Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05656-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05656-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05656-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05656-00
Demandante: BLANCA AURORA GÓMEZ PARRA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISIÓN NUMERO 5 Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional y subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Blanca Aurora Gómez Parra, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela2 contra del Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Tunja y el Tribunal Administrativo del Boyacá, Sala de Decisión No. 5, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la tutela efectiva, así como la aplicación del
principio de prevalencia del derecho sustancial.
Estas garantías las estimó transgredidas, con ocasión del auto proferido el 25 de
junio de 2026 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 15238-33-33-002-2020-00049-00/02, mediante el cual se
confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 801 Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Tunja en primera instancia, que rechazó la demanda por no
haber sido subsanada dentro del término legal.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Radicada el 17 de julio de 2026 con secuencia: 9015, por medio de la ventanilla virtual.
1
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Demandante: Blanca Aurora Gómez Parra
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.5 y otro
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[…] Segunda
Dejar sin efectos el auto del 28 de septiembre de 2023 mediante el cual el Juzgado
Administrativo Transitorio de Tunja rechazó e inadmitió la demanda.
Tercera
Dejar sin efectos la providencia de 25 de junio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá que confirmó dicha decisión.
Tercera
Ordenar a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva decisión respetando
el derecho fundamental al debido proceso y absteniéndose de aplicar
retroactivamente el numeral 8 del artículo 162 del CPACA adicionado por el artículo
35 de la Ley 2080 de 2021. […]3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 17 de septiembre de 2020 la señora Gómez Parra presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación. –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con la finalidad de
obtener el reconocimiento de la bonificación judicial, creada por el artículo 1° del
Decreto 383/13, como factor salarial para todos los efectos legales.
Mediante auto del 20 de abril de 2023, el Juzgado 801 Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Tunja inadmitió la demanda por no acreditarse el envío
electrónico de esta y sus anexos a la entidad demandada.
Al considerar improcedente la exigencia de dicho requisito, la accionante no efectuó
la subsanación ordenada.
Mediante auto del 28 de septiembre de 2023 el mismo despacho rechazó la
demanda por no subsanar dentro del término legal.
Interpuesto el recurso de apelación el 4 de octubre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 5, mediante providencia del 25 de
junio de 2026, confirmó el auto de rechazo, fundamentando la exigencia del requisito
en el artículo 6° del Decreto Legislativo 806 de 2020.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que, a través de la providencia del 25 de junio de 2026,
el Tribunal Administrativo accionado incurrió en los siguientes defectos:
3
Transcripción del texto original con posibles errores.
2
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Demandante: Blanca Aurora Gómez Parra
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.5 y otro
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(i) Procedimental: por aplicación retroactiva de una carga procesal inexistente.
Sostiene que el único fundamento normativo invocado en el auto inadmisorio del 20
de abril de 2023 fue el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, adicionado por el
artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, norma que entró a regir el 25 de enero de 2021,
esto es, con posterioridad a la radicación de la demanda. En su criterio, se le exigió
subsanar un requisito que no hacía parte del ordenamiento jurídico al momento de
presentar la demanda, lo que constituye una aplicación retroactiva de una exigencia
procesal y una vulneración directa del debido proceso, en tanto nadie puede ser
sometido a cargas creadas con posterioridad al acto procesal examinado.
Argumentó que la controversia no radica en establecer si hubo o no corrección, sino
en determinar si era admisible exigir un requisito inexistente para el momento de
presentación de la demanda. Al ser la respuesta negativa, considera que la falta de
subsanación posterior no puede legitimar una inadmisión que, a su juicio, ya era
contraria al debido proceso desde su origen.
(ii) Fáctico: Cuestionando que el tribunal accionado se hubiera abstenido de
examinar los argumentos relativos a la improcedencia de la inadmisión, bajo el
argumento de que dicha providencia no fue objeto de recurso. Para la accionante,
el auto de rechazo carece de autonomía material frente al auto inadmisorio, pues
su única razón de ser es la supuesta falta de cumplimiento de lo ordenado en este;
por tanto, al cuestionarse constitucionalmente el rechazo, debía examinarse
también la legalidad constitucional de la inadmisión que le sirvió de sustento.
Planteó que las autoridades accionadas privilegiaron una formalidad procesal sobre
el derecho sustancial, al punto de impedir en forma definitiva el estudio de fondo de
sus pretensiones por el incumplimiento de una carga que, según afirma, no existía
cuando presentó la demanda, convirtiendo así una exigencia formal en una barrera
absoluta para el ejercicio del derecho de acción.
(iii) Sustantivo: al considerar que la interpretación acogida vulnera los artículos 228
y 229 de la Constitución Política desconociendo los principios de prevalencia del
derecho sustancial y pro actione, y los derechos fundamentales de acceso efectivo
a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto la decisión
terminó privilegiando una exigencia formal sobre el examen de fondo del litigio.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 19 de agosto de 2026, la Magistrada Ponente de esta decisión
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar en calidad de
accionados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión No. 5 y al juez 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Tunja4.
1.6. Intervenciones
4
Notificada a: sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co j401dmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co
j801admtrantun@cendoj.ramajudicial.gov.co
3
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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.5 y otro
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Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 5.
Manifestó que, la demanda fue inadmitida mediante auto del 20 de abril de 2023 por
no acreditarse el envío simultáneo de esta y de sus anexos a la entidad demandada.
Vencido el término concedido para subsanar, sin que se acreditara el cumplimiento
de dicha carga, el Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Tunja procedió a
rechazarla mediante auto del 28 de septiembre de 2023, con fundamento en lo
previsto en el numeral 2 del artículo 169 del CPACA, decisión que el Tribunal
encontró ajustada a derecho al resolver el recurso de apelación.
Señaló que, la providencia cuestionada del 25 de junio de 2026 fue adoptada con
observancia de las garantías constitucionales y legales aplicables, y con
fundamento en las disposiciones procesales que se estimaron pertinentes.
Afirmó que, el planteamiento de la accionante no evidencia un defecto
procedimental ni un exceso ritual manifiesto, sino una discrepancia frente a la
interpretación jurídica acogida por las autoridades judiciales sobre los requisitos de
admisión de la demanda, lo cual no basta para desvirtuar la presunción de legalidad
y acierto de las decisiones judiciales.
Precisó que, la confirmación del rechazo no se sustentó de manera exclusiva en la
exigibilidad de la carga procesal discutida (numeral 8 del artículo 162 del CPACA),
sino en la falta de subsanación de la demanda dentro del término legal,
circunstancia que por sí sola habilitaba la consecuencia prevista en el numeral 2 del
artículo 169 del CPACA.
Con independencia de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, para la fecha
de presentación de la demanda ya regía el artículo 6 del Decreto Legislativo 806 de
2020, que imponía a la parte demandante el deber de remitir electrónicamente copia
de la demanda y sus anexos a la parte demandada y de acreditar dicho envío, de
modo que la exigencia incumplida no era ajena al marco normativo vigente para la
época de la demanda.
1.6.2. Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Tunja
Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15238-33-33-002-2020-00049-00/01/02.
Posteriormente radicó contestación, dentro de la cual relató que, el auto del 20 de
abril de 2023, que inadmitió la demanda, fue debidamente notificado, señaló con
precisión los defectos a subsanar y el término para hacerlo, e informó los recursos
procedentes; sin embargo, no fue objeto de recurso de reposición dentro de la
oportunidad legal.
4
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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.5 y otro
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Solo el 21 y 22 de septiembre de 2023, esto es, cinco meses después de notificado
el auto inadmisorio y ya vencido el término de subsanación, la parte actora
manifestó su inconformidad con la exigencia impuesta, lo que, a juicio del despacho,
reveló una conducta procesal tardía atribuible a la propia accionante y a su
apoderado, y no una actuación arbitraria del juzgado.
Afirmó que no se configura ninguno de los defectos específicos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales (orgánico, procedimental absoluto, fáctico,
sustantivo, error inducido, falta de motivación, desconocimiento del precedente o
violación directa de la Constitución), pues el trámite se surtió con observancia de
las etapas procesales y de las garantías de defensa y contradicción.
Señaló que, la accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia para reabrir un debate ya resuelto en las instancias ordinarias, sin haber
agotado oportunamente los medios de defensa judicial disponibles (recurso de
reposición contra el auto inadmisorio).
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión No.5.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser afirmativa la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales
de la accionante, con ocasión del auto proferido el 25 de junio de 2026 que
confirmó la providencia dictada el 28 de septiembre de 2023 por el Juzgado
801 Administrativo Transitorio de Tunja al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15238-33-33-002-2020-
00049-00/02, en la que se rechazó la demanda formulada contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
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Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su
procedencia.7
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Del carácter subsidiario de la acción de tutela
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6
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defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.8
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo9.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»10.
2.5.1. Relevancia constitucional
Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202211.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
8
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
9
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
10
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
11
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
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[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal12 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional14
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal15”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
8
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trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales16”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal18. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales al auto proferido el 25 de junio de 2026, que confirmó la providencia
dictada el 28 de septiembre de 2023, por el Juzgado 801 Administrativo Transitorio
del Circuito Judicial de Tunja al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho referenciado de manera previa.
Ello, al considerar que, a través de la decisión cuestionada, la autoridad judicial
accionada vulneró de manera directa los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial debido a que incurrió
en los defectos procedimental, sustantivo y fáctico.
Al respecto, advierte la Sala que los argumentos expuestos en los yerros aludidos
giran en torno a la interpretación realizada por el tribunal accionado con relación a
cuál era el régimen normativo aplicable para el 17 de septiembre de 2020, en
materia de la carga de remitir electrónicamente la demanda y sus anexos a la parte
demandada, si dicha exigencia surgió únicamente con el numeral 8 del artículo 162
del CPACA, adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, vigente desde el
25 de enero de 2021, o si, como lo sostuvo el Tribunal accionado, ya se encontraba
prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
Por cuanto, según el criterio de la tutelante, el fundamento normativo utilizado por
el a quo fue una norma que entró a regir el 25 de enero de 2021, esto es, con
posterioridad a la radicación de la demanda (17 de septiembre de 2020).
En igual sentido, fue enfática en señalar que, se le exigió subsanar un requisito que
no hacía parte del ordenamiento jurídico al momento de presentar la demanda, lo
que constituye una aplicación retroactiva de una exigencia procesal y una
vulneración directa del debido proceso, en tanto nadie puede ser sometido a cargas
creadas con posterioridad al acto procesal examinado.
16
Sentencia SU-128 de 2021.
17
Sentencia SU-573 de 2019.
18
Ib.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05656-00
Cuestionó que, el tribunal se hubiera abstenido de examinar los argumentos
relativos a la improcedencia de la inadmisión, bajo el argumento de que dicha
providencia no fue objeto de recurso. Para la accionante, el auto de rechazo carece
de autonomía material frente al auto inadmisorio, pues su única razón de ser es la
supuesta falta de cumplimiento de lo ordenado en este.
En este orden, y revisada la motivación desplegada por el ad quem en el auto
censurado, se evidencia que en el mismo se dejó señalado que:
[…] La inadmisión constituye una manifestación del deber de saneamiento que le
asiste al juez de lo contencioso administrativo desde las etapas iniciales del proceso,
incluso antes de que se trabe la litis, con el propósito de garantizar la validez y eficacia
del trámite que habrá de surtirse. En ese escenario, la corrección de los defectos
advertidos no es una facultad del demandante, sino una auténtica carga procesal cuyo
incumplimiento habilita la consecuencia prevista en la ley, esto es, el rechazo de la
demanda.
[…] Ahora bien, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no se dirigen a
controvertir la falta de subsanación de la demanda dentro del término legal, sino a
cuestionar la exigencia formulada en el auto inadmisorio.
[…] Tampoco resulta de recibo la afirmación según la cual la carga impuesta con la
inadmisión era inexistente para la fecha de radicación de la demanda. Si bien la Ley
2080/21 entró en vigencia el 25 de enero de 2021 y sus disposiciones procesales se
aplican a la actuaciones iniciadas bajo su vigencia, lo cierto es que, para el 16 de
septiembre de 2020 -fecha en que se radicó la demanda- ya se encontraba vigente el
artículo 6 del Decreto 806 de 2020 […]
[…] Dicha disposición, vigente desde el 4 de junio de 2020, imponía al demandante
la carga de enviar por medios electrónicos copia de la demanda y de sus anexos a
los demandados y de acreditar dicho envío ante el juez, requisito cuyo incumplimiento
daba lugar a la inadmisión de la demanda. En el presente caso, como quedó visto,
esa carga no fue acreditada ni con la presentación inicial de la demanda ni dentro del
término concedido para su subsanación.
Lo anterior, deja sin sustento la aseveración realizada por la parte actora en el
sentido de señalar que la corporación judicial accionada se abstuvo de examinar los
argumentos relativos a la improcedencia del auto inadmisorio; pues más allá de lo
argumentado, en realidad lo que se evidencia es una simple inconformidad con lo
dispuesto por el ad quem en la providencia censurada, y las conclusiones a las
cuales arribó, lo cual, per se, no implica una trasgresión de los mencionados
derechos.
La circunstancia de que el tribunal hubiera invocado, al resolver la apelación, un
fundamento normativo (Decreto 806 de 2020) distinto al empleado por el juzgado
de primera instancia en el auto inadmisorio (Ley 2080 de 2021) no comporta, por sí
sola, una vulneración iusfundamental evidente, sino que constituye el ejercicio de la
función propia del juez de segunda instancia de revisar integralmente la providencia
apelada y de precisar sus fundamentos jurídicos, sin que ello implique la creación
de una carga procesal nueva o sorpresiva, en ambos casos la exigencia sustancial
de acreditar el envío de la demanda y sus anexos al extremo demandado, era la
misma.
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Demandante: Blanca Aurora Gómez Parra
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.5 y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05656-00
Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que,
en principio, no es procedente reprochar las mismas vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate propuesto por la
accionante busca mutar el amparo constitucional en una tercera instancia.
Adicionalmente, se observa que la propia accionante no controvirtió el auto
inadmisorio del 20 de abril de 2023 a través del recurso de reposición previsto en el
ordenamiento procesal, y que su inconformidad respecto del fundamento normativo
de dicha exigencia solo fue expresada varios meses después, una vez vencido el
término de subsanación.
En tal sentido, la accionante tampoco satisface el requisito de subsidiariedad, por
cuanto no fueron planteados de manera oportuna en el proceso ordinario, ni fue
objeto de debate en el mismo. Así, cuando el solicitante omite exponer
oportunamente sus explicaciones o subsanar deficiencias dentro del proceso
ordinario, no puede luego pretender corregir tales omisiones a través del amparo
constitucional, máxime si no acredita una vulneración manifiesta de derechos
fundamentales, como ocurre en este caso.
Acorde con lo analizado y de las argumentaciones expuestas en el escrito de
amparo, concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida
por la autoridad judicial accionada, sin que sea permitido reabrir el debate ya
zanjado por el juez natural, so pretexto de la interpretación legal realizada por la
tutelante, con relación a las normas que, de acuerdo con su sentir, resulta aplicable
a su situación particular.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Blanca Aurota Gómez Parra, por no satisfacer los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.5 y otro
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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