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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05666-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05666-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por Gloria Angélica Devia Hernández, en calidad de agente oficiosa de Carlos Andrés Devia Hernández, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05666-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05666-00
Demandante: Gloria Angélica Devia Hernández, en calidad de agente oficiosa
de Carlos Andrés Devia Hernández.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de
Sanidad – Unidad Prestadora de Servicios Médicos del Tolima

Temas: Tutela contra autoridad pública. Prestación de servicios de salud.
Identidad de partes, objeto y causa.

Decisión: Declara improcedente la acción de tutela.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Gloria Angélica Devia Hernández,
en calidad de agente oficiosa de Carlos Andrés Devia Hernández, en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Unidad
Prestadora de Servicios Médicos del Tolima.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 17 de julio de 2026, Gloria Angélica Devia Hernández, en calidad de agente
oficiosa de Carlos Andrés Devia Hernández, presentó acción de tutela con el fin de
obtener la protección de los derechos fundamentales a la salud, vida digna, mínimo
vital, integridad física, seguridad social y «al cuidado» de este último.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Unidad Prestadora de
Servicios Médicos del Tolima lo siguiente:

(i) El pago total e inmediato de los dineros asumidos por la familia del agenciado
por concepto de medicamentos, alquiler de la cama médica hospitalaria, silla de
ruedas, silla sanitaria, pañales, crema antipañalitis y pañitos húmedos, en un
término de 15 días tras la presentación de facturas o soportes de pago.
(ii) Asumir de manera directa e ininterrumpida el suministro y pago de los insumos
y elementos mencionados.
(iii) Asignar un cuidador o enfermero domiciliario durante las 24 horas y activar,
de forma prioritaria, el programa integral de cuidados paliativos domiciliarios.
(iv) Prestar una atención integral, oportuna y continua, derivada del diagnóstico y
condición de salud del agenciado, sin que deba acudir nuevamente a la acción
de tutela para obtener la efectividad de sus derechos.

3. Adicionalmente, peticionó ordenar a la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional convocar una junta médico laboral para evaluar la pérdida de capacidad

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05666-00
Demandantes: Gloria Angélica Devia Hernández, en calidad de agente oficiosa de
Carlos Andrés Devia Hernández.

laboral del señor Devia Hernández, «debido a su diagnóstico severo y estado de
postración total»; y, en consecuencia, iniciar el trámite pensional correspondiente.

4. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte accionante
afirmó que el señor Carlos Andrés Devia Hernández, quien tiene 45 años, fue
diagnosticado con «astrocitoma difuso infiltrante IDH1 mutante, grado 2,»
correspondiente a un tumor cerebral frontal, enfermedad que le ha generado
«postración total, hemiplejia izquierda, pérdida de control de su cabeza, afasia y
disfagia severa».

5. Indicó que el 6 de julio de 2026, se ordenó la inclusión del señor Devia
Hernández en un plan de atención domiciliaria de cuidados paliativos. Sin embargo,
manifestó que las entidades accionadas no han iniciado tal servicio, situación, lo
cual ha obligado a su familia a asumir con recursos propios los costos de
medicamentos que no han sido entregados oportunamente, el alquiler mensual de
cama hospitalaria, la compra de silla de ruedas y silla sanitaria e insumos de aseo
diario, como pañales, cremas antipañalitis y pañitos húmedos, situación que ha
generados una grave afectación tanto económica como al mínimo vital del núcleo
familiar.

6. Como fundamentos de vulneración, los accionantes afirmaron que la Corte
Constitucional, de forma reiterada, ha establecido que cuando un usuario del
sistema de salud se ve obligado a asumir los costos de medicamentos, insumos,
tecnologías o transporte, incluidos o excluidos del Plan de Beneficios en Salud,
debido a la negligencia, demora o negación de la entidad promotora de salud,
procede la orden de reembolso de los dineros dentro de la acción de tutela, con el
propósito de restablecer el equilibrio económico y proteger el mínimo vital del núcleo
familiar.

7. Sobre el particular, resaltó que el alto tribunal, en la Sentencia SU-466 de
2025, protegió de manera integral a la red de cuidadores frente a gastos
desproporcionados que afecten su estabilidad socioeconómica, «al reconocer que
los insumos de aseo diario, como pañales, cremas protectoras y pañitos, así como
los elementos de movilidad, entre ellos sillas de ruedas y camas adaptadas,
constituyen extensiones directas del derecho fundamental autónomo al cuidado y
de la dignidad humana».

Intervenciones1

1
El 22 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional –
Dirección de Sanidad – Unidad Prestadora de Servicios Médicos del Tolima y Huila y vinculó al Centro Internacional de Alta
Tecnología Médica – CLINALTEC S.A.S. Adicionalmente, se decretó la medida provisional solicitada y, en consecuencia, se
le ordenó a la entidad precitada para que adoptara las medidas necesarias para garantizar la continuidad, oportunidad y
efectiva prestación de los servicios de salud requeridos por el señor Carlos Andrés Devia Hernández, asegurando el
cumplimiento del tratamiento y de las órdenes médicas vigentes impartidas por el equipo médico tratante, de conformidad con
los criterios científicos y clínicos que orientan su atención.

La anterior medida se soportó en que si bien en esa etapa inicial del proceso no obraba prueba que permitiera establecer si
la entidad accionada había dado cumplimiento a la totalidad de las órdenes médicas impartidas, ni existía una decisión
administrativa expresa mediante la cual se hubieren negado las prestaciones reclamadas, la gravedad del estado de salud
del agenciado, su condición de sujeto de especial protección constitucional y la naturaleza progresiva de la patología que
padece evidenciaban la necesidad de adoptar una medida provisional encaminada a garantizar la continuidad y oportunidad
del tratamiento médico prescrito mientras se adopta la decisión de fondo.

2
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Demandantes: Gloria Angélica Devia Hernández, en calidad de agente oficiosa de
Carlos Andrés Devia Hernández.

8. La Clínica Internacional de Alta Tecnología Clinaltec S.A.S. indicó que su
función es prestar servicios de salud, por lo que no tiene competencia para autorizar
dichos servicios, pues esa facultad corresponde de manera exclusiva a las EPS, la
cual está obligada garantizar integralmente la prestación de los servicios requeridos
por sus afiliados a través de la red de prestadores con la cual tenga contratados
dichos servicios. En ese sentido, afirmó que al señor Carlos Andrés Devia
Hernández se le han brindado todos los servicios que han sido debidamente
autorizados y que, prueba de ello, es que aquel tiene programada consulta de
control por la especialidad de dolor y cuidados Paliativos para el 6 de agosto de
2026 a las 2:00 p. m.

9. Por tanto, estimó que vulneró los derechos fundamentales de la parte actora,
comoquiera ha actuado de manera diligente, garantizando la prestación oportuna,
continua y segura de todos los servicios de salud que le han sido autorizados y
contratados al agenciado, en estricto cumplimiento de las obligaciones legales y
contractuales. En consecuencia, solicitó denegar la acción de tutela «por ser
improcedente e ineficaz» y su desvinculación del presente trámite constitucional.

10. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de
Sanidad – Unidad Prestadora de Servicios Médicos del Tolima informó que en el
presente asunto existe, posiblemente, una duplicidad de acciones de tutela, dado
que previamente fue instaurada y admitida la solicitud de amparo con radicado
2026-00096-00, la cual le correspondió conocer el Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Ibagué. Así, al revisar ambos expedientes, sostuvo que
presentan identidad de partes, supuestos fácticos y pretensiones, comoquiera que
las solicitudes se fundamentan en los mismos hechos relacionados con la
prestación de servicios de salud y buscan la protección de los derechos vulnerados.

11. De otra parte, frente a la controversia bajo estudio, indicó que las
pretensiones relacionadas con el reembolso de dineros e insumos reclamados no
están llamadas a prosperar por tratarse de controversias de contenido económico
que cuentan con mecanismos administrativos y judiciales específicos para su
reclamación. En todo caso, señaló que la parte actora no acreditó dentro del
expediente la existencia de órdenes médicas institucionales emitidas por
profesionales adscritos a la red del Subsistema de Salud de la Policía Nacional que
prescriban tales elementos. Por el contrario, resaltó que lo que se observa es una
decisión unilateral de adquisición de determinados bienes e insumos por parte del
núcleo familiar.

12. Adicionalmente, aclaró que esa entidad no puede autorizar, suministrar o
reconocer tecnologías, servicios, medicamentos, insumos o ayudas técnicas con
fundamento exclusivo en la solicitud del usuario o de sus familiares, ya que toda
prestación debe encontrarse precedida de una valoración médica y de una
prescripción emitida por el profesional tratante competente. Además, precisó que
la necesidad de apoyo permanente debe ser determinada por el equipo tratante,
mediante examen funcional, clínico y social, identificando el grado de dependencia
del paciente y la necesidad real del servicio; sin embargo, dentro del plenario no
obra concepto médico que establezca expresamente la necesidad de asignar un
enfermero permanente 24 horas a cargo del Subsistema de Salud.

3
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05666-00
Demandantes: Gloria Angélica Devia Hernández, en calidad de agente oficiosa de
Carlos Andrés Devia Hernández.

13. De igual forma, manifestó que no es posible realizar la junta médico laboral
en favor del señor Devia Hernández, debido a que a la fecha no se han agotado
todas las etapas procesales necesarias para lograr esa valoración, de conformidad
con lo dispuesto en los Decretos 1796 de 2000 y 533 de 2025, pues de saltarse
alguna actuación se estaría vulnerando el debido proceso de toda la actuación, lo
que recaería en una nulidad que viciaría por completo el dictamen médico laboral
que pueda emitirse por parte del Grupo de Medicina Laboral de la Unidad
Prestadora de Salud de Tolima. En ese sentido, expuso que para dar inicio al
procedimiento médico laboral, el grupo mencionado programó cita para el 19 de
agosto de 2026.

14. Finalmente, mencionó que el 2 de julio de 2026 el Programa Médico
Domiciliario POMED realizó una visita domiciliaria en la que determinó «que el
paciente no presenta necesidad de cuidados especializados que demanden
intervención técnica permanente por parte del personal de enfermería. [Agregó] que
los requerimientos actuales corresponden principalmente a asistencia en
actividades básicas de la vida diaria, responsabilidad que recae en la red familiar o
cuidador designado, conforme al principio de solidaridad familiar.

15. En esos términos, solicitó declarar que no vulneró ni amenazó los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante; tener por acreditado que la
entidad desplegó las actuaciones administrativas y asistenciales que le
correspondía para garantizar la atención requerida por el usuario; y declarar que
frente a la pretensión tendiente a lograr la práctica de la Junta Médico Laboral opera
el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, dado
que no es posible la practica de la junta médico laboral comoquiera que no se han
agotado todas las etapas procesales establecidas en la norma.

Trámite posterior en atención al informe rendido por la entidad accionada

16. El 5 de agosto de 2026, el despacho sustanciador de la presente decisión
requirió al Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Ibagué para que remitiera
copia digital de la acción de tutela con radicado 73001-31-07-001-2026-00096-00,
con el fin de indagar si aquella contenía los mismos hechos y pretensiones y se
dirigía contra la misma entidad que aquí se accionó.

17. En cumplimiento de lo anterior, el 13 de agosto de 2026, la autoridad judicial
referida envío el citado proceso.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05666-00
Demandantes: Gloria Angélica Devia Hernández, en calidad de agente oficiosa de
Carlos Andrés Devia Hernández.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar si existe identidad de objeto, causa y
partes entre la presente solicitud de amparo y la acción de tutela con radicado No.
73001-31-07-001-2026-00096-00 y, en caso de una respuesta afirmativa, si la parte
actora actuó con temeridad.

Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

20. La Sala declarará improcedente la acción de tutela2, con base en los
argumentos que pasan a exponerse:

21. Al revisar el material probatorio obrante en el expediente de la referencia,
se observa que la señora Gloria Angélica Devia Hernández, como agente oficiosa
de Carlos Andrés Devia Hernández, instauró acción de tutela, con radicado 73001-
31-07-001-2026-00096-00, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad – Unidad Prestadora de Servicios Médicos del
Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, vida
digna, mínimo vital, integridad física, seguridad social y «al cuidado» del agenciado.

22. En el marco de dicho proceso, se observa que el 31 de julio de 2026, el
Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Ibagué
protegió el derecho fundamental a la salud de Carlos Andrés Devia Hernández y,
en consecuencia, le ordenó a la Dirección de Sanidad de la Policía del Tolima
continuar brindado el tratamiento integral a aquel en razón a la patología que
padece. Sin embargo, negó las pretensiones relacionadas con el reembolso de los
gastos, el suministro de determinados insumos y ayudas técnicas y la asignación
de un cuidador o enfermero domiciliario las 24 horas.

23. A partir de lo anterior, la Sala considera que a controversia planteada en la
acción de tutela con radicado 73001-31-07-001-2026-00096-00 podría tener
similitud con los supuestos fácticos y jurídicos expuestos en el presente asunto, por
lo que procederá a verificarse si en el caso bajo estudio comparte identidad de
partes, causa petendi y pretensiones con respecto a dicha solicitud de amparo.

24. Al respecto, se observa, en primer lugar, que existe identidad de partes
entre ambas acciones de tutela, comoquiera que fueron interpuestas por Gloria
Angélica Devia Hernández, en calidad de agente oficiosa de Carlos Andrés Devia
Hernández, y se dirigieron en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad – Unidad Prestadora de Servicios Médicos del
Tolima.

2
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-444 de 2023, explicó que la cosa juzgada se configura cuando se adelanta un
nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica (i) de partes, (ii) de objeto y (iii) de causa. Adicionalmente, en la Sentencia SU-027 de 2021, ese máximo
tribunal estableció las consecuencias jurídicas que pueden darse ante la presentación simultánea o sucesiva de acciones de
tutela sobre un mismo asunto, en los siguientes términos: «i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre una causa decidida previamente en otro proceso de la (sic)
igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no
temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción
fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa
manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure
únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de
tutela que presentan la tripe (sic) identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada»
(Negrilla fuera del texto original)

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25. En segundo lugar, se configura una igualdad de objeto o pretensiones, pues
tanto en la actuación anterior como en la presente se persigue la protección de los
derechos fundamentales del agenciado frente a las prestaciones derivadas de su
grave condición de salud, particularmente aquellas relacionadas con el tratamiento
integral, los cuidados paliativos domiciliarios, el suministro de insumos y ayudas
técnicas, el cuidador domiciliario y el reconocimiento de los gastos asumidos por su
familia.

26. Finalmente, en tercer lugar, se presenta identidad de causa, toda vez que
las dos solicitudes de amparo se sustentan en la misma situación fáctica y jurídica:
la grave condición de salud de Carlos Andrés Devia Hernández, su estado de
postración y las consecuencias que, según la agente oficiosa, se derivan de la falta
o insuficiencia de los servicios, insumos y apoyos requeridos para su atención
domiciliaria, pues, precisamente, se alegó en ambas acciones que la familia ha
asumido con recursos propios los costos de medicamentos, cama hospitalaria, silla
de ruedas, silla sanitaria, pañales, cremas y pañitos húmedos.

27. Así las cosas, la Sala concluye que la tutela de la referencia comparte
identidad de partes, objeto y causa con la solicitud de amparo con radicado 73001-
31-07-001-2026-00096-00. En esa medida, se repara en que esta última acción,
como se expuso previamente, fue resuelta en primera instancia por el Juzgado 1
Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Ibagué.
Adicionalmente, al revisar la página web de la Corte Constitucional no se evidencia
que se haya definido sobre su selección para la eventual revisión.

28. Por tanto, para la Sala no se entiende configurada la cosa juzgada
constitucional, pues para ello es requisito indispensable que el máximo tribunal de
la jurisdicción constitucional se haya pronunciado en cuanto a su no selección o, por
el contrario, haya quedado ejecutoriada la sentencia que aquel dicte3. Sin embargo,
no resulta jurídicamente posible que el juez constitucional vuelva a pronunciarse
sobre una controversia que ya fue definida mediante sentencia, pues ello supondría
desconocer los efectos de la decisión judicial precedente y permitir que una misma
controversia sea sometida sucesivamente a conocimiento de diferentes autoridades
judiciales.

29. Ahora, al haberse interpuesto de manera simultánea acciones de tutela en
las que converge mismos sujetos procesales hechos y pretensiones, corresponde
analizar si la parte actora incurrió en una actuación temeraria. En ese sentido, debe
precisarse que para poder hablar de temeridad no basta con constatar la existencia
de una acción de tutela anterior con elementos coincidentes, sino que es necesario
establecer, además, que la nueva actuación fue promovida de manera abusiva o de
mala fe, sin una circunstancia que justifique la reiteración del amparo.

30. Sin embargo, en el caso bajo estudio no se advierte algún elemento de juicio
suficiente que permita concluir que la parte actora hubiese acudido a esta instancia
constitucional de forma dolosa o de mala fe, pues las circunstancias que rodean la
formulación de la acción permiten advertir que esta se encuentra asociada a la
necesidad extrema de obtener protección judicial para los derechos fundamentales

3 Al respecto, ver, entre otras, la sentencia SU027/21.

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Carlos Andrés Devia Hernández.

del señor Devia Hernández, quien padece una grave enfermedad neurológica y
presenta un cuadro de especial de vulnerabilidad.

31. Por tanto, si bien en el caso bajo estudio se determinó la existencia de
identidad de partes, objeto y causa respecto de la solicitud de amparo con radicado
73001-31-07-001-2026-00096-00, no se acreditaron los elementos necesarios para
concluir que la parte actora actuó de manera temeraria. En consecuencia, se
declarará improcedente la acción de tutela instaurada por Gloria Angélica Devia
Hernández, en calidad de agente oficiosa de Carlos Andrés Devia Hernández.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por
Gloria Angélica Devia Hernández, en calidad de agente oficiosa de Carlos Andrés
Devia Hernández, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

7
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