RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05665-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05665-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05665-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad a los argumentos expuestos en la presente providencia. Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores los señores Juan Francisco Goez Vides, María Isabel Goez Estrada, Andrés Felipe Estrada Uparela, Ana Lucía Goez Polo, Luciana Goez Polo, Nafirys de Jesús Gómez Zambrano, Juan David Goez Polo, Norma Estela Goez Videz, Iseth Stella Goez Videz, Abel Antonio Guerrero Goez, Damaris Guerrero Goez, Nober Alberto Goez Vides y Norma Estela Goez Vides, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05665-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05665-00
Accionante: Juan Francisco Goez Vides y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por los señores Juan Francisco Goez Vides, María Isabel Goez
Estrada, Andrés Felipe Estrada Uparela, Ana Lucía Goez Polo, Luciana Goez Polo,
Nafirys de Jesús Gómez Zambrano, Juan David Goez Polo, Norma Estela Goez
Videz, Iseth Stella Goez Videz, Abel Antonio Guerrero Goez, Damaris Guerrero
Goez, Nober Alberto Goez Vides y Norma Estela Goez Vides, quienes actúan por
conducto de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, igualdad y dignidad; así como los principios
pro homine, pro libertate y de confianza legitima, ocurrida con la expedición de la
sentencia del 29 de abril de 2026, proferida al interior del medio de control de
reparación directa con radicado 70001-33-33-004-2024-00037-00 [01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 16 de febrero de 2016, la alcaldía de Caimito (Sucre) con acompañamiento de
la Policía Nacional y del ESMAD llevó a cabo una diligencia de desalojo de las tierras
ocupadas por los campesinos de la región. Sin embargo, en dicho procedimiento se
dio captura del señor Juan Francisco Goez Vides por la presunta comisión del delito
de violencia contra servidor público del cual habrían sido víctimas los patrulleros
Albeiro de Jesús Vilaro Rosales y Henry Alberto Portacio Moreno.

3. Afirmó que en el proceso penal se celebraron las audiencias de formulación de
imputación y medida de aseguramiento instalada al día siguiente de la captura,

1 Acción de tutela presentada el 17 de julio de 2026.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05665-00
Accionante: Juan Francisco Goez Vides y otros

seguido de escrito de acusación, audiencia de acusación en abril de 2018 y,
preparatoria, en enero de 2019.

4. El 9 de septiembre de 2022, le fue otorgada la libertad por vencimiento de términos,
y el 26 de septiembre del mismo año se decretó la preclusión de la investigación.

5. Con ocasión de lo anterior, el señor Juan Francisco Goez Vides junto con su núcleo
familiar presentó una demanda de reparación directa contra la Nación, Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación para que se les declarara patrimonialmente
responsables por la privación injusta de la libertad desde el 16 de febrero de 2016
hasta el 9 de septiembre de 2022, quien permaneció bajo la medida de
aseguramiento de detención domiciliaria.

6. El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo
que, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2025 resolvió negar las
pretensiones de la demanda, al considerar que la medida se aseguramiento
impuesta se ajustó a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad para
su imposición y prolongación durante el proceso penal.

7. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión por medio de sentencia del 29 de abril de 2026 confirmó la anterior decisión,
en tanto, existían evidencias y elementos materiales probatorios suficientes para
tomar la decisión de imponer medida de aseguramiento, la cual consideró razonable
y proporcional, atendiendo a la gravedad del delito imputado, pese al esfuerzo
argumentativo de la parte demandante.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte actora alegó que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial
incurrieron en un defecto fáctico «valoraron indebidamente los emp y ef existente
aquel 17 de febrero de 2016, cuando se tomó la decisión de legalizar, imputar e
imponer medida, podríamos decir que no es que hubiese existido escases probatoria,
sino que las que había no se interpretaron de acuerdo a los criterios que
corresponde, valga decir, conforme a la sana critica».

9. De otra parte, sostuvo que la decisión cuestionada adolece de un defecto
sustantivo, toda vez que «al interpretar el carácter rogado de la libertad sin
armonizarlo con los principios constitucionales y convencionales de protección de la
libertad personal».

10. Así como también, de una decisión sin motivación en la media que el Tribunal
«al proferir la sentencia de segunda instancia, no observo cuidadosamente todos los
elementos de la responsabilidad, sorprendiendo con un fallo administrativos
totalmente contrario, al considerar la juridicidad del daño».

11. Adicionalmente, alegó que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente vinculante de la Corte Constitucional relacionado con «(i) la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas, (ii) la prohibición del exceso ritual
manifiesto, (iii) la igualdad material frente a personas en condición de vulnerabilidad
y (iv) el derecho a una defensa técnica efectiva». Por lo tanto, aseguró que se limitó
«el análisis del litigio únicamente desde una perspectiva legal y formalista».

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05665-00
Accionante: Juan Francisco Goez Vides y otros

12. Finalmente, manifestó que se incurrió en una violación directa de la
Constitución «al validar y convertir una formalidad procesal en una barrera
incompatible con la Constitución».

2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. Amparar los derechos fundamentales del accionante a la igualdad material (art.
13), a la libertad personal (art. 28), al debido proceso (art. 29), al acceso efectivo
a la administración de justicia, (art. 229), a la prevalencia del derecho sustancial
(art. 228), al derecho prevalente de los niños y niñas (art. 44) y a la dignidad
humana (art. 1), vulnerados por la providencia judicial objeto de tutela.
2. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia contenciosa al incurrir en las
violaciones y defectos alegados a través de una vía de hecho.
3. Que se ordene a la autoridad judicial accionada proferir una nueva sentencia
dentro de un término razonable, en la que se realice un análisis de
constitucionalidad y de convencionalidad de los hechos acreditados en el proceso,
valorando de manera expresa la condición de campesino en situación de
marginalidad social del demandante, la ausencia de defensa técnica efectiva, la
mora judicial, la prolongación de la medida de aseguramiento durante seis años y
seis meses y la incidencia de tales circunstancias en la eventual responsabilidad
patrimonial del Estado

4. Que haga el juicio de enfoque diferencial de acuerdo al artículo 13 CN.
5. Ordenar que, al dictar nueva sentencia, la autoridad judicial:

o Valore la prueba conforme con los criterios de la sana critica.
o Examine y declare la condición vulnerabilidad del demandante.
o Valore la ausencia de defensa técnica, real y efectiva.
o Analice mora judicial, como factor influyente en la prolongación ilegal de la
libertad.
o Analice la necesidad y proporcionalidad de la privación conforme la prueba.
aplique el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional e
interamericana pertinente. (…)»

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 22 de julio de
2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera
de Decisión y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo como
accionados, y a la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación como
terceros interesados en el resultado del proceso.

15. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión después de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela por falta de requisito de relevancia constitucional porque lo que
pretende la parte actora con la interposición de la acción de tutela es reabrir un
debate ya zanjado por el juez natural, en la medida que la decisión no le fue favorable
a sus pretensiones.

16. De otra parte, solicitó que, de no declararse la improcedencia del mecanismo
constitucional, se niegue el amparo porque realizó el estudio de la responsabilidad
alegada atendiendo las circunstancias en las que se produjo la privación de la
libertad del señor Juan Francisco Goez Vides, es decir, si obedeció a una medida

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05665-00
Accionante: Juan Francisco Goez Vides y otros

apropiada, razonada, conforme a derecho o, si la conducta de las entidades
demandadas fue abiertamente arbitraria.

17. La Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre pidió
que se niegue el amparo porque no se evidencia vulneración de los derechos
fundamentales invocados en protección, ni la configuración de los presupuestos
excepcionales que hacen procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales.

18. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

19. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional; asimismo, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

20. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

22. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la
Fiscalía General de la Nación solicitaron ser desvinculados por falta de legitimación
en la causa por pasiva, al respecto la Sala no encuentra mérito suficiente para
acceder a la solicitud, en la medida que fueron vinculadas porque hicieron parte del
proceso ordinario en donde se profirió la decisión que se pretende infirmar a través
del presente mecanismo constitucional.

23. En ese orden de ideas, la Sala procederá negar las solicitudes de desvinculación,
conforme a lo expuesto en precedencia.

3.3. Problema jurídico

24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, al proferir la
providencia del 29 de abril de 2026, vulneró los derechos al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, igualdad y dignidad, al incurrir en los defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento de precedente, violación directa de la
Constitución, decisión sin motivación.

25. Ahora, antes de abordar el estudio del problema jurídico planteado, la Sala
considera necesario verificar si, en el presente asunto, se encuentran acreditados

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05665-00
Accionante: Juan Francisco Goez Vides y otros

los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

26. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

27. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

28. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

3.4. De la relevancia constitucional como requisito de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales

29. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha
precisado que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que
se cumple con el referido requisito3. La finalidad de esta exigencia es la de preservar

3 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de

2022, proferidas por la Corte Constitucional.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05665-00
Accionante: Juan Francisco Goez Vides y otros

la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los
procesos ordinarios.

30. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-215
de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con el
referido requisito:

31. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de
aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación
de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente
monetario ni tenga connotaciones particulares o privadas que no representen un
interés general.4

32. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no
basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia
de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»5.

33. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o
un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso».6

34. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.7

3.5. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

35. En el caso concreto, la Sala considera que no se acredita el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional, en la medida que la parte actora se limitó
a señalar de manera genérica que se incurrió en un defecto sustantivo «al interpretar
el carácter rogado de la libertad sin armonizarlo con los principios constitucionales y
convencionales de protección de la libertad personal». Así como también, de una
decisión sin motivación en la media que el Tribunal «al proferir la sentencia de
segunda instancia, no observo cuidadosamente todos los elementos de la
responsabilidad, sorprendiendo con un fallo administrativos totalmente contrario, al
considerar la juridicidad del daño».

4 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
5 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
6 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
7 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05665-00
Accionante: Juan Francisco Goez Vides y otros

36. Adicionalmente, alega que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente vinculante de la Corte Constitucional relacionado con «(i) la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas, (ii) la prohibición del exceso ritual
manifiesto, (iii) la igualdad material frente a personas en condición de vulnerabilidad
y (iv) el derecho a una defensa técnica efectiva». Por lo tanto, aseguró que se limitó
«el análisis del litigio únicamente desde una perspectiva legal y formalista».

37. Manifiesta que se incurrió en una violación directa de la Constitución «al validar y
convertir una formalidad procesal en una barrera incompatible con la Constitución».

38. De otra parte, le atribuye un defecto fáctico a la Fiscalía General de la Nación y
la Rama Judicial porque presuntamente, «valoraron indebidamente los emp y ef
existente aquel 17 de febrero de 2016, cuando se tomó la decisión de legalizar,
imputar e imponer medida», a pesar de que la acción de tutela se dirige contra una
providencia.

39. Sin embargo, es menester señalar que en el presente asunto no expone de
manera concreta las razones por las cuáles considera que la decisión cuestionada
adolece de tales defectos, por lo tanto, lo que se observa es la divergencia de
criterios frente al análisis que realizó el juez natural de la causa en la decisión objeto
de censura, hecho que no puede ser calificado como violatorio de los derechos
fundamentales, en respeto de los principios de autonomía e independencia judicial.

40. Así las cosas, para la Sala la argumentación iusfundamental planteada en sede
de tutela no trasciende el plano de la legalidad, ni logra acreditar una afectación
cualificada, actual y desproporcionada de los derechos fundamentales invocados,
requisito indispensable para habilitar la intervención del juez constitucional frente a
providencias judiciales. Además, si se tiene en cuenta que la acción de tutela se
promovió por conducto de apoderado judicial.

41. Máxime cuando dicha falencia no puede ser sustituida por el juez constitucional,
pues, si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por la
flexibilización de las formalidades para garantizar los derechos fundamentales, lo
cierto es que, como se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamientos
dirigidos contra providencias judiciales, recae sobre la parte demandante una carga
mínima de argumentación, que en el presente asunto no se cumple.

42. En ese sentido, admitir la procedencia del amparo en los términos propuestos
implicaría erosionar gravemente los principios de autonomía judicial, seguridad
jurídica y cosa juzgada, al permitir que decisiones adoptadas con plena observancia
de las garantías procesales sean sometidas a un escrutinio constitucional orientado
exclusivamente a reexaminar su corrección jurídica, lo cual resulta incompatible con
el diseño institucional de la acción de tutela.

43. En consecuencia, al no configurarse un debate constitucional autónomo ni
acreditarse la existencia de un defecto con entidad suficiente para comprometer la
validez de la providencia impugnada, la Sala concluye que la presente acción de
tutela resulta improcedente, por falta del requisito de relevancia constitucional.

44. Así las cosas, la Sala procederá declarar improcedente el presente mecanismo
constitucional por falta del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con
lo expuesto en precedencia.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05665-00
Accionante: Juan Francisco Goez Vides y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Seccional de Administración Judicial Sincelejo, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General
de la Nación, de conformidad a los argumentos expuestos en la presente
providencia.

Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores los
señores Juan Francisco Goez Vides, María Isabel Goez Estrada, Andrés Felipe
Estrada Uparela, Ana Lucía Goez Polo, Luciana Goez Polo, Nafirys de Jesús Gómez
Zambrano, Juan David Goez Polo, Norma Estela Goez Videz, Iseth Stella Goez
Videz, Abel Antonio Guerrero Goez, Damaris Guerrero Goez, Nober Alberto Goez
Vides y Norma Estela Goez Vides, conforme a las consideraciones plasmadas en
esta providencia, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente
proveído.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.