Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05678-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05678-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05678-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05678-00
Accionante: John Jairo Rincón Preciado
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de pérdida de investidura / NIEGA.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 17 de julio de 20262, el señor John Jairo Rincón Preciado presentó acción de
tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, honra, buen
nombre, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva 3.
2.
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 5 de marzo de 2026, emitida dentro del
proceso de pérdida de investidura 4 que promovió el señor Omar Javier Medina
Alfonso en su contra, por haber incurrido en la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000, relativa a la intervención en la celebración de contratos con
entidades públicas dentro del año anterior a la elección como concejal del municipio
de Sogamoso para el periodo 2024-2027.
3.
Dicho asunto le correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de
Boyacá, el cual negó las pretensiones de la demanda, en sentencia del 26 de
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 La tutela se interpuso el 17 de julio de 2026 a las 5:38 p.m., por lo que se entiende presentada al día siguiente.
3 También pidió la protección al ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido y del principio pro homine.
4 Radicado: 15001-23-33-000-2024-00365-00/01
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
noviembre de 2024. Consideró que se configuraba la cosa juzgada respecto del
elemento objetivo del juicio de pérdida de investidura, por cuanto este había sido
objeto de análisis y decisión por la Sección Quinta del Consejo de Estado en
sentencia del 24 de octubre del mismo año, en la que se declaró la nulidad de su
elección. Sin embargo, descartó la configuración del elemento subjetivo, al estimar
que no se acreditó que aquel hubiera incurrido dolosamente en la inhabilidad por
obtención de ventaja electoral o desarrollo de actividades proselitistas con ocasión
de su vinculación a Coservicios S.A. E.S.P.
4.
La anterior decisión fue revocada por la Sección Primera del Consejo de Estado
en la providencia del 5 de marzo de 2026. Respecto al elemento objetivo mantuvo la
misma postura que el a quo y en relación con el subjetivo sostuvo que el acusado
incurrió en la conducta prohibida con culpa grave, toda vez que dentro del período
inhabilitante celebró un contrato con una empresa de servicios públicos de
naturaleza mixta, el cual debía ejecutarse en el municipio de Sogamoso, sin que
hubiera desplegado ninguna conducta que demostrara su actuar diligente respecto
al conocimiento del régimen de inhabilidades propio del cargo al que aspiraba.
5.
Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que la autoridad
accionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer que de conformidad con los
artículos 1 de la Ley 1881 de 2018 y 29 de la Constitución, así como con la
jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, la pérdida de investidura
constituye un juicio de naturaleza subjetiva, regido por las garantías del debido
proceso y la presunción de inocencia. Por tanto, corresponde al solicitante
demostrar, mediante prueba suficiente, que la conducta se realizó con dolo o culpa
grave.
6.
En su criterio, la Sección Primera del Consejo de Estado desconoció esas
garantías al exigirle demostrar que actuó diligentemente antes de inscribirse como
candidato y de celebrar el contrato de trabajo con Coservicios. Con ello, invirtió la
carga de la prueba, pues construyó el juicio de culpabilidad a partir de la falta de
acreditación de su diligencia, pese a que correspondía al demandante probar el dolo
o la culpa grave. Añadió que la ausencia de prueba acerca del cuidado desplegado
no equivale a la demostración de esas modalidades de culpabilidad y que la
providencia cuestionada tampoco identificó una prueba directa o suficientemente
concluyente que permitiera afirmar que conocía la inhabilidad y decidió desconocerla
voluntariamente.
7.
Afirmó que esa conclusión desconoció que la configuración del elemento objetivo
de la inhabilidad no derivó de la aplicación directa, clara e inequívoca de una
disposición legal, sino de un complejo ejercicio de interpretación sistemática del
ordenamiento jurídico. Explicó que al resolver la demanda previa de nulidad electoral,
la controversia consistió en determinar si Coservicios, como empresa de servicios
públicos mixta sometida al derecho privado, podía considerarse una entidad pública
para efectos de la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
de 1994. Tanto su defensa como el Tribunal Administrativo de Boyacá estimaron
inicialmente que no, entre otras razones, porque el artículo 38 de la Ley 489 de 1998
se refiere expresamente a las empresas oficiales de servicios públicos, sin incluir a
las de carácter mixto, de modo que la causal de inhabilidad no podía extenderse
mediante una interpretación analógica o extensiva. Solo en segunda instancia, la
Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó lo contrario, a partir de una
interpretación sistemática de la Ley 489 de 1998, el artículo 104 del CPACA y la
razón de la decisión contenida en la sentencia C-736 de 2007.
8.
A juicio del demandante, la existencia de interpretaciones judiciales opuestas en
el medio de control previo a la pérdida de investidura, impedía concluir que conocía
de manera cierta e inequívoca la inhabilidad y que, pese a ello, decidió desconocerla;
por el contrario, esa complejidad hermenéutica constituía un elemento relevante para
descartar el dolo o la culpa grave. Agregó que antes de formalizar su aspiración
electoral consultó al Departamento Administrativo de la Función Pública acerca de la
posible configuración de una inhabilidad, actuación que obraba en el expediente de
nulidad electoral incorporado al proceso de pérdida de investidura.
9.
Concluyó que la providencia cuestionada desnaturalizó el carácter subjetivo del
proceso de pérdida de investidura al edificar la culpabilidad sobre inferencias
derivadas de la supuesta falta de diligencia, y no sobre pruebas que desvirtuaran la
presunción de inocencia que lo cobijaba, al acreditarse que actuó con dolo o culpa
grave.
10.
A su vez, alegó la configuración de un defecto fáctico porque la Sección Primera
del Consejo de Estado tuvo por acreditado el elemento subjetivo de la pérdida de
investidura sin contar con prueba de que conociera la ilicitud de su conducta o
hubiera actuado con culpa grave. Afirmó que esa ausencia de soporte probatorio fue
indebidamente suplida mediante la inversión de la carga de la prueba, al exigírsele
demostrar su diligencia y buena fe, pese a que correspondía al solicitante de la
sanción desvirtuar la presunción de inocencia mediante prueba suficiente.
11.
Sostuvo además que la autoridad judicial accionada realizó una valoración
fragmentada y selectiva del expediente del proceso previo de nulidad electoral, pues
le reconoció eficacia para declarar la cosa juzgada respecto del elemento objetivo de
la inhabilidad, pero omitió apreciar el concepto emitido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública. En este se indicó que su vinculación laboral
con Coservicios no le impedía aspirar al concejo municipal, circunstancia que
evidenciaba que antes de inscribirse consultó a la autoridad competente para
verificar si se encontraba inhabilitado, lo que reforzaba que su actuar fue de buena
fe y diligente.
12.
En concreto, cuestionó que se restara relevancia a esa prueba porque la consulta
no se hubiera referido específicamente a la causal posteriormente aplicada. Explicó
que acudió a Función Pública para exponer su situación y establecer si existía alguna
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inhabilidad, por lo que exigirle formular una pregunta distinta -o que versara
específicamente sobre la causal que el Consejo de Estado aplicó en su contra-
suponía asumir que conocía de antemano la causal, cuya existencia, precisamente,
pretendía esclarecer. Acorde a ello, sostuvo que lejos de acreditar el dolo o la culpa
grave el concepto demostraba que desplegó actuaciones concretas para verificar la
legalidad de su aspiración y que la eventual equivocación jurídica provino de la
autoridad consultada, sin que ello pudiera serle atribuible.
13.
De otro lado, el señor Rincón manifestó que la autoridad accionada incurrió en
desconocimiento del precedente contenido en la Sentencia SU-292 de 2025, en
la que la Corte Constitucional precisó que la pérdida de investidura, como
manifestación del ius puniendi del Estado, está sometida a los principios de
culpabilidad y presunción de inocencia. Por ello, su declaratoria exige un examen
autónomo y riguroso del dolo o la culpa grave, que atienda las circunstancias
particulares de la conducta, incluida la posible existencia de buena fe calificada o de
errores atribuibles a la administración, y corresponde al solicitante de la sanción
desvirtuar la presunción de inocencia.
14.
A su juicio, la Sección Primera se apartó de esa regla sin justificación alguna, pues
en lugar de valorar integralmente las circunstancias relevantes para establecer el
elemento subjetivo, entre ellas, la consulta previa formulada a Función Pública y la
disparidad de criterios judiciales sobre la naturaleza jurídica de Coservicios; habría
derivado la culpabilidad de la configuración objetiva de la inhabilidad y trasladado al
investigado la carga de demostrar su diligencia.
15.
Finalmente, adujo la configuración de una violación directa de la Constitución,
específicamente, de los artículos 29 y 40 Superiores, por cuanto se le impuso la
pérdida de una investidura que, según la sentencia de nulidad electoral previa y sus
efectos ex tunc, nunca habría existido jurídicamente. Sostuvo que ambas decisiones
parten de premisas incompatibles: mientras una declaró que su elección no produjo
efectos desde su origen, la otra presupuso la existencia válida de la investidura para
imponerle la máxima sanción política. Por ende, aseveró que la Sección Primera
debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a cualquier interpretación
normativa que permitiera esa contradicción.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
16.
Mediante auto de 22 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada, y se vinculó al señor Omar Javier Medina Alfonso
en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se requirió al Tribunal
Administrativo de Boyacá para que remitiera copia digital del expediente 15001-23-
33-000-2024-00365-00/01.
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado
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(i) Sección Primera del Consejo de Estado5
17.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional o, en caso de efectuarse el análisis de fondo del caso
concreto, negar las pretensiones por no existir vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante. Considera que la controversia planteada
gira en torno a la inconformidad del demandante con la decisión adoptada por el juez
natural, sumado a que los argumentos expuestos en la demanda constitucional
fueron resueltos en la sentencia cuestionada, lo que denota que la tutela se interpuso
a fin de surtir una tercera instancia.
(ii) Omar Javier Medina Alfonso
18.
Pidió que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, dado que la
sentencia objeto de tutela fue debidamente motivada, respetó las garantías
procesales del actor y examinó los elementos objetivo y subjetivo de la pérdida de
investidura. En su criterio, el debate carece de relevancia constitucional, pues
pretende reabrir debates jurídicos y probatorios ya resueltos por el juez natural y
convertir la tutela en una instancia adicional.
19.
En cuanto al elemento objetivo, señaló que estaba acreditado toda vez que el
señor Rincón celebró dentro el año anterior a su elección contrato de trabajo con
Coservicios. Empresa que, de conformidad con la Ley 142 de 1994 y la sentencia C-
736 de 2007, tiene naturaleza de entidad pública descentralizada e integra la Rama
Ejecutiva, condición que no se modifica porque algunos de sus actos se rijan por el
derecho privado.
20.
Respecto del concepto del DAFP, afirmó que no era vinculante para los jueces de
instancia, conforme al artículo 28 del CPACA, en adición a que se refirió a una causal
de inhabilidad distinta, relativa al ejercicio como empleado público o de autoridad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
21.
La Sala negará la solicitud de amparo, pues si bien se superan los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, no se
acreditó la configuración de las causales específicas de procedibilidad invocadas..
22.
Sobre lo primero, la Sala encuentra que el cuestionamiento expuesto trasciende
al ámbito constitucional. Se enmarca en una presunta transgresión a la Carta Política
que conllevó a que se declarara la pérdida de investidura del accionante, sanción
que comporta una afectación permanente de los derechos políticos del afectado, que
5 Intervención contenida en 9 folios.
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado
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demanda un juicio constitucional, orientado a descartar cualquier exceso del juez
natural, con incidencia ius fundamental.
23.
Adicional a ello, no existe otro mecanismo judicial para decidir sobre los reproches
expuestos; se cumple el requisito de inmediatez (la providencia cuestionada es del
5 de marzo de 2026 y la tutela se presentó el 17 de julio de 2026); el accionante
identifica de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como
el derecho; y no se controvierte una sentencia de tutela u otra providencia de
aquellas frente a las cuales este mecanismo constitucional es absolutamente
improcedente.
24.
En relación con los defectos alegados, sobre el supuesto yerro sustantivo, la Sala
observa que la autoridad judicial explicó que, conforme al artículo 1 de la Ley 1881
de 2018 (modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019) y a la jurisprudencia
aplicable, el juicio por pérdida de investidura constituye una manifestación del ius
puniendi de Estado y exige que quien solicita la sanción, demuestre que la conducta
fue cometida con dolo o culpa grave.
25.
Señaló que con la expedición de la Ley 1881 de 2018 el legislador incorporó el
principio de culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura, de manera que
resulta necesario acreditar la responsabilidad subjetiva del inculpado, es decir, que
su conducta fue dolosa o gravemente culposa. Asimismo, recordó que la
jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado6 ha precisado que para
definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa, debe establecerse si el
sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico. Añadió que también correspondía verificar la posible
existencia de buena fe calificada, error invencible, fuerza mayor o cualquier otra
circunstancia que permitiera excluir la culpabilidad.
26.
Bajo ese entendimiento normativo y jurisprudencial, la Sección Primera abordó el
caso concreto, a fin de establecer si la conducta del señor Rincón Preciado podría
atribuírsele a título de culpa grave o si, por el contrario, estaba probada alguna
circunstancia que excluyera su responsabilidad.
27.
Del material probatorio advirtió que, el señor John Jairo Rincón suscribió contrato
individual de trabajo con la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.
Coservicios, cuyos estatutos señalaban que era de naturaleza mixta, anónima y
sujeta a las reglas del derecho privado. Indicó que, de acuerdo con el documento
titulado “Informe de Vigilancia Detallada – Evaluación Integral de Prestadores (…)”,
su principal accionista era el municipio de Sogamoso con participación del 62.40%.
6 Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
mayo de 2017, número único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI), CP: María Elizabeth García
González” y “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando
Sánchez Sánchez, sentencia de 19 de abril de 2021, radicado: 44001-23-40-000-2020-00030-01(PI)”
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado
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28.
Con sustento en la jurisprudencia aplicable, indicó que las empresas de servicios
públicos mixtas tienen naturaleza pública y están sometidas al régimen especial
previsto en la Ley 142 de 1994, de conformidad con los artículos 365 y 367 de la
Constitución. En consecuencia, tuvo por acreditado que el contrato se celebró con
una entidad pública dentro del periodo inhabilitante y debía ejecutarse en el
municipio de Sogamoso.
29.
También precisó que distinguir entre los contratos celebrados con entidades
públicas según el régimen jurídico aplicable, desconocería el numeral 3. del artículo
43 de la Ley 136 y la jurisprudencia de esta corporación que ha señalado que basta
demostrar que el accionado celebró dentro del año anterior a su elección un contrato
con una entidad pública, con independencia del régimen jurídico aplicable.
30.
En consecuencia, manifestó que, aun si el entonces accionado tenía alguna duda
en relación con la configuración de la causal de inhabilidad, persistía en él la
obligación de indagar la normatividad aplicable para ocupar el cargo de elección
popular, empleando la diligencia requerida para evitar incurrir en la prohibición.
Afirmó que, la revisión de los requisitos e inhabilidad que rigen al cargo al cual se
aspiraba constituye una obligación general para quien pretenda acceder a esa
dignidad.
31.
Seguidamente, aseveró que la prueba de la diligencia y cuidado, cuando se
invocan como circunstancias excluyentes de culpabilidad, se rige por la regla
prevista el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, según la cual corresponde a las
partes demostrar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que persiguen.
32.
Acorde a ello, mencionó que al descorrer el traslado del auto que admitió el
recurso de alzada, el demandado manifestó que fue diligente porque, previo a su
inscripción como candidato al concejo municipal de Sogamoso por el partido MAIS,
presentó petición ante el Departamento Administrativo de la Función Pública para
solicitar concepto sobre su situación particular y que dicha entidad, mediante Oficio
de radicado 20232060085112, le indicó: “[…] Por ende y, para dar respuesta puntual
a su consulta, esta Dirección Jurídica considera que un empleado de una empresa
de servicios públicos mixta no se encuentra inhabilitado para aspirar al concejo
municipal, en el entendido de que no tiene la calidad de empleado público y, en ese
sentido, no le es aplicable el régimen de inhabilidades. […]”.
33.
Sobre el valor de los conceptos y las asesorías jurídicas como prueba de la
diligencia y cuidado, la Sección Primera puso de presente que la sola formulación
de una consulta no permite tener por superado el juicio de culpabilidad, y que
corresponde al juez evaluar las particularidades del caso y verificar si la actuación
invocada, es adecuada para generar un convencimiento justificado, defendible y
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05678-00
Accionante: John Jairo Rincón Preciado
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razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura7.
34.
También mencionó que esa misma Sección ha desarrollado una línea
jurisprudencial pacífica en el sentido de señalar que no cualquier gestión permite
demostrar la diligencia y cuidado y, en consecuencia, los conceptos para que actúen
como eximentes de responsabilidad deben contener una serie de exigencias, a
saber: (i) consultar la jurisprudencia (ii) contener una formulación correcta de las
preguntas; (iii) incluir apreciaciones conclusivas; y, (iv) contener criterios de
idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración.
35.
En el caso concreto, la autoridad judicial señaló que el señor Rincón no aportó al
proceso el concepto que rindió el DAFP, lo que impidió verificar la formulación
correcta, completa y oportuna de la consulta, así como determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos puestos en conocimiento de la entidad administrativa coincidían
con los debatidos en el proceso. Tampoco permitió establecer si el pronunciamiento
estaba sustentado en la jurisprudencia aplicable y contenía apreciaciones idóneas,
congruentes, pertinentes y conclusivas.
36.
Sin embargo, garantizando que se evaluaran todos los argumentos de defensa
del investigado, citó los apartes que sobre el concepto se trajeron a estudio y
concluyó que no guardaban relación con la causal objeto del proceso. Explicó que
aquellos se referían a su condición de empleado público, supuesto relacionado con
el numeral 2.º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, mientras que el asunto consistía
en determinar si había celebrado, dentro del año anterior a la elección, un contrato
con una entidad pública
37.
Por ende, concluyó que esta actuación no permitía concluir que el señor Rincón
Preciado hubiera actuado con la debida diligencia para conocer y evitar la inhabilidad
efectivamente configurada.
38.
De otro lado, la Sección Primera resaltó que la parte accionada, en el trámite de
la segunda instancia, alegó haber obrado de buena fe calificada, debido a la falta de
claridad de la causal. Como sustento de su alegato, aquel invocó la diferencia de
criterios surgida al interior del proceso previo de nulidad electoral, en el que el
Tribunal Administrativo de Boyacá consideró inicialmente que Coservicios no
constituía una entidad pública para estos efectos, mientras que la Sección Quinta
llegó a la conclusión contraria. A su juicio, esa divergencia demostraba la
complejidad de la prohibición y hacía comprensible que hubiera incurrido en ella.
39. Al respecto, la autoridad judicial accionada afirmó que esa diferencia de criterios
no justificaba el incumplimiento del deber de diligencia, pues el entonces
7 Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth
Peña Garzón, sentencia de 11 de marzo de 2021, radicado núm.: 15001-23-33-000-2020-00065-01(PI)”.
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Accionante: John Jairo Rincón Preciado
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demandado no identificó providencias del órgano de cierre que para el momento de
su actuación respaldaran la interpretación en la que pretendía ampararse y pudieran
generar una confianza legítima. Añadió que sus planteamientos expresaban, en
realidad, su inconformidad con el estudio del elemento objetivo de la causal, aspecto
definido con fuerza de cosa juzgada por la Sección Quinta en la sentencia del 24 de
octubre de 2024.
40.
De conformidad con lo anterior, concluyó que no podía predicarse la existencia
de un mínimo grado de diligencia en la conducta del accionado de cara a indagar,
conocer y auscultar la normatividad que resultaba aplicable para aspirar a ocupar un
cargo de elección popular, así como las consecuencias que derivaban del hecho de
incurrir en las prohibiciones previstas por el legislador con efecto de desinvestidura.
Por ende, declaró que, incurrió en la conducta prohibida con culpa grave, toda vez
que celebró un contrato con una entidad estatal, dentro del período inhabilitante, el
cual debía ejecutarse en el respectivo municipio de Sogamoso, sin que haya
desplegado ninguna actividad idónea para revisar el marco jurídico que le era
aplicable, ni acreditar que su comportamiento estaba amparado por la buena fe
calificada.
41.
Con lo hasta aquí expuesto, se evidencia que la Sección Primera no desconoció
la naturaleza subjetiva del proceso de pérdida de investidura, ni consideró suficiente
la configuración material de la causal para imponer la sanción. Al contrario,
reconoció que correspondía al solicitante probar el dolo o culpa grave en el actuar
del funcionario público, siendo indispensable, en todo caso, examinar las
circunstancias particulares que pudieran excluir su responsabilidad.
42.
Tampoco se advierte la inversión de la carga probatoria alegada. Si bien
correspondía al solicitante demostrar la responsabilidad subjetiva, ello no eximía al
señor Rincón de acreditar los supuestos fácticos invocados en su defensa. En
consecuencia, si buscaba demostrar que su conducta estaba amparada por la buena
fe calificada, debió aportar los elementos necesarios para establecer la existencia,
idoneidad y pertinencia de la actuación de la cual pretendía eximirse de
responsabilidad. Exigencia que a juicio de la Sala no equivale a imponerle la carga
de probar su inocencia, sino que es consecuencia de aplicar la regla según la cual
cada parte procesal tiene el deber de probar los hechos sobre los cuales busca
obtener un efecto o consecuencia jurídica favorable a sus intereses.
43.
Además, contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, se estima que la Sección
Primera no omitió, ni valoró irrazonablemente el concepto emitido por el DAFP. Tal
como se explicó en el fallo objeto de tutela, el documento no fue aportado al proceso,
circunstancia atribuible al entonces investigado, que impidió conocer la integralidad
de la consulta y respuesta formulada. Pese a ello, se examinaron los fragmentos
citados en segunda instancia, y razonablemente concluyó que al referirse a otra
causal de inhabilidad -referida a la condición de empleado público, pero no a la
celebración de contratos con el Estado-, descartó que fuera una actuación con
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05678-00
Accionante: John Jairo Rincón Preciado
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
efectos exculpatorios. A ello añadió que esa clase de pronunciamientos no tienen
carácter vinculante para el juez natural.
44.
La autoridad judicial tampoco pasó por alto la diferencia de criterios sobre la
causal de inhabilidad invocada contra el señor John Rincón en el proceso de nulidad
electoral, sino que estimó que ese hecho no demostraba la buena fe calificada que
alegaba el investigado, toda vez que omitió identificar la jurisprudencia que para el
momento de la actuación reprochada respaldara la interpretación en la cual
pretendía apararse. Sumado a que consideró que esos argumentos estaban
orientados a cuestionar el elemento objetivo de la inhabilidad, aspecto sobre el cual
operó la cosa juzgada.
45.
En consecuencia, se considera que el alegado defecto sustantivo únicamente
refleja el desacuerdo con el alcance atribuido al deber de diligencia y la necesidad
de que este fuera debidamente probado en el proceso de pérdida de investidura, y
con la eficacia exculpatoria dada a los hechos invocados en su defensa. Aspectos
que fueron valorados razonablemente por el juez de la causa.
46.
En cuanto al defecto fáctico, respecto al argumento por presunta ausencia de
soporte probatorio y la inversión de la carga probatoria, la Sala se remite a las
consideraciones precedentes. Como se explicó, la Sección Primera encontró
probada la culpa grave, no solo por la falta de prueba de la diligencia para conocer
debidamente el régimen de inhabilidades, sino también del deber de cuidado exigible
al entonces demandado, del contenido que la autoridad judicial atribuyó a la
prohibición y de la ausencia de actuaciones idóneas para verificar la causal
efectivamente configurada.
47.
Tampoco es cierto que se hubiera omitido valorar el concepto de la Función
Pública. Tal como se explicó en líneas anteriores, en la sentencia objeto de tutela,
se identificó su existencia, se citó el fragmento invocado por el investigado, se
recordaron los requisitos jurisprudenciales para que una consulta o asesoría jurídica
tuviera la entidad de demostrar diligencia en quien la invoca como un acto
exculpatorio, y se explicó por qué los apartes transcritos no guardaban relación con
la causal analizada en el caso concreto.
48.
Se descarta el argumento según el cual debió entenderse incorporado el concepto
emitido por el DAFP al proceso de pérdida de investidura, en razón a que este obró
como prueba en el proceso de nulidad electoral surtido con antelación, respecto del
cual se dio efectos de cosa juzgada a la sentencia proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado. El parágrafo del artículo 1.º de la Ley 1881 de 2018 establece
que, en garantía del non bis in ídem, cuando una misma conducta da lugar a una
acción electoral y a un proceso de pérdida de investidura, el primer fallo produce
efectos de cosa juzgada en el otro respecto de los aspectos objetivos juzgados que
resulten compatibles, con excepción del juicio de culpabilidad, que corresponde al
proceso de desinvestidura. Luego, es claro que, en aplicación de esa disposición, la
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05678-00
Accionante: John Jairo Rincón Preciado
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Sección Primera tenía el deber de otorgar efectos de cosa juzgada a la decisión
adoptada en la nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la
inhabilidad.
49.
La cosa juzgada no implica la incorporación automática de la totalidad del
expediente electoral, por ende en cada proceso judicial se deben respetar las reglas
de incorporación y contradicción probatoria. Por ende, si el señor Rincón Preciado
pretendía que el concepto fuera valorado como demostrativo de su actuar diligente
y de buena fe, tenía el deber de aportarlo oportunamente al nuevo trámite. No
obstante, revisadas las actuaciones registradas en SAMAI, se constató que no
contestó oportunamente la demanda de pérdida de investidura y, en consecuencia,
no aportó pruebas dentro de la oportunidad correspondiente. De ello, se dejó
constancia en acta de audiencia celebrada el 29 de octubre de 2024, en la que se
decretaron como pruebas los documentos allegados por el señor Omar Javier
Medina. En consecuencia, la alegada falta de valoración integral del concepto
completo no resulta atribuible a la Sección Primera, sino a la omisión procesal del
propio accionante.
50.
Es así como se advierte que la autoridad accionada examinó el material
probatorio debidamente allegado al plenario. Incluso ante la ausencia del concepto
del DAFP, valoró los apartados que de este citó el señor John Jairo Rincón,
exponiendo las razones por las que consideró que carecía de efectos exculpatorios.
Por ende, es evidente que el defecto fáctico invocado tampoco está llamado a
prosperar, pues solo denota la inconformidad del actor con el análisis efectuado por
el juez natural, desconociendo que la falta de acreditación de su actuar diligente, fue
precisamente su desidia al no contestar la demanda y ejercer una defensa
adecuada.
51.
Lo propio se puede decir del alegado desconocimiento del precedente constituido
por la sentencia SU-292 de 2025. Como se ha explicado a lo largo de este proveído,
es evidente que en la providencia censurada si bien no se hace mención expresa a
esta sentencia, sí se aplicó la regla en ella contenida, toda vez que se diferenciaron
los elementos objetivo y subjetivo de la causa de inhabilidad invocada, se reconoció
la necesidad de acreditar el dolo o culpa grave del investigado, lo que implicó el
examen de los hechos invocados por el exconcejal a fin de demostrar su diligencia
y exculpación.
52.
Por último, el accionante alegó la violación directa de la Constitución por
desconocerse sus artículos 29 y 40, al no haberse aplicado la excepción de
inconstitucionalidad frente a las normas que permitieron decretar la pérdida de una
investidura, que en su criterio nunca existió, porque la nulidad de su elección fue
declarada previamente con efectos ex tunc. Este reproche, a juicio de la Sala,
tampoco está llamado a prosperar porque en la sentencia del 5 de marzo de 2026
se hizo un pronunciamiento razonable sobre este argumento.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05678-00
Accionante: John Jairo Rincón Preciado
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
53.
La Sección Primera explicó que la nulidad electoral y la pérdida de investidura
son procesos autónomos, con objetos, naturaleza y efectos distintos. En el primero
se determina la legalidad del acto de elección, mientras que en el segundo, se
examina la conducta del funcionario elegido y su eventual responsabilidad por
incurrir en una causal de indignidad política. A su vez, manifestó que conforme al
parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 el fallo proferido en el proceso de
nulidad electoral hacía tránsito a cosa juzgada respecto de los aspectos objetivos ya
definidos, pero no impedía adelantar el juicio de culpabilidad, propio de la pérdida
de investidura.
54.
Por lo hasta aquí expuesto, se negará la solicitud de amparo.
55.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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