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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05670-00

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05670-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Camilo Zapata Jiménez, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05670-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida individualización del acto administrativo demandado /
Defectos fáctico, sustantivo, procedimental por exceso ritual
manifiesto y violación directa de la Constitución Política
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Juan Camilo Zapata Jiménez, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Juan Camilo Zapata Jiménez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción, al acceso a la administración de justicia, así como del principio de
prevalencia del derecho sustancial, los cuales consideró vulnerados con ocasión de
las providencias proferidas el 9 de diciembre de 2025 y 16 de julio de 2026 por el
Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, respectivamente, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 05001-33-33-017-2024-00370-00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «3ED_DEMANDA_22_6_20262_4(.pdf) NroActua 2».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

2.1. Ante la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional adelantó un
procedimiento administrativo relacionado con la solicitud de un permiso para el porte
de armas.

2.2. El 11 de agosto de 2023, la plataforma electrónica Sistema de Información de
Armas, Explosivos y Municiones2 registró que el trámite administrativo había sido
rechazado. Sin embargo, no se entregó, notificó ni puso a disposición acto alguno
que identificara la autoridad que adoptó la decisión, expusiera sus fundamentos
fácticos y jurídicos y la correspondiente motivación, indicara los recursos
procedentes, así como la forma y el término para interponerlos, y contuviera la
constancia de notificación y el texto íntegro de la decisión.

2.3. Porlo anterior, presentó derecho de petición para conocer las razones del
rechazo, al no obtener respuesta oportuna, radicó solicitud de tutela para obtener
contestación, como consecuencia de esta actuación, el Ejército Nacional expidió la
comunicación MDN-COGM-COEJC-SECJ-JEMOP-DIV07-BR04-BR-1.10 del 27 de
noviembre de 2023, mediante la cual expuso las razones de la negativa.

2.4. Enejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, con la finalidad de cuestionar la legalidad «del acto MDNCOGM-COEJC-
SECJ-JEMOP-DIV07-BR04-BR-1.10 del 27 de noviembre de 2023, y el acto administrativo
ficto configurado en el recurso de reposición formulado contra dicho auto el mismo 27 de
noviembre de 2023, frente al cual la entidad no dio respuesta».

2.5. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Medellín mediante
auto del 18 de febrero de 2025 admitió la demanda, al considerar que cumplía los
requisitos establecidos en los artículos 161 y siguientes del CPACA.

2.6. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional propuso la
excepción de ineptitud de la demanda por indebida individualización del acto
administrativo, pues el acto definitivo correspondía a la actuación del 11 de agosto
de 2023 y la comunicación del 27 de noviembre de 2023 era meramente informativa.
A su vez, señaló que no existía una resolución motivada, sino un cierre de trámite
registrado en SIAEM.

2.7. ElJuzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Medellín en
providencia del 9 de diciembre de 2025, declaró probada la excepción de ineptitud
sustancial de la demanda y terminó anticipadamente el proceso, al considerar que el
acto que debió demandarse era la del 11 de agosto de 2023, ya que el que se
demandó no era susceptible de control judicial, por cuanto constituyó, únicamente, la
respuesta a una solicitud de información elevada por el propio interesado,
comunicación que no produjo efectos jurídicos ni definió su situación jurídica. Contra
esta decisión se interpuso recurso de apelación.

2
En adelante SIAEM.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

2.8. El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 16 de junio de 2026
advirtió que el acto del 11 de agosto de 2023 no obraba en el expediente, por lo cual,
ordenó a las partes aportar copia del mismo.

2.9. En atención a dicho requerimiento, el demandante manifestó que la decisión del
11 de agosto de 2023 nunca fue notificada y que solo conoció el resultado del trámite
a través de SIAEM. Por su parte, la entidad demandada indicó que no podía aportar
una decisión motivada, pues la facultad ejercida no exigía motivación.

2.10. El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 16 de julio de 2026,
confirmó la prosperidad de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y,
consecuente terminación anticipada del proceso. Si bien aceptó que el acto del 11 de
agosto de 2023 no fue notificado, que el resultado de esta solo se conoció mediante
SIAEM, que la entidad no aportó una decisión motivada y que la misma consistió en
una anotación registrada en la plataforma; lo cierto es que concluyó que debía
demandarse dicha actuación y que la comunicación del 27 de noviembre de 2023 no
era susceptible de control judicial.

2.11. Como consecuencia de lo anterior, el proceso terminó sin que se examinara la
legalidad sustancial de la actuación administrativa, al considerar que el acto
demandable era la anotación del 11 de agosto de 2023, pese a que no fue entregada
ni notificada, y que la comunicación del 27 de noviembre siguiente, que contenía las
razones de la negativa y que efectivamente fue conocida, no era susceptible de
control judicial.

2.12. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por exigirle demandar el acto
del 11 de agosto de 2023, pese a que nunca le fue entregada una resolución íntegra,
no se acreditó su notificación, la entidad afirmó que no existía una decisión motivada,
el supuesto acto no obraba en el expediente y, aunque el tribunal decretó una prueba
de oficio para obtenerlo, la entidad no aportó el documento solicitado.

2.13. En este caso, la exigencia de individualizar el acto administrativo resultó una
carga objetiva y materialmente imposible, mientras que, la comunicación del 27 de
noviembre de 2023, que contenía las razones de la negativa, fue declarada no
demandable.

2.14. En defecto fáctico por valoración irrazonable e incompleta del material probatorio,
al atribuir a la constancia de SIAEM un alcance que no tenía, pues la anotación
«rechazado» únicamente podía probar que el sistema registró un resultado, pero no
la existencia de un documento íntegro, su contenido jurídico, motivación, autoridad
competente, recursos procedentes, notificación, acceso efectivo, conocimiento de las
razones o fecha para ejercer la defensa, además, aunque el tribunal decretó una

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Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

prueba para obtener la decisión del 11 de agosto de 2023, aceptó como equivalente
un pantallazo que no correspondía al documento íntegro solicitado.

2.15. La decisión se profirió sin motivación constitucional suficiente, ya que la autoridad
judicial no explicó cómo podía demandarse un acto no notificado e inexistente en el
expediente, ni cómo podían conocerse sus fundamentos y ejercerse la contradicción.
Tampoco justificó por qué el pantallazo de SIAEM equivalía al texto íntegro de la
decisión, ni por qué la falta atribuible a la administración debía perjudicar al
administrado.

2.16. En violación directa de la Constitución Política al vulnerar sus artículos 29, 228 y
229, porque se afectó el derecho de defensa al exigir controvertir un acto que nunca
fue conocido íntegramente, se colocó la forma procesal por encima del derecho
sustancial y se terminó el proceso mediante una exigencia que, según la tutela, hizo
inefectivo el acceso a la justicia.

2.17. Así, en desconocimiento del principio pro actione al adoptar la solución más
restrictiva y terminar definitivamente el proceso, pese a que existían alternativas
como ordenar a la entidad reconstruir o aportar íntegramente el acto, permitir adecuar
o corregir su individualización, entender integrada la actuación administrativa,
reconocer que los términos no podían correr sin notificación efectiva, continuar el
proceso y resolver en sentencia la naturaleza y efectos de las actuaciones, o aplicar
la prevalencia del derecho sustancial.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Primera

AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción,
acceso efectivo a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y
tutela judicial efectiva.

Segunda

DEJAR SIN EFECTOS el Auto Interlocutorio 163 del 16 de julio de 2026, proferido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión, dentro del proceso
radicado 05001-33-33-017-2024-00370-01

Tercera

Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el Auto Interlocutorio 1096
del 9 de diciembre de 2025, proferido por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, mediante el cual se declaró probada la excepción de ineptitud
sustancial y se terminó anticipadamente el proceso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

Cuarta

ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro del término que
determine el juez constitucional, profiera una nueva decisión sobre el recurso de
apelación, en la cual:

1. valore integralmente que el supuesto acto del 11 de agosto de 2023 nunca
fue notificado ni entregado íntegramente;
2. tenga en cuenta que la entidad no aportó el documento requerido mediante la
prueba decretada de oficio;
3. diferencie entre conocer el resultado “rechazado” y conocer íntegramente una
decisión administrativa;
4. aplique los principios de prevalencia del derecho sustancial y pro actione;
5. adopte una solución que preserve el control judicial efectivo de la actuación
administrativa;
6. se abstenga de imponerme las consecuencias negativas derivadas de la falta
de producción, conservación, entrega o notificación del acto por parte de la
administración.

Quinta

Subsidiariamente, ORDENAR al Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de
Medellín continuar el trámite del proceso y adoptar las medidas de saneamiento o
adecuación necesarias para que la controversia sea resuelta mediante una decisión de
fondo.

Sexta

ORDENAR la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional y de las demás personas o autoridades que puedan tener interés en el
resultado de esta acción.». [sic]

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Medellín3 sostuvo
que no incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues resolvió
una excepción previa relacionada con la precisa individualización del acto
administrativo definitivo, exigencia prevista en el artículo 163 del CPACA.

5. Asimismo, refirió que la comunicación del 27 de noviembre de 2023 careció de
contenido decisorio y se limitó a explicar una determinación anterior, por lo que no
podía ser objeto autónomo de control judicial, y, que la admisión de la demanda no
impedía resolver posteriormente la excepción propuesta.

6. En cuanto al defecto factico, señaló que este cargo se dirigió principalmente contra
la valoración realizada por el Tribunal Administrativo de Antioquia sobre la constancia
del sistema SIAEM y las pruebas decretadas en segunda instancia, elementos que
fueron recaudados con posterioridad al auto cuestionado y cuya práctica no estuvo a
su cargo. Su decisión se sustentó en las pruebas que obraban en el expediente,

3
Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «19_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
004RespuestaTutela(.pdf) NroActua 11».

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Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

particularmente en la comunicación del 27 de noviembre de 2023 y en las
pretensiones de la demanda.

7. Sobre la inexistencia de decisión sin motivación, indicó que el Auto 1069 del 9 de
diciembre de 2025 expuso los antecedentes, la excepción formulada, las
pretensiones y las razones por las cuales la comunicación del 27 de noviembre de
2023 no constituía el acto administrativo definitivo, caso distinto es que estuviera
inconforme con la misma.

8. Sobre la violación directa de la Constitución Política, sostuvo que las decisiones
cuestionadas no desconocieron los artículos alegados, pues el demandante tuvo
representación judicial, la demanda fue admitida y tramitada, se resolvió la excepción,
se concedió la apelación y el superior decretó pruebas antes de confirmar la decisión,
por ello, la exigencia de individualizar el acto administrativo definitivo era compatible
con el debido proceso.

9. Respecto al desconocimiento del principio pro actione, precisó que el mismo no
permite sustituir el acto administrativo acusado, reconstruir las pretensiones,
modificar el objeto de la demanda ni eliminar los requisitos legales para delimitar el
proceso, la correcta individualización era necesaria para ejercer el control de nulidad
y restablecimiento del derecho, además, la parte demandante guardó silencio durante
el traslado de las excepciones.

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia4 solicitó que se declarara improcedente
la tutela por falta de relevancia constitucional, al considerar que el demandante
cuestionó la interpretación jurídica sobre el acto administrativo susceptible de control
y la aplicación del artículo 163 del CPACA, asuntos de legalidad ya resueltos en
segunda instancia, por lo que la tutela pretendía reabrir la controversia como una
instancia adicional.

11. En este caso, no se configuraron los cargos alegados, pues la providencia fue
proferida dentro de su competencia, con observancia del debido proceso y con
fundamento en las pruebas, la ley y la jurisprudencia aplicables. No hubo exceso
ritual manifiesto ni una carga irrazonable, ya que se determinó que el acto susceptible
de control era la decisión del 11 de agosto de 2023, que negó la autorización para el
porte de armas, mientras que la comunicación del 27 de noviembre siguiente se limitó
a responder un derecho de petición, sin crear, modificar o extinguir una situación
jurídica.

12. En cuanto a dicha comunicación, fue con fundamento en la prueba de oficio
recaudada que se concluyó que no constituía un acto administrativo definitivo, pues
no modificó la decisión del 11 de agosto de 2023, sino que explicó las razones de la
negativa, por lo que fue acertada la determinación del a quo de declarar probada la
excepción de inepta demanda y terminar anticipadamente el proceso.

4
Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «4RECIBEPRUEBAS_11001031500020260567(.pdf)
NroActua 13».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

13. Finalmente, descartó la ausencia de motivación, ya que la providencia fue
resultado de la interpretación y aplicación de la ley y la jurisprudencia, en ejercicio de
la autonomía e independencia judicial, de manera que el desacuerdo del demandante
con sus conclusiones no implicaba vulneración de sus derechos fundamentales.

14. ElMinisterio de Defensa, Ejército Nacional5 requirió que se conservara la
sentencia enjuiciada ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el demandante. Máxime, cuando la solicitud de amparo no puede
convertirse en una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales.

2. Consideraciones

15. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

16. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20216 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia y otro.

2.2. Cuestión previa

17. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, se observa que los argumentos
que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

18. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 9 de diciembre de 2025,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
desató el recurso a través de la providencia del 16 de julio de 2026, al confirmar lo
resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo
respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

5
Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «29_MemorialWeb_Respuesta-
RespuestaBrigadapd(.pdf) NroActua 15».
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

19. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema8. Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

20. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

21. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo9, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

22. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

23. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 11, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales12.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

24. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales de Juan Camilo
Zapata Jiménez con ocasión de la providencia del 16 de julio de 2026, mediante la
cual confirmó la decisión del a quo, que declaró la prosperidad de la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda, con la que incurrió, presuntamente, en defectos
fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto, ausencia de motivación y
violación directa de la Constitución Política?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

25. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto fáctico

26. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 13, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

27. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»14, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la

11 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
13 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
14 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.

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Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»15. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»16.

28. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

29. El defecto procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la
sentencia T-231 de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial.
Desde entonces, fue entendido como aquél en el que el juez ordinario adelanta el
asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una etapa del
trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

30. A partir de la sentencia T-1306 de 200117, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto18, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales19.

31. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales20.

15 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo

Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
16 Sentencia T-538 de 1994.
17 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973

de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
18 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para
la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
19 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya

una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
20 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

2.4.4. Defecto por ausencia de motivación

32. En relación con el defecto por ausencia de motivación, resulta pertinente señalar
que se ha reconocido como una causal independiente de procedibilidad de la tutela
contra sentencias. Al respecto, la Corte Constitucional21 ha precisado que este se
configura cuando la autoridad judicial incumple el deber de exponer las razones
fácticas y jurídicas que sustentan su decisión, pues dicho deber constituye un
principio esencial de la función judicial cuya inobservancia vulnera el derecho
fundamental al debido proceso.

33. Sin embargo, también se ha enfatizado en que el mismo no se «estructura ante
cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su
argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto,
porque el respeto al principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se inmiscuya
en meras controversias interpretativas»22.

34. En todo caso, la motivación constituye no solo una exigencia de las providencias
judiciales, sino también una fuente de legitimidad de la función jurisdiccional dentro
de un Estado democrático, pues es un derecho del usuario de la administración de
justicia conocer las razones que justifican la determinación adoptada.

2.4.5. Violación directa de la Constitución Política
35. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

36. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la
Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual
puede configurarse por dos hipótesis:

37. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a)
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

38. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

21 Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
22 Ibídem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

2.4.6. Sobre el caso concreto

29. Juan Camilo Zapata Jiménez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia
proferida el 16 de julio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, mediante la cual, confirmó la decisión del a quo, que declaró
probada la excepción sustantiva de ineptitud de la demanda, y, por ende, terminó el
proceso al considerar que no se había individualizado adecuadamente el acto
administrativo que se pretendía controvertir.

30. Lo anterior, al considerar que las autoridades judiciales incurrieron en defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico por valoración irrazonable e
incompleta del material probatorio, decisión sin motivación, violación directa de los
artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política y desconocimiento del principio pro
actione, al exigir la identificación de un acto administrativo que no le fue entregado
íntegramente ni notificado, no obraba en el expediente y no fue aportado por la
entidad, pese a que el Tribunal decretó una prueba de oficio para obtenerlo.

31. Asimismo, cuestionó que se atribuyera a una constancia electrónica con el
resultado «rechazado» un alcance probatorio equivalente al del acto administrativo y
que, con fundamento en ello, se terminara el proceso, en lugar de adoptar una
solución que permitiera el control judicial de la actuación administrativa y garantizara
la prevalencia del derecho sustancial.

32. Para mayor claridad del asunto y con fin de estudiar los cargos, la Sala pone de
presente las consideraciones que el Tribunal Administrativo de Antioquia hizo en la
providencia cuestionada, a efectos de concluir que la comunicación identificada con
el radicado MDN-COGM-COEJC-SECJ-JEMOP-DIV07-BR04-BR-1.10, expedida el
27 de noviembre de 2023, no era definitiva, y en ese sentido, había operado la
indebida individualización del acto administrativo demandado:

«[…] Encontrándose el expediente a despacho para resolver el recurso de apelación
presentado contra el auto emitido el 9 de diciembre de 2025, se advirtió la necesidad
de decretar una prueba de oficio mediante auto de 16 de junio de 2026, para que las
partes aportaran copia de la decisión emitida el 11 de agosto de 2023 por la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
[…]
Descendiendo al caso concreto, se tiene que la parte demandante, inconforme con la
decisión adoptada mediante auto de 9 de diciembre de 2025, argumentó que sometió
a control de legalidad el acto administrativo definitivo por medio del cual, la entidad
demandada, le negó el permiso para portar un arma, y en esa medida, el juzgado de
primera instancia, erró al declarar probada la excepción de ineptitud sustancial de la
demanda por indebida individualización del acto administrativo demandado.

Las partes respondieron a la prueba de oficio así:

• Parte demandante: En cumplimiento del requerimiento, la parte demandante
manifestó que la decisión del 11 de agosto nunca le fue notificada, razón por la cual
presentó un derecho de petición para conocer las razones de la negativa y, ante la falta

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

de respuesta, promovió acción de tutela, en cumplimiento de la cual fue expedida la
comunicación de 27 de noviembre de 2023, acto que considera demandable.

Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional: Por su parte, la entidad
demandada, en respuesta al requerimiento efectuado, manifestó que no era posible
aportar una decisión motivada de 11 de agosto de 2023, por cuanto negar la
autorización para el porte de armas corresponde al ejercicio de una facultad
discrecional que no exige motivación.
Explicó que el trámite se adelanta íntegramente a través de la plataforma SIAEM, medio
por el cual se comunica al interesado cada una de las actuaciones surtidas, razón por
la cual la decisión definitiva consistió en la anotación registrada en dicho aplicativo el
11 de agosto de 2023, mediante la cual se informó el rechazo de la solicitud.

Aseveró que la respuesta emitida el 27 de noviembre de 2023 se limitó a atender el
derecho de petición presentado por el demandante, reiterando el carácter discrecional
de la decisión, sin definir nuevamente su situación jurídica, por lo que insistió en que el
acto administrativo definitivo susceptible de control judicial es el comunicado a través
de la plataforma en agosto de 2023, cuya constancia allegó en cumplimiento del
requerimiento judicial.

Para resolver el asunto, la Sala advierte que la controversia no radica en establecer si
la comunicación de 27 de noviembre de 2023 fue expedida con ocasión del derecho de
petición presentado por el demandante o si mediante ella la administración reiteró la
negativa de autorizar el porte de armas, pues tales circunstancias no son objeto de
discusión. El problema jurídico se circunscribe a determinar si dicho pronunciamiento
constituía un acto administrativo definitivo susceptible de ser sometido al control de
legalidad de esta jurisdicción o si, por el contrario, el acto que debió demandarse era
la decisión emitida el 11 de agosto de 2023, mediante la cual la entidad resolvió la
solicitud de autorización para el porte de armas.

La posibilidad de someter un acto administrativo a control de legalidad no depende de
la denominación que la administración le otorgue, ni del medio a través del cual sea
comunicado, sino de la naturaleza jurídica de la decisión y, particularmente, de los
efectos que esta produzca sobre la situación jurídica del administrado. De ahí que la
jurisprudencia del Consejo de Estado23 haya precisado que únicamente son
susceptibles de control jurisdiccional los actos administrativos definitivos y,
excepcionalmente, aquellos actos de trámite que hagan imposible continuar la
actuación administrativa, en tanto son los únicos que contienen una manifestación de
voluntad apta para crear, modificar o extinguir una situación jurídica.

Para establecer si una actuación administrativa es susceptible de control por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, resulta necesario determinar su
naturaleza jurídica, esto es, establecer si corresponde a un acto de trámite, de
ejecución o definitivo.

En ese contexto, los actos de trámite constituyen aquellas actuaciones que impulsan,
preparan o desarrollan el procedimiento administrativo, sin resolver el fondo del asunto
sometido a consideración de la administración. Por su parte, los actos de ejecución se
limitan a materializar o comunicar una decisión previamente adoptada, razón por la cual
tampoco crean una situación jurídica distinta de la definida en el acto que ejecutan. En
contraste, los actos administrativos definitivos son aquellos que ponen fin a la actuación
administrativa o deciden, directa o indirectamente, el asunto sometido a consideración
de la autoridad, produciendo efectos jurídicos sobre los derechos o intereses del
administrado.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 25000-23-42-000-2014-00109-01(1997-16) C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

El procedimiento administrativo adelantado por el demandante para obtener la
autorización de porte de arma de fuego culminó con la decisión, mediante la cual ,el
Ejército Nacional negó la autorización solicitada el 11 de agosto de 2023, oportunidad
en la cual la entidad resolvió de manera desfavorable la solicitud presentada. Así lo
reconocen ambas partes, al atender el requerimiento probatorio hecho por esta
Corporación, pues mientras el demandante manifestó haber conocido a través de la
plataforma SIAEM, que el trámite se rechazó, la entidad explicó que esa anotación
correspondía precisamente a la decisión definitiva adoptada dentro del procedimiento
administrativo.

Si bien, el actor sostuvo que la decisión del 11 de agosto de 2023 no le fue notificada
y que únicamente conoció el resultado del trámite, mediante la plataforma habilitada
por la entidad, ello no modifica la naturaleza jurídica de la decisión adoptada, pues tal
circunstancia podría tener incidencia en la eficacia del acto, mas no convierte en
definitivo un pronunciamiento posterior que únicamente explicó las razones de una
decisión previamente adoptada. En efecto, el derecho de petición presentado con
posterioridad no estuvo encaminado a obtener un nuevo pronunciamiento sobre la
autorización solicitada, sino a conocer las razones de negar el permiso para portar
armas.

En ese orden de ideas, la comunicación identificada con el radicado MDN-COGM-
COEJC-SECJ-JEMOP-DIV07-BR04-BR-1.10, expedida el 27 de noviembre de 2023,
no constituye un acto administrativo definitivo, pues mediante ella la administración no
volvió a pronunciarse sobre la solicitud presentada por el actor ni modificó la decisión
adoptada el 11 de agosto de 2023, sino que se limitó a responder el derecho de petición
elevado, explicando las razones que sustentaban negar el porte de armas.

En esas condiciones, el hecho de que en la mencionada respuesta se hubiesen
expuesto los fundamentos de la decisión no tiene la vocación de convertirla en un
nuevo acto administrativo susceptible de control judicial, pues ello implicaría aceptar
que toda respuesta mediante la cual la administración explicó o reiteró una decisión
previamente adoptada constituye un nuevo acto demandable, conclusión que
desconoce la naturaleza de los actos administrativos definitivos y de los de ejecución.

La Sala comparte la decisión adoptada por el juzgado, en cuanto consideró que la
comunicación del 27 de noviembre de 2023 no es un acto administrativo definitivo, pues
no creó, modificó, ni extinguió una situación jurídica diferente a la definida mediante la
decisión del 11 de agosto de 2023. Por ello, el acto susceptible de ser sometido al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho era este último y no la
respuesta emitida con ocasión del derecho de petición formulado por el demandante.

Al haberse formulado la demanda contra una actuación que no tenía la naturaleza de
acto administrativo definitivo, se configuró la indebida individualización del acto
administrativo demandado prevista en el artículo 163 del CPACA, razón por la cual el
juzgado acertó al declarar probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda
y disponer la terminación anticipada del proceso. En consecuencia, la Sala confirmará
la decisión adoptada por el juzgado de primera instancia, mediante el auto de 9 de
diciembre de 2025. […]» [sic].

33. En este punto, la Sala indica que analizará conjuntamente los cargos relacionados
con el supuesto rigorismo procesal, la valoración probatoria y el principio pro actione,
en tanto se sustentan en la inconformidad del demandante frente a la exigencia de
individualizar como acto demandable la decisión del 11 de agosto de 2023. De otra
parte, estudiará de manera independiente los cuestionamientos relativos a la

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

motivación de la providencia y a la alegada violación directa de los artículos 29, 228
y 229 de la Constitución Política.

34. Respecto de los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico y
desconocimiento del principio pro actione, la Sala no advierte una actuación arbitraria
o irrazonable de las autoridades judiciales, pues contrario al decir de la parte
demandante, se observa que el tribunal no se limitó a aplicar mecánicamente el
artículo 163 del CPACA, sino que decretó prueba de oficio para establecer la
actuación administrativa que resolvió la solicitud del demandante y, con fundamento
en las respuestas allegadas y la constancia registrada en el SIAEM, hizo una
valoración conjunta que le permitió concluir que el trámite culminó con el rechazo de
la solicitud de autorización para el porte de armas el 11 de agosto de 2023.

35. Asimismo, determinó que la comunicación del 27 de noviembre de 2023 se produjo
en respuesta a un derecho de petición y se limitó a explicar las razones de una
decisión previamente adoptada, sin modificar la situación jurídica del interesado.

36. En ese contexto, la ausencia de entrega o notificación íntegra de la decisión del
11 de agosto de 2023 no desvirtúo la conclusión adoptada por el tribunal, pues tal
como este lo precisó, dicha circunstancia podría incidir en su eficacia o en el cómputo
de los términos para ejercer los medios de control, pero no modificó su naturaleza
jurídica ni convirtió la respuesta posterior en un nuevo acto administrativo definitivo.
Así, la exigencia de individualizar el acto objeto de control no comportó un rigorismo
procesal injustificado, sino que respondió a la necesidad de determinar cuál actuación
administrativa había definido la situación jurídica del accionante.

37. Bajo ese mismo análisis, tampoco se advierte desconocimiento del principio pro
actione, comoquiera que este no autoriza a prescindir de las reglas que determinan
el objeto del control jurisdiccional ni impone considerar como acto definitivo una
actuación que, de acuerdo con una interpretación razonable y sustentada,
únicamente reiteró o explicó una decisión anterior.

38. En consecuencia, la Sala encuentra que las autoridades judiciales ejercieron de
manera razonable su competencia para determinar la procedencia del medio de
control y que los reparos del demandante se dirigen contra la interpretación y
valoración adoptadas en el proceso ordinario, sin que se advierta un defecto
constitucionalmente relevante que justifique la intervención excepcional del juez de
tutela.

39. En cuanto al defecto por decisión sin motivación, tampoco se encuentra
acreditado, ya que la providencia cuestionada expuso de manera clara el problema
que debía resolver, identificó las actuaciones administrativas relevantes, examinó las
respuestas otorgadas por las partes frente a la prueba de oficio y explicó por qué
consideró que la decisión del 11 de agosto de 2023 era el acto definitivo y que la
comunicación del 27 de noviembre siguiente no modificó la situación jurídica, en
particular, la autoridad judicial respondió al argumento central de la apelación, relativo

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

a que esta última comunicación debió ser considerada el acto susceptible de control
judicial. Así, la providencia contiene razones jurídicas y probatorias que permiten
comprender el fundamento de la decisión adoptada, sin que corresponda al juez
constitucional determinar si esa interpretación era la única jurídicamente posible.

40. Finalmente, tampoco se advierte una violación directa de los artículos 29, 228 y
229 de la Constitución Política, toda vez que, el derecho al debido proceso no resulta
desconocido por el solo hecho de que el juez natural adopte una interpretación
desfavorable a las pretensiones de una de las partes, siempre que la decisión se
adopte dentro del procedimiento correspondiente, con fundamento en las normas
aplicables y a partir de los elementos de juicio disponibles.

41. De igual manera, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la
administración de justicia no implican que puedan desconocerse las reglas que
determinan cuáles actuaciones administrativas son susceptibles de control
jurisdiccional. En este caso, la terminación del proceso obedeció a la conclusión de
los jueces naturales acerca de la indebida individualización del acto demandado,
conclusión que fue explicada y sustentada en la providencia cuestionada.

42. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que
conduce a la denegatoria del recurso de amparo.

43. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y, por lo tanto, no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

44. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Juan Camilo Zapata Jiménez, en la solicitud de tutela
presentada contra el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de
Medellin y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

45. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05670-00
Demandante: Juan Camilo Zapata Jiménez

F A L L A:

Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Camilo Zapata
Jiménez, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

DMOR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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