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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05651-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05651-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación formulada por la Alcaldía de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico. SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Luis Elioberth Herrera Reyes contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santa Marta, por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05651-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05651-00
Demandante: LUIS ELIOBERTH HERRERA REYES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Luis Elioberth Herrera Reyes, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santa Marta, con el fin de que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de
contradicción, a la igualdad, al mínimo vital, al trabajo y de acceso a la
administración de justicia.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de la sentencia del 3 de junio de
2026, que confirmó el fallo del 19 de marzo de 2025, a través del cual se
denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho tramitada bajo el radicado 47001-33-33-006-2018-00311-00/01,
promovida por el accionante contra el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Elioberth Herrera Reyes
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05651-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

Se decrete como lo ilegal la actuación adelanta por el fallador de primera y segunda
instancia por desconocer y pasar por alto todas las falencias y vacíos procesales
que tuvo la realización de la prueba de alcoholimetría y la imposición de la orden de
comparendo No. 99999999000002739686 contrariando el mandato legal de la
resolución 1844 de 2015 del Instituto de medicina legal.

Se decrete ilegal e inconstitucional el fallo de primera instancia emitido por el
Juzgado sexto administrativo debido a que omitió pronunciar que cada una de las
irregularidades alegadas por el demandante incurriendo en una Falsa motivación,
violación del debido proceso, debido a que no se pronunció de cada una de las
irregularidades y vacíos expuestos por el demandante.

Se decrete ilegal e inconstitucional el fallo de segunda instancia emitido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA - MAGISTRADO PONENTE:
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ debido a que contiene una falsa motivación debido
a que no se pronunció de fondo y de manera congruente de cada uno de los puntos
alegados por el recurrente en el recurso de apelación.

Se me ampare el derecho al debido proceso, debido a que el tanto el fallador de
primera y segunda instancia desconocieron el pedimento de prueba realizado por el
demandante dentro la actuación contravencional que no fue resuelto por la
secretaria de movilidad de santa marta en la audiencia de pruebas.

Se me ampare el debido proceso, debido a que en el expediente no hay constancia
que se hubiese realizado la prueba en blanco.

Se me ampare el derecho a la igualdad respecto a la sentencia judicial expedida por
la misma Magistrado que ante el mismo vacío en el procedimiento de a la prueba en
blanco ordenado a las autoridades administrativas declarar nulo lo actuado.

Se me ampare el debido a la igualdad respecto a las sentencias judiciales en las
cuales la magistrada MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ Rad.
47001333300120190004701 ha decretado la nulidad de las actuaciones por la no
realización de la prueba en blanco.

Se me ampare el debido a la igualdad respecto a las sentencias judiciales en las
cuales la magistrada MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ Rad. No. 47-001-3333-009-
2020-00036-02 ha decretado la nulidad de las actuaciones por la orden de
comparendo no contaba con la firma del contraventor y la persona que firm[ó] como
testigo era uno de los agentes que hacía parte en el procedimiento.

Se me ampare el debido proceso y derecho a la igualdad ya que los jueces de
primera y segunda instancia no tuvieron en cuenta que no se resolvió el pedimento
de pruebas realizado por el demandante.

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Demandante: Luis Elioberth Herrera Reyes
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05651-00

Se me ampare el derecho a la igualdad en relación a la sentencia judicial del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA DESPAC[H]O 005,
MAGISTRADA PONENTE MARTHA LUCIA MOGOLLON SAKER de fecha once
(11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) , radicación 47-001-3333-006-2018-
00311-01, debido a que dentro de la actuación procesal la entidad no resolvió el
pedimento de pruebas elevado por el contraventor.1

1.3. Hechos

La parte demandante sostuvo que el 18 de marzo de 2017 fue requerido
inicialmente por agentes de vigilancia y posteriormente por agentes de tránsito,
quienes le impusieron la orden de comparendo 99999999000002739689. Sostuvo
que para ese momento no se encontraba conduciendo el vehículo, pues este
permanecía estacionado y apagado, razón por la cual consideró que el
procedimiento adelantado en su contra obedeció a un actuar irregular por parte de
las autoridades.

Indicó que, luego del trámite administrativo, mediante Resolución 3991 de 8 de
septiembre de 2017, la Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa
Marta lo declaró contravencionalmente responsable de infringir las normas de
tránsito por la comisión de la infracción F parágrafo tercero correspondiente a
conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
Agregó que este acto fue confirmado a través de la Resolución 0471 de 9 de
febrero de 2018.

Mencionó que presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra dichos actos administrativos para que se
realizara el retiro del sistema SIMIT de la orden de comparendo y la
correspondiente sanción.

Expuso que dicho proceso lo conoció en primera instancia el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, el cual mediante sentencia del
19 de marzo de 2025 denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que
las decisiones demandadas fueron expedidas con observancia de las normas
aplicables y respetando las garantías propias del debido proceso administrativo y
porque no se aportaron elementos de convicción suficientes que permitieran
acreditar la configuración de las irregularidades alegadas en la demanda.

Afirmó que presentó un recurso de apelación contra la anterior providencia bajo el
sustento de la existencia de múltiples vulneraciones al debido proceso,
irregularidades técnicas en la práctica de la prueba de alcoholemia y falta de
competencia de las autoridades que intervinieron en el procedimiento
sancionatorio.

Precisó que el Tribunal Administrativo del Magdalena con sentencia del 3 de junio

1 Transcrito con posibles errores del documento original.

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de 2026 confirmó la decisión apelada, al estimar que los actos administrativos
acusados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico y por tanto debían
conservar incólume su presunción de legalidad. Además, se indicó que la entidad
tenía competencia para realizar el procedimiento de tránsito, que se cumplieron
los protocolos técnicos de alcoholemia, se demostró la idoneidad del operador y
que la multa y la cancelación de la licencia se encontraban plenamente
respaldadas por la negativa de realizarse dicha prueba.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con la decisión acusada se incurrió en los siguientes
yerros:

1.4.1. Defecto fáctico:

La parte actora sostuvo que, si bien se afirmó que el protocolo de alcoholemia fue
cumplido, dentro del expediente no obra la impresión física del resultado de la
denominada «prueba en blanco», documento exigido por los protocolos técnicos
aplicables para garantizar la validez del procedimiento.

Indicó que el fallo de segunda instancia incurrió en una falsa motivación, por
cuanto el magistrado pasó por alto que el procedimiento no cumplía con los
requisitos de documentación exigidos.

Señaló que, durante la actuación contravencional, la entidad no aportó la
certificación de calibración del equipo alcohosensor, el instructivo del equipo
analizador ni la prueba en blanco.

Manifestó que se vulneraron sus derechos de defensa y contradicción, debido a
que tanto el juez de primera como el de segunda instancia desconocieron que la
autoridad administrativa omitió resolver la solicitud de pruebas presentada durante
el trámite.

Igualmente, afirmó que los falladores de primera y segunda instancia ignoraron
que la entidad demandada no decretó la práctica de la prueba consistente en la
recepción de la versión del agente de tránsito y que, pese a ello, dicha versión fue
incorporada al expediente de manera ilegal.

Adujo también que el juez de segunda instancia omitió analizar la incongruencia
existente entre la dirección registrada en la orden de comparendo y el lugar donde
efectivamente se practicó la entrevista.

Sostuvo que tanto el juez de primera como el de segunda instancia desconocieron
que, ante la inexistencia de un convenio vigente entre las entidades, los agentes
de tránsito adscritos al Distrito de Santa Marta carecían de legitimación para
imponer las sanciones cuestionadas.

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Afirmó que la cancelación de su licencia de conducción vulneró sus derechos al
trabajo y al mínimo vital, toda vez que le impide desempeñarse laboralmente
como conductor y lo expone a eventuales consecuencias penales por el presunto
delito de fraude a resolución judicial en caso de conducir.

1.4.2. Defecto procedimental:

Expuso que se permitió que un agente de tránsito suscribiera el comparendo en
calidad de testigo, circunstancia que, a su juicio, lo convirtió simultáneamente en
«juez y parte», lo que comprometía la imparcialidad del procedimiento.

Refirió que el fallo de segunda instancia incurrió en falsa motivación, pues el
tribunal desatendió las irregularidades alegadas durante el proceso,
especialmente la ausencia de la prueba en blanco.

Sostuvo que la sentencia de primera instancia incurrió en falsa motivación, al no
pronunciarse sobre todas las irregularidades planteadas en la demanda y omitir el
análisis de la falta de documentos esenciales del procedimiento administrativo,
tales como la certificación de calibración del equipo alcohosensor, el formato de
aseguramiento de la calidad, el instructivo del equipo analizador y la prueba en
blanco.

Señaló que el fallo de segunda instancia también incurrió en falsa motivación, al
no valorar que el presunto contraventor expresó oportunamente su oposición al
recaudo probatorio y denunció la vulneración del debido proceso, al considerar
que algunas pruebas fueron incorporadas al expediente de manera ilegal e
inconstitucional.

1.4.3. Desconocimiento del precedente:

Añadió que las autoridades judiciales desconocieron el precedente aplicable, al no
adoptar los criterios utilizados en otros procesos con supuestos fácticos similares,
en los cuales se había accedido a las pretensiones debido a la ausencia de firma
de testigos externos o por las irregularidades presentadas en la práctica y
documentación de las pruebas.

Resaltó que el juez de segunda instancia vulneró su derecho a la igualdad, toda
vez que, en el recurso de apelación, puso de presente que ese mismo despacho
judicial había declarado la nulidad de actuaciones administrativas en casos
análogos, específicamente por la omisión de la práctica de la denominada prueba
en blanco, sin que en su caso se aplicara el mismo criterio.

1.5. Trámite

Mediante providencia del 23 de julio de 2026, se admitió la demanda

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constitucional y, en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados del
Tribunal Administrativo del Magdalena y del juez Sexto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Santa Marta.

A su vez, se dispuso la vinculación del secretario de Movilidad y del alcalde del
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta como terceros con interés en
las resultas del proceso.

1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena

La magistrada ponente de la decisión judicial de segunda instancia cuestionada
se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, por los siguientes motivos:

Señaló que la acción de tutela es improcedente y que además, la providencia
acusada no vulneró derecho alguno del accionante, razón por la cual estimó que
lo pretendido por el actor es reabrir el debate y convertir esta vía constitucional en
una tercera instancia.

Hizo referencia a los hechos que dieron origen a la controversia ordinaria, así
como lo dispuesto en las decisiones judiciales, para destacar que no se acreditó
la configuración de ninguno de los defectos específicos alegados por el
demandante.

Resaltó que la providencia cuestionada contiene la motivación suficiente, así
como el estudio íntegro de los argumentos planteados por las partes y se
fundamentó en una valoración probatoria razonable y de las normas aplicables al
caso concreto.

Consideró que las inconformidades planteadas por el accionante corresponden a
un desacuerdo con las conclusiones adoptadas en el proceso ordinario y no se
evidencia transgresión alguna de los derechos fundamentales invocados que
justifique la intervención del juez constitucional y por tanto, la acción de tutela
resulta improcedente por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

1.6.2. Alcaldía de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico

Esta entidad solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva
y en consecuencia se le desvincule pues la demanda constitucional se dirigió
contra las providencias emitidas en el proceso ordinario adelantado por el
accionante.

De manera subsidiaria y en caso de concederse la protección invocada, pidió que
se emitan las correspondientes órdenes frente a las autoridades judiciales
demandadas.

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1.7. Intervención posterior del demandante

El actor sostuvo que la magistrada ponente de la sentencia de segunda instancia
demandada pretende inducir en error al Consejo de Estado, pues es claro que las
decisiones judiciales contienen una falsa motivación debido a que se omitió que el
procedimiento no cumple con los requisitos de documentación, tal como lo exige
la Resolución 1844 de 2015 del Instituto de Medicina Legal y tampoco se aportó la
calibración del equipo alcohosensor.

Agregó que es inconstitucional que el tribunal afirme que no se advierte de
ninguna forma que se haya incurrido en vulneración alguna cuando no se tuvo en
cuenta las siguientes irregularidades:

a) La autoridad administrativa no resolvió la solicitud de pruebas formulada
por el presunto contraventor durante la audiencia pública, con lo cual
vulneró su derecho al debido proceso y al ejercicio pleno del derecho de
defensa.

b) Se incorporó de manera ilegal al expediente la versión rendida por el
agente de tránsito, pese a que dicha prueba no fue previamente decretada
ni comunicada a la parte investigada.

c) Se vulneraron sus derechos de defensa y contradicción, al impedirle
interrogar al agente de tránsito y controvertir el contenido de su declaración
dentro del procedimiento administrativo.

d) La autoridad no aportó la denominada prueba en blanco ni la impresión del
resultado correspondiente, documento en el cual debía quedar registrado el
número de serie del equipo alcohosensor utilizado, conforme a los
protocolos técnicos aplicables.

e) No se allegó al expediente la certificación de calibración del equipo
alcohosensor ni el formato de aseguramiento de la calidad, documentos
que hacen parte de los requisitos de documentación exigidos por los
protocolos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

f) Para la fecha de los hechos no existía un convenio vigente entre la Policía
de Tránsito y el Distrito de Santa Marta que habilitara el ejercicio de las
funciones adelantadas por los agentes de tránsito.

g) El mismo agente que operó el equipo alcohosensor suscribió el
comparendo en calidad de testigo, actuando simultáneamente como juez y
parte, lo que comprometió la imparcialidad y objetividad del procedimiento.

h) Al examinado no se le informaron de manera previa e integral las garantías
que le asistían durante el procedimiento, en contravía de lo establecido por

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la sentencia C-633 de 2014 de la Corte Constitucional.

i) Se presentó una presunta reutilización de las boquillas empleadas para la
práctica de la prueba de alcoholemia, en contravención de los protocolos
técnicos que regulan dicho procedimiento.

j) El juzgado de primera instancia omitió pronunciarse sobre las
irregularidades planteadas por el demandante, por lo que la sentencia
incurrió en una falsa motivación al no analizar de manera completa y
suficiente los cargos formulados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según
lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20152, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20193.

2.2. Cuestión previa

La Alcaldía de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico solicitó su
desvinculación ante su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues lo
pretendido se dirige contra las autoridades judiciales demandadas.

Al respecto, se denegará tal petición comoquiera que dicha entidad fungió como
parte pasiva en el proceso ordinario objeto de esta demanda constitucional.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales de la
parte accionante con ocasión de la sentencia del 3 de junio de 2026, que confirmó
el fallo del 19 de marzo de 2025, a través del cual se denegaron las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tramitada bajo el
radicado 47001-33-33-006-2018-00311-00/01, promovida por el accionante contra
el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

Al respecto, se precisa que, pese a que la acción de tutela también se dirigió
contra el proveído de primera instancia, el estudio se supeditará a lo resuelto por
en el precitado proveído por ser la providencia que puso fin al proceso.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;

2 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
3 Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.

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ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta
para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una

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providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el caso concreto, el actor invocó la configuración de los defectos fáctico,
procedimental y desconocimiento del precedente (por afectación al derecho
fundamental a la igualdad) porque la autoridad judicial demandada omitió valorar
y pronunciarse sobre las múltiples irregularidades que, a su juicio, afectaron el
procedimiento administrativo sancionatorio y desconoció el antecedente del
mismo tribunal con el cual se resolvió de forma favorable un asunto similar al
suyo.

Al respecto, se encuentra que la acción de tutela no cumple el requisito de la
relevancia constitucional frente a los dos primeros defectos específicos por los
siguientes motivos:

De la revisión del escrito de tutela se observa que el accionante pretende que el
juez constitucional reexamine los aspectos que ya fueron estudiados y decididos
en la providencia acusada.

En efecto, se encuentra que sus planteamientos se dirigen a cuestionar la
apreciación de las pruebas practicadas, así como el trámite surtido durante el
procedimiento administrativo y la validez de la sanción impuesta. Tan es así que
los argumentos del recurso de apelación resultan coincidentes con los
manifestados en esta acción de tutela. Al respecto, en la providencia demandada
se indicó:

Para sustentar su inconformidad, el recurrente afirma que el juez de primera
instancia omitió valorar adecuadamente las irregularidades que, a su juicio,
afectaron la validez del procedimiento administrativo. En particular, insiste en que se
vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa por la falta de práctica y
resolución de pruebas solicitadas oportunamente, por la valoración de testimonios
obtenidos sin posibilidad de contradicción y por la inasistencia del agente captor a la
audiencia contravencional. Asimismo, sostiene que la prueba de alcoholimetría se
practicó desconociendo los protocolos técnicos previstos en la Resolución 1844 de
2015, cuestiona la competencia de los agentes que intervinieron en el procedimiento
ante la inexistencia de un convenio vigente entre el Distrito y la Policía Nacional,
reitera los defectos formales que atribuye al comparendo y afirma que no existe
prueba suficiente que acredite que se encontraba conduciendo el vehículo al
momento de los hechos, razones por las cuales considera que los actos
administrativos demandados deben ser anulados.

Expuesto lo anterior, resulta importante recordar que los argumentos expuestos en
el recurso de apelación, limitan la competencia de este Tribunal.

En ese orden, se tiene que los motivos de inconformidad expuestos por la parte
demandante en el recurso de apelación pueden sintetizarse así:

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Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05651-00

1.- Desconocimiento de los protocolos técnicos aplicables a la prueba de
alcoholemia, debido a la supuesta falta de idoneidad de los agentes intervinientes y
al incumplimiento de procedimientos previstos en la Resolución 1844 de 2015, tales
como la realización de la prueba en blanco y el respeto de los tiempos y condiciones
exigidos para la medición.

2.- Vulneración del debido proceso y del derecho de defensa, por la presunta
omisión de pruebas solicitadas oportunamente, la valoración de testimonios que,
según afirma, no pudieron ser controvertidos y la falta de comparecencia del agente
que impuso el comparendo a la audiencia contravencional.

3.- Falta de competencia de las autoridades actuantes, al considerar que para la
fecha de los hechos no existía convenio vigente entre el Distrito de Santa Marta y la
Policía Nacional y que el procedimiento se adelantó en una vía de carácter nacional.

4.- Irregularidades formales en la orden de comparendo, particularmente por la
ausencia del código de la infracción en el formulario y por la supuesta vulneración
del derecho a la igualdad frente a otros casos que, según el recurrente, recibieron
un tratamiento distinto.

5.- Insuficiencia probatoria para acreditar la infracción, al sostener que no existe
evidencia suficiente que demuestre que el actor se encontraba conduciendo el
vehículo al momento de los hechos.

En síntesis, el apelante considera que el juez de primera instancia no valoró
adecuadamente las irregularidades procesales, técnicas y competenciales que, en
su criterio, afectan la legalidad de los actos administrativos demandados.

Por tanto, en relación con la serie de irregularidades planteadas por el
demandante, se advierte que el tribunal acusado concluyó que los actos
administrativos demandados fueron expedidos con observancia de las normas
aplicables al caso concreto, previo a determinar que la Policía Nacional era
competente para adelantar el procedimiento de tránsito.

Para ello, la autoridad judicial en mención también verificó que el procedimiento
de alcoholemia se ajustara a los protocolos técnicos exigidos, las garantías del
debido proceso y de defensa, la alegada vulneración del derecho a la igualdad y
la suficiencia probatoria para sustentar la sanción impuesta al actor.

Igualmente, en la sentencia acusada se descartó la vulneración del derecho a la
igualdad, al advertir que los precedentes administrativos invocados por la parte
demandante no guardaban identidad fáctica ni probatoria con el asunto objeto de
estudio, por lo que no resultaban comparables.

Por tanto, los reproches del accionante recaen en aspectos que fueron objeto de
estudio por parte de la autoridad judicial demandada, razón por la cual la acción
de tutela no plantea un debate de naturaleza constitucional, sino que pretende
reabrir el debate surtido en el proceso ordinario con el propósito de obtener un

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nuevo análisis de los hechos, las pruebas y la interpretación de las normas
aplicables al caso concreto.

En tal sentido, es necesario destacar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no debe considerarse como una tercera instancia para traer a colación el
análisis de la providencia acusada, sino que es un medio residual a través del cual
se revalúan las decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sopesar los principios
rectores de la autoridad judicial.

Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional
respecto de los defectos fáctico y procedimental, toda vez que la parte accionante
pretende reabrir el debate y no desarrolló planteamientos que permitan considerar,
prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento de orden constitucional.

2.6. Vulneración al derecho a la igualdad

Finalmente, se advierte que el demandante hizo alusión a la configuración del
defecto por desconocimiento del precedente ante la presunta vulneración del
derecho fundamental a la igualdad, el cual invocó en las pretensiones de esta
acción constitucional respecto de los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho identificados con los radicados 47001-33-33-001-2019-00047-014 y
47001-3333-009-2020-00036-025, cuyo conocimiento también correspondió al
tribunal acusado.

En cuanto a este planteamiento se advierte que tampoco se acredita el requisito
de la relevancia constitucional, pues si bien el actor alegó la vulneración al
derecho a la igualdad en cuanto a dos asuntos similares al suyo, el reproche sobre
el cual sustentó la presunta transgresión de dicha garantía constitucional ya fue
objeto de pronunciamiento por parte del tribunal demandado.

En efecto, en la providencia acusada se indicó que la Secretaría de Movilidad
«consideró que no existía identidad fáctica entre los casos comparados» y afirmó
también que «… tampoco se configura la vulneración del derecho a la igualdad
invocada por el recurrente. Como quedó expuesto, la administración analizó
expresamente la Resolución No. 4151 de 2016 y concluyó, con fundamento en las
diferencias fácticas y probatorias existentes entre ambos asuntos, que no era
procedente otorgar el mismo tratamiento jurídico. En ausencia de identidad
material entre los casos comparados, no puede predicarse vulneración alguna de
dicho principio».

4 El actor sostuvo que se decretó la «nulidad de las actuaciones por la no realización de la prueba

en blanco».
5 El accionante indicó que en este proceso se decretó la nulidad de las actuaciones por la orden de

comparendo no contaba con la firma del contraventor y la persona que firmó como testigo era uno
de los agentes que hacia parte en el procedimiento.

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Por consiguiente, la presunta vulneración al derecho a la igualdad carece de
relevancia constitucional, puesto que los mismos precedentes fueron puestos de
presente desde la actuación administrativa, así como en el recurso de apelación
del proceso ordinario.

Por lo tanto, al evidenciarse una reiteración de argumentos, lo que pretende el
accionante es reabrir el debate y convertir la acción de tutela en una tercera
instancia, dado que los argumentos ya fueron estudiados por los jueces naturales.

En todo caso, debe precisarse que, de la revisión de los tres asuntos, incluido el
de la referencia, se advierte que la magistrada ponente es la doctora Maribel
Mendoza Jiménez y que la sala del Tribunal Administrativo del Magdalena se
conformó por los siguientes magistrados, a saber:

1) 47001-33-33-006-2018-00311-01 (Luis Elioberth Herrera Reyes): Maribel
Mendoza Jiménez, Martha Lucía Mogollón Sáker y María Victoria Quiñones
Triana.

2) 47001-33-33-001-2019-00047-01 (Álvaro David Quiñones González): Maribel
Mendoza Jiménez, María Victoria Quiñones Triana y Elsa Mireya Reyes
Castellanos.

3) 47001-33-33-009-2020-00036-02 (Luis Cristóbal Peñaranda Rodríguez):
Maribel Mendoza Jiménez, María Victoria Quiñones Triana y Elsa Mireya Reyes
Castellanos.

Por lo anterior, debido a que la conformación de la sala solo coincide en los
procesos 47001-33-33-001-2019-00047-01 y 47001-33-33-009-2020-00036-02,
mas no respecto del expediente ordinario del accionante, pues a diferencia de los
anteriores, en este intervino la magistrada Martha Lucía Mogollón Sáker, se
descarta la vulneración de dicha garantía, puesto que si bien en las tres
decisiones es la misma magistrada ponente, lo cierto es que las providencias
fueron adoptadas por salas de decisión con integración distinta.

Así las cosas, esa diferencia en la composición del órgano colegiado impide
predicar la existencia de un trato desigual frente a las decisiones adoptadas en
dichos procesos.

Por consiguiente, en lo que corresponde al derecho fundamental a la igualdad, la
acción de tutela tampoco cumple el requisito de la relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación formulada por la Alcaldía de
Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Luis Elioberth Herrera Reyes contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santa
Marta, por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.

TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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