Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05679-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05679-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05679-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05679-00
Demandante: MARÍA YANED GIL TABARES
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICAL DE
ANTIOQUIA
Tema: Tutela contra acto administrativo. Declara la improcedencia
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por la
señora María Yaned Gil Tabares contra los magistrados Martha Sofía Fernández
Boyacá, Nancy Ávila de Miranda, María Stella Jara Jaramillo, John Jairo Ortiz
Álzate, René Molina Cárdenas y Gustavo Adolfo Pinzón Jácome, así como contra
el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución
Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
La señora María Yaned Gil Tabares, en nombre propio, presentó acción de tutela 1
contra los magistrados Martha Sofía Fernández Boyacá, Nancy Ávila de Miranda,
María Stella Jara Jaramillo, John Jairo Ortiz Álzate, René Molina Cárdenas y
Gustavo Adolfo Pinzón Jácome2, así como contra el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la
1
Mediante escrito radicado el 7 de julio de 2026, a través del aplicativo web de recepción de tutelas
y habeas corpus en línea.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Oralidad de
Bogotá que mediante auto de la misma fecha rechazó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó
el envió del expediente a la Corte Suprema de Justicia.
Una vez remitido el proceso a dicha corporación fue repartido al magistrado Gerardo Barbosa
Castillo, de la Sala de Casación Penal que, a través de proveído de 14 de julio de 2026, dispuso
remitir el expediente al Consejo de Estado, en virtud del inciso 2.º del numeral 8.º del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 20151, modificado por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021.
2 De conformidad con la información suministrada en la página web
https://tribunalsuperiorantioquia.com/sala-penal/magistrados, los mencionados magistrados
conforman la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia.
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Demandante: María Yaned Gil Tabares
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
igualdad, al «M[É]RITO, PROMOCI[Ó]N DE SERVIDORES EN CARRERA
JUDICIAL».
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
al nombramiento que realizó la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Antioquia, en el cargo de oficial mayor de la Secretaría de esa corporación, a
través de la Resolución número 022 de 6 de julio de 2026.
1.2. Pretensiones
La parte actora pidió:
1) Se tutele los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, TRABAJO,
IGUALDAD, MERITO, PROMOCION DE SERVIDORES EN CARRERA JUDICIAL,
toda vez que no se dio la oportunidad de postulación para acceder al cargo de
OFICIAL MAYOR en la secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
2) Se ordene a la SALA PENAL del Tribunal Superior de Antioquia – Presidente de la
Sala-, dejar sin efecto del acto administrativos del nombramiento del cargo de
OFICIAL MAYOR, hasta tanto se agote el debido proceso, conforme al artículo 152
numeral 2 de la ley 270 de 1996.
3) Que se publique dicho cargo en la página de AVISOS/VACANTES/TEMPORALES
de la Rama Judicial, para acceder a la postulación.
4) Que se siga informando de dichas vacantes a los empleados, ya que, al ser cargos
públicos, debe ser de manera transparente y hay muchos empleados que pueden
cumplir con el requisito para ascender.
5) Que se les informe a los empleados, cual es la postura que tienen los Magistrados
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia para realizar los nombramientos
en provisionalidad, en encargo, incapacidades, vacaciones y de qué manera son
asignadas las balotas.
6) Que se establezca un método de publicidad, que garantice prioritariamente la
participación efectiva de los empleados inscritos en carrera judicial y que acrediten
los requisitos de los cargos para ocupar las vacantes.3
1.3. Hechos probados y/o admitidos
De los hechos que relató la parte actora en su escrito de tutela, la Sala los sintetiza
de la siguiente manera:
1.3.1. La señora María Yaned Gil Tabares, adujo que desde el 27 de noviembre de
2003 hasta la fecha se desempeña como escribiente municipal en propiedad en la
Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
1.3.2. Indicó que el 30 de junio de 2026, la oficial mayor en propiedad presentó la
renuncia a dicho cargo debido a que tomó posesión como Juez Civil Municipal, por
lo que remitió su hoja de vida a los magistrados para que la tuviesen en
consideración para un ascenso, puesto que según dijo, cumplía con los requisitos.
3
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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1.3.3. Sin embargo, no fue elegida para el cargo, dado que a quien se nombró a
través de acto administrativo fue al señor Julián David Montoya Taborda, «quien no
ostenta propiedad en ningún cargo dentro de la Rama Judicial, quien ha ocupado
varios cargos en provisionalidad pero siempre como escribiente tribunal, sin que se
haya puesto en consideración [su] hoja de vida, ya que [es] la única que [está] EN
PROPIEDAD COMO ESCRIBIENTE TRIBUNAL».
1.4. Fundamento de la solicitud
La señora María Yaned Gil Tabares aseguró que sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, a la igualdad, al «M[É]RITO, PROMOCI[Ó]N DE
SERVIDORES EN CARRERA JUDICIAL» se transgredieron con la Resolución
número 022 de 6 de julio de 2026, por medio de la cual se nombró en provisionalidad
al señor Julián David Montoya Taborda «como Oficial Mayor adscrito a la Secretaría
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia».
Asimismo, adujo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
transgredió el artículo 68 de la Ley 2430 de 2025, sumado a que además que
considera que la vacante a la que se postuló debe hacerse pública.
Expuso que lleva veintidós (22) años vinculada a la Rama Judicial en propiedad,
cumpliendo sus funciones de manera responsable y sus calificaciones han sido con
un promedio de 96-98 puntos.
Finalmente expresó que se omitió el derecho a la promoción de servidores de
carrera oficial.
1.5. Auto que admitió la acción de tutela
El magistrado ponente de esta sentencia, mediante auto de 22 de julio de 2026,
admitió la tutela, ordenó notificar a la señora María Yaned Gil Tabares, así como a
los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Antioquia, esto es, los señores Martha Sofía Fernández Boyacá, Nancy Ávila de
Miranda, María Stella Jara Jaramillo, John Jairo Ortiz Álzate, René Molina Cárdenas
y Gustavo Adolfo Pinzón Jácome, así como al Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín y al Departamento Administrativo de la Función Pública.
Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés a los señores Alexis
Tobón Naranjo4 y Julián David Montoya Taborda, así como a la persona que en la
actualidad ocupa el cargo de oficial mayor de la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Antioquia, que la actora pretende a través de la presente
acción constitucional.
4
Secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Gustavo Adolfo Pinzón Jácome
En memorial de 27 de julio de 2026, manifestó que con la presente acción de tutela,
la actora pretende controvertir la legalidad de un acto administrativo de
nombramiento efectuado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
Por consiguiente, indicó que «el ordenamiento jurídico prevé mecanismos judiciales
específicos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para cuestionar
actos de nombramiento, particularmente la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho o, según el caso, el medio de control electoral regulados en la Ley 1437 de
2011».
De manera que, la acción de tutela resulta abiertamente improcedente, por cuanto
tiene naturaleza subsidiaria y residual, y únicamente procede en ausencia de otros
medios de defensa judicial o cuando estos no resulten idóneos o eficaces para la
protección inmediata de derechos fundamentales, circunstancias que no fueron
acreditadas por la accionante.
Además, complementó exponiendo que en el presente asunto no se evidenciaba la
existencia de un perjuicio irremediable.
1.6.2. René Molina Cárdenas
El 27 de julio de 2026 intervino y adujo que la señora Yolmara Alejandra Polanco
Bustos quien ocupaba en propiedad el cargo de oficial mayor de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Antioquia, a partir del 30 de junio de 2026, presentó renuncia
al cargo. En consecuencia, la renuncia fue aceptada mediante la Resolución de 24
de junio de 2026, por lo que se generó la vacancia definitiva del cargo.
Precisó que para la provisión del mencionado cargo, «en virtud de los principios de
trasparencia y celeridad se publicó en el micrositio web de la Secretaría de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Antioquia la vacante. Se recibieron varias hojas de
vida, incluyendo las de los escribientes María Yaned Gil Tabares y Julián David
Montoya Taborda», y finalmente se nombró en provisionalidad a este último.
Por ende dijo que era evidente que la señora Gil Tabares lo que estaba
pretendiendo con esta tutela era controvertir un acto administrativo, y esta acción
por regla general es improcedente contra actos y actuaciones administrativas,
teniendo en cuenta que la misma es de carácter subsidiario y que mediante vía
ordinaria en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se puede anular un acto
administrativo y por consiguiente dejarlo sin efectos.
En ese orden de ideas, en el presente asunto, la accionante cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual le permite demandar la
protección de los derechos fundamentales que dice se encuentran infringidos.
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Aunado a lo dicho, manifestó que no se evidencia que la actora hubiese agotado la
vía judicial administrativa con el fin de anular el acto administrativo que nombró en
provisionalidad al señor Julián David Montoya Taborda y discutir el trámite de
provisión del cargo.
Finalizó afirmando que «de cualquier forma, el nombramiento en provisionalidad de
Julián David Montoya Taborda en el cargo de oficial mayor, se realizó según lo
reglado en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 68 de la
Ley 2430 de 2024 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-134
de 2023, en lo relacionado con la provisión de los cargos en caso de vacancia
definitiva, pues en este asunto no se aplican las reglas de la vacancia temporal
como de manera equivocada lo pretende la accionante».
1.6.3. Nancy Ávila de Miranda
Por medio de oficio, adujo que en efecto la tutelante remitió su hoja de vida a los
correos electrónicos de los integrantes de la Sala Penal con ocasión de la vacante
generada por la renuncia de la oficial mayor en propiedad.
No obstante, dicho documento no fue objeto de deliberación colegiada, toda vez
que el procedimiento tradicionalmente observado para proveer este tipo de cargos
en provisionalidad no consiste en someter a consideración conjunta las hojas de
vida recibidas. Por el contrario, corresponde al magistrado a quien le sea asignado
el turno, conforme al mecanismo de distribución previamente establecido, postular
a la persona que estime apta, quedando dicha postulación sujeta a la votación de
los demás integrantes.
Finalmente, solicitó tener por cumplido el requerimiento impartido mediante auto
admisorio y por oportunamente rendido el informe correspondiente.
1.6.4. Julián David Montoya Taborda
Por medio de su intervención afirmó que tanto él como la tutelante y otros
empleados adscritos a la secretaría de la Corporación también ejercieron de manera
libre su derecho a postularse para el cargo en cuestión, y tras evaluar las hojas de
vida presentadas y constatar el lleno de los requisitos, los honorables Magistrados
de la Sala Penal del Tribunal, en ejercicio de sus facultades legales, optaron de
forma autónoma por nombrarlo en provisionalidad para proveer la vacante definitiva
que existía.
De modo que, aseguró que el acto administrativo por medio del cual lo nombraron
corresponde al ejercicio legítimo del nominador para proveer de manera oportuna
un cargo judicial en vacancia definitiva, ello con el fin de garantizar la continuidad
de la función pública y la correcta administración de justicia, sin que se advierta
vulneración alguna a los derechos fundamentales de la señora Gil Tabares.
En ese orden de ideas, solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional
o negarla.
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Demandante: María Yaned Gil Tabares
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1.6.5. Alexis Tobón Naranjo
El 29 de julio de 2026 expuso que conforme al funcionamiento de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Antioquia, la postulación de los candidatos para proveer las
vacantes corresponde exclusivamente a los Honorables Magistrados, quienes, de
acuerdo con el turno que les corresponde, presentan el respectivo candidato a
consideración de la Corporación. Posteriormente, la decisión sobre la designación
es adoptada de manera colegiada por la Sala Penal, integrada por los seis (6)
Magistrados que la conforman.
De manera que, carece de cualquier participación en la decisión cuestionada por la
actora, sumado a que, cualquier cuestionamiento relacionado con la legalidad,
oportunidad o conveniencia de la postulación efectuada o de la decisión de
nombramiento adoptada corresponde exclusivamente al ámbito competencial de los
Honorables Magistrados que integran la Sala Penal, sin que el suscrito tenga
facultades para influir o decidir sobre tales actuaciones.
1.6.6. Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial – Medellín, Antioquia
En documento de 28 de julio de 2026 expuso que, dentro de sus funciones «no se
encuentra la injerencia en la promoción de servidores en carrera judicial, que
devenguen en nombramientos o modificación en la vinculación de los servidores
judiciales, competencias que está claramente se encuentran delimitadas por la
normativa vigente».
De modo que, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva,
puesto que no es la entidad llamada a amparar las garantías de la señora Gil
Tabares, en tanto, no está dentro de sus competencias otorgar situaciones
administrativas que eventualmente deriven en nombramientos, menos aún, tiene
injerencia en el control de publicación de los cargos a los cuales pueden participar
los empleados inscritos en carrera judicial.
1.6.7. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
Por medio de memorial de 28 de julio de 2026, la magistrada Catalina Rendón
Henao manifestó que no podrá emitir contestación frente a lo señalado en el escrito
de tutela, en atención a que se posesionó con posterioridad a que ocurrieron los
hechos relacionados con el nombramiento del señor Julián David Montoya Taborda,
por lo que carece de conocimiento respecto de lo sucedido.
1.6.8. Departamento Administrativo de la Función Pública
El 29 de julio de 2026, comunicó que lo que busca la tutelante es dejar sin efecto un
acto administrativo de nombramiento, y la referida entidad no tiene competencia
para pronunciarse respecto de las pretensiones invocadas, de modo que, carece de
legitimación en la causa por pasiva, «al estar demostrado que mi representada no
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tuvo injerencia alguna en los hechos que originan la acción, disponiendo, en lo
demás, lo que en derecho corresponda».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora María Yaned Gil Tabares contra los magistrados Martha Sofía Fernández
Boyacá, Nancy Ávila de Miranda, María Stella Jara Jaramillo, John Jairo Ortiz
Álzate, René Molina Cárdenas y Gustavo Adolfo Pinzón Jácome, así como contra
el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8.° del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Cuestión previa
El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial – Medellín, Antioquia y el Departamento Administrativo de
la Función Pública solicitaron su desvinculación del presente trámite al considerar
que carecen de legitimación en la causa por pasiva.
Respecto del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial – Medellín, esta Sala negará tal petición, toda vez que se
vinculó al trámite como tercero con interés, por lo que le asiste interés en las resultas
de esta acción constitucional.
Sin embargo se accederá a la desvinculación del Departamento Administrativo de
la Función Pública, porque carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que
ninguna de las órdenes relacionadas con la presente acción de tutela, tienen que
ver con las funciones que ejerce esta entidad.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, al «M[É]RITO,
PROMOCI[Ó]N DE SERVIDORES EN CARRERA JUDICIAL» de la señora María
Yaned Gil Tabares dado que la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia
expidió la Resolución número 022 de 6 de julio de 2026, en la que nombró al señor
Julián David Montoya Taborda «como Oficial Mayor adscrito a la Secretaría» de
dicha judicatura.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e
improcedencia cuando existan otras vías judiciales disponibles y eficaces, y (iii) el
caso concreto.
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2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones
u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.
Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial
ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos
para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se
habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los
instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir
sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción constitucional se
use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.
2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.5
La jurisprudencia estableció que, debido al principio de subsidiariedad, los conflictos
relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio, por
las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que únicamente
ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan idóneas para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir a esta
acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
5
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
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deviene en la improcedencia de este mecanismo 6.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»7.
2.6. Caso concreto
Ahora bien, a juicio de la señora María Yaned Gil Tabares, sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, al «M[É]RITO,
PROMOCI[Ó]N DE SERVIDORES EN CARRERA JUDICIAL» fueron transgredidos
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, dado que nombró al señor
Julián David Montoya Taborda «como Oficial Mayor adscrito a la Secretaría» de
dicha judicatura, por medio de la Resolución número 022 de 6 de julio de 2026, sin
haber teniendo en cuenta sus veintidós (22) años de experiencia laboral vinculada
a la Rama Judicial, en propiedad.
Pues bien, el inciso 3.° del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela. Por lo tanto, por regla general, la acción de tutela no procede para
controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos.
Lo anterior, en razón a que la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo
constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a través de los
respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En
ese orden, tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 del CPACA, proceden los medios de control de nulidad simple y
nulidad y restablecimiento del derecho.
6
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
7
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
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Como consecuencia de lo dicho, esta Sala de Decisión pone de presente que los
reproches expuestos por la señora María Yaned Gil Tabares en sede de tutela,
están dirigidos a cuestionar un acto administrativo de naturaleza particular y
concreta8, el cual es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA9.
Además, en este mecanismo cuenta con la posibilidad de proponer medidas
cautelares en cualquier tiempo que, de considerarse urgentes por el juez
administrativo, se adoptarán desde la presentación de la solicitud y sin necesidad
de notificar a la otra parte, de conformidad con el artículo 234 de la Ley 1437 de
201110.
Aunado a lo anterior, la Sala tampoco evidencia la configuración de un perjuicio
irremediable que torne procedente este mecanismo constitucional, de manera que
se declarará la improcedencia de la presente acción de tutela, dado que no supera
el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Medellín,
Antioquia.
SEGUNDO: ACCEDER a la desvinculación del Departamento Administrativo de la
Función Pública, puesto que, carece de legitimación en la causa por pasiva.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
señora María Yaned Gil Tabares, dado que no supera el requisito de subsidiariedad.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
8
La Resolución número 022 de 6 de julio de 2026.
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«ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y
cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término
anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
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«ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la
solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una
medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su
urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y
cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05679-00
Demandante: María Yaned Gil Tabares
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. Usted puede consultar
la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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