Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05642-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05642-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05642-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05642-00
Accionante: Óscar Ignacio López Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta.
Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, entre otros. Nulidad y restablecimiento del derecho –
factor hora para calcular recargos a empleados- compensatorios.
CONCEDE AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Ignacio López
Quintero, en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo, que
considera vulnerados con la sentencia del 6 de julio de 2026, proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-
33-001-2020-00148-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 15 de diciembre de 1992 ingresó al Municipio de Envigado en el cargo de
agente de tránsito, donde estuvo hasta el 3 de enero de 2020.
Que el 29 de octubre de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de los derechos
adeudados en relación con los turnos laborados, entre ellos el reajuste del trabajo
suplementario, dominical, festivo y nocturno y las prestaciones sociales y los aportes
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al sistema de seguridad social, todo ello calculado sobre la base de una jornada de
44 horas semanales y 190 horas mensuales. Que la entidad le resolvió
negativamente la petición mediante la Resolución núm. 0000268 del 15 de enero de
2020.
Que el 6 de agosto de 2020, radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y el 18 de febrero de 2022, el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Medellín i) declaró la nulidad parcial de la resolución; ii) declaró probada
la excepción de prescripción respecto de las acreencias causadas con anterioridad
al 29 de octubre de 2016; iii) ordenó al Municipio de Envigado reconocer, reliquidar
y pagar los recargos nocturnos, horas extra (diurnas, nocturnas, festivas diurnas y
festivas nocturnas), los recargos festivos por turno y los compensatorios, aplicando
la fórmula «salario base multiplicado por 12, dividido por 365 y dividido por 7.33 »;
y iv) ordenó reliquidar las cesantías definitivas, la prima de servicios y las
vacaciones, modificando el salario base en los mismos términos.
Que el 6 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
revocó parcialmente los ordinales i) tercero, para excluir del restablecimiento del
derecho el ajuste de los compensatorios, manteniendo la fórmula «salario base x 12
/ 365 / 7.33 —que la propia Sala precisó corresponde a un factor de 220 horas
mensuales, y no de 190— únicamente para los recargos y horas extra»; y (iii) cuarto,
excluyó la reliquidación de la prima de servicios y las vacaciones.
Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos:
i) fáctico, porque el Tribunal sustentó la negativa de reconocer los descansos
compensatorios, exclusivamente, en la ausencia de una «tabla de convenciones»
que permitiera interpretar las letras registradas en los cuadros de turnos aportados
al proceso; sin embargo, no tuvo en cuenta que los testigos: Carlos Mario Urrego
Londoño y Raúl Alfonso Mesa Quintero explicaron el significado de dichas
convenciones y la forma de verificar los días dominicales y festivos laborados y
compensados, con referencia expresa, incluso, al turno del mes de diciembre de
2019.
ii) sustantivo porque la fórmula «salario base multiplicado por 12, dividido por 365 y
dividido por 7.33», que corresponde a un factor de 220 horas mensuales, no fue
propuesta ni defendida por ninguna de las partes en ningún momento del proceso.
Que así, el Tribunal «dotó de respaldo doctrinal, por su propia iniciativa y sin que
mediara controversia de las partes sobre ese punto concreto, a un criterio que
ninguno de los litigantes invocó, que la parte demandada identificó como un error
de cálculo, y que la propia Sala considera actualmente superado».
Que existe una incongruencia porque el juez de segunda instancia, en la parte
resolutiva, señaló que el factor de 220 horas mensuales como «la fórmula ordenado
en la ley y la jurisprudencia»; mientras que en la parte motiva de la sentencia
reconoció que la jurisprudencia actual y reiterada de la Sección Segunda del
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Consejo de Estado «abandonó ese criterio y acogió, en su lugar, el factor de 190
horas mensuales, al punto de señalar que dicho criterio de 220 horas corresponde
a una «posición mayoritaria de la Sala» que regía «hasta hace algún tiempo» y que
ha sido superada».
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 6 de julio de 2026, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-001-2020-00148-00/01; y,
en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
proferir una nueva decisión donde: i) valore los testimonios de los señores Carlos
Mario Urrego Londoño y Raúl Alfonso Mesa Quintero; ii) determine con precisión los
días dominicales y festivos laborados y compensados; y, iii) ordene el
reconocimiento y pago de la totalidad de los descansos compensatorios adeudados,
incluyendo aquellos que fueron concedidos en día sábado.
TRÁMITE PROCESAL
El 22 de julio de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Municipio de Envigado,
como tercero con interés; y, se ordenó notificar a las partes y vinculado.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta guardó silencio.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El Municipio de Envigado afirmó que la autoridad judicial accionada sí abordó
expresamente el estudio de los compensatorios y explicó las razones por las cuales
consideró que el material probatorio obrante en el expediente no permitía establecer
con certeza cuáles días dominicales y festivos fueron efectivamente laborados,
compensados o remunerados.
Indicó que la fórmula equivalente a 220 horas mensuales no fue mantenida por
desconocimiento de la evolución jurisprudencial examinada por la propia Sala, sino
por una limitación procesal derivada del alcance de la apelación y de la aplicación
de una garantía constitucional expresamente analizada en la providencia.
En cuanto a la exclusión de la reliquidación de la prima de servicios y las vacaciones,
el ente territorial dijo que la accionada explicó, que el argumento relacionado con la
contabilización de los sábados en la liquidación de las vacaciones fue planteado en
la apelación y no desde la demanda, razón por la cual su análisis en segunda
instancia resultaba incompatible con el principio de congruencia.
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A su juicio, la tutela no acredita la configuración de los defectos: fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente ni vulneración del debido proceso, sino que se trata
de una discrepancia del accionante con las conclusiones probatorias y jurídicas
adoptadas en la Sentencia cuestionada, circunstancia insuficiente para desvirtuar la
presunción de acierto y legalidad que ampara las providencias judiciales.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
La Sala observa que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia,
ya que: a) tiene relevancia constitucional, en la medida en que se alega la presunta
vulneración de los derechos fundamentales por incurrir en los defectos fáctico y
sustantivo y el accionante argumentó suficientemente la solicitud; b) el actor no
cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con
el requisito de inmediatez, pues la acción se instauró el 17 de julio de 2026, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la cual ocurrió el
16 de julio del año en curso, teniendo en cuenta que la notificación fue efectuada
por mensaje de datos enviado el 8 del mismo mes y año; y, d) la tutela no se dirige
contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal mencionó que el Consejo de Estado en decisiones recientes7 estimó que
el factor hora base para calcular los recargos de los empleados de entidades se
obtiene de la aplicación de la constante 190 horas mensuales y no 220, para ello
trajo a colación el siguiente argumento:
«(…) el límite de las 44 horas define el tope de horas semanales laboradas, que
debe multiplicarse por 52 semanas, que son las que tiene el año, y dividir el
resultado entre 12 meses, para obtener 190 horas al mes, motivo por el cual el
parámetro que aplica la entidad demandada, conforme al sistema de liquidación
de recargos, no es el adecuado, por lo que resulta procedente para la liquidación
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del 7 de noviembre de 2024, radicación
número: 2500023420002018 0170601(6318-2022); 14 de noviembre de 2024, radicación número:
05001233300020170070101(1157-2021); 20 de noviembre de 2024, radicación número:
050012333000201701099 01(1265-2021). Subsección B. Sentencias del 19 de octubre de 2023, radicación
número: 05001233300020170093901(1248-2021); 8 de agosto de 2024, radicación número:
05001233300020170104901(1711-2023). Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
16 de mayo de 2025. Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicación número: 25000-23-42-
000-2019-01254-01 (1268-2023).
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de las horas extras (trabajo adicional a la jornada laboral establecida) tener en
cuenta dicha base (190 horas) para obtener el valor de la hora ordinaria (…)»8.
Precisó que la mayoría de la Sala acoge el anterior criterio de determinación del
factor hora base con que se calculan los recargos de los empleados de entidades
como la demandada, siempre y cuando la parte demandante haya solicitado en
sede administrativa y judicial la aplicación de la fórmula: salario básico mensual/
190 horas.
El juez de segunda instancia encontró que el demandante tanto en la reclamación
del 29 de octubre de 2019 como en la demanda pidió que se aplicara reajuste al
«trabajo ordinario nocturno, dominical y festivo sobre una jornada de 44 horas
semanales y/o 190 horas al mes».
Dijo que el cambio del factor hora de salario lleva al reajuste o reliquidación del
trabajo suplementario a que tiene derecho un empleado por concepto de horas
extras diurnas, remuneración por su trabajo en días de descanso obligatorio y los
recargos ordinarios y festivos nocturnos.
En relación con las prestaciones sociales, adujo que los empleados públicos del
nivel nacional y territorial tienen derecho a que se les reconozcan y paguen los
conceptos descritos en el artículo 5° del Decreto 1045 de 1978.
Que del contenido del artículo 45 ibidem se infiere que el valor del trabajo
suplementario no se encuentra consagrado para liquidar todas las prestaciones
sociales que devengue el empleado, sino únicamente para las cesantías.
Manifestó que las vacaciones se liquidan teniendo en cuenta los siguientes factores
de salario, siempre que correspondan al empleado en la fecha en la cual inicie el
disfrute de ellas: asignación básica mensual; incrementos de remuneración; gastos
de representación; prima técnica; auxilios de alimentación y transporte; prima de
servicios; bonificación por servicios prestados (artículo 17, Decreto 1045 de 1978).
Que la prima de servicios se liquida con: sueldo básico; incrementos salariales por
antigüedad; gastos de representación; auxilios de alimentación y transporte; y
bonificación por servicios prestados, según se describe en el artículo 59° del
Decreto 1042 de 1978.
Que los demás factores y prestaciones sociales (primas y auxilios), la reliquidación
del valor de las horas extras y demás recargos por trabajo suplementario, no
constituyen factor salarial para su liquidación. Esto en virtud de lo previsto en los
artículos 46 y 59 del Decreto 1042 de 1978 y en el 17 y 33 del Decreto 1045 de
1978. Así lo ha dicho el Consejo de Estado en varias sentencias.
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de noviembre de 2023. Consejero
Ponente: César Palomino Cortés. Radicación número: 05001233300020170064701(2146-2021). Reiterado en
sentencias de la misma subsección, de fechas 8 de febrero de 2024. Radicación número:
05001233300020170101902(1139-2022).
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Descendiendo al caso concreto, la autoridad judicial accionada adujo que la fórmula
indicada en el ordinal 3º de la sentencia de primera instancia se compadece con la
jornada de 220 horas mensuales, ya que aplicó salario básico × 12 meses ÷ 365
días al año ÷ 7.33 horas diarias, lo cual concuerda con el factor 219.9 horas
mensuales que se aproxima a 220.
Seguido a ello, precisó que como el municipio es apelante único en ese aspecto, la
Sala solo puede verificar la forma en que la entidad liquidó el factor hora, para saber
si se incurrió en una imprecisión por aplicar la fórmula equivalente a 240 horas
mensuales; no obstante, en caso de comprobarse que no se ajusta al factor de 190
horas no puede modificar la decisión de reliquidación, dado que el valor de la base
sería mayor.
La Sala accionada realizó el cálculo debido y encontró que la demandada entre el
29 de octubre de 2015 y el 3 de enero de 2020 liquidó los recargos con un factor
hora base de 240 horas y nunca los canceló en sumas que se compadecieran con
el factor de 190 horas.
Por lo anterior, estimó procedente el ajuste ordenado en la sentencia apelada
respecto de los recargos ordinario nocturno y por hora extra diurna, hora extra
nocturna, hora extra festiva diurna, hora extra festiva nocturna y los recargos
festivos.
Precisó que así la postura actual de la Sala apunte al uso del factor 190, no es
posible modificar el fallo en ese sentido, ya que el municipio fue apelante único
frente a ese aspecto.
Por otro lado, explicó que los compensatorios se pagan a razón de un día ordinario
de trabajo cuando no se otorgó el descanso compensatorio. El valor de ese día debe
ser obtenido partiendo de la jornada de 44 horas semanales y 220 horas mensuales.
Que para poder revisar si la entidad cumplió a cabalidad con el deber mencionado
se requiere del cuadro de turnos con su tabla de convenciones; no obstante, solo
se allegó el cuadro de turnos de los años 2018 (desde octubre) y 2019 (de enero a
diciembre) del cual se desprende que
«la relación de la letra «C» que se entiende concuerda con el descanso
compensatorio (así se indicó en la contestación a la demanda). También la
identificación de los dominicales y festivos de cada mes. Asimismo, una serie
de letras en los demás días (T, D, M, N, DN, DD, DM, DT, DRF, DRD, CNO, ST,
SM)
(…)
Sin embargo, no se aportó la tabla de convenciones para poder determinar las
letras antes indicadas a qué labor correspondieron, máxime porque todos los
días de los meses fueron marcados con ellas. Así entonces no se sabe con
certeza qué días dominicales y festivos laboró el actor, menos qué días
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descansó. Únicamente, se pudieron verificar el total de días que le fueron
marcados con la sigla «C» por mes».
Concluyó que, con la información poco precisa de los cuadros de turnos y la relación
de pagos, la Sala no puede realizar el ejercicio comparativo entre los días que laboró
en jornada de descanso obligatorio y los que descansó, para saber si fueron
concedidos en tiempo todos a los que realmente tenía derecho, o en su defecto
fueron pagados en dinero.
Indicó que no puede desconocer que en la sentencia se dispuso el ajuste del
concepto compensatorio a consecuencia del cambio de la hora base; no obstante,
la parte activa no probó que la entidad adeudara suma alguna por ese concepto;
por lo que decidió revocar parcialmente la decisión en lo atinente a la inclusión de
los compensatorios, dentro del ajuste derivado de la aplicación del factor hora
dispuesto en la sentencia.
Dijo que las vacaciones se liquidan teniendo en cuenta los factores expresamente
indicados en el artículo 17 del Decreto 1045 de 1978 y que allí no se incluyó el
trabajo suplementario. Que igualmente sucede con la prima de servicios cuyos
factores de liquidación fueron descritos en el artículo 59° del Decreto 1042 de 1978;
de ahí que, no era posible acceder al ajuste de esos dos conceptos como fue
dispuesto en el ordinal cuarto de la sentencia apelada; razón por la cual negó la
reliquidación pedida en la demanda en cuanto a la prima de servicios y las
vacaciones.
Consideró que el demandante usó la apelación, para pedir una reliquidación de las
vacaciones que no planteó en la demanda; de manera que la entidad no tuvo la
oportunidad de manifestarse sobre ello en sede administrativa.
Por lo anterior, el Tribunal decidió revocar parcialmente los ordinales tercero y
cuarto de la sentencia de primera instancia, los cuales quedaron de la siguiente
forma:
«(…) TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena al
MUNICIPIO DE ENVIGADO reconocer, reliquidar y pagar a favor del OSCAR
IGNACIO LÓPEZ QUINTERO, recargos nocturnos, hora extra diurna, hora extra
nocturna, hora extra festiva diurna, hora extra festiva nocturna, los recargos
festivos de acuerdo con las horas realmente laboradas con la fórmula ordenado
en la ley y la jurisprudencia: Salario base multiplicado por 12, dividido por 365 y
dividido por 7.33, que corresponde a 220 horas mensuales.
CUARTO: Se ordena al MUNICIPIO DE ENVIGADO reliquidar las cesantías
definitivas modificando el salario base como se ordenó el literal tercero de esta
providencia».
El actor alega que la decisión cuestionada es incongruente, bajo el entendido que
el Tribunal reconoció que el criterio de determinación del factor hora base con que
se calculan los recargos de los empleados es la fórmula: salario básico mensual /
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190 horas, pero mantuvo la decisión del juez de primera instancia que estableció
que el factor era de 220 horas mensuales.
La Sala advierte que el Tribunal consideró que no había lugar a modificar el fallo de
primera instancia, en virtud del principio de no reformatio in pejus que le asiste al
Municipio de Envigado, porque fue el único que apeló el tema del factor hora para
calcular los recargos de los empleados.
El artículo 31 de la Constitución Política, establece que «[e]l superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único».
La Corte Constitucional9 señala que el principio non reformatio in pejus es un «límite
competencial para el juez de superior jerarquía en los casos que el apelante sea
único, toda vez que se encuentra imposibilitado para agravar la decisión proferida
por el juez inferior, como quiera que la parte que apela no lo hace para desmejorar
su situación sino para revocar, enmendar o anular alguna pretensión que supone
injusta a sus intereses».
En relación, con dicho principio la Corte Suprema de Justicia10 establece que:
«(…) En efecto, sin perjuicio de que ambas partes acudan al recurso de alzada,
lo cierto es que el principio de la no reformatio in pejus no solo se da en los
casos en que una sola parte apela sino también cuando pese a que recurran
las dos, estas no coinciden en la materia de disenso; es decir, solo una de
ellas manifiesta inconformidad sobre uno de los puntos objetos de la
decisión, caso en el cual, este último será apelante único en lo material»
(negrilla fuera de texto original).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que el Tribunal en la sentencia
controvertida señaló que hacía referencia al factor de 190 horas mensuales, porque
esa es la posición actual del Consejo de Estado, para calcular los recargos de los
empleados; sin embargo, explicó que no era procedente modificar la decisión del
juez de primera instancia, ya que ello hacia más gravosa la situación del
demandando, quien fue apelante único respecto de ese tema.
Así las cosas, no se advierte que la parte motiva se contradiga de forma directa con
la resolutiva, por el hecho de no haber modificado la decisión del a quo; por el
contrario, garantiza el principio non reformatio in pejus que le asiste al municipio
demandado, razón por la cual no se configura el defecto alegado.
Por otro lado, el actor alega que el Tribunal no valoró los testimonios de los señores
Carlos Mario Urrego Londoño y Raúl Alfonso Mesa Quintero, quienes en el minuto
24:55 y 26:25 y 1:08 y 1:09 explicaron los cuadros de turnos aportados al proceso.
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Sentencia T 246 de 2015
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Sentencias CSJ SL 35581 del 22 de julio de 2009 y SL12869-2017 del 9 de agosto de 2017, radicado
núm. 47911
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En cuanto al defecto fáctico, la Corte Constitucional11 ha establecido que se
presenta en dos (2) dimensiones: i) negativo, cuando el juez se niega a dar por
probado un hecho que aparece en el proceso; ignora o no valora las pruebas; o no
decreta la prueba por razones injustificadas; y, ii) positivo, el juez interpreta
erróneamente la prueba; le atribuye la capacidad de probar un hecho que no
aparece en el litigio; la estudia de manera incompleta; valora pruebas ineptas o
ilegales; o examina pruebas indebidamente practicadas12.
Al respecto, se observa que el Tribunal señaló que no se logró establecer a que
corresponden las letras (T, D, M, N, DN, DD, DM, DT, DRF, DRD, CNO, ST, SM),
por lo que no se tiene certeza de los dominicales y festivos que laboró el actor y los
días que descansó.
Al revisar la audiencia de pruebas, se advierte que el señor Carlos Mario Urrego
Londoño indicó que las casillas que están en color gris corresponden a los días
domingos- festivos y que las letras DD son domingo descansado, DM domingo en
la mañana y DT domingo en la tarde.
Por su parte, el señor Raúl Alfonso Mesa Quintero mencionó que las letras DD son
descanso, M mañana, DT domingo tarde, T tarde, DRF decreto de resolución de
familia, DRD decreto de antigüedad y V vacaciones.
En ese orden, la Sala evidencia que el Tribunal con la información que suministraron
los testigos hubiera podido efectuar el análisis que manifestó no poder realizar por
falta de pruebas; sin embargo, dejó de valorar los testimonios sin indicar por qué
estos no brindaban certeza, situación que configura un defecto fáctico negativo.
En consecuencia, se negará el amparo solicitado en relación con el defecto
sustantivo; se amparará el derecho fundamental al debido proceso; se dejará sin
efectos el ordinal tercero de la sentencia del 6 de julio de 2026 que excluyó del
restablecimiento del derecho el ajuste de los compensatorios; y en consecuencia,
se ordenará al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, emita una nueva
decisión en relación con ese aspecto, donde tenga en cuenta los testimonios que
dejó de examinar.
El amparo aquí concedido no significa que al actor le asista derecho al pago de
compensatorios, sino que garantiza que el juez ordinario valore las pruebas y
determine si le asiste o no derecho a ello.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
11 Sentencia T 168 de 2025
12 Corte Constitucional, sentencias SU-565 de 2015 y SU-190 de 2021.
11
R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 6- 05 6 42- 0 0
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado en relación con el defecto sustantivo,
conforme a las consideraciones expuestas.
Segundo. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Óscar
Ignacio López Quintero.
Tercero. DEJAR SIN EFECTOS el ordinal tercero de la sentencia del 6 de julio de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta dentro del
radicado 05001-33-33-001-2020-00148-00/01, en lo que se refiere a la exclusión del
restablecimiento del derecho el ajuste de los compensatorios.
Cuarto. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta que, dentro
de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, emita una nueva
decisión en relación con ese aspecto, donde tenga en cuenta los testimonios que
dejó de examinar.
Quinto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Sexto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
12
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