Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05685-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05685-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05685-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05685-00
Demandante: Orlando José Acosta López
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Adecuación del medio de control / Caducidad / Defectos
fáctico, sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y
desconocimiento del precedente jurisprudencial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Orlando José Acosta López, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Orlando José Acosta López promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la dignidad y a la igualdad, así como la protección de los
principios de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y de reparación
integral de los daños antijurídicos, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 2 de julio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 68001-33-330-02-2016-00312-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. El 1 de marzo de 1999, se vinculó a la Policía Nacional en el grado de patrullero.
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «3ED_DEMANDA_22_6_20262_4(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05685-00
Demandante: Orlando José Acosta López
2.2. El13 de agosto de 2014, la Oficina de Control Interno Disciplinario del
Departamento de Policía de Santander profirió fallo disciplinario en su contra,
mediante el cual le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por 12
años. Esta decisión se notificó en audiencia sin su presencia y sin la de un apoderado,
pese a que previamente había renunciado el defensor, pero la autoridad no adoptó
medidas para garantizar su defensa técnica. El fallo quedó ejecutoriado en estrados,
lo que le impidió agotar la vía administrativa y ejercer oportunamente el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.3. El 2 de octubre de 2014, ante la imposibilidad de ejercer los recursos ordinarios
en sede disciplinaria, presentó solicitud de revocatoria directa contra el fallo
disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación, en la que alegó la vulneración
del debido proceso, ausencia de defensa técnica y falsa motivación.
2.4. El 12 de agosto de 2015, la Procuraduría General de la Nación accedió a la
revocatoria directa y declaró la nulidad de lo actuado desde el inicio de la audiencia
pública, al reconocer que la sanción disciplinaria había sido impuesta con
infracciones graves a sus garantías constitucionales, entre ellas, el derecho de
defensa técnica y el debido proceso.
2.5. Luego, solicitó ante la Policía Nacional su reintegro y el reconocimiento de los
salarios y prestaciones dejados de percibir; esta petición fue resuelta mediante
Resolución 4975 de 2015, notificada el 11 de diciembre de 2015, en la que el director
general de la Policía Nacional ordenó su reintegro al servicio activo.
2.6. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con la finalidad
de que se les declarara responsables de los perjuicios ocasionados por el fallo
disciplinario.
2.7. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga en sentencia del
26 de marzo de 2021, declaró la responsabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional y ordenó el pago de los salarios dejados de percibir y otros perjuicios,
al considerar que el daño antijurídico provenía de la sanción disciplinaria revocada y
del consecuente retiro del servicio. Las partes apelaron la decisión.
2.8. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 2 de julio de 2026,
adecuó el medio de control al de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar
que la causa del daño provenía del acto de retiro [Resolución 04129 de 2014] y no
de un hecho u omisión autónoma; declaró de oficio la caducidad, al tener en cuenta
que la decisión de retiro fue notificada en octubre de 2014 y que la conciliación
extrajudicial y la demanda se promovieron en 2016; y negó las pretensiones.
2.9. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales e incurrió
en defecto sustantivo al aplicar el artículo 96 del CPACA y dar prevalencia a las reglas
sobre el medio de control y la caducidad, sin armonizarlas con los artículos 29, 90,
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Demandante: Orlando José Acosta López
228 y 229 de la Constitución Política, pues consideró que la reparación de los
perjuicios derivados del acto de retiro debía reclamarse mediante el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que dicho acto y la actuación
disciplinaria que le dio origen fueron revocados por la Procuraduría General de la
Nación por vulneración del debido proceso y la defensa técnica.
2.10. En desconocimiento del precedente judicial, ya que se apartó de
pronunciamientos del Consejo de Estado que reconocieron la procedencia de la
reparación directa para reclamar perjuicios ocasionados por actos administrativos
posteriormente revocados, como la sentencia proferida dentro del radicado 25000-
23-26-000-2000-00616-01(27842) y la sentencia del 27 de abril de 2006 bajo el
radicado 16079.
2.11. En defecto por falta de motivación y exceso ritual manifiesto, al privilegiar una
interpretación formal de la caducidad y dejar sin respuesta la cuestión relativa a la
existencia de un daño antijurídico derivado de una actuación disciplinaria
posteriormente revocada por vulneración del debido proceso, sin analizar la
imposibilidad material de ejercer una defensa técnica, agotar los recursos
administrativos y acudir oportunamente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
2.12. En defecto fáctico al partir sobre la base de que el demandante conocía las
irregularidades del trámite disciplinario y, pese a ello, omitió ejercer oportunamente
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin valorar que la
vulneración de la defensa técnica reconocida por la Procuraduría le impidió ejercer
efectivamente los recursos administrativos, presupuesto para acudir a dicho proceso,
por ende, sostuvo que la declaratoria de caducidad se fundamentó en una inferencia
que no correspondía a los hechos debatidos y probados, pues su imposibilidad de
acudir oportunamente a la jurisdicción obedeció a la actuación de la administración.
2.13. En violación del principio de confianza legítima, pues el tribunal modificó el
criterio sobre el medio de control procedente después de aproximadamente diez años
de trámite judicial, pese a que el proceso había sido admitido, tramitado y decidido
en primera instancia como una acción de reparación directa; y no fue hasta en
segunda instancia en que se indicó que el mecanismo procedente era el de nulidad
y restablecimiento del derecho y que este había caducado, con lo que se afectó la
expectativa que había generado el desarrollo del proceso bajo la vía inicialmente
admitida.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] Primero: Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a
la administración de justicia, igualdad, dignidad humana, prevalencia del derecho
sustancial y reparación integral de los daños antijurídicos.
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Demandante: Orlando José Acosta López
Segundo: Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 2 de julio de
2026 por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso radicado No. 68001-
33-33-002-2016-00312-01.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander, que profiera una nueva
sentencia en el proceso de reparación directa.
Cuarto: En caso de no prosperar ninguna de las anteriores peticiones emitir nueva
sentencia según los criterios constitucionales la sentencia de segunda instancia de fecha
02 de julio de 2026 proferida por Tribunal Administrativo de Santander […]». [sic]
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga 2 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación por pasiva por cuanto la inconformidad del
demandante recae exclusivamente sobre la sentencia de segunda instancia proferida
el 2 de julio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander y, en consecuencia,
no se le atribuye ninguna actuación u omisión que haya vulnerado los derechos
fundamentales invocados.
5. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional3 requirió que se le desvinculara del
proceso, ya que no tiene competencia ni la facultad jurídica para acceder a lo
pretendido por el demandante, pues la legitimación por pasiva recae exclusivamente
en el Tribunal Administrativo de Santander por ser la autoridad judicial que profirió la
providencia objeto de reproche constitucional.
6. El Tribunal Administrativo de Santander4 pretendió que se negara la petición de
amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados,
pues la verdadera intención del demandante es convertir la tutela en una instancia
adicional para revisar una decisión judicial adoptada con plena observancia del
debido proceso.
7. En la providencia enjuiciada se abordó la naturaleza del daño cuya reparación se
pretendía, se distinguió entre los medios de control de reparación directa y de nulidad
y restablecimiento del derecho, se examinó la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre la procedencia excepcional de la reparación directa frente a actos
administrativos posteriormente revocados, se analizó los efectos de la revocatoria
directa en relación con el término de caducidad, se explicó por qué el caso concreto
no se encontraba comprendido en las hipótesis excepcionales admitidas por la
jurisprudencia y, finalmente, se precisó las consecuencias jurídicas derivadas de la
configuración de la caducidad.
2 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «7_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 10».
3 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «12RECIBEMEMORIAL_GS2026020787SEGEN(.pdf)
NroActua 12».
4 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado
«18RECIBEPRUEBAS_Memorial_INFORMEDETUTELARAD20(.pdf) NroActua 14».
4
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Demandante: Orlando José Acosta López
8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) manifestación de impedimento de la consejera
Elizabeth Becerra Cornejo; iii) cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva; iv)
procedencia de la tutela contra providencia judicial; v) determinación del problema
jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de abril
de 20215 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Santander.
2.2. Manifestación de impedimento de la consejera Elizabeth Becerra Cornejo
10. La consejera Elizabeth Becerra Cornejo a través de oficio del 28 de agosto de
20266 manifestó impedimento para conocer del asunto al considerarse incursa en la
causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que «la
providencia del 2 de julio de 2026 fue suscrita por la magistrada María Eugenia Carreño
Gómez, con quien me une una relación de amistad íntima derivada de haber compartido
actividades personales, académicas y profesionales por más de treinta años […]».
Normativa que dispone:
«[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…] 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial. […]»
11. Como se observa, se satisfacen los presupuestos para aceptar el impedimento
manifestado, en razón a que la magistrada María Eugenia Carreño Gómez es parte
en el asunto de la referencia como integrante del Tribunal Administrativo de
Santander, autoridad judicial hoy demandada.
2.3. Cuestión previa - Legitimación en la causa por pasiva
12. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Veer índice 18 de Samai. Actuación denominada «21Manifestaciond_20260568500Manifesta(.pdf)
NroActua 18».
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Demandante: Orlando José Acosta López
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio
de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la
acción se tendrá por ejercida contra el superior.
13. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela,
la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de
la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental5. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”6, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que
haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios,
por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional
“debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda
limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las
simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.” Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
14. Ahora bien, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga y el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional solicitaron su
desvinculación con fundamento en que la inconformidad se dirige contra la decisión
de segunda instancia y que no se les atribuyó ninguna acción u omisión que haya
vulnerado los derechos fundamentales del demandante.
15. Al respecto, la Sala aclara que la vinculación de dichas autoridades al presente
asunto se efectuó en calidad de terceros con interés. De una parte, el juzgado, por
haber proferido la sentencia de primera instancia dentro del proceso objeto de
cuestionamiento; y, de otra, la Policía Nacional, en su condición de parte demandada
dentro del medio de control. Lo anterior, con el fin de garantizarles el ejercicio de sus
derechos de defensa y contradicción, en consecuencia, se negarán las solicitudes.
7
Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
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2.4. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
16. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
17. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
18. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
19. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
20. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 12, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales13.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.5. Problema jurídico
21. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales de Orlando José
Acosta López con ocasión de la sentencia del 2 de julio de 2026, mediante la cual,
en segunda instancia, adecuó el medio de control, y en consecuencia, declaró la
caducidad, con la que incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo, fáctico,
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente
jurisprudencial, y ausencia de motivación?
2.6. Análisis de la Sala
2.6.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.6.2. Defecto por ausencia de motivación
23. En relación con el defecto por ausencia de motivación, resulta pertinente señalar
que se ha reconocido como una causal independiente de procedibilidad de la tutela
contra sentencias. Al respecto, la Corte Constitucional14 ha precisado que este se
configura cuando la autoridad judicial incumple el deber de exponer las razones
fácticas y jurídicas que sustentan su decisión, pues dicho deber constituye un
principio esencial de la función judicial cuya inobservancia vulnera el derecho
fundamental al debido proceso.
12 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
14 Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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24. Sin embargo, también se ha enfatizado en que el mismo no se «estructura ante
cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su
argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto,
porque el respeto al principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se inmiscuya
en meras controversias interpretativas»15.
25. En todo caso, la motivación constituye no solo una exigencia de las providencias
judiciales, sino también una fuente de legitimidad de la función jurisdiccional dentro
de un Estado democrático, pues es un derecho del usuario de la administración de
justicia conocer las razones que justifican la determinación adoptada.
2.6.3. Defecto fáctico
26. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 16, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
27. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»17, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».18 La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»19.
28. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.6.4. Defecto sustantivo o material
29. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto20. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta21, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado social de derecho.
15 Ibídem.
16 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
18 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
19 Sentencia T-538 de 1994.
20 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
21 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
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Demandante: Orlando José Acosta López
30. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
31. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales22.
2.6.5. Desconocimiento del precedente judicial
32. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar
que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
33. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
34. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
22 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.
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Demandante: Orlando José Acosta López
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
35. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.
2.6.6. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
36. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue ideado por la Corte Constitucional desde la sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en que el juez ordinario
adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una
etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
37. A partir de la sentencia T-1306 de 200123, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por exceso
ritual manifiesto24, producto de una indebida preferencia por las formas procesales
en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales, en la
consecución de la justicia material y la garantía de los derechos fundamentales25.
38. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya alegado
el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad de
hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión que
lesione bienes ius fundamentales26.
23 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973
de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
24 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
25 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
26 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
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Demandante: Orlando José Acosta López
2.6.7. Sobre el caso concreto
39. Orlando José Acosta López acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 2 de julio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del
proceso de reparación directa, mediante la cual adecuó el proceso al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, declaró de oficio la caducidad y negó las
pretensiones de reparación por los perjuicios derivados de la actuación disciplinaria
que había sido revocada por la Procuraduría General de la Nación.
40. Lo anterior, al considerar que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo, al aplicar las reglas sobre la procedencia y caducidad del medio de control
sin armonizarlas con los artículos 29, 90, 228 y 229 de la Constitución Política, pues,
a su juicio, no tuvo en cuenta que el acto administrativo que originó el daño fue
posteriormente revocado por la Procuraduría General de la Nación debido a la
vulneración del debido proceso y la defensa técnica, circunstancia que, según
sostuvo, imponía un análisis constitucional sobre la procedencia de la reparación
directa y los efectos de la caducidad.
41. En desconocimiento del precedente, al apartarse de decisiones del Consejo de
Estado que reconocen la procedencia de la reparación directa frente a actos
administrativos posteriormente revocados, sin justificar su inaplicación.
42. En defecto de motivación, porque el tribunal no explicó de manera suficiente por
qué resultó procedente declarar la caducidad del medio de control, pese a la
revocatoria del acto y a las circunstancias que rodearon la actuación disciplinaria.
43. En exceso ritual manifiesto, al privilegiar la aplicación formal de las reglas de
procedencia y caducidad sobre el análisis de las circunstancias que le impidieron
ejercer oportunamente el medio de control.
44. En defecto fáctico al no valorar que la vulneración de la defensa técnica le impidió
agotar los recursos administrativos y acudir oportunamente a la nulidad y
restablecimiento del derecho.
45. Asimismo, sostuvo que lo anterior afectó sus derechos al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y reparación
integral, así como el principio de confianza legítima.
46. En este punto, se recuerda que el literal d) numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
en cuanto a la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, dispuso:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
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[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al
de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según
el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales. […].
47. Con fundamento en la normatividad expuesta, el Tribunal Administrativo de
Santander en lo referente a la caducidad en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y, la adecuación del medio de control consideró:
«[…] De acuerdo con los hechos probados y el marco jurídico expuesto, la Sala
considera que la presente controversia no se enmarca en ninguna de las hipótesis
excepcionales que habilitan el ejercicio del medio de control de reparación directa para
reclamar los perjuicios derivados de un acto administrativo.
En efecto, de la lectura integral de la demanda se advierte que la fuente del daño cuya
reparación se pretende tiene origen en el retiro del servicio del señor Orlando José
Acosta López que fue dispuesto mediante la Resolución No. 04129 del 8 de octubre de
2014, expedida por el director general de la Policía Nacional con fundamento en el fallo
disciplinario del 13 de agosto de 2014.
Fue esa resolución la que modificó la situación jurídica del actor, produjo su
desvinculación de la institución y generó la cesación en el pago de los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos cuyo reconocimiento reclama en este
proceso. Por tanto, la causa eficiente del daño alegado no corresponde a un hecho,
una omisión o una operación administrativa autónoma, sino a un acto administrativo
particular y concreto que definió su situación jurídica.
Bajo ese contexto, la acción judicial idónea para controvertir los efectos lesivos
derivados de dicha decisión era el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, toda vez que la prosperidad de las
pretensiones indemnizatorias dependía necesariamente de desvirtuar la presunción de
legalidad que amparaba el acto de retiro y obtener su exclusión del ordenamiento
jurídico.
De la revisión de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario se evidencia que
el demandante conocía desde el momento de la expedición del fallo de primera
instancia las irregularidades que se habían presentado y afectaban su derecho de
defensa y contradicción, circunstancias que posteriormente fueron acogidas por la
Procuraduría General de la Nación al resolver la solicitud de revocatoria directa,
además de la presunta falsa motivación del fallo.
Pese a ello, el actor no ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con dicha decisión dentro del término de cuatro meses previsto en el artículo
164 del CPACA. Durante ese lapso, la Resolución No. 04129 del 8 de octubre de 2014
existió, estuvo vigente, produjo efectos jurídicos y podía ser demandada ante esta
jurisdicción.
Si el demandante estimaba que el fallo disciplinario había sido proferido con infracción
de sus garantías constitucionales y legales y que tales irregularidades incidían en la
legalidad del posterior acto de retiro, tenía la carga procesal de acudir oportunamente
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ante esta jurisdicción para solicitar la nulidad y obtener el consecuente restablecimiento
de su derecho, pero no lo hizo.
En su lugar, promovió la revocatoria directa del fallo disciplinario ante la Procuraduría
General de la Nación, pero, como se dijo en el marco jurídico, la solicitud de revocatoria
directa no suspende ni interrumpe el término de caducidad. A fortiori, si su presentación
no altera el curso de dicho término, con mayor razón la decisión posterior que la
resuelve carece de aptitud para revivirlo una vez vencido.
Está acreditado que la Resolución No. 04129 del 8 de octubre de 2014 fue notificada
el 16 de octubre de ese mismo año, y que la Procuraduría General de la Nación accedió
a la solicitud de revocatoria directa solo hasta el 12 de agosto de 2015. Para ese
momento ya había vencido el término de caducidad previsto para demandar el acto de
retiro mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así las cosas, para cuando se produjo la decisión favorable en sede administrativa, el
actor ya había dejado vencer la oportunidad procesal que tenía para acudir ante la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
circunstancia que impide considerar que la posterior revocatoria hubiera generado una
nueva posibilidad para reclamar a través del medio de control de reparación directa los
perjuicios derivados del acto de retiro.
Conviene agregar que la decisión adoptada por la Procuraduría no produjo la
desaparición retroactiva de dicho acto administrativo ni comportó una declaratoria de
ilegalidad respecto de este. Lo que ocurrió fue que la autoridad disciplinaria declaró la
nulidad de una etapa de la actuación por la vulneración del derecho de defensa y
ordenó rehacer el trámite correspondiente, circunstancia que ocasionó la desaparición
del fundamento jurídico que soportaba la decisión de retiro y condujo al decaimiento
del acto administrativo.
Sin embargo, conforme a los artículos 88 y 91 del CPACA, así como a la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado, la pérdida de fuerza ejecutoria por desaparición de
los fundamentos de hecho o de derecho únicamente produce efectos hacia el futuro y
no afecta la validez del acto ni la presunción de legalidad que lo amparó durante el
tiempo en que estuvo vigente.
En consecuencia, la Resolución No. 04129 de 2014 no desapareció del ordenamiento
jurídico desde su expedición ni perdió retroactivamente los efectos que produjo. Por el
contrario, permaneció vigente durante el período en que el actor estuvo retirado del
servicio y fue precisamente ese acto el que generó la situación administrativa que ahora
se pretende indemnizar.
Esta circunstancia diferencia el presente asunto de aquellos eventos excepcionales en
los que la jurisprudencia ha admitido la procedencia de la reparación directa por
perjuicios derivados de actos administrativos posteriormente revocados. Esa
posibilidad solo resulta admisible cuando la revocatoria o anulación del acto ocurre
dentro del término legal para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, pues en tal evento el administrado queda sin un acto vigente que pueda
demandar. Aquí ocurrió lo contrario. Como ya se dijo, la revocatoria directa se produjo
cuando ya había vencido el término para demandar el acto de retiro. Por esa razón, se
insiste, no puede admitirse que, mediante la reparación directa, el actor obtenga los
mismos efectos patrimoniales que debió reclamar oportunamente a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Permitirlo implicaría convertir la reparación directa en un mecanismo para subsanar la
inactividad procesal de quien, pese a contar con un acto administrativo vigente, eficaz
y susceptible de control judicial, decidió no demandarlo dentro de la oportunidad legal.
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También supondría desconocer la presunción de legalidad del acto de retiro y
conceder, de manera indirecta, el restablecimiento económico propio de una nulidad
que no fue declarada por esta jurisdicción.
En ese orden, y teniendo en cuenta que el medio de control procedente era el de
nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala procede a examinar el término de
caducidad. El acto de retiro fue notificado el 16 de octubre de 2014; por consiguiente,
el demandante tenía hasta el 17 de febrero de 2015 para presentar la solicitud de
conciliación extrajudicial y formular la demanda dentro del término de 4 meses previsto
por el legislador. No obstante, la solicitud de conciliación se radicó el 8 de julio de 2016
y la demanda el 29 de septiembre de ese mismo año, esto es, por fuera del término.
En consecuencia, operó la caducidad para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra dicho acto.
Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente
a las pretensiones y, en su lugar, se adecuará el medio de control de reparación directa
al de nulidad y restablecimiento del derecho, para finalmente declarar la caducidad del
medio de control. En cuanto a los cargos de apelación formulados por la parte actora,
la Sala se abstendrá de estudiarlos, puesto que estos se dirigen exclusivamente a
controvertir el reconocimiento y la cuantificación de los perjuicios ordenados en primera
instancia. Como en esta providencia se revocará la sentencia apelada y se negarán en
su totalidad las pretensiones, carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre tales
reparos […]» [sic].
48. Como se observa, la autoridad judicial demandada aplicó lo previsto en el literal d)
del numeral 2.º del artículo 164 del CPACA para concluir que operó el fenómeno de
la caducidad. Ahora, la Sala procede a estudiar cada uno de los defectos que el
demandante atribuyó a la provincia cuestionada:
49. Respecto al defecto sustantivo, la Sala no advierte que el tribunal haya
desconocido las disposiciones invocadas ni efectuado una interpretación
manifiestamente irrazonable de las normas procesales, pues la providencia examinó
la revocatoria directa y explicó que esta no modificaba la oportunidad que tenía el
demandante para controvertir judicialmente el acto administrativo que produjo su
retiro, mientras estuvo vigente y surtió efectos jurídicos.
50. En efecto, la autoridad judicial demandada identificó la Resolución 4129 del 8 de
octubre de 2014 como la fuente del daño y en atención a su naturaleza de acto
administrativo particular, concluyó que los perjuicios derivados de su expedición y
ejecución debían reclamarse mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Asimismo, consideró que la posterior revocatoria
directa no tenía la virtualidad de suspender, interrumpir o reabrir el término de
caducidad, ni de convertir la reparación directa en un mecanismo sustitutivo para
controvertir la legalidad del acto, de este modo, el tribunal sí confrontó las
circunstancias alegadas por el demandante con las reglas jurídicas aplicables y
adoptó una posición sobre sus efectos, por lo que no se evidencia que hubiera
privilegiado de manera automática la norma procesal ni que hubiese prescindido del
contenido constitucional de los derechos invocados.
51. Así las cosas, la censura planteada refleja el desacuerdo del demandante con la
interpretación que el tribunal otorgó a la revocatoria directa y a las reglas de
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caducidad frente a sus circunstancias particulares, pero no demuestra que la
aplicación de estas normas haya sido abiertamente contraria a la Constitución,
irrazonable o desproporcionada.
52. En particular, la sola invocación de los artículos 90, 228 y 229 superiores no
permite desconocer las reglas legales que regulan los medios de control y sus
términos de caducidad, máxime cuando sí se explicó por qué la revocatoria posterior
no alteraba la oportunidad procesal ya transcurrida. Por lo anterior, al no advertirse
una interpretación que desborde el margen de autonomía judicial o desconozca una
norma constitucional o legal aplicable, no se configura el defecto sustantivo alegado.
53. Frente al defecto por desconocimiento del precedente, el demandante refirió que
el tribunal se apartó de decisiones del Consejo de Estado que reconocen la
procedencia de la reparación directa frente a actos administrativos posteriormente
revocados. Sin embargo, la Sala pone de presente el precedente jurisprudencial que
la autoridad judicial demandada refirió para sustentar su decisión, según el cual,
cuando la causa del daño proviene de un acto administrativo, por regla general el
medio de control para controvertirlo es el de nulidad y restablecimiento del derecho.
Mientras que, la reparación directa procede de manera excepcional:
«[…] De acuerdo con las reglas prescritas en el CPACA, la causa del daño es el factor
determinante para escoger el medio de control por el cual debe ventilarse un asunto en
esta jurisdicción. Si fue causado por un acto administrativo que se considera ilegal se
debe interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del CPACA, porque la finalidad, la exprese o no el demandante, es
anular el acto, que goza de presunción de legalidad, y obtener la reparación de los
daños causados con su expedición. La acción de reparación directa, en cambio, resulta
procedente cuando su objeto es la declaratoria de responsabilidad extracontractual del
Estado por un daño causado por su acción u omisión, y la consecuente reparación del
daño causado, según lo previsto en el artículo 140 ibidem.
Las anteriores reglas no son creaciones arbitrarias del legislador, sino que atienden a
una razón de orden lógico teórico: si la causa del daño proviene de la expedición de un
acto administrativo que se presume legal, la acción correspondiente debe ser la de
nulidad y restablecimiento del derecho «por cuanto es la demostración de la ilegalidad
del acto y su consecuente declaración de nulidad lo que torna en antijurídico el daño
causado con el mismo». Por ello, «la acción de reparación directa no es procedente
cuando existen actos administrativos que se consideran ilegales y decidieron en sede
administrativa la situación que se discute ante la jurisdicción, por cuanto la declaración
de voluntad de la administración está amparada por la presunción de legalidad, cuyos
fundamentos jurídicos, en tanto estén vigentes, no permiten estimar que existe un daño
antijurídico indemnizable, so pena de contradecir el principio de contradicción»27.
No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que existen tres
eventos en los que es válido pedir la reparación directa de los daños derivados de un
acto administrativo28 : (i) cuando los perjuicios son causados por los actos ajustados al
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de octubre de 1996 (expediente 12349). También
se puede analizar: auto del 24 de enero de 2019, Rad. 68001-23- 31-000-2006-00158-00, C.P. Ramiro
Pazos Guerrero, Actor: Zoila Rosa Galvis De Mejía VS. Nación - Minambiente, CDMB y Municipio de
San Juan de Girón.
28 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 13 de abril de 2013, exp. 26.437; M.P. Dr.
Mauricio Fajardo Gómez.
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ordenamiento jurídico, siempre y cuando no se cuestione su legalidad; (ii) cuando el
acto administrativo ilegal haya sido anulado judicialmente o revocado directamente por
la administración, y (iii) cuando los perjuicios fueron causados por la anulación o
revocatoria directa de un acto administrativo favorable al demandante, siempre que su
causa haya obedecido a la omisión del procedimiento administrativo o de las normas
que rigen el ejercicio de la actividad administrativa. Los últimos eventos se refieren a
los efectos de un acto administrativo, pero que posteriormente fue revocado por la
administración o anulado judicialmente.
En relación con la primera hipótesis, se ha considerado que los actos administrativos
legalmente expedidos pueden generar daños antijurídicos indemnizables,
particularmente cuando se configura un rompimiento del principio de igualdad ante las
cargas públicas. En estos eventos el daño no surge de la ilegalidad del acto, sino de
sus efectos, los cuales pueden imponer a un administrado una carga anormal, especial
y desproporcionada frente a las que ordinariamente deben soportar los demás
ciudadanos29.
La segunda hipótesis se configura cuando se pretende la reparación de los perjuicios
causados por la expedición y ejecución de un acto administrativo ilegal que
posteriormente ha sido anulado o revocado directamente, porque mal podría exigírsele
al administrado atacar un acto inexistente. Para este supuesto, el daño tiene su origen
en la vigencia y ejecución del acto contrario al ordenamiento jurídico, de tal manera que
el interés para demandar surge a partir de los efectos lesivos producidos durante su
vigencia30. Ahora, si bien la revocatoria directa puede producirse en cualquier tiempo,
el derecho a reclamar el resarcimiento de los perjuicios causados está sujeto al término
previsto para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Permitir que el administrado persiga la indemnización del daño originado en un acto
ilegal revocado con posterioridad a la oportunidad que tenía para acudir a la jurisdicción
implicaría desconocer su actitud omisiva y reabrir un plazo ya caducado.
Por su parte, la tercera hipótesis se presenta cuando el acto administrativo le es
favorable al actor y, con posterioridad, es anulado o revocado directamente. En este
supuesto, el daño no deriva del acto inicial, sino de la pérdida de sus efectos como
consecuencia de la decisión que lo anula31.
En desarrollo de dichos postulados, en la sentencia de reparación directa No. 25000-
23-26-000-2012-00999-01 (51333), la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado, con ponencia del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, estudió el caso de una
empleada pública que había sido destituida mediante un acto administrativo proferido
por el Ministerio de Hacienda y luego obtuvo la revocatoria de la sanción por decisión
directa de la Procuraduría General de la Nación. La afectada acudió a la reparación
directa para reclamar los perjuicios derivados de esa destitución, pese a que antes
había promovido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y esta fue
rechazada por falta de subsanación. A partir de esos hechos, el Consejo de Estado
concluyó que el daño invocado no provenía de una operación administrativa autónoma,
sino del acto administrativo que impuso la sanción, razón por la cual la demandante no
podía sustituir la acción idónea ni revivir, mediante la reparación directa, la oportunidad
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2026 CP. William
Barrera Muñoz, rad. 68001-23-33-000-2020-00972-01 (73033). Que cita las sentencias del 13 de abril
de 2013, exp. 26.437, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Consultar también y del 4 de noviembre de
2015, C.P. Hernán Andrade.
30 Ibidem.
31 Si la circunstancia de la revocatoria directa del acto favorable constituye el origen del daño. En otras
palabras, si se ataca la legalidad del acto de revocatoria o los fundamentos de la misma, como el daño
sí surge de la expedición de un acto alegado como “ilegal”, la acción procedente sería la de nulidad y
restablecimiento del derecho. Al respecto consultar la sentencia del 24 de enero de 2024 rad 64210
C.P. Wiliam Barrera Muñoz.
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procesal que perdió para discutir la legalidad del acto y reclamar el restablecimiento de
sus derechos.
En esa oportunidad el alto tribunal destacó que, aun cuando el acto sea revocado con
posterioridad, ello no reabre ni modifica los términos para demandar, ni habilita una
nueva vía procesal. Por el contrario, si la revocatoria se produce después de vencida
la oportunidad para acudir a la jurisdicción, el afectado no puede posteriormente
promover la acción de reparación directa con el propósito de obtener la indemnización
de perjuicios causados por el acto ilegal, pues ello implicaría desconocer los límites
temporales y procesales del derecho de acción32.
Así las cosas, cuando los perjuicios reclamados tienen origen en una actuación
administrativa, la elección del medio de control depende de la fuente del daño, y su
reclamación se sujeta al término perentorio establecido por el legislador. De ahí que la
reparación directa no pueda convertirse en un mecanismo para eludir la caducidad ni
para reencauzar pretensiones que debieron formularse en tiempo a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho […]» [sic].
54. Del examen de la providencia, la Sala advierte que, contrario al decir de la parte
demandante, el tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia del Consejo de
Estado que citó, en particular, en aquella que establece las reglas sobre la
procedencia excepcional de la reparación directa frente a actos administrativos
posteriormente anulados o revocados, caso distinto es que, con fundamento en esta
línea jurisprudencial, concluyó que la revocatoria directa no reabre el término para
acudir a la jurisdicción ni permite sustituir el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho cuando la oportunidad para ejercerlo ha vencido, esta
regla fue aplicada al caso concreto, a partir de las circunstancias del demandante y
de los efectos jurídicos de la Resolución 4129 del 8 de octubre de 2014.
55. Ahora bien, el precedente invocado por el demandante no corresponde a una
sentencia de unificación, por lo que no reviste el carácter vinculante propio de esta
clase de decisiones, esto no significa que la jurisprudencia ordinaria carezca de
relevancia, pero sí que el juez conserva un margen de autonomía para acoger la
interpretación que estime jurídicamente adecuada, siempre que respete las normas
aplicables y las reglas jurisprudenciales vinculantes. En este caso, el tribunal ejerció
dicha autonomía y optó por una tesis que, tenía respaldo en decisiones del Consejo
de Estado sobre los efectos de la revocatoria directa frente a la oportunidad para
ejercer los medios de control.
56. En consecuencia, no se advierte que se haya apartado injustificadamente de una
regla jurisprudencial vinculante, sino la aplicación razonada de una de las tesis
desarrolladas por la jurisprudencia del Consejo de Estado a las circunstancias del
proceso, así, la inconformidad del demandante se dirige contra la interpretación
acogida por el tribunal y pretende que se privilegie la tesis contenida en las
providencias que citó, pero ello no basta para configurar el defecto alegado, por tanto,
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 13 de mayo de 2009, exp. 15651, C.P. Myriam
Guerrero De Escobar. Criterio (igualmente unificado en sentencia de la misma fecha. exp. 27422- C.P.
Ramiro Saavedra Becerra) que ha sido reiterado en: subsección A, sentencia del 4 de diciembre de
2020, exp. 48774. C.P.
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al no evidenciarse el desconocimiento de una sentencia de unificación, de una regla
vinculante o de las normas aplicables, el cargo por desconocimiento del precedente
no está llamado a prosperar.
57. Por otra parte, la Sala tampoco advierte la configuración del defecto por falta de
motivación, pues encuentra que la providencia expuso de manera clara y suficiente
los fundamentos de esa conclusión, ya que identificó la Resolución 4129 de 2014
como fuente del daño, precisó que el medio de control procedente era el de nulidad
y restablecimiento del derecho y explicó que el término para ejercerlo transcurrió
mientras el acto permaneció vigente y produjo efectos jurídicos.
58. Además, señaló que fue notificado el 16 de octubre de 2014 y que la Procuraduría
solo dispuso su revocatoria directa el 12 de agosto de 2015, por ende, la decisión sí
abordó las circunstancias relevantes y explicó por qué la revocatoria posterior no
alteraba el término para acudir a la jurisdicción, de modo que la inconformidad del
demandante corresponde a un desacuerdo con la conclusión jurídica, no a una falta
de motivación.
59. De otra parte, frente al exceso ritual manifiesto, la Sala tampoco advierte su
configuración. La declaratoria de caducidad no obedeció a una aplicación irreflexiva
de una formalidad procesal, sino a la constatación de que el demandante debía
controvertir oportunamente el acto administrativo que dispuso su retiro. El tribunal
precisó que la solicitud de revocatoria directa no suspendía ni interrumpía el término
de caducidad y que su decisión posterior no tenía la virtualidad de reabrirlo.
60. A juicio de la Sala, resulta ajustado a derecho que la autoridad judicial demandada
determinara que el medio de control procedente para controvertir los perjuicios
derivados del retiro del servicio era el de nulidad y restablecimiento del derecho, en
tanto la situación jurídica del demandante fue modificada por la Resolución 04129 del
8 de octubre de 2014.
61. Dicho acto fue notificado el 16 de octubre siguiente, fecha a partir de la cual
comenzó a correr el término de cuatro (4) meses previstos en el artículo 164 del
CPACA. En consecuencia, el interesado contaba hasta el 17 de febrero de 2015 para
acudir ante la jurisdicción; sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial solo
fue presentada el 8 de julio de 2016 y la demanda el 29 de septiembre del mismo
año, cuando el término de caducidad había vencido ampliamente. Además, la
posterior solicitud de revocatoria directa del fallo disciplinario y la decisión que la
resolvió el 12 de agosto de 2015 no tenían la virtualidad de suspender, interrumpir o
reabrir dicho término.
62. En ese contexto, la aplicación del término legal no constituye un rigorismo
injustificado, pues la caducidad es una institución de orden público que delimita
temporalmente el ejercicio de los medios de control y garantiza la seguridad jurídica
y estabilidad de las relaciones jurídicas. Por tanto, su aplicación, sustentada en las
circunstancias concretas del caso, no configura el defecto alegado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05685-00
Demandante: Orlando José Acosta López
63. En el mismo sentido, la Sala tampoco encuentra configurado el defecto fáctico
alegado, pues, como se explicó al analizar los demás defectos, el tribunal sí tuvo en
cuenta las circunstancias relacionadas con la falta de defensa técnica y su posterior
reconocimiento por la Procuraduría, pero concluyó que estas no desvirtuaban que la
Resolución 4129 de 2014 permaneció vigente, produjo efectos jurídicos y pudo ser
controvertida dentro del término legal. En consecuencia, no se evidencia que la
autoridad judicial hubiera omitido valorar una prueba determinante ni que hubiera
desconocido sin razón válida un hecho acreditado.
64. Lo que se advierte es que la censura del demandante en realidad se dirige contra
la conclusión jurídica extraída de los elementos probatorios, lo cual no demuestra una
valoración arbitraria o manifiestamente irrazonable que tenga entidad para configurar
el defecto fáctico alegado.
65. Por último, la Sala no advierte la vulneración de los derechos al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y
reparación integral, ni del principio de confianza legitimación, pues la decisión
cuestionada estuvo sustentada en las normas y reglas jurisprudenciales aplicables,
en particular, la adecuación del medio de control en segunda instancia respondió al
análisis de la fuente del daño y de las reglas que determinan su procedencia, mientras
que la declaratoria de caducidad obedeció a la aplicación de un término legal de
carácter perentorio que, según explicó el tribunal no podía suspenderse,
interrumpirse ni reabrirse por la solicitud o posterior decisión de revocatoria directa,
por tanto, el trámite inicial como reparación directa no generó una expectativa
jurídicamente protegida que impidiera al juez adoptar la decisión correspondiente en
segunda instancia, ni se evidencia que este hubiera impuesto un rigor formal
injustificado o desconocido las garantías constitucionales invocadas.
66. En consecuencia, la Sala no advierte una actuación arbitraria, caprichosa o
contraria al ordenamiento por parte de la autoridad judicial demandada, pues la
providencia cuestionada se sustentó en las normas y la jurisprudencia aplicables, los
hechos acreditados y el material probatorio obrante en el proceso, a partir de los
cuales el juez natural adoptó la interpretación que consideró adecuada al caso. En
ese sentido, las inconformidades del accionante se circunscriben a su desacuerdo
con las razones y conclusiones de la decisión, lo que no permite estructurar los
defectos alegados ni habilita al juez constitucional para sustituir el criterio de la
autoridad judicial competente, cuya autonomía funcional debe ser respetada. Por
tanto, se negará el amparo solicitado.
67. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que
conduce a la denegatoria del recurso de amparo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05685-00
Demandante: Orlando José Acosta López
68. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
69. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Orlando José Acosta López, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por la consejera
Elizabeth Becerra Cornejo. En consecuencia, se le separa del conocimiento del
asunto de la referencia.
Segundo. Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bucaramanga y la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional.
Tercero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Orlando José Acosta
López, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Santander.
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05685-00
Demandante: Orlando José Acosta López
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
DMOR/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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