta la totalidad de los recursos de reposición interpuestos por
los aspirantes en contra de los resultados iniciales del examen.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, de
acceso a cargos públicos y al debido proceso administrativo. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:

“1. PRIMERA: ORDENAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA)
del Consejo Superior de la Judicatura que, en un término perentorio de cuarenta y
ocho (48) horas, admita a trámite y valide formalmente la documentación cargada por
mí el 15 de julio de 2026 en el aplicativo SIRNA para la expedición de mi tarjeta
profesional de abogada, por encontrarse mi resultado aprobatorio en firme y
plenamente vigente.

2. SEGUNDA: ORDENAR a la entidad accionada que realice todos los trámites
administrativos, logísticos y de registro interno necesarios para mi tarjeta profesional
física o digital sea efectivamente expedida, registrada e inscrita en el SIRNA antes del
4 de septiembre de 2026, garantizando así que pueda adjuntarla a mi postulación al
concurso de la Procuraduría General de la Nación antes del cierre de inscripciones el
18 de septiembre de 2026.”

3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, sostuvo que la Resolución núm.
URNAR26-184 del 10 de julio de 2026 se encuentra vigente y produce efectos jurídicos.
Al respecto, afirmó que no existe disposición expresa en el ordenamiento jurídico que
suspenda, de manera general, los efectos de dicho acto respecto de quienes aprobaron el
examen.

Asimismo, manifestó que, dado que obtuvo un resultado aprobatorio y no tenía
inconformidad alguna frente a este, renunciaba expresamente a interponer recursos o
formular reclamaciones contra la Resolución núm. URNAR26-184 del 10 de julio de 2026.
A partir de lo anterior, sostuvo que, de conformidad con el artículo 87 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el acto
administrativo que reconoció su aprobación se encontraba ejecutoriado y en firme
respecto de su situación particular.

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Accionante: Leydy Yohana Bahamón Jiménez

Agregó que los derechos que, a su juicio, adquirió con la aprobación del examen no
podían quedar condicionados ni suspendidos por las reclamaciones o los recursos
interpuestos por terceros. En ese sentido, señaló que la Resolución núm. URNAR26-184
del 10 de julio de 2026 no dispuso que los recursos formulados por otros participantes
tuvieran efectos suspensivos generales.

De otra parte, alegó la existencia de un perjuicio irremediable, pues manifestó su interés
en participar en la Convocatoria de Carrera Administrativa de la Procuraduría General de
la Nación, cuyas inscripciones estaban previstas entre el 7 y el 18 de septiembre de 2026.
Explicó que, para postularse a un cargo de nivel profesional, debía contar con la tarjeta
profesional de abogada y aportarla al momento de la inscripción.

Finalmente, argumentó que, si la entidad accionada postergaba el inicio del trámite hasta
después del 25 de agosto de 2026, la tarjeta profesional no alcanzaría a ser expedida y
registrada antes del cierre de las inscripciones del concurso, debido a los tiempos
requeridos para la producción del documento. A su juicio, esta circunstancia ocasionaría
su exclusión en la etapa de verificación de requisitos mínimos y, por consiguiente, le
causaría un perjuicio irremediable, al impedirle participar en el concurso y ejercer su
derecho de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 21 de julio de 20262 el despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela, ordenó la notificación a las partes y dispuso la suspensión de términos.

Surtidas las notificaciones de rigor, se recibió el siguiente informe:

4.2. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia 3 solicitó negar el amparo, al considerar que no
vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Señaló que los supuestos fácticos y jurídicos en los que la parte actora sustentó la
solicitud de tutela no corresponden al procedimiento administrativo previsto para el
Examen de Estado para Abogados ni a las disposiciones reglamentarias expedidas por el
Consejo Superior de la Judicatura. En ese sentido, sostuvo que su actuación se limitó a
aplicar las normas que regulan la convocatoria, sin imponer requisitos adicionales ni
adoptar decisiones arbitrarias.

Expuso los antecedentes de la convocatoria y precisó que, mediante la Resolución núm.
URNAR26-184 del 10 de julio de 2026, se publicaron los resultados iniciales del examen
para abogados, aplicación 2026-1. Indicó que dicho acto dispuso expresamente que los
aspirantes que aprobaran el examen únicamente podrían adelantar el trámite de
expedición de la tarjeta profesional una vez se publicaran los resultados definitivos, lo

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Índice 0004 del aplicativo Samai, certificado DFD48B0936B26AF1 14507FEEB66680FA 62DF8E3602EB7CB1
3F1A7D2F67568A8D
3
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Accionante: Leydy Yohana Bahamón Jiménez

cual estaba previsto para el 25 de agosto de 2026, después de resolver los recursos
administrativos interpuestos contra los resultados inicialmente publicados.

Explicó que esta previsión obedece a que, de conformidad con la Ley 1905 de 2018, la
aprobación del examen depende de la media nacional, de modo que la resolución de los
recursos puede modificar los puntajes individuales y, por consiguiente, incidir en la
determinación definitiva de los aspirantes que aprobaron la prueba.

En cuanto al correo electrónico remitido a la accionante, manifestó que se le informó que
el estudio de su solicitud continuaría una vez se publicaran los resultados definitivos del
examen, lo cual estaba previsto para el 25 de agosto de 2026, de conformidad con las
reglas establecidas para la convocatoria.

Afirmó que no vulneró derecho fundamental alguno y que los argumentos expuestos por
la accionante obedecen, a su juicio, al desconocimiento de las reglas que rigen la
convocatoria o a su intención de apartarse de estas.

Asimismo, señaló que el artículo 18 del Acuerdo PCSJA24-12222 del 22 de noviembre de
2024 estableció que, una vez culminara el trámite de los recursos interpuestos contra los
resultados del examen, estos se certificarían mediante la publicación de la lista definitiva
de puntajes obtenidos y que solo a partir de ese momento podría solicitarse la expedición
de la tarjeta profesional de abogado. Por tanto, sostuvo que la comunicación remitida por
la Unidad se limitó a informar a la accionante sobre el estado de su solicitud y a aplicar las
disposiciones que regulan el procedimiento.

Precisó que la aprobación del examen, en los términos de la Ley 1905 de 2018, no
depende de la obtención de un puntaje fijo de carácter individual, sino de alcanzar un
resultado igual o superior a la media nacional, que corresponde a la media recortada
calculada después de excluir el 20 % de los puntajes más altos. Por esta razón, mientras
no culmine el trámite de los recursos administrativos, cuyos resultados pueden modificar
los puntajes individuales, no es posible establecer de manera definitiva la media nacional
ni, por consiguiente, determinar la condición final de cada participante.

Agregó que acceder a las pretensiones de la solicitud de amparo implicaría desconocer
las reglas previamente establecidas para la convocatoria y conferir a la accionante un
trato excepcional respecto de los demás aspirantes sometidos al mismo procedimiento
legal y reglamentario.

En relación con la presunta vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y al
acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, indicó que la publicación de los
resultados definitivos estaba prevista para el 25 de agosto de 2026, mientras que las
inscripciones de la convocatoria de la Procuraduría General de la Nación iniciarían el 7 de
septiembre siguiente. Por ello, consideró que la afectación alegada se sustentaba en una
situación eventual y no en la existencia de un perjuicio cierto, actual e inminente. Añadió
que la falta de la tarjeta profesional tampoco comportaba una restricción absoluta del
derecho al trabajo, pues la accionante podía desarrollar otras actividades relacionadas
con su formación académica que no exigieran dicho documento.

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De otra parte, sostuvo que no resultaba admisible atribuir a la administración las
consecuencias derivadas de la falta de diligencia que imputó a la accionante por no haber
adelantado con anterioridad el trámite de inscripción en el Registro Nacional de
Abogados.

Finalmente, concluyó que su actuación se ajustó al procedimiento establecido en la Ley
1905 de 2018, a las disposiciones reglamentarias que regulan la convocatoria y a los
actos administrativos expedidos para su desarrollo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en razón a que
la señora Leydy Yohana Bahamón Jiménez es la titular de las garantías constitucionales
que afirma fueron vulneradas con ocasión de la negativa de tramitar su tarjeta profesional
antes del 25 de agosto de 2026.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva, porque el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia fue la autoridad que negó la expedición anticipada de la tarjeta profesional y que,
según la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

La controversia se contrae a determinar si el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró los derechos
fundamentales al trabajo, al acceso a cargos públicos y al debido proceso administrativo
de la señora Leydy Yohana Bahamón Jiménez, al supeditar el trámite de expedición de su
tarjeta profesional de abogada a la publicación de los resultados definitivos del Examen
de Estado para Abogados.

Para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a la Sala establecer si la
actuación de la autoridad accionada desconoció los derechos fundamentales invocados
por la parte actora.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, es un mecanismo
preferente y sumario mediante el cual toda persona puede reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados

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por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos
previstos en la ley4.

4.1. En el presente asunto, la parte actora cuestiona la actuación de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con ocasión del correo electrónico del
15 de julio de 2026, mediante el cual se le informó que la solicitud de expedición de la
tarjeta profesional de abogada únicamente podría tramitarse a partir del 25 de agosto
siguiente, una vez se resolvieran los recursos de reposición interpuestos contra los
resultados iniciales del Examen de Estado para Abogados.

En ese contexto, entre la actuación que la accionante considera lesiva de sus derechos
fundamentales y la presentación de la solicitud de amparo transcurrió un término
razonable. Por tanto, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez.

4.2. En cuanto al requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución Política
establece que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no dispone de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En igual sentido, el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991 prevé su improcedencia cuando existan otros recursos o
medios de defensa judicial, salvo que estos, atendidas las circunstancias particulares del
caso, no resulten idóneos o eficaces para la protección de los derechos fundamentales.

En el presente asunto, la Sala advierte que la accionante no dispone de otro mecanismo
judicial que le permita obtener, de manera oportuna y eficaz, la protección de los derechos
fundamentales que estima vulnerados con ocasión de la actuación cuestionada. En
consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad.

5. Regulación para la expedición de la tarjeta profesional de abogado

Mediante el Acuerdo PCSJA24-12222 del 22 de noviembre de 2024, el Consejo Superior
de la Judicatura reglamentó la presentación para el examen de Estado para abogados
previsto en el Ley 1905 de 2018.

En particular, el artículo 18 del referido acuerdo reguló la certificación de la aprobación del
examen y estableció el momento a partir del cual quienes lo superaran podrían solicitar la
expedición de la tarjeta profesional de abogado, en los siguientes términos:

“Artículo 18. Certificación de aprobación del examen de Estado para abogados. Una
vez culminado el proceso de recursos y certificada la aprobación del examen de
Estado con la publicación de la lista final de puntajes obtenidos, quienes
aprobaron podrán efectuar su solicitud de expedición de la tarjeta profesional
de abogado conforme lo señala el Acuerdo PCSJA24-12162 o el que lo modifique.
Los egresados no graduados que se les haya certificado la aprobación del examen de

4
Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente
otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.

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Estado, una vez cumplan con el requisito de grado como abogados, podrán solicitar
su tarjeta profesional de abogado en los mismos términos antes descritos. Quienes no
hayan superado el examen de Estado podrán inscribirse en la siguiente prueba, en los
términos de los artículos 3º y 7º de este Acuerdo”. (Negrillas propias de la Sala).

Posteriormente, mediante el Acuerdo PCSJA25-12347 del 10 de noviembre de
2025, se dio apertura a la convocatoria correspondiente a la aplicación 2026-I y se
estableció el cronograma oficial, que comprendió los periodos de inscripción, la
aplicación del examen y las demás actuaciones administrativas previstas para el
desarrollo del proceso.

En el marco de dicha convocatoria, mediante la Resolución núm. URNAR26-35 del
16 de febrero de 2026, se publicó la lista inicial de aspirantes admitidos e
inadmitidos para presentar el examen. Una vez efectuadas las verificaciones
correspondientes y resueltos los recursos de reposición, se expidió la Resolución
núm. URNAR26-72 del 25 de marzo de 2026, modificada por las Resoluciones
núms. URNAR26-92 y URNAR26-113 de 2026, por medio de las cuales se
consolidó la lista definitiva de aspirantes habilitados para presentar la prueba.

De acuerdo con el cronograma previamente establecido, el examen se llevó a cabo
el 17 de mayo de 2026. Asimismo, entre el 1º y el 10 de junio siguiente, los
aspirantes pudieron solicitar la exhibición de la prueba y, mediante la Resolución
núm. URNAR26-166 del 11 de junio de 2026, se publicó la lista de las personas que
cumplieron los requisitos para acceder a dicha actuación.

Posteriormente, mediante la Resolución núm. URNAR26-184 del 10 de julio de
2026, se publicaron los resultados iniciales del Examen de Estado para Abogados
correspondiente a la aplicación 2026-I. En dicho acto también se precisó que
quienes aprobaran la prueba únicamente podrían adelantar el trámite de expedición
de la tarjeta profesional una vez culminara la etapa de resolución de los recursos y
se publicaran los resultados definitivos, de conformidad con el cronograma
establecido. Al respecto, se dispuso:

“Culminada la fase de resolución de recursos y publicados los resultados definitivos
conforme al cronograma establecido, las personas que aprueben el examen de
Estado podrán adelantar el trámite de expedición de la tarjeta profesional de abogado,
consagrado en el artículo 4 del Acuerdo PCSJA25-122944”.

6. Caso concreto

La accionante sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró sus derechos fundamentales al
trabajo, de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y al debido proceso
administrativo, al supeditar el trámite de expedición de su tarjeta profesional de abogada
a la resolución de la totalidad de los recursos de reposición interpuestos contra los
resultados del Examen de Estado para Abogados.

6.1. La tutelante adujo que la decisión de no tramitar de manera inmediata su solicitud de
expedición de la tarjeta profesional, presentada el 15 de julio de 2026, vulneró sus

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derechos fundamentales, pues la Resolución núm. URNAR26-184 del 10 de julio de 2026
no estableció que los recursos interpuestos por otros participantes tuvieran efectos
suspensivos generales respecto de quienes obtuvieron un resultado aprobatorio. Por esta
razón, consideró desproporcionado exigirle esperar hasta el 25 de agosto de 2026, fecha
prevista para la publicación de los resultados definitivos, máxime cuando manifestó
expresamente su renuncia a interponer cualquier recurso contra el resultado obtenido.

Pues bien, una vez examinados el Acuerdo PCSJA24-12222 del 22 de noviembre de
2024, en particular su artículo 18, la Resolución núm. URNAR26-184 del 10 de julio de
2026 y los demás actos administrativos que regulan el procedimiento, la Sala advierte que
las reglas aplicables a la convocatoria establecieron expresamente que solo después de
culminar la etapa de resolución de los recursos y de publicar los resultados definitivos las
personas que aprobaran el examen podrían solicitar la expedición de la tarjeta profesional
de abogado.

En efecto, el artículo 18 del Acuerdo PCSJA24-12222 del 22 de noviembre de 2024
dispuso que, «una vez culminado el proceso de recursos y certificada la aprobación del
examen de Estado con la publicación de la lista final de puntajes obtenidos», quienes lo
aprobaran podrían solicitar la expedición de la tarjeta profesional. Esta regla fue reiterada
en la Resolución núm. URNAR26-184 del 10 de julio de 2026, mediante la cual se
publicaron los resultados iniciales de la aplicación 2026-I y se precisó que el trámite de
expedición de dicho documento procedería una vez culminara la fase de resolución de los
recursos y se publicaran los resultados definitivos, de conformidad con el cronograma
establecido.

De este modo, contrario a lo afirmado por la accionante, la posibilidad de solicitar la
expedición de la tarjeta profesional no depende de la firmeza individual del resultado
inicialmente obtenido ni de que el aspirante interponga o renuncie a interponer recursos
contra este. La regulación aplicable estableció una condición objetiva y general para
todos los participantes, y consiste en la culminación de la etapa de recursos y la posterior
certificación de la aprobación del examen mediante la publicación de la lista definitiva de
puntajes.

Por consiguiente, la renuncia de la accionante a interponer recursos contra su resultado
no tiene la virtualidad de modificar las etapas del procedimiento ni de anticipar el
momento previsto en la regulación para solicitar la expedición de la tarjeta profesional. En
efecto, la regla aplicable no condiciona el trámite a la firmeza individual del resultado de
cada aspirante, sino a la culminación de una etapa general del procedimiento y a la
publicación de los resultados definitivos.

En el presente asunto, está acreditado que la señora Bahamón Jiménez presentó la
solicitud de expedición de la tarjeta profesional el 15 de julio de 2026, esto es, antes del 25
de agosto siguiente, fecha prevista para la publicación de los resultados definitivos, una
vez resueltos los recursos administrativos interpuestos contra los resultados iniciales. Por
tanto, para el momento en que formuló su solicitud no se había cumplido la condición
establecida en el artículo 18 del Acuerdo PCSJA24-12222 de 2024 para adelantar dicho
trámite.

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En esas condiciones, la actuación de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, lejos de constituir una decisión arbitraria, obedeció a la aplicación
de las reglas previamente establecidas para la convocatoria y aplicables, en condiciones
de igualdad, a quienes presentaron el Examen de Estado para Abogados
correspondiente a la aplicación 2026-I. En consecuencia, la Sala no advierte que la
decisión de diferir el trámite de la solicitud de la accionante hasta la publicación de los
resultados definitivos comporte una vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

Por el contrario, acceder a la expedición anticipada de la tarjeta profesional en favor de la
tutelante implicaría inaplicar, exclusivamente respecto de ella, las condiciones generales
previstas para el trámite y otorgarle un tratamiento diferenciado frente a los demás
aspirantes sometidos a las mismas reglas. Tal circunstancia desconocería la igualdad
que debe regir la aplicación de las disposiciones que regulan el procedimiento.

6.2. De otra parte, la accionante alegó la configuración de un perjuicio irremediable ante la
eventual imposibilidad de participar en la Convocatoria de Carrera Administrativa de la
Procuraduría General de la Nación, cuyo periodo de inscripciones culminaría el 18 de
septiembre de 2026. Al respecto, manifestó su intención de postularse a un cargo de nivel
profesional para el cual, según indicó, resulta indispensable contar con la tarjeta
profesional de abogado.

Sin embargo, la Sala advierte que no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable. En efecto, la accionante se limitó a manifestar su intención de participar en
el referido concurso y la eventual imposibilidad de postularse a un cargo de nivel
profesional antes del cierre de las inscripciones por no contar con la tarjeta profesional.
Por tanto, la afectación alegada se sustenta en una circunstancia eventual, sin que obren
elementos que permitan establecer, de manera cierta, que la aplicación de las reglas
previstas para la expedición de dicho documento le impedirá participar en la convocatoria.

Además, de acuerdo con el cronograma del Examen de Estado para Abogados, la
publicación de los resultados definitivos estaba prevista para el 25 de agosto de 2026,
mientras que, según lo expuesto por la propia accionante, las inscripciones para la
convocatoria de la Procuraduría General de la Nación se realizarían entre el 7 y el 18 de
septiembre siguiente. En consecuencia, para el momento de presentación de la solicitud
de amparo tampoco existía certeza acerca de que la accionante no pudiera obtener la
tarjeta profesional dentro del término requerido para efectuar su postulación.

Asimismo, si bien la tarjeta profesional constituye un requisito legal para el ejercicio de
determinadas actividades propias de la profesión de abogado y puede ser exigida para
acceder a ciertos empleos, esta circunstancia, por sí sola, no permite establecer una
afectación cierta, grave e inminente del derecho fundamental al trabajo de la accionante.

En ese contexto, a partir de los elementos de juicio que obran en el expediente, la Sala no
advierte una situación que reúna las características de gravedad, inminencia, urgencia e

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impostergabilidad exigidas por la jurisprudencia constitucional para la configuración de un
perjuicio irremediable.

6.3. En suma, la Sala concluye que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia actuó de conformidad con las reglas previamente establecidas
para la expedición de la tarjeta profesional de abogado, sin que la renuncia de la
accionante a interponer recursos contra su resultado le confiriera el derecho a solicitar
anticipadamente dicho documento.

Asimismo, no se acreditó que la aplicación de esas reglas hubiera ocasionado la
vulneración de sus derechos fundamentales ni la configuración de un perjuicio
irremediable. En consecuencia, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales
al trabajo, de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y al debido proceso
administrativo invocados por la señora Leydy Yohana Bahamón Jiménez.

Ahora bien, la Sala advierte que la solicitud de amparo estuvo encaminada a obtener la
expedición anticipada de la tarjeta profesional de abogada, pretensión que, como se
explicó, no estaba llamada a prosperar, pues para el momento en que se formuló la
acción de tutela no se habían cumplido las condiciones reglamentarias previstas para
adelantar dicho trámite. Por tanto, tampoco se configura un daño consumado, en la
medida en que esta figura supone la materialización definitiva e irreversible de la
afectación que se pretendía evitar mediante el mecanismo constitucional, circunstancia
que no se presentó en el asunto bajo estudio.

En efecto, mediante la Resolución núm. URNAR26-192 del 25 de agosto de 2026 5, se
certificó la lista definitiva de las personas que aprobaron el Examen de Estado para
Abogados. Por consiguiente, a partir de esa fecha, la accionante se encuentra habilitada
para adelantar el trámite de expedición y registro de su tarjeta profesional, de
conformidad con las disposiciones que regulan el procedimiento.

6.4. En ese contexto, la Sala negará el amparo solicitado, toda vez que no se acreditó
vulneración alguna de los derechos fundamentales al trabajo, de acceso a cargos
públicos y al debido proceso administrativo invocados por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Leydy Yohana Bahamón
Jiménez contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia.

5
https://sirna.ramajudicial.gov.co/SiteAssets/Paginas/LEY19052018/Resoluci%C3%B3n%20No.%20URNAR26-
192%20de%202026.pdf

10

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05620-00
Accionante: Leydy Yohana Bahamón Jiménez

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no fuere impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

AOB

11

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