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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05659-00

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05659-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05659-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-05659-00
Accionante: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Nación - Ministerio de Hacienda
y Crédito Público contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de apoderado
judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de seguridad jurídica, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de enero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de controversias contractuales con número de radicación 05001-23-33-000-
2015-01458-00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Expuso que el 28 de diciembre de 2010 suscribió el Contrato de Concurrencia
núm. 001 con el Departamento de Antioquia, el Municipio de Ciudad Bolívar y la
E.S.E. Hospital La Merced de Ciudad Bolívar. Indicó que, mediante dicho acuerdo,
las partes asumieron la financiación del pasivo prestacional correspondiente a
cesantías y pensiones causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05659-00
Accionante: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2.2. Advirtió que la E.S.E. manifestó que el Decreto 700 de 2013 derogó el artículo 7
del Decreto 306 de 2004 y dispuso que el porcentaje de concurrencia inicialmente
asignado a las instituciones hospitalarias sería asumido por la Nación y las
entidades territoriales, suprimiendo toda obligación financiera a cargo de las
Empresas Sociales del Estado.

2.3. Indicó que, con fundamento en esas circunstancias, la E.S.E. Hospital La Merced
de Ciudad Bolívar promovió demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, radicada con el núm. 05001-23-33-000-2015-01458-00,
contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), el Departamento de Antioquia y el
Municipio de Ciudad Bolívar.

2.4. Mencionó que el conocimiento del proceso correspondió a la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 18 de julio de 2025, i) declaró no probada la excepción de inexistencia
de la obligación; ii) declaró la nulidad de las cláusulas contractuales que imponían a la
E.S.E. la obligación de concurrir a la financiación del pasivo prestacional; iii) precisó
que dicha entidad no estaba obligada a efectuar nuevos pagos; iv) declaró que la
obligación correspondía a las demás entidades demandadas; y v) negó las demás
pretensiones.

2.5. Manifestó
que interpuso recurso de apelación contra esa decisión y que la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
30 de enero de 2026, la confirmó y condenó en costas a la Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y al Municipio de Ciudad Bolívar.

2.6. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico, sustantivo y en la causal
de violación directa de la Constitución.

2.7. En relación con el defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial omitió valorar
elementos como el Contrato de Concurrencia núm. 001 de 2010, la Resolución 3350
de 2009 mediante la cual se fijaron los porcentajes de concurrencia, la contestación
de la demanda presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las
normas especiales que regulan la financiación del pasivo prestacional. Respecto a
la citada resolución señaló que se encontraba en firme y aun así la sentencia
modificó materialmente la distribución financiera allí definida.

2.8.Asimismo, adicionó que la autoridad omitió valorar que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público acreditó haber cumplido las obligaciones financieras que
legalmente le correspondían dentro del contrato de concurrencia, circunstancia que
desvirtúa la conclusión según la cual debía asumir porcentajes adicionales de
financiación.

Sobre el defecto sustantivo, sostuvo que la sentencia cuestionada partió de una
2.9.
premisa jurídica equivocada, al asumir que las Empresas Sociales del Estado

3

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Accionante: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

quedaron exoneradas de toda obligación económica relacionada con el pasivo
prestacional. A su juicio, el marco normativo no trasladó dicha obligación del
empleador a la Nación, sino que estableció un mecanismo de financiación mediante
concurrencia entre las entidades obligadas. En consecuencia, afirmó que la
providencia equiparó indebidamente la financiación del pasivo con la sustitución del
deudor, interpretación que carece de respaldo en el texto de las disposiciones
aplicables.

2.10. Respecto a la presunta violación directa a la Constitución, señaló que se
desconoció el artículo 29, en la medida en que “[…] La decisión de segunda
instancia confundió la concurrencia en la financiación del pasivo prestacional con la
sustitución del deudor de la obligación pensional […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: CONCEDER EL AMPARO CONSTITUCIONAL inmediato de
los derechos fundamentales al Debido Proceso del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, vulnerados actualmente por el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, al incurrir en VÍA
DE HECHO con ocasión de la Sentencia del 30 de enero de 2026 proferida
en Segunda Instancia, dentro del medio de control de controversias
contractuales reseñado con el número de radicado 05001-23-33-000-2015-
01458-02 (73357), promovido por la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar.

SEGUNDA: En consecuencia, en sede de amparo constitucional y con el fin de
evitar un perjuicio irremediable, DECLÁRESE DEJAR SIN EFECTOS, la
providencia proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección A, de fecha 30 de enero de
2026, sin perjuicio de las demás medidas que el juez de tutela considere
necesarias, pertinentes e idóneas para salvaguardar los derechos
constitucionales que se vean afectados y en consecuencia se ordene se profiera
una nueva sentencia.

TERCERA: Finalmente, de manera respetuosa se solicita al Honorable
Magistrado Ponente, se vincule al presente trámite de tutela, a el (sic) Tribunal
Administrativo de Antioquia Sala Sexta de Decisión, la ESE Hospital La Merced
de Ciudad Bolívar, Departamento de Antioquia y al Municipio de Ciudad Bolívar,
por tener interés legítimo en las resultas del presente amparo, en virtud del
inciso final del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 21 de julio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la E.S.E. Hospital La Merced de Ciudad
Bolívar, al Departamento de Antioquia, al Municipio de Ciudad Bolívar y al Tribunal
Administrativo de Antioquia.

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V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El
Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que se atiene a los
argumentos expuestos en la decisión controvertida.

5.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que
esta acción no satisface el requisito de relevancia constitucional debido a que se
centra en cuestionar una interpretación normativa persiguiendo que se constituya
una nueva instancia judicial. Agregó que las conclusiones de la sentencia se
fundaron en la normativa que debió regir el acuerdo de concurrencia y no se adujo
que la responsabilidad era exclusiva para la accionante respecto al pasivo
prestacional de las instituciones hospitalarias. Además, precisó que la providencia
no trasladó las obligaciones a la accionante sino continuó la concurrencia sin la
vinculación de la institución prestadora de salud.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Accionante: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

defectos fáctico, sustantivo y en la causal de violación directa de la
Constitución.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05659-00
Accionante: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de apoderado
judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de seguridad jurídica, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de enero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de controversias contractuales con número de radicación 05001-23-33-000-
2015-01458-00/02.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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Accionante: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del (sic) rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

16 precisó, en relación
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el

13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucren derechos fundamentales18.

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05659-00
Accionante: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alega que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva en conexidad con el principio de seguridad jurídica, por haber
incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico, sustantivo y en la causal de
violación directa de la Constitución.

25. En relación con el defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial omitió valorar
elementos como el Contrato de Concurrencia núm. 001 de 2010, la Resolución 3350
de 2009 mediante la cual se fijaron los porcentajes de concurrencia, la contestación
de la demanda presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las
normas especiales que regulan la financiación del pasivo prestacional. Respecto a
la citada resolución señaló que se encontraba en firme y aun así la sentencia
modificó materialmente la distribución financiera allí definida.

26. Asimismo, adicionó que la autoridad omitió valorar que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público acreditó haber cumplido las obligaciones financieras que
legalmente le correspondían dentro del contrato de concurrencia, circunstancia que
desvirtúa la conclusión según la cual debía asumir porcentajes adicionales de
financiación.

27. Sobre el defecto sustantivo, sostuvo que la sentencia cuestionada partió de una
premisa jurídica equivocada, al asumir que las Empresas Sociales del Estado
quedaron exoneradas de toda obligación económica relacionada con el pasivo
prestacional. A su juicio, el marco normativo no trasladó dicha obligación del
empleador a la Nación, sino que estableció un mecanismo de financiación mediante
concurrencia entre las entidades obligadas. En consecuencia, afirmó que la
providencia equiparó indebidamente la financiación del pasivo con la sustitución del
deudor, interpretación que carece de respaldo en el texto de las disposiciones
aplicables.

28. Respecto a la presunta violación directa a la Constitución, señaló que se
desconoció el artículo 29, en la medida en que “[…] La decisión de segunda
instancia confundió la concurrencia en la financiación del pasivo prestacional con la
sustitución del deudor de la obligación pensional […]”.

29. Noobstante, la formulación de tales defectos evidencia una discrepancia
respecto de la interpretación jurídica adoptada por el juez natural y no la exposición
de una vulneración autónoma de derechos fundamentales.

30. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto; y iii) se trata de una controversia de mera legalidad.

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31. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

32. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, decisión que resulta
contraria a sus intereses.

33. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:

“[…] 55. De lo anterior se colige que la Ley 715 de 2001 únicamente contempló
la responsabilidad de asumir el pasivo prestacional del sector salud en cabeza
de la Nación y las entidades territoriales y, por ende, fue la norma que sirvió de
fundamento para la concurrencia del Ministerio de Hacienda, el departamento
de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolívar en el negocio. Por otra parte, lo
dispuesto en el Decreto 306 de 2004, al referirse también a las instituciones
hospitalarias, conllevó a la vinculación de la ESE Hospital La Merced de Ciudad
Bolívar al acuerdo de voluntades.

56. Ahora bien, según se anunció, la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia del 21 de octubre de 2010, declaró la nulidad de la expresión “Y
las instituciones hospitalarias” contenida en el literal d) del artículo 3º, incisos 3º
y 4º del numeral 1 del artículo 7º y en los artículos 10º y 11º del Decreto 306 de
2004. La referida decisión se sustentó en que el Gobierno nacional excedió su
potestad reglamentaria, al introducir modificaciones sustanciales a la Ley 715
de 2001 e incluir a las instituciones hospitalarias como sujetos obligados de su
pasivo prestacional19. Asimismo, en el plenario se encuentra que, el 22 de
marzo de 2019, el secretario de la Sección Segunda del Consejo de Estado
expidió copias auténticas de la citada providencia judicial20 en las que se
constata que la decisión fue notificada mediante edicto No. 232 del 10 de
diciembre de 2010, desfijado el 14 del mismo mes y año21. Del mismo modo, al
consultar el aplicativo público Samai se verificó que durante el término de
notificación de la sentencia no se presentó ningún recurso que afectara su
ejecutoria, por lo que se concluye que, de conformidad con el artículo 331 del
Código de Procedimiento Civil22 -estatuto procesal aplicable a dicho proceso

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Id. “Analizado el contexto que rodea la expresión demandada, se llega a la conclusión de que en este caso se introducen
modificaciones sustanciales a la estructura de la Ley reglamentada, pues el Decreto demandado modifica los principios y la
finalidad que la orienta, al regular el procedimiento general para el reconocimiento y pago del pasivo prestacional del sector
salud causado hasta 31 de diciembre de 1993.
La expresión demandada es más que la precisión de una facultad de ejecución de las normas legales sobre la carga del
pasivo prestacional, pues modifica la voluntad del Legislador al incluir a las instituciones hospitalarias como sujeto obligado
al pago del pasivo prestacional forma concurrente”.
20
Folios 446 a 509 del cuaderno número 3.
21
Folio 510 del cuaderno número 3.
22
“Artículo 331. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda

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judicial-, cobró ejecutoria con antelación a la firma del convenio de concurrencia
No. 01 del 28 de diciembre de 2010.

57. Bajo ese contexto, se encuentra que, con la declaratoria de nulidad parcial
del Decreto 306 de 2004 en sentencia del 10 de octubre de 2010, el fundamento
normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba
vigente al momento de la celebración de este último. De modo que al suscribirse
el acuerdo de concurrencia No. 01 del 28 de diciembre de 2010, no existía
fundamento legal para que la ESE Hospital La Merced contribuyera en el pago
del pasivo prestacional, ya que la Ley 715 de 2001 solo contemplaba la
responsabilidad de la Nación y las entidades territoriales.

[…]

83. Así las cosas, se encuentra que la declaratoria de nulidad absoluta parcial
del convenio interadministrativo No. 01 de 2010 se fundó en que la norma que
sirvió de sustento para suscribir el negocio jurídico fue declarada nula, y que la
resolución de distribución de porcentajes de participación perdió su fuerza
ejecutoria por ese motivo -incluso antes de la celebración del referido negocio
jurídico-, por lo que el a quo consideró que en el acuerdo de voluntades fue
inválido en lo relativo a la vinculación de la ESE Hospital La Merced de Ciudad
Bolívar.

84. Adicionalmente, en cuanto a la referencia sobre el Decreto 700 de 2013, es
cierto que dicha norma no existía al momento de celebración del negocio
jurídico. Sin embargo, al examinar la referencia realizada por el a quo, se
constata que dicho análisis propendió por evidenciar que, con posterioridad a la
declaratoria de nulidad del Decreto 306 de 2004, el Gobierno Nacional expidió
una nueva reglamentación de la Ley 715 de 2001 que se ajustó a la voluntad
del legislador en cuanto a la determinación de las entidades que debían asumir
el pasivo prestacional del sector salud. En ese sentido, se evidencia que la
mención en la providencia apelada fue únicamente a título persuasivo, con la
intención de reiterar que, incluso bajo dicha disposición posterior al negocio
jurídico, se reiteró la exclusión de las instituciones hospitalarias como
responsables financieras por dicho concepto.

85. Así, la Sala pone de presente que del análisis integral de la providencia
apelada, se advirtió que la declaratoria de nulidad del convenio No. 01 de 2010
se fundó en la ilicitud parcial del Decreto 306 de 2004 y la pérdida de fuerza
ejecutoria de la Resolución 3550 (sic) de 2009 -igualmente, solo en lo relativo a
la participación de las ESE-, de modo que el tercer problema jurídico propuesto
debe resolverse de manera desfavorable para el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, puesto que la declaratoria de ilegalidad del convenio de
concurrencia No. 01 de 2010 no se fundó en la aplicación retroactiva del Decreto
700 de 2013.

[…]

100. La Sala constató que el acuerdo de voluntades, igualmente, adolece de un
vicio de nulidad absoluta debido a la ausencia de causa lícita, nuevamente, en
lo relacionado con la participación de la IPS, toda vez que ello se fundamentó
en el Decreto 306 de 2004, posteriormente declarado nulo por desconocer la
asignación de responsabilidad financiera establecida por el legislador para el
pago del pasivo prestacional del sector salud, y en la Resolución 3550 (sic) de
2009, que perdió fuerza ejecutoria por esta última circunstancia. El motivo
determinante para que la ESE Hospital La Merced celebrara el acuerdo fue una

ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación
de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva (…)”.

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normativa que le imponía la responsabilidad de asumir el pago del pasivo
prestacional, obligación que no le correspondía según la Ley 715 de 2001 y el
fallo de esta corporación, sin que se pueda evidenciar ninguna otra motivación
distinta para que manifestara su consentimiento frente a lo pactado en el
convenio No. 01 de 2010.

101. El Tribunal a quo consideró que no era procedente ordenar las
restituciones mutuas, ni el reembolso de lo pagado en virtud del acuerdo
negocial. Sin embargo, advirtió que la parte demandante tiene derecho a agotar
el procedimiento establecido en el Decreto 586 de 2017 para reclamar la
devolución de los aportes realizados para el pago de pensiones y cesantías de
sus trabajadores. Por ende, el reproche del municipio de Ciudad Bolívar sobre
la imposibilidad de repetir por lo sufragado por la ESE Hospital La Merced de
Ciudad Bolívar, con fundamento en el artículo 1525 del C.C., no estuvo dirigido
a cuestionar un aspecto de la sentencia apelada y, en todo caso, no existió
argumentación en contravía del procedimiento fijado para la devolución de los
aportes realizados por el pago de pensiones y cesantías, lo que impone
confirmar este tópico de la providencia apelada […]”.

34. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

35. Por el contrario, se observa que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado realizó un estudio razonable del caso.

36. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”23.

37. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”24.

38. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”25.

39. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
24
Ibidem.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Accionante: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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