Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05668-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05668-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05668-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
24 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05668-00
Demandante: MARITZA SUÁREZ NIÑO
Demandada: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL EN PROCESO DISCIPLINARIO. SE
DECLARA LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO
PORQUE SE PRETENDE USAR ESTE MECANISMO
COMO UNA TERCERA INSTANCIA, DE AHÍ QUE EL
ASUNTO CAREZCA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia que confirmó su responsabilidad
disciplinaria y le impuso sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía y multa, frente
a lo cual la Sala encontró que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional porque se pretendió emplear este medio de amparo como una instancia
adicional a las del proceso disciplinario.
La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por la señora Maritza
Suárez Niño en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, trabajo, mínimo
vital1, vida y dignidad humana consagrados en los artículos 29, 25 y 1,
presuntamente vulnerados con ocasión de la decisión disciplinaria cuestionada2.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1
Sobre el mínimo vital como derecho fundamental ver las sentencias SU-995 de 1999 y T-184 de
2009, proferidas por la Corte Constitucional, entre otras.
2
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 21 de julio de 2026.
2
Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
1) La señora Marisol Pagnusatt y su hermana Katia Pagnusatt, quienes residían en
Italia, contrataron a la abogada Maritza Suárez Niño -aquí demandante-, para que
adelantara gestiones jurídicas y notariales relacionadas con la sucesión de su padre
Armando Pagnusatt, fallecido el 25 de enero de 2022 y con la disposición de los
bienes que integraban la herencia.
2) Los poderes especiales, amplios y suficientes otorgados a la actora tuvieron por
objeto la transferencia de los derechos herenciales y las actuaciones concernientes
a un apartamento y un parqueadero, por lo cual no comprendieron la venta de un
vehículo que también pertenecía al causante.
3) En desarrollo de la gestión relativa a los inmuebles se consignaron en la cuenta
de la abogada recursos por $405.000.000, suma que fue transferida a las
beneficiarias y que, según la parte actora, demostraba el cumplimiento correcto del
encargo profesional y la ausencia de cualquier propósito de defraudación.
4) El otro bien relicto era un vehículo tipo automovil marca Chevrolet Sonic, modelo
2017,placas JFX-506, cuya venta, en criterio de la parte demandante, correspondió
a una negociación independiente sustentada en un poder conferido por el hermano
de las herederas y ajena al mandato sucesoral que ella había recibido.
5) Mediante los documentos denominados “traslado de fondos” del 3 de abril de
2024 y “autorización de pago a terceros” del 3 de mayo siguiente, las titulares
dispusieron que el precio del automotor fuera consignado en la cuenta de la señora
Suárez Niño, memoriales que, según esta última, no mencionaron su condición de
abogada ni fueron suscritos por ella.
6) El 23 de mayo de 2024, ingresaron $27.304.047 a la cuenta bancaria de la parte
actora por concepto de la venta del vehículo, operación que aquella calificó como
un favor personal motivado por las dificultades que tenían las beneficiarias para
recibir giros desde Colombia debido a su domicilio en Italia.
7) Los recursos no fueron entregados a Marisol y Katia Pagnusatt, quienes
reclamaron su pago, mientras que la abogada reconoció la obligación, expuso que
atravesaba dificultades económicas y de salud y anunció que realizaría la
consignación mediante un giro o un acuerdo de pago.
3
Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
8) En un correo electrónico del 8 de octubre de 2024, la señora Marisol Pagnusatt
le preguntó cuándo enviaría el dinero, mientras que en otra comunicación del 24 de
octubre siguiente la abogada ofreció explicaciones por la falta de entrega y anunció
una consignación para finales de noviembre.
9) Mediante escrito del 2 de mayo de 2025, la señora Marisol Pagnusatt, por
conducto de apoderada judicial, formuló queja contra la abogada Maritza Suárez
Niño ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, por no
haber entregado el dinero derivado de la venta del automotor.
10) En desarrollo de la audiencia de calificación provisional prevista en la Ley 1123
de 2007, la autoridad disciplinaria formuló un cargo único contra la parte actora, por
el presunto desconocimiento, a título de dolo, del deber establecido en el numeral 8
del artículo 28 de la Ley 1123 de 20073 y la posible incursión en la falta descrita en
el numeral 4 del artículo 35 de la misma ley4.
11) La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, mediante
sentencia del 10 de diciembre de 2025, declaró disciplinariamente responsable a la
señora Suárez Niño y le impuso suspensión de doce meses en el ejercicio de la
profesión y multa de treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes.
12) La primera instancia del proceso disciplinario concluyó que la recepción del
precio del automotor reprodujo el mismo esquema utilizado para canalizar los
recursos del inmueble dentro de la relación profesional, que la abogada conocía su
deber de entregar el dinero y decidió no hacerlo y que las dificultades de salud que
alegó en su defensa y las promesas de pago posteriores no desvirtuaron la
responsabilidad.
3
“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (...)
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre
otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y
proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y
suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.
Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los
costos, la contraprestación y forma de pago.”.
4
“Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (...)
“4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos
recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.”.
4
Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
13) La aquí demandante apeló la decisión con fundamento en que los poderes no
comprendían el vehículo, los documentos sobre su venta no la identificaban como
abogada, el uso de la cuenta fue un favor privado, la controversia no tenía nexo
profesional, la conducta era atípica, no se acreditó el dolo y la sanción era
desproporcionada frente a la salud, la intención de pago y la ausencia de
antecedentes de la disciplinada.
14) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante sentencia del 1 de julio
de 2026, confirmó integralmente la decisión por considerar que la recepción del
dinero no constituyó un hecho aislado sino una actuación conectada con la gestión
sucesoral y patrimonial desarrollada respecto de los bienes herenciales.
15) Para establecer el nexo profesional la segunda instancia valoró la queja y su
ampliación juramentada, la contratación por recomendación de una tercera persona,
el pago de $6.000.000 por honorarios, la recepción y transferencia de los recursos
del inmueble, la tarjeta de propiedad del automotor, las instrucciones sobre el pago,
los correos electrónicos y la inexistencia de una relación personal autónoma que
explicara el uso de la cuenta.
16) La autoridad disciplinaria precisó que el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007
comprende la asesoría, la asistencia y los actos conexos confiados al profesional,
por lo que la falta de un poder específico o de una mención expresa de esa condición
en cada documento no excluía la gestión profesional ni impedía la adecuación de la
conducta al numeral 4 del artículo 35 de esa ley.
17) En cuanto al dolo la Comisión Nacional tuvo en cuenta el conocimiento del
origen y la titularidad ajena del dinero, los reclamos, el reconocimiento de la
obligación y la promesa incumplida de pago, mientras que frente a los argumentos
relacionados con la salud de la parte actora señaló que las pruebas únicamente
registraban la atención psicológica que recibió entre el 15 de noviembre de 2024 y
el 11 de agosto de 2025 y no demostraba una imposibilidad absoluta para efectuar
una transferencia o un giro.
18) La misma providencia determinó que los documentos aportados por primera vez
con la apelación no podían ser valorados por la preclusión de la etapa probatoria y
que la intención futura de pago, la entrega correcta de otros recursos y la ausencia
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
de antecedentes no constituían por sí solas circunstancias de atenuación conforme
a los artículos 45 y 46 de la Ley 1123 de 2007.
2. Los fundamentos de la vulneración
La señora Maritza Suárez Niño afirmó que se vulneró su derecho fundamental del
debido proceso porque las autoridades disciplinarias supusieron un nexo
profesional que, a su juicio, no existió, en tanto los poderes que le fueron conferidos
se agotaron en la transferencia de derechos herenciales y en el trámite sucesoral
relativo a unos inmuebles, sin comprender la venta posterior del vehículo.
Alegó la configuración de un defecto fáctico porque el ingreso del precio del
automotor a su cuenta obedeció a un favor personal, sin poder, contrato de
prestación de servicios o autorización profesional específica y porque las pruebas
documentales no demostraban que hubiera actuado como abogada en esa
operación.
Reprochó que se hubieran interpretado en su contra los documentos denominados
“traslado de fondos” y “autorización de pago a terceros”, pese a que aquellos fueron
suscritos por las titulares, no contenían su firma ni aludían a su calidad de
profesional del derecho.
La conducta era atípica, se desconocieron los principios de legalidad y presunción
de inocencia y la controversia sobre el dinero debía ventilarse en las jurisdicciones
civil o penal, no en sede disciplinaria.
La entrega de los $405.000.000 provenientes del inmueble demostraba su buena
fe, el incumplimiento se produjo, según afirmó, por quebrantos de salud y afectación
emocional y nunca existió un plan de apropiación definitiva de los recursos.
La autoridad demandada no otorgó valor suficiente al reconocimiento de la
obligación, a la voluntad de restituir el dinero mediante cuotas y a las gestiones que,
según afirmó, realizó para obtener los datos bancarios de las beneficiarias.
La suspensión de doce meses y la multa de treinta salarios mínimos legales
mensuales vigentes eran desproporcionadas porque la gestión profesional global
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
había sido exitosa, no registraba antecedentes disciplinarios y la sanción agravaba
sus condiciones económicas y de salud.
Finalmente, manifestó que la ejecución de la sanción le impedía ejercer la abogacía
como fuente de ingresos y, por esa razón, comprometía sus derechos
fundamentales del trabajo, mínimo vital, vida y dignidad humana.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“1. AMPARAR de manera definitiva mis Derechos Fundamentales al
Debido Proceso, Trabajo, Mínimo Vital, Vida y Dignidad Humana.
2. DECRETAR LA NULIDAD del fallo de segunda instancia proferido por
la Comisión nacional de Disciplina Judicial, notificado el siete (07) de julio
del año 2026, así como el fallo de primera instancia dictado por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial dentro del expediente radicado
bajo el No. 76 001 25 02 003 2025 01401 00
3. DEJAR SIN EFECTOS la sanción disciplinaria consistente en doce (12)
meses de inhabilidad para el ejercicio de la profesión y la multa de treinta
(30) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), impuestas
en mi contra.
4. ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dictar una
nueva providencia de reemplazo en la que se declare mi ABSOLUCION
definitiva por atipicidad de la conducta y ausencia de nexo causal
profesional.
5. ORDENAR la Cancelación inmediata de cualquier registro o anotación
de antecedentes disciplinarios ante la Unidad de Registro Nacional de
Abogados (URNA), derivados de este proceso viciado.”. (archivo
disponible en medio magnético en el índice 2 del aplicativo SAMAI).
4. Actuación procesal
Con auto del 21 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela, se ordenó la
notificación del presidente y de los magistrados de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del
Cauca y se vinculó a la señora Marisol Pagnusatt, con el fin de que rindieran informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
En la misma providencia se negó la medida provisional dirigida a suspender los
efectos de la sanción disciplinaria mientras se resolvía la acción de tutela.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
5. Actuación de las autoridades demandadas y los vinculados
El magistrado ponente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del
Cauca, autor de la sentencia de primera instancia, solicitó su desvinculación y, de
manera subsidiaria, que se declare improcedente la acción de tutela, porque el
proceso disciplinario se adelantó con observancia de las garantías de defensa,
contradicción, práctica de pruebas, alegatos y doble instancia y la parte demandante
pretende reabrir una discusión ya resuelta.
El magistrado ponente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, autor de la
providencia cuestionada, solicitó que se declare improcedente la acción por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, subsidiariamente, que
se niegue el amparo, porque los argumentos de la acción de tutela reproducen los
planteados en la apelación y buscan convertir este mecanismo en una tercera
instancia.
La relación profesional no se estableció a partir de un poder aislado para la venta
del vehículo, sino del contexto de asesoría sucesoral y patrimonial, el manejo previo
de recursos, la confianza derivada de esa gestión, la declaración juramentada de la
quejosa, los documentos, los correos y el reconocimiento de haber recibido el
dinero.
El artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 no exige un poder específico para cada
actuación conexa con la gestión profesional; el conocimiento del origen y la
titularidad ajena de los recursos, su retención y las promesas de pago sustentaron
la atribución del dolo y la certificación de salud no acreditó una imposibilidad
absoluta de realizar la entrega.
Los documentos aportados por primera vez con el recurso de apelación no podían
ser valorados por preclusión de la etapa probatoria, sin perjuicio de las piezas
oportunamente incorporadas, de ahí que la sanción fue motivada con arreglo a los
criterios legales aplicables.
La señora Marisol Pagnusatt guardó silencio, pese a estar debidamente notificada5.
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Índice 00013 del aplicativo SAMAI.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
delimitación del asunto y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Delimitación del asunto
La Sala aclara que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se solicitó dejar
sin efectos tanto la sentencia de primera instancia como la decisión de segunda
instancia, lo cierto es que los reproches deben examinarse frente a la providencia
proferida el 1 de julio de 2026 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en
tanto aquella resolvió la apelación y definió el marco final de la controversia.
Además, esa sentencia concluyó el proceso disciplinario seguido contra Maritza
Suárez Niño y ante la eventual prosperidad del amparo correspondería a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial dictar la decisión de reemplazo, por
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
consiguiente, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda
instancia.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales del debido proceso, trabajo, mínimo vital, vida y dignidad humana,
que la actora considera vulnerados por la sentencia proferida por esa autoridad el 1
de julio de 2026.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, conforme se expone a continuación:
3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre
constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un
modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas,
orientados a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro
de los cuales ocupa un lugar central la imperiosa necesidad de constatar que el
debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia
constitucional.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres
finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia
efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones
judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente6, la Corte ha
reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede
desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento,
sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e
insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia
planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema
genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes
involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce
de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad
frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración
probatoria, de manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o
aplicación de una norma procesal7”, carecen, en principio, de relevancia
constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y
desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen
este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un
asunto constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte
actora “busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya
concluidos con la intención de revivir los términos procesales”.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
11
Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le
asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión
cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado
que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales 8”, enfatizando en que corresponde al demandante
justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o
improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención
de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un
problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos
que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación
clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la
vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la
acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje
que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales
derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que
el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la
acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.9
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ).
9
Ídem.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción
de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos
o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto
la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la
acción de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la
corrección jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador
ordinario ni reabrir litigios legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección
de las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que
resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo
con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez
natural, simplemente por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable
a sus intereses, dicho mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la
óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario
con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que
no compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete
únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de
precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que
comporten una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los
derechos fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son
de su resorte, so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada
jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una
instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces naturales en ejercicio
de sus competencias y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse
competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019,
SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la
acción de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción
de tutela debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la
interpretación, aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental;
ii) la controversia no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado
carente de proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar
una afectación grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales
atribuible a una decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es
constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear discusiones que
ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario, mediante los
recursos propios de la jurisdicción competente.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación
clara y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de
interpretación razonable y comporta una afectación grave e injustificada de
derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se
pretende emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear
discusiones probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente
económicos o privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo
avanzar al examen de los defectos alegados en el caso concreto.
3.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
1) La Sala considera que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, a partir del examen conjunto de la demanda y la
apelación, se advierte que los reproches de la parte actora se dirigen, en esencia,
a reiterar los planteamientos expuestos y decididos en el proceso disciplinario.
2) En efecto, tanto en el recurso de apelación como en la demanda de tutela la
señora Suárez Niño sostuvo que los poderes recibidos no comprendían el vehículo,
el uso de su cuenta fue un favor personal, no existió nexo profesional, las pruebas
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2026-05668-00
Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
fueron apreciadas de manera equivocada, la conducta era atípica, no actuó con
dolo, su salud incidió en el incumplimiento y la sanción resultaba desproporcionada.
3) El primer eje de la impugnación disciplinaria estuvo dirigido a demostrar que los
poderes especiales se referían únicamente a los derechos herenciales sobre un
apartamento y un parqueadero, que la venta del automotor obedeció a un negocio
independiente y que los documentos del 3 de abril y 3 de mayo de 2024 no
contenían la firma de la accionante ni indicaban que recibiría el dinero como
abogada.
4) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial respondió que el vínculo profesional
no dependía de la existencia de un mandato autónomo para cada operación, sino
del contexto integral de la gestión jurídica, sucesoral y patrimonial desarrollada
respecto de los bienes dejados por el causante.
5) Para arribar a esa conclusión la autoridad demandada valoró la queja, la
ampliación rendida bajo juramento, la llegada de la abogada a la relación por
recomendación de una tercera persona, el pago de $6.000.000 por honorarios, la
gestión sobre los bienes herenciales, la recepción y posterior transferencia de
$405.000.000 derivados del inmueble y la confianza generada por ese antecedente.
6) Asimismo, la sentencia cuestionada examinó la tarjeta de propiedad del Chevrolet
Sonic de placas JFX-506, los documentos mediante los cuales las herederas
instruyeron que el precio se consignara en la cuenta de la actora, el correo del 8 de
octubre de 2024 en el que la quejosa se dirigió a ella como “doctora” y la
comunicación del 24 de octubre siguiente en la cual reconoció la obligación y
anunció el pago.
7) A partir de esos elementos la Comisión Nacional consideró que la venta del
automotor reprodujo el esquema de gestión empleado para el inmueble, que no se
demostró una relación de amistad, parentesco o cercanía personal capaz de
explicar la recepción del dinero por fuera del encargo y que, por tanto, la calificación
del hecho como un favor privado carecía de soporte.
8) En relación con el alcance del ejercicio profesional la providencia censurada
explicó que el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 comprende la asesoría, la
asistencia, la gestión de intereses patrimoniales y los actos conexos confiados al
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abogado, de modo que la falta de poder específico o de una referencia expresa a
esa calidad en cada documento no excluía el nexo establecido.
9) Frente a la alegación de atipicidad la segunda instancia señaló que el numeral 4
del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 no exige una apropiación definitiva ni un
poder autónomo para cada actuación, sino la recepción de dineros con ocasión de
la gestión profesional y la omisión de entregarlos a quien correspondía a la menor
brevedad posible.
10) En cuanto al elemento subjetivo la Comisión Nacional concluyó que el dolo no
requería demostrar un plan previo de defraudación, por cuanto el conocimiento se
desprendía del origen de los recursos, su ingreso a la cuenta de la parte actora, la
titularidad ajena y el deber de entrega, mientras que la voluntad se evidenciaba en
la conservación prolongada del dinero pese a los reclamos y a la promesa de pago.
11) El antecedente consistente en haber transferido oportunamente el precio del
inmueble también fue examinado por el juez natural, quien estimó que aquel
demostraba el conocimiento de la manera en que debían entregarse los recursos
ajenos recibidos por razón de una gestión y no neutralizaba la omisión posterior
respecto del automotor.
12) Respecto de la salud la sentencia valoró la certificación de atención psicológica
y precisó que el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2024 y el 11 de
agosto de 2025 no cubría todo el tiempo de retención, el documento no registraba
incapacidad, hospitalización o restricción mental y tampoco demostraba una
imposibilidad absoluta para hacer una transferencia, autorizar un giro o constituir un
depósito judicial.
13) En relación con la graduación de la sanción la autoridad disciplinaria explicó
que, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 1123 de 2007, la promesa
de consignar no equivalía a reparación efectiva, advirtió que no existía prueba de
abono, depósito o pago y precisó que la ausencia de antecedentes no constituía
una circunstancia autónoma de atenuación.
14) Los documentos allegados por primera vez con la sustentación de la apelación,
entre ellos un poder otorgado por Armando Pagnusatt y dos escrituras públicas, no
fueron valorados por la preclusión de la etapa probatoria, decisión que tomó la
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autoridad antes de examinar las piezas que sí habían sido incorporadas
oportunamente al expediente.
15) Lo expuesto demuestra que la Comisión Nacional identificó los reparos de la
apelación, los estudió en los ejes de vínculo profesional, valoración probatoria,
tipicidad, culpabilidad y sanción y explicó por qué no prosperaban.
16) Así entonces, la discusión propuesta en la acción de tutela no revela prima facie
una actuación arbitraria, sino que expresa la inconformidad de la parte demandante
con el alcance atribuido a las pruebas, con la interpretación de las normas aplicables
y con la conclusión que confirmó su responsabilidad.
17) La invocación de los derechos al trabajo, mínimo vital, vida y dignidad humana
tampoco configura un problema constitucional autónomo, dado que la demanda los
relaciona con los efectos personales y económicos de la sanción, pero no explica
una afectación distinta de aquella que hace depender de los reparos probatorios y
jurídicos ya decididos.
18) En esas condiciones, aunque la parte actora denominó sus inconformidades
como defecto fáctico y vulneraciones de derechos fundamentales, la demanda
pretende que el juez de tutela determine nuevamente el alcance de los poderes, la
naturaleza de la recepción del dinero, el mérito de las pruebas, la tipicidad, el dolo
y la sanción procedente.
19) Ello cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue
expedida por el órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria, evento en el cual el
examen de procedibilidad debe ser especialmente riguroso y la intervención
constitucional solo se justifica ante una decisión abiertamente incompatible con la
Constitución, circunstancia que no se advierte en este caso.
20) Así pues, la parte demandante pretende emplear la acción de tutela como una
instancia adicional para obtener una decisión favorable sobre asuntos que fueron
sometidos al juez natural y resueltos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
dentro de sus competencias.
21) La Sala reitera que la acción de tutela no está instituida para reabrir debates
probatorios o jurídicos ya definidos y que la inconformidad con la interpretación
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Actor: Maritza Suárez Niño
Acción de tutela
normativa, la apreciación probatoria o la graduación de la sanción no autoriza la
sustitución del juez competente.
22) En consecuencia, la acción de tutela presentada por la señora Maritza Suárez
Niño carece de relevancia constitucional porque busca reabrir cuestiones jurídicas
y probatorias examinadas y resueltas en la sentencia del 1 de julio de 2026, por
tanto, se declarará improcedente el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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