Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05661-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05661-00
Accionantes: ASPROVESPULMETA S. A. y otros.
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral número
1 y otro.
Tema: Derechos al debido proceso, defensa, contradicción y confianza
legítima. Acción de cumplimiento- Falta de vinculación al
proceso. NIEGA TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por ASPROVESPULMETA S. A.; TAX
META S. A.; UNIÓN TEMPORAL UNIRUTAS; RÁPIDO LOS CENTAUROS S. A.;
TRANSPORTES ARIMENA S. A.; COOTRANSMETA; TRANSPORTE EJECUTIVO
DEL LLANO S. A. S..; NUEVA URBANA DE LOS LLANOS LTDA. y
UTRANSLLANOS LTDA, en contra del Juzgado Primero Administrativo de
Villavicencio y del Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral número
1.
ANTECEDENTES
Los accionantes pretenden que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y al principio de la confianza legítima, que
consideran vulnerados con las sentencias del 21 de mayo y del 16 de junio de 2026,
proferidas dentro de la acción de cumplimiento con radicado 50001-33-33-001-
2026-00097-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el señor Néstor Acuña González presentó acción de cumplimiento en contra
del Municipio de Villavicencio- Secretaría de Movilidad, para que se acataran las
disposiciones contenidas en las secciones 5 y 6, del capítulo 1, título 1, parte 2, libro
2, del Decreto 1079 de 2015.
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Que el 21 de mayo de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio
accedió parcialmente a las pretensiones, en consecuencia, ordenó a la demandada
que, en el término no superior a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de
ejecutoria del fallo, procediera, si aún no lo había hecho, a dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1079 de 2015, adelantando los
estudios que determinen la demanda de movilización, de acuerdo con los
parámetros establecidos en la Resolución 2252 de 1999, o la norma que la
modifique, adicione o derogue y, que el 16 de junio del año en curso, el Tribunal
Administrativo del Meta confirmó la sentencia de primer grado haciendo algunas
modificaciones.
Alegan que la finalidad del señor Acuña «consiste en despojar a las actuales
empresas habilitadas y prestadoras de este servicio de transporte público colectivo,
de las rutas que la administración municipal les ha otorgado de manera individual»;
sin embargo, las autoridades judiciales accionadas no vincularon al proceso, ni
notificaron a ninguna de las empresas que actualmente prestan el servicio de
transporte público en la ciudad de Villavicencio, pese que a estas les asistía un
interés en las resultas del mismo.
Que se están tergiversando los alcances prácticos del convenio de colaboración
empresarial, mediante el cual las empresas accionantes crearon una unión temporal
denominada UNIRUTAS, en el marco de lo establecido en el artículo 36 del Decreto
170 de 20011.
Sostienen que ostentaban la condición de litisconsortes necesarios, ya que el núcleo
de la acción de cumplimiento ataca de manera directa la estabilidad, licencias,
asignación de rutas e inversiones económicas vigentes de los accionantes; de
manera que su falta de vinculación al trámite configura un defecto procedimental
absoluto.
PRETENSIONES
Piden que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la acción de
cumplimiento y, en consecuencia, se ordene a las autoridades judiciales accionadas
rehacer las actuaciones procesales, previa vinculación y notificación de todas las
empresas que actualmente prestan el servicio público colectivo de transporte en la
ciudad de Villavicencio y a la U.T. UNIRUTAS.
TRÁMITE PROCESAL
El 23 de julio de 2026 se admitió la acción; se vinculó a la Secretaría de Movilidad
de la Alcaldía de Villavicencio y al señor Néstor Acuña González, como terceros con
1 «Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital
y municipal de pasajeros».
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interés; se negó la medida provisional solicitada2; y, se ordenó notificar a las partes
y a los vinculados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El titular del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio
indicó que la Ley 393 de 1997 en su artículo 5º dispone que la acción de
cumplimiento se debe dirigir en contra de la autoridad a la que le corresponde acatar
la norma con fuerza material de ley o acto administrativo y, en su artículo 6º refiere
que ese mecanismo también procede contra acciones u omisiones de particulares
que actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, que impliquen el
incumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo.
Precisó que el señor Néstor Acuña González invocó como incumplidas las
disposiciones del Decreto 1079 de 2015, por parte del Municipio de Villavicencio, al
no iniciar formalmente el proceso de selección objetiva para la adjudicación de rutas
conforme al mandato imperativo de los artículos 2.2.1.1.5.4 y 2.2.1.1.6.1 de la norma
mencionada.
Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que el cumplimiento de la norma recaía
únicamente en el Municipio de Villavicencio- Secretaría de Movilidad, como
autoridad de transporte encargada de velar porque las normas sobre la materia se
cumplan dentro del territorio de su jurisdicción; de ahí que no resultaba necesaria la
vinculación de los accionantes al proceso.
El Tribunal Administrativo del Meta, Despacho 005 sostiene que los accionantes
no han solicitado la nulidad en el trámite de la acción de cumplimiento y tampoco la
vinculación de todas las empresas prestadoras del servicio público colectivo de
transporte en la ciudad de Villavicencio, y de la Unión Temporal UNIRUTAS; motivo
por el cual, la acción de tutela es improcedente por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Alcaldía de Villavicencio manifestó no estar de acuerdo con las decisiones
cuestionadas, pues a su juicio, en la acción de cumplimiento se partió de una
comprensión restringida del marco jurídico que regula la situación del transporte
público colectivo en el municipio.
Adujo que las decisiones cuestionadas incurrieron en los defectos: i) procedimental
absoluto, por no vincular a los accionantes al trámite de la acción de cumplimiento;
ii) sustantivo, porque no le asiste razón al Tribunal Administrativo del Meta cuando
concluyó que el artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1079 de 2015 le impone al ente
2 Pidieron que se dejara sin efectos las sentencias cuestionadas. El consejero ponente negó la medida bajo el
argumento de que no era procedente restarles efectos a las decisiones, sin que se haya realizado un análisis
de fondo del asunto y sin que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable, actual o inminente para los
derechos fundamentales invocados, de manera que no pueda esperar el trámite de la acción de tutela.
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territorial la obligación inmediata de ordenar el inicio del proceso de licitación para
la adjudicación de las rutas del servicio público de transporte colectivo; y, iii) fáctico,
las accionadas no valoraron los siguientes elementos probatorios:
«El Decreto Municipal 188 de 2025, la Resolución 147 de 2026, el documento
técnico de soporte (DTS), los estudios de movilidad, los documentos técnicos
que sustentan la reorganización operacional del sistema y los diferentes actos
administrativos expedidos dentro del proceso de implementación del sistema
estratégico de transporte público (SETP)».
El señor Néstor Acuña González expuso que la acción de cumplimiento no tiene
por objeto resolver controversias entre particulares ni definir derechos subjetivos de
terceros, sino garantizar la eficacia material del ordenamiento jurídico mediante la
imposición a la autoridad renuente del cumplimiento de un deber claro, expreso y
exigible contenido en una ley o en un acto administrativo.
Precisó que las normas invocadas como incumplidas fueron los artículos 2.2.1.1.5.2,
2.2.1.1.5.4, 2.2.1.1.5.5, 2.2.1.1.6.1 y siguientes del Decreto 1079 de 2015,
disposiciones que imponen obligaciones específicas a la autoridad de transporte
competente, tales como: determinar las necesidades de movilización mediante
estudios técnicos; estructurar el proceso de selección objetiva; ordenar la apertura
de la licitación pública; y adjudicar las rutas conforme al procedimiento previsto en
la ley. Que dichas obligaciones no tienen como destinatarias a las empresas
transportadoras.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
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fundamentales3, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20054. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
3 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
4 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»5
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada6.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”7. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela8.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
Los accionantes consideran que eran litisconsortes necesarios dentro de la acción
de cumplimiento 2026-00097-00/01, por lo que su no vinculación al proceso
configura un defecto procedimental absoluto. De esa manera solicitan que se
invalide todo el proceso, incluyendo la sentencia que puso fin al litigio.
En ese sentido, se estudiará el defecto alegado, teniendo en cuenta que, finalmente
lo que les afecta es la sentencia, por lo que se realizará el examen pertinente.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-074 de 2022.
8 Sentencia SU-072 de 2018.
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La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 16 de junio de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral
número 1 cumple con los requisitos de procedencia, ya que: a) tiene relevancia
constitucional, en la medida en que se alega la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por incurrir en el defecto procedimental absoluto; b) los accionantes
no cuentan con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se satisface
la inmediatez, pues la acción se instauró el 21 de julio de 2026, esto es, dentro de
los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la cual ocurrió el 23 de
junio de 2026, teniendo en cuenta que la notificación fue efectuada por mensaje de
datos enviado el 16 del mismo mes y año; y, d) la tutela no se dirige contra un fallo
de la misma naturaleza.
El Tribunal decidió acceder a las pretensiones en relación con el incumplimiento del
deber dispuesto en los artículos 2.2.1.1.5.5. y 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1079 de 2016
y, en consecuencia, ordenó al Municipio de Villavicencio:
«(…) revise el documento técnico de soporte – DTS de abril de 2026, realizado
en virtud de los estudios adelantados mediante Convenio Interadministrativo
0042 de 2020, y, adoptado mediante Resolución 147 del 22 de abril de 2026, a
efectos de determinar si el mismo cumple o no con los parámetros fijados en la
Resolución 2252 de 1999, según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.5.5. del
Decreto 1079 de 2016. Frente a los parámetros de dicha resolución que resulten
incumplidos, deberá realizar la complementación correspondiente al estudio.
(…)
Cumplido lo anterior, dentro de los tres (3) meses siguientes, deberá dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1079 de
2016, ordenando iniciar el trámite licitatorio, lo cual implica la elaboración de los
términos de referencia a fin de adjudicar las rutas del Servicio de Transporte
Público Colectivo del municipio, como modalidad de transporte, mientras se
levanta la suspensión del SETP adoptado, y sin perjuicio de las medidas
necesarias que deban tomarse para su continuidad».
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de cumplimiento es un
mecanismo judicial mediante el cual se pretende obtener el cumplimiento a
mandatos expresos contenidos en normas con fuerza de ley o actos
administrativos9.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 393 de 1997 establecen que tienen legitimación en la
causa por pasiva: i) la autoridad a la que le corresponde el cumplimiento de las
normas y ii) los particulares que actúan o deben de actuar en ejercicio de funciones
públicas, pero solo para el cumplimiento de estas.
Sobre el particular, la Corte en la Sentencia T 1064 de 2007 consideró que:
«el objeto de la acción de cumplimiento no es el reconocimiento de derechos
particulares en disputa (…) el juez sólo está obligado legalmente a efectuar la
notificación a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico, tenga
9 SU 077 de 2018
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competencia para cumplir con el deber omitido. También prevén las normas que
sólo procederá la eventual vinculación de un particular, cuando éste actúe o
deba actuar en ejercicio de funciones públicas, y sólo para el cumplimiento de
las mismas».
En ese orden de ideas, la Sala evidencia que no era procedente vincular a la acción
de cumplimiento a las empresas accionantes, teniendo en cuenta que el Municipio
de Villavicencio era la única autoridad competente para acatar el deber que
consagran los artículos 2.2.1.1.5.5. y 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1079 de 2016, de ahí
que, no se materializa un defecto procedimental absoluto.
No obstante, las inconformidades que aquí exponen los accionantes, pueden ser
atendidas por el Municipio de Villavicencio dentro del trámite de cumplimiento de la
orden que le impartió el Tribunal.
En consecuencia, se negará el amparo invocado, porque no se configuró el error
citado ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR la acción de tutela interpuesta por ASPROVESPULMETA S. A.;
TAX META S. A.; UNIÓN TEMPORAL UNIRUTAS; RÁPIDO LOS CENTAUROS S.
A.; TRANSPORTES ARIMENA S. A.; COOTRANSMETA; TRANSPORTE
EJECUTIVO DEL LLANO S. A. S..; NUEVA URBANA DE LOS LLANOS LTDA. y
UTRANSLLANOS LTDA, conforme a las consideraciones expuestas.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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