Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05657-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05657-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05657-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05657-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: OMAR ALEXIS AGUILAR CASTRO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN LO
CONCERNIENTE A LA PRESUNTA AFECTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL
DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES JUDICIALES. SIN PERJUICIO DE LO
ANTERIOR, SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES RESPECTO DEL JUZGADO Y LA
COMISIÓN, NO HAN VULNERADO EL DERECHO DE PETICIÓN. ADEMÁS, SE
DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO,
DURANTE EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL LA PROCURADURÍA
DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL ACTOR.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
PROPIEDAD, DEFENSA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ1, la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL2 y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN3.
1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Comisión.
3
En adelante Procuraduría.
2
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Actor: OMAR ALEXIS AGUILAR CASTRO
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor OMAR ALEXIS AGUILAR CASTRO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad, a la
propiedad, a la defensa y al acceso a la administración de justicia y
al principio de contradicción, los cuales estima vulnerados por el
JUZGADO, la COMISIÓN y la PROCURADURÍA, por cuanto al
parecer no ha recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la
solicitud que les envió, vía electrónica, el 1o. de junio de 2026, en la
que pidió información respecto de los procesos ejecutivos que cursan
en su contra; y que se adelanten las investigaciones disciplinarias y
administrativas a que haya lugar por presuntas irregularidades en el
trámite de dichos procesos.
I.2. Hechos
Manifestó que en su contra cursan varios procesos ejecutivos
acumulados que son del conocimiento del JUZGADO.
Aseguró que en atención de actuaciones judiciales surtidas dentro de
los mencionados procesos fueron inscritos embargos sobre nueve (9)
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3
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Actor: OMAR ALEXIS AGUILAR CASTRO
inmuebles de su propiedad4, lo que le ha impedido ejercer libremente
su posesión sobre estos y ejercer su derecho de dominio.
Mencionó que frente a los inmuebles identificados con las matrículas
inmobiliarias núms. 50C- 1335833 y 260-345970, fueron inscritas
órdenes de embargo las cuales desconocía.
Señaló que, con el propósito de ejercer su derecho de defensa y
conocer el estado de los procesos en mención, el día 1o. de junio de
2026, presentó, mediante vía electrónica, derecho de petición ante
el JUZGADO, la COMISIÓN y la PROCURADURÍA en el que
solicitó, entre otros aspectos “[…] información del estado actual de
los procesos ejecutivos acumulados; la liquidación actualizada de las
obligaciones; la posibilidad jurídica de levantar parcialmente las
medidas cautelares; el procedimiento para autorizar la venta de
bienes embargados con destino al pago de las acreencias; la
viabilidad de la subrogación de obligaciones hipotecarias; el
fundamento jurídico de las medidas cautelares decretadas respecto
de las matrículas inmobiliarias Nos. 50C-1335833 y 260-345970; así
como la expedición de las certificaciones necesarias para adelantar
dichos trámites […] que, de advertirse actuaciones presuntamente
contrarias al ordenamiento jurídico o incumplimientos de decisiones
4
El actor señalo las siguientes matriculas inmobiliarias 50C-1335833, 50C-1221254, 50C-1966761,
200-93996, 200-93999, 051-160698, 156-112708, 157-37018 y 260-345970.
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judiciales, se compulsaran copias a las autoridades competentes para
que adelantaran las investigaciones disciplinarias o penales
correspondientes […]”.
I.3. Fundamentos de la solicitud
Indicó que la solicitud fue radicada en debida forma y a pesar de que
las autoridades accionadas acusaron recibo, ninguna emitió una
respuesta de fondo a sus inquietudes dentro del término establecido
en la Ley 1755 de 30 de junio de 20155.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales de petición, debido proceso,
defensa, contradicción, acceso efectivo a la administración de justicia,
igualdad y propiedad privada, vulnerados por el JUZGADO OCTAVO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ, la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL y la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
2. Ordenar al JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ que, dentro del término señalado por su
despacho, emita respuesta clara, expresa, congruente, motivada y de
fondo frente a cada uno de los trece (13) puntos contenidos en el derecho
de petición presentado el día primero (01) de junio de dos mil veintiséis
(2026), sin limitarse a respuestas evasivas, genéricas o meramente
formales.
5
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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3. Ordenar a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL que
emita un pronunciamiento de fondo respecto de las solicitudes formuladas
dentro del derecho de petición, indicando las actuaciones adelantadas, las
decisiones adoptadas y las razones jurídicas que sustentan su
determinación frente a los hechos puestos en su conocimiento.
4. Ordenar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN responder
integralmente el derecho de petición radicado por el accionante,
pronunciándose de manera concreta sobre cada una de las solicitudes
formuladas y señalando las actuaciones adelantadas dentro del ámbito de
sus competencias constitucionales y legales.
5. Ordenar al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Bogotá informar detalladamente el estado procesal
actual de los procesos ejecutivos acumulados, indicando el número de
radicación de cada uno, las obligaciones que los integran y las actuaciones
procesales adelantadas hasta la fecha.
6. Ordenar que se informe el valor actualizado de cada una de las
obligaciones objeto de ejecución, discriminando claramente capital,
intereses corrientes, intereses moratorios, costas procesales, agencias en
derecho y cualquier otro concepto que integre la liquidación.
7. Ordenar que se informe si resulta jurídicamente procedente solicitar la
reducción, limitación o levantamiento parcial de las medidas cautelares
cuando el valor de los bienes embargados supere ampliamente el monto
de las obligaciones objeto del proceso.
8. Ordenar que se informe el procedimiento legal que debe surtirse para
obtener autorización judicial con el fin de vender uno o varios de los
inmuebles actualmente embargados, destinando directamente el
producto de la venta al pago de las obligaciones mediante depósito judicial
o cualquier otro mecanismo autorizado por la ley.
9. Ordenar que se informe si jurídicamente resulta viable la subrogación,
sustitución o asunción de obligaciones hipotecarias por parte de un
eventual comprador, indicando las normas aplicables y los requisitos
exigidos para tal finalidad.
10. Ordenar que se informe cuáles son los requisitos documentales,
procesales y legales que deben cumplirse para estudiar solicitudes de
desembargo parcial, sustitución de bienes, limitación del embargo o
autorización para enajenar bienes afectados por medidas cautelares.
11. Ordenar que se indique expresamente la providencia mediante la cual
fueron decretadas las medidas cautelares respecto de las matrículas
inmobiliarias Nos. 50C-1335833 y 260-345970, precisando la fecha de
la decisión, la autoridad que la profirió, la fecha de inscripción y el
fundamento jurídico correspondiente.
12. Ordenar que se informe si la incorporación de dichas matrículas
obedeció a ampliación del embargo, acumulación procesal, sustitución de
bienes o cualquier otra actuación judicial, remitiendo copia de la
respectiva providencia.
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13. Ordenar que se expidan las certificaciones necesarias para que el
accionante pueda ejercer oportunamente los mecanismos procesales que
la ley le reconoce.
14. Ordenar a las entidades accionadas abstenerse de continuar
vulnerando los derechos fundamentales del accionante mediante
respuestas incompletas, evasivas o la ausencia absoluta de respuesta
frente a las solicitudes elevadas […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO señaló que las afirmaciones del actor no
corresponden a la realidad procesal, por cuanto el derecho de
petición fue radicado el 1o. de julio de 2026, no en el mes de junio
como erróneamente lo indicó en el escrito de tutela, por lo que, para
la fecha de la presentación de la solicitud de amparo no había vencido
el término para dar respuesta.
Mencionó que, en atención a la petición presentada por el actor, la
Oficina de Ejecución Civil Municipal de Bogotá, mediante
comunicación de 6 de julio del año en curso, lo exhortó para que
aportara la información del juzgado de origen, identificación de las
partes y del proceso. Dicho requerimiento fue reiterado mediante
comunicación hecha el 22 siguiente, sin embargo, el interesado no
dio respuesta.
Asimismo, manifestó que de acuerdo con el informe secretarial
expedido por la Oficina de Ejecución Civil Municipal de Bogotá el 23
de julio de 2026, una vez efectuada la búsqueda en el sistema “Siglo
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XXI”, no se evidenciaron resultados de procesos judiciales vinculados
a nombre del actor, así como tampoco documentación relacionada
con el decreto de medidas cautelares de embargo sobre bienes
inmuebles de su propiedad.
I.5.2.- La COMISIÓN mencionó que el pasado 1o. de julio de 2026,
recibió mediante correo electrónico la petición formulada por el actor,
la cual fue remitida el 7 siguiente a la COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ mediante Oficio núm.
DP_21563.
Aseguró que dicha actuación fue comunicada al actor el 7 de julio de
2026, al correo electrónico accionesconstitucionalesfc@gmail.com.
I.5.3.- La PROCURADURÍA señaló que la solicitud de amparo debe
declararse improcedente por inexistencia de la vulneración de los
derechos fundamentales, ya que la petición fue dirigida a un correo
electrónico que no está habilitado para tal efecto, por lo que no tuvo
conocimiento del requerimiento que hace referencia el actor.
Manifestó que una vez conocida la notificación del auto admisorio de
la presente acción de tutela, dio trámite a la mencionada petición y
la remitió a la División de Relacionamiento bajo el radicado DOKUS
núm. E-2026-410478 de 23 de julio de 2026, la cual fue asignada
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por competencia a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 4
para Asuntos Civiles.
I.5.4.- La FISCALÍA 18 ESPECIALIZADA DE UNIDAD DE FE
PÚBLICA - ORDEN ECONÓMICO aseveró que dentro del término
legal el 7 de julio de 2026 dio respuesta a la solicitud del actor, la
cual le fue debidamente comunicada al correo electrónico
accionesconstitucionalesfc@gmail.com.
Aseguró que la denuncia presentada por el actor por el presunto
delito de fraude procesal relacionados con temas crediticios
otorgados por Davivienda, le correspondió por reparto el 20 de
febrero de 2026 y se registró bajo la noticia criminal núm.
110016000050202635385. Igualmente, aseguró que fue acumulada
con otros denunciantes y, actualmente, se encuentra en la etapa de
indagación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
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distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al
debido proceso, a la igualdad, a la propiedad, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia y al principio de contradicción, los
cuales estima vulnerados por el JUZGADO, la COMISIÓN y la
6
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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PROCURADURÍA, por cuanto al parecer no ha recibido una
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía
electrónica, el 1o. de julio de 20267, en la que pidió información
respecto de los procesos ejecutivos que cursan en su contra; y que
se adelanten las investigaciones disciplinarias y administrativas a que
haya lugar por presuntas irregularidades en el trámite de dichos
procesos.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el actor, al no emitir una respuesta clara y de fondo a
la petición.
Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente
hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido
ante autoridades judiciales.
Del derecho de petición instaurado ante autoridades
judiciales
Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
7
La Sala advierte que de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente se logró
acreditar que la petición fue radicada realmente el 1o. de julio de 2026.
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pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o
administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20178, en
la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 2015-01196-00:
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, M.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2017-02583-00.
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procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
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En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
referencia a la porción asignada a cada juez o tribunal para su
conocimiento.
Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
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corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)9.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia10 que le asigna la ley11 […]”.
En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor es
que el JUZGADO de respuesta de forma clara, de fondo y concreta
a su solicitud, la cual fue enviada vía electrónica, el 1o. de julio de
2026, en la que pidió información respecto de los procesos ejecutivos
que cursan en su contra, asunto que implica un pronunciamiento
respecto de estos, por lo que la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado respecto del derecho de petición alegado frente a
dicho despacho judicial y así se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará la presunta
vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor
9
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
10
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
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Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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ante la omisión a la respuesta a su solicitud por parte de las
autoridades accionadas.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que el actor,
presentó, vía electrónica, la petición objeto de la solicitud de amparo
de la referencia el 1o. de julio de 2026, a través de la cual solicitó
lo siguiente:
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De las pruebas obrantes en el expediente se observa que las
accionadas al contestar la demanda informaron que la solicitud
presentada por el actor fue atendida, de la siguiente manera:
• El JUZGADO a través de la comunicación de 6 de julio de
2026 emitida por la Oficina de Ejecución Civil Municipal-
Bogotá, la cual fue notificada debidamente en esa misma
fecha, al correo electrónico trabajodanna500@gmail.com,
requirió al actor para que complementara la solicitud a fin
de otorgarle la respuesta, así:
Posteriormente, mediante comunicación de 22 de julio de ese
año, la cual fue notificada debidamente en esa fecha, al correo
electrónico trabajodanna500@gmail.com, la misma
dependencia requirió por segunda vez al actor para que
aclarara la solicitud, de la siguiente manera:
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• La COMISIÓN mediante Oficio DP_21563_ CJMB de 7 de
julio de 2026, el cual fue notificado debidamente en esa
misma fecha, al correo electrónico
accionesconstitucionalesfc@gmail.com, le informó al actor del
traslado de la petición a la COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, seccional territorial
competente para tramitarla, así:
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Por lo precedente, la Sala encuentra que pese a que el JUZGADO
mediante comunicaciones de 6 y 22 de julio de 2026, requirió al
actor para que complementara su solicitud a fin de otorgarle la
respuesta, este guardó silencio. Asimismo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)12, modificado por la Ley
1755 de 30 de junio de 201513, la COMISIÓN le informó al
peticionario del traslado por competencia de su requerimiento a la
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
BOGOTÁ, siendo notificado en debida forma mediante correos
electrónicos de 1o. y 7 de julio del presente año.
En ese sentido, la Sala advierte que el hecho de que las respuestas
no hayan sido favorables a los requerimientos del actor no significa
que hubo una vulneración al derecho de petición deprecado, razón
por la que en atención a que la acción de tutela de la referencia fue
radicada el 17 julio del presente año14 por vía electrónica y la
solicitud del actor fue atendida tanto por el JUZGADO como por la
COMISIÓN antes de su instauración, como quedó visto, la Sala
12
“[…] ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro
del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para
decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad
competente […].
13
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
14
Ver índice núm.2 expediente digital aplicativo de consulta Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002026056
57001100103
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denegará el amparo solicitado frente a dichas autoridades y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, respecto a la PROCURADURÍA, esta señaló que conoció del
contenido de la solicitud formulada por el actor una vez recibió la
notificación del auto admisorio de la presente acción de tutela. Por lo
que, atendiendo dicha circunstancia le dio trámite y la remitió bajo
el radicado DOKUS núm. E-2026-410478 de 23 de julio de 2026,
la cual fue asignada por competencia a la PROCURADURÍA
DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 4 PARA ASUNTOS
CIVILES que, mediante comunicación de 28 de julio del año en
curso, informó al actor la remisión de la solicitud a la PERSONERÍA
DISTRITAL DE BOGOTÁ y a la COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DE CUNDINAMARCA, como se advierte a
continuación:
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Por lo precedente, para la Sala es evidente que la PROCURADURÍA,
en el curso de la presente acción15, atendió la solicitud del actor
remitiendo la petición a las autoridades competentes, razón por la
que se advierte que las circunstancias fácticas que generaron la
presunta vulneración frente a dicha entidad desaparecieron y se
entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto, por
hecho superado.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»16. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma
que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional
dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación
del derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción
de tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta
resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
15
La Sala advierte que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 17 de julio de 2026.
16
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo
26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o
por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”17 (Negrilla fuera del texto).
En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan
o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho, el
objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su
efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se sigue
de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a través
de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño consumado.
El primero acaece cuando se supera la afectación de tal manera
que el pronunciamiento del juez pierde su finalidad constitucional
por cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y contraria
al objetivo de protección inmediata y efectiva constitucionalmente
previsto, o en el evento en que ya no hay lugar a ordenar lo
pretendido por cuanto con ello no se va a lograr el amparo
solicitado. La jurisprudencia constitucional lo explica así: La
17
Ibídem.
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carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento
del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la
demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en
tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”18.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto frente a la
PROCURADURÍA, pues la solicitud que le fue presentada por el
actor ya fue resuelta de forma clara, completa y de fondo y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo frente al
derecho de petición presentado ante autoridades judiciales, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones frente a la solicitud
presentada por el actor el 1o. de julio de 2026 ante el JUZGADO
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 14 abril de 2016, radicación número 2016-00061-01.
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OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
BOGOTÁ y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO respecto de la pretensión relacionada con la
solicitud de 1o. de julio de 2026 frente a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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