Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05701-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05701-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05701-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05701-00
Accionante: RAMÓN ANTONIO GARCÍA VALENCIA Y DIANA ROCÍO GIL
VICTORIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa por
privación injusta de la libertad. Defectos fácticos y por
desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Ramón Antonio García Valencia y Diana Rocío Gil
Victoria, quienes actúan mediante apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de julio de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, supuestamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (Art. 29
C.P.) y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA (Art. 229 C.P.) de los señores Ramón Antonio García Valencia y Diana Rocío
Gil Victoria, vulnerados por la Sentencia Nro. 017 del 4 de febrero de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de Reparación Directa
radicado 76111-33-33-003-2017-00243-01, conforme a los defectos desarrollados en el
presente escrito:
CARGO PRIMERO: DEFECTO FÁCTICO — OMISIÓN DE DARLE PESO
PROBATORIO AL AUTO INTERLOCUTORIO N° 129 DEL 12 DE AGOSTO DE 2014,
PRUEBA DETERMINANTE QUE ACREDITABA LA FALLA DEL SERVICIO Y QUE
OBRABA EN EL EXPEDIENTE.
CARGO SEGUNDO: DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
ESTABLECIDO EN LA SU-126 DE 2025 Y LA SU-072 DE 2018 — EL TRIBUNAL
CARGÓ AL DEMANDANTE LA OMISIÓN DEL JUZGADO PENAL DEL APORTE DE
UNA VIDEOGRABACIÓN SIN EJERCER SU DEBER DE DECRETO DE PRUEBAS
OFICIOSO.
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Accionante: Ramón Antonio García Valencia y Otro
CARGO TERCERO: DEFECTO FÁCTICO EN SU DIMENSIÓN POSITIVA — EL
TRIBUNAL EXIGIÓ LA GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA PARA VERIFICAR LO QUE EL
AUTO DEL 12 DE AGOSTO DE 2014 YA HABÍA ESTABLECIDO CON
RAZONAMIENTO JURÍDICO PROPIO Y AUTÓNOMO.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia Nro. 017 del 4 de febrero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de
Reparación Directa radicado 76111-33-33-003-2017-00243-01.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término
que señale el juez de tutela, profiera nueva sentencia de segunda instancia en la que:
(i) Valore con el alcance jurídico que le corresponde el Auto Interlocutorio N° 129 del 12
de agosto de 2014 del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá que obra en el
expediente penal trasladado, las consecuencias jurídicas de la ilegalidad de la captura y
nulidad de la medida de aseguramiento, para efectos de estructurar la antijuridicidad del
daño conforme a los requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal que
el propio Tribunal estableció en los párrafos 66 y 67 de la sentencia objeto de tutela como
condición para esa estructuración.
(ii) Que con carácter previo a dictar la nueva sentencia, decrete como prueba de oficio la
grabación de audio y video de la audiencia de legalización de captura e imposición de
medida de aseguramiento del 28 de junio de 2014, requiriéndola al Juzgado Primero
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Tuluá que omitió incluirla en el CD
remitido al dar cumplimiento a la orden de prueba trasladada, con el fin de contar con el
acervo probatorio completo para efectuar el análisis de razonabilidad, proporcionalidad
y legalidad de la medida de aseguramiento. Ya que la cuestión constitucional es
determinar si se le puede responsabilizar o censurar jurídicamente a los demandantes la
omisión en la que incurrió un despacho judicial penal de no allegar la grabación de la
audiencia de imposición de medida de aseguramiento al darle cumplimiento con la orden
de prueba trasladada, y si el juez o tribunal administrativo tiene el deber constitucional
—consagrado en el precedente de las Sentencias de la Corte Constitucional SU-
126/2025 y la SU-072/2018— de completar ese vacío mediante el decreto de pruebas
oficioso antes de resolver”.
2. Hechos
El 27 de junio de 2014, el señor Ramón Antonio García Valencia, mientras
transitaba en el centro del municipio de Tuluá, se encontró al señor Omar de Jesús
Giraldo a quien saludó, sin embargo, en ese preciso momento fueron abordados
por integrantes del Gaula, quienes adelantaban un procedimiento contra este último
por el presunto delito de extorsión, razón por la cual fueron capturados.
En audiencia concentrada celebrada el 28 de junio de 2014, el Juzgado Segundo
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá legalizó la captura
del señor Ramón Antonio García Valencia, le imputó la presunta comisión del tipo
penal de extorsión agravada e impuso medida de aseguramiento intramural,
decisión que fue apelada y que, en proveído de 12 de agosto de 2014, el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Tuluá anuló, al considerar que no se cumplió con los
requisitos dispuestos en el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 301
del Código de Procedimiento Penal, pues no se aportaron elementos materiales
probatorios de los que se pudiera inferir que el señor García Valencia conocía de
la actuación criminal o que participara en esta. En consecuencia, estuvo privado de
la libertad desde el 27 de junio de 2014 al 13 de agosto de 2014.
En el curso de la etapa del juicio, el ente acusador retiró la acusación y solicitó la
absolución del señor Ramón Antonio García Valencia, bajo el argumento de que
las pruebas demostraban que no ostentaba ninguna responsabilidad por la
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conducta endilgada, por lo que el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Tuluá en sentencia de 16 de mayo de 2016, lo absolvió y la Sala
de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en fallo de 25
de agosto de 2016, no realizó estudio alguno frente a la responsabilidad del señor
García Valencia, en virtud de que la Fiscalía General de la Nación retiró la
acusación.
Los accionantes, junto con otros familiares (Briam Stiven, Santiago y Samuel
García Gil; Gloria Amparo Valencia Barrio y Juan Manuel, Carlos Alberto y Andrés
Mauricio García Valencia), presentaron demanda de reparación directa contra la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se declarara la responsabilidad
extracontractual del Estado por los perjuicios causados por la privación injusta de
la libertad a la que fue sometido el señor Ramón Antonio García Valencia, además
que su imagen fue expuesta con el rótulo de “peligroso extorsionista”, sus hijos
fueron objeto de bullying mediante acoso físico y psicológico y la esposa y madre
sufrieron de rechazo social, insultos y maltratos.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga en proveído
de 17 de septiembre de 2017, admitió la demanda y corrió traslado a las
demandadas, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y allegaran o
solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes. En consecuencia, la Fiscalía
General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestaron
la demanda y, adicionalmente, la Rama Judicial solicitó como prueba trasladada el
expediente del proceso penal que se adelantó contra el señor García Valencia con
radicado núm. 76834-40-04-001-2014-00227.
En el curso de la audiencia inicial de 26 de septiembre de 2018, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga decretó las pruebas aportadas
y las solicitadas, entre esas, ordenó librar oficio al Juzgado Primero Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Tuluá para que remitiera copia del expediente
penal con radicado núm. 76834-40-04-001-2014-00227, de acuerdo con lo
solicitado por la Rama Judicial.
En cumplimiento de lo resuelto en la audiencia inicial, se remitieron los oficios de 3
de octubre de 2018 y de 19 de febrero de 2019, sin obtener respuesta.
Posteriormente, en auto de 6 de mayo de 2019, el Juzgado ofició nuevamente al
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá para que
remitiera el proceso penal antes señalado, sin embargo, el mencionado despacho
judicial indicó que no existía expediente correspondiente al señor Ramón Antonio
García Valencia.
Por consiguiente, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga, en proveído de 23 de julio de 2020, requirió otra vez al juzgado penal (oficio
de 4 de agosto de 2020), sin recibir respuesta afirmativa, por lo que en auto de 8
de marzo de 2021 (oficio de 16 de marzo de 2021), lo requirió por última vez y,
adicionalmente, a los demandantes para que realizaran las diligencias con el fin de
obtener la prueba solicitada, quienes la solicitaron en ejercicio del derecho
fundamental de petición, hasta que finalmente fue allegada al proceso por parte del
juez penal.
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El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga mediante
fallo de 25 de junio de 2025 declaró la responsabilidad del Estado, en tanto la
captura del señor Ramón Antonio García Valencia se originó por el solo hecho de
encontrarse en el lugar donde se efectuó la conducta punible de extorsión por parte
del señor Omar de Jesús Giraldo Gómez, quien fue condenado penalmente por el
delito de extorsión agravada, además que del actuar investigativo de la Fiscalía
General de la Nación no se acreditó de forma fehaciente la legalidad de la captura
y posterior medida de aseguramiento, pues con los elementos materiales
probatorios no era posible establecer la inferencia razonable de autoría o
participación del demandante en la comisión del ilícito, lo que derivó finalmente en
que se solicitara la absolución del acusado.
Asimismo, reprochó el actuar de la Rama Judicial porque contribuyó fáctica y
jurídicamente a la producción del daño antijurídico, pues declaró legal la captura en
flagrancia sin que se evidenciara de los elementos materiales el conocimiento del
entonces sindicado del actuar punible y, posteriormente, impuso la medida de
aseguramiento de detención preventiva sin que existiera inferencia razonable de
autoría.
Finalmente, las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior
decisión. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 4 de febrero
de 2026 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no contó con las grabaciones de la audiencia concentrada con el fin
de conocer los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y del juez de control
de garantías, por lo que señaló que la jurisprudencia ha precisado que la ausencia
de la grabación o del acta completa de la audiencia de imposición de la medida de
aseguramiento impide verificar si esta fue adoptada en contravención de los
principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y que si bien
se evidenció el esfuerzo del a quo para contar con todas las piezas del proceso
penal, lo cierto es que no significa que se deba reemplazar la actividad probatoria
de cada una de las partes.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues i) el asunto ostenta relevancia constitucional, en
tanto el debate propuesto no es una controversia legal, trasciende el escenario
económico y es determinante en la decisión, ii) no existe recurso ordinario
procedente contra la sentencia objetada y el recurso extraordinario de revisión
previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, no es procedente, iii) se presentó
en un término razonable, iv) se identificaron los hechos y derechos vulnerados por
la autoridad judicial accionada y, finalmente, v) no se reprocha una providencia
proferida en otra acción de tutela ni en la que se realizó un control abstracto.
De otro lado, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico,
toda vez que se omitió dar valor probatorio al auto de 12 de agosto de 2014, por
medio del cual se anuló la medida de aseguramiento impuesta al señor García
Valencia.
Sostuvo que en el auto de 12 de agosto de 2014, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Tuluá estableció que no existía la inferencia razonable de autoría,
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descartó la flagrancia, consideró que el señor García Valencia no debió ser privado
de la libertad sino simplemente reseñado y revocó la legalización de la captura,
además de que anuló la medida de aseguramiento.
Agregó que se incurre en la dimensión positiva del defecto fáctico, pues “el
razonamiento del Tribunal de que la revocatoria de la medida por el juez penal no
significa que la decisión de primera instancia fuese arbitraria, desproporcionada o
ilegal es manifiestamente contrario al contenido objetivo de la prueba. Una
declaración judicial de ilegalidad de la captura y de nulidad de la medida de
aseguramiento con efecto jurídico de liberación inmediata, no puede ser reducida,
sin caer en irrazonabilidad, a una mera diferencia de criterio en sana crítica. El auto
no dijo que la medida era subóptima o que pudo tomarse de otra manera: dijo que
la captura fue ilegal y que la medida de aseguramiento era nula. Esos son términos
jurídicos con un significado preciso y unívoco. Reinterpretarlos como una mera
discrepancia valorativa entre dos jueces es una valoración contraevidente que
transforma el arbitrio judicial en arbitrariedad judicial”.
Resaltó que también se incurrió en defecto fáctico en su dimensión positiva, toda
vez que exigió las grabaciones de la audiencia para verificar lo que el auto de 12
de agosto de 2014 ya había establecido, es decir, la legalidad, necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento.
Sostuvo que “el Auto del 12 de agosto de 2014 cumple exactamente esa función:
es la resolución que revocó la medida de aseguramiento y que explicó, con
razonamiento jurídico propio y autónomo, por qué la captura fue ilegal y por qué no
existía inferencia razonable de autoría. La Corte Constitucional en la SU-126/2025
ya dijo que ese tipo de pronunciamiento es suficiente para acreditar la antijuridicidad
del daño en un proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad, sin
necesidad de pruebas adicionales. Este defecto tiene incidencia directa en la ratio
decidendi de la sentencia objeto de tutela, pues el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca exigió la grabación para verificar lo que el auto del 12 de agosto de 2014
ya verificaba, incurriendo en el mismo defecto que la Corte censuró en esa
sentencia de unificación”.
Por otra parte, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial, en tanto el fallo objetado desconoció
las sentencias SU-126 de 2025 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, en
las que se estableció la valoración integral del expediente penal y el ejercicio
obligatorio de la facultad de decreto de pruebas de oficio en casos de privación
injusta de la libertad.
Indicó que el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Tuluá del cual provino la prueba trasladada había omitido allegar la grabación de la
audiencia de imposición de medida de aseguramiento y dicha omisión le fue
cargada ilegítimamente al extremo demandante como una falta del cumplimiento
de la carga probatoria, sin que el Tribunal la solicitara oficiosamente al juzgado
penal.
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Señaló que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-126 de 2025 resolvió un
caso con una estructura probatoria prácticamente idéntica, en el cual el Consejo de
Estado negó las pretensiones de reparación directa por privación injusta de la
libertad, bajo el argumento de que el expediente penal no obraba completo en el
proceso, sin embargo, la Corte encontró configurado un defecto fáctico y concedió
el amparo, pues “cuando el expediente penal no obre completo en el plenario, tiene
el deber de decretar oficiosamente las piezas faltantes”, aunado al hecho de que
las piezas provenientes de dichos procesos deben valorarse de manera integral.
Por último, manifestó que en la sentencia SU-072 de 2018, la Corte Constitucional
estableció que “el juez administrativo debe efectuar en los casos de privación
injusta de la libertad ‘un análisis que permita determinar si la privación de la libertad
fue injusta o no, valorando si la medida fue apropiada, razonada y proporcionada’.
Ese análisis requiere necesariamente el expediente penal completo. Si ese
expediente no está completo por omisión del juzgado penal que lo remitió, el juez
administrativo o en su defecto el Tribunal Administrativo tiene la obligación de
completarlo antes de resolver, no de usar su incompletitud como fundamento para
negar las pretensiones”.
4. Trámite procesal
Por auto de 27 de julio de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda y
ordenó la notificación a los accionantes y a la autoridad judicial accionada. De igual
modo, se vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga, a los señores Briam Stiven, Santiago y Samuel García Gil; Gloria Amparo
Valencia Barrio y Juan Manuel, Carlos Alberto y Andrés Mauricio García Valencia,
a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 137680 a 137686
de 29 de julio de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El magistrado ponente de la sentencia objetada solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se advierte la vulneración
de los derechos fundamentales de los demandantes.
Afirmó que en el fallo de segunda instancia se realizó una valoración en conjunto
de las pruebas, incluido el auto que revocó la imposición de la legalización de
captura y anuló la medida de aseguramiento.
Resaltó que el proceso en primera instancia se prolongó, toda vez que el juez, en
ejercicio de sus facultades oficiosas, solicitó en varias ocasiones las pruebas que
debieron allegarse por la parte interesada.
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Por último, indicó que al revisar el resto del material para determinar si se podía
extraer que la privación de la libertad realmente fue injusta, no se encontró respaldo
en ese sentido.
5.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La profesional universitaria de la Unidad de Asistencia Legal pidió que se declare
la improcedencia de la solicitud de amparo, en tanto se configuró la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
5.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
La profesional especializada del ente acusador solicitó la improcedencia de la
acción de tutela, así como la desvinculación por carecer de legitimación en la causa
por pasiva.
5.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga,
a pesar de que se le notificó en debida forma del auto admisorio y allegó copia
digital del expediente ordinario, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación
solicitaron que se desvincularan de la acción de tutela por falta de legitimación en
la causa por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada”1 se negarán las solicitudes de desvinculación, porque las entidades
solicitantes ostentan interés directo en el asunto, pues conformaron la parte
demandada en el proceso ordinario de reparación directa objeto de tutela.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
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Sentencia T-005 de 2022.
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derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso
y a la tutela judicial efectiva de los accionantes al revocar la decisión que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa que
adelantaron contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación y, en su lugar, negarlas, y si incurrió en
los defectos alegados.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 5, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
14
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, pues debe definirse si con la decisión de 4 de febrero de
2026 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se revocó
la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
tendientes al reconocimiento y pago de las perjuicios causados por la privación
injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Ramón Antonio García Valencia,
se limitó el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de los
accionantes.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
9
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En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
sustentan la solicitud se encaminan a demostrar la supuesta configuración de los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial por parte de la
autoridad judicial accionada. Aunado a lo anterior, se evidencia que, con respecto a
los accionantes, el sentido del fallo de primera instancia proferido dentro del proceso
de reparación directa que originó la controversia fue favorable, mientras que el de
la providencia objetada fue desfavorable, por lo que la parte actora no tuvo la
oportunidad de exponer los reparos frente a esta última decisión al interior de dicho
trámite.
Por otra parte, ii) la decisión objetada se dictó al resolver los recursos de apelación,
por lo que los accionantes no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial ni el
asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA y 20 de la Ley 797
de 2003, ni en los supuestos normativos de procedencia del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia consagrados en el artículo 257 de la misma
normatividad, iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses17
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional18; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
5.2. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico alegado
La parte actora sostiene que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró
los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, al supuestamente incurrir en los defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, al revocar la decisión
favorable de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones tendientes al
reconocimiento y pago de los perjuicios causados por la privación injusta de la
libertad a la que fue sometido el señor Ramón Antonio García Valencia.
La Sala anticipa que accederá a las pretensiones de la solicitud de amparo, en tanto
se demostró que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico
alegado. Con el fin de respaldar esa determinación se realizará un breve recuento
de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario, así:
Los señores Ramón Antonio García Valencia y Diana Rocío Gil Victoria, junto con
otros familiares, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se declarara la responsabilidad extracontractual del
Estado por los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad a la que fue
sometido el señor Ramón Antonio García Valencia.
Por lo anterior, una vez se logró materializar como prueba trasladada el proceso
penal que se adelantó contra el señor García Valencia con radicado núm. 76834-
40-04-001-2014-00227, prueba solicitada por la Dirección Ejecutiva de
17
La providencia objetada es de 4 de febrero de 2026, notificada por medios electrónicos el 11 de febrero de 2026 y la acción
de tutela se instauró el 20 de julio de 2026, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Administración Judicial como parte demandada y que fue decretada en el curso de
la audiencia inicial, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara
de Buga en sentencia de 25 de junio de 2025 declaró la responsabilidad del Estado,
toda vez que la captura del señor Ramón Antonio García Valencia se originó por el
solo hecho de encontrarse en el lugar donde se efectuó la conducta punible de
extorsión por parte del señor Omar de Jesús Giraldo Gómez, además que no se
acreditó de forma fehaciente la legalidad de la captura y la medida de
aseguramiento, pues con los elementos materiales probatorios no le era dable
demostrar la inferencia razonable de autoría o participación del señor García
Valencia en la comisión del ilícito, aunado al hecho de que la Rama Judicial
contribuyó fáctica y jurídicamente a la producción del daño antijurídico, pues
declaró legal la captura en flagrancia e impuso la medida de aseguramiento de
detención preventiva.
Los accionantes interpusieron recurso de apelación bajo el argumento de que no
se tuvo en cuenta que el señor García Valencia, a pesar de que tan solo estuvo
privado de la libertad “1 mes y 16 días”, estuvo vinculado al proceso penal durante
2 años. Adicionalmente, reprochó el hecho de que no se reconociera el perjuicio
material.
Por su parte, las entidades que conforman la parte demandada también
interpusieron recurso de apelación. La Rama Judicial alegó que el rol del juez de
control de garantías es impartir legalidad a la captura y decretar la medida de
aseguramiento por solicitud del ente acusador y para ello, requiere solo de una
inferencia razonable de autoría o participación en la conducta delictiva, requisitos
que fueron observados en el presente caso y además invocó la culpa exclusiva de
la víctima como eximente de responsabilidad. La Fiscalía General de la Nación
afirmó que al señor Ramón Antonio García Valencia demandante se le detuvo en
flagrancia, por lo que era deber de esa autoridad solicitar la imposición de la medida
y el juez de control de garantías accedió a la solicitud porque cumplió con los
requisitos dispuestos en la Ley 906 de 2004.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de 4 de febrero de 2026,
revocó la decisión apelada y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
para lo cual explicó en qué consiste el régimen de responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad. Posteriormente, se refirió al material probatorio
allegado al proceso de reparación directa y destacó los siguientes elementos de
prueba:
• Certificado expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en el
que consta que el señor García Valencia estuvo privado de la libertad del 27
de junio al 13 de agosto de 2014.
• Recibo suscrito por el apoderado del señor Ramón Antonio García Valencia,
en el que se relacionó el pago de $15.000.000 por concepto de honorarios
para que asumiera su defensa en el proceso penal.
• Documento en idioma extranjero relacionado con la oferta de trabajo en
Canadá a la que hace referencia el demandante en su demanda.
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• Como prueba trasladada se allegó el expediente del proceso penal con
radicado núm. 76834 40 04 001 2014 00227 00, el que estaba integrado por
un disco compacto con un archivo PDF que contiene el expediente
escaneado. Entre estos aparecen i) el acta núm. 367 de 28 de junio de 2014
de legalización de captura e imposición de medida de aseguramiento, ii) la
orden de encarcelación núm. 0130 de 28 de junio de 2014, iii) el auto de 12
de agosto de 2014, por medio del cual se revocó la legalización de la captura
y anuló la medida de aseguramiento de detención preventiva, iv) escrito de
acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación el 25 de agosto
de 2014, v) acta de audiencia de formulación de acusación celebrada el 15
de septiembre de 2014 con asistencia de los procesados, vi) acta de
audiencia de juicio oral que se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2014, vii)
el informe ejecutivo FPJ 3 de 27 de junio de 2014 y viii) las sentencias de
primera y segunda instancia del proceso penal en mención.
• Se practicaron las declaraciones de los señores Jaime Mogón Noreña,
Johana María Escalante, Mayne Valencia Cruz y José María Rincón.
Luego, el Tribunal se refirió a cada uno de los elementos de la responsabilidad. Con
respecto al daño, afirmó que estaba acreditado en razón a la imposición de medida
de aseguramiento en establecimiento penitenciario del 27 de junio al 13 de agosto
de 2014.
En relación con la imputación, aseguró que una medida de aseguramiento es
considerada injusta cuando no se atiende a lo dispuesto en el artículo 308 del
Código de Procedimiento Penal, es decir, establecer la inferencia razonable de
autoría o participación de la conducta delictiva, que sea necesaria para evitar que
el investigado obstruya la justica, que constituya un peligro para la sociedad o la
víctima y para garantizar comparecer al proceso. Por consiguiente, consideró
indispensable “conocer los argumentos de la Fiscalía al momento de solicitar la
imposición de la medida y las consideraciones del juez de control de garantías para
acceder a la solicitud; y, a partir de allí, establecer si, para ese momento procesal,
se contaba con inferencia razonable sobre la autoría o participación de la conducta
delictiva por la que se le investiga y si se atendieron los principios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad”.
Por lo anterior, constató que en el expediente del proceso penal no se allegaron los
audios de la audiencia concentrada, para lo cual resaltó que “la jurisprudencia ha
precisado que la ausencia de la grabación o del acta completa de la audiencia de
imposición de la medida de aseguramiento impide verificar si la misma fue adoptada
en contravención de los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad, elementos esenciales para estructurar la antijuridicidad del daño”.
Ahora bien, el Tribunal reconoció que el a quo se esforzó por obtener copia integral
del proceso penal, sin embargo, eso no significa que deba reemplazar la actividad
probatoria propia de cada una de las partes intervinientes en el proceso. En efecto,
aseguró que la carga probatoria implica demostrar que la medida fue
desproporcionada, arbitraria o carente de motivación razonable, extremos que no
se encontraron acreditados en el proceso ordinario.
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Asimismo, consideró que “aunque el juez de segunda instancia revocó la
legalización de la captura y anuló la imposición de la medida de aseguramiento,
como resultado de un análisis diferente, efectuado por otra autoridad judicial en el
marco de la sana crítica y la valoración probatoria, que lo llevaron a concluir que, el
hecho de que el señor Ramón Antonio estuviese acompañando su compañero al
momento de recibir el paquete producto de la extorsión, no constituía inferencia
razonable, esto no significa que, la decisión de primera instancia fuese arbitraria,
desproporcionada o ilegal”.
Por consiguiente, la autoridad judicial accionada consideró que no había material
probatorio que demostrara que la privación de la libertad del señor Ramón Antonio
García Valencia fue injusta.
Finalmente, con respecto al alegato relacionado con los perjuicios que se generaron
por la vinculación al proceso penal durante 2 años, indicó que el afectado solo
aportó un documento en idioma extranjero y los testimonios rendidos en primera
instancia según los cuales el demandante se abstuvo de cumplir con ese
compromiso laboral en el extranjero por la investigación penal, lo que resultaba
insuficiente para acreditar su dicho.
Efectuado el relato de los principales argumentos en los que se sustentó la decisión
objeto de tutela y que interesan a este trámite constitucional, la Sala procede a
abordar el defecto alegado defectos de acuerdo con el planteamiento del problema
jurídico, así:
En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura
cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso,
o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba
sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no
procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al
ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución19, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión20.
19
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el caso.
Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del fallo,
que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Descendiendo al asunto bajo examen, el demandante alega la configuración de los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, en tanto la
autoridad judicial accionada omitió dar valor probatorio al auto de 12 de agosto de
2014, por medio del cual se anuló la medida de aseguramiento impuesta al señor
García Valencia y, adicionalmente, por no realizar una valoración integral del
expediente penal y no ejercer la facultad de decretar pruebas de oficio en casos de
privación injusta de la libertad de acuerdo a lo establecido en las sentencias SU-
126 de 2025 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.
Al respecto, la Sala observa que el Tribunal estudió el auto de 12 de agosto de
2014. En efecto, en la sentencia objetada se evidencia que la autoridad judicial
accionada lo tuvo como elemento de prueba y relató lo que el juez penal resolvió
en esa determinación, como el hecho de que “la aprehensión física del señor García
Valencia, el juez dijo que, fue el resultado de su presencia en el lugar, sin contar
con otro elemento de juicio que indicara su participación en la cadena criminal. Las
llamadas extorsivas las hizo alias chucho y los dos sujetos salieron del lugar
caminando tranquilamente. Respecto del señor García Valencia no se puede
predicar una situación en flagrancia que determine la comisión de un delito”,
además que “no debió ser privado de la libertad sino simplemente reseñado para
efectos de la investigación y luego, si hubiese mérito, haberlo vinculado”.
Ahora bien, en lo relacionado con la imputación del daño se indicó que dicho auto
no resultaba suficiente para demostrar la responsabilidad del Estado por la
privación de la libertad que sufrió el señor Ramón Antonio García Valencia, pues el
Tribunal consideró que “el juez de segunda instancia revocó la legalización de la
captura y anuló la imposición de la medida de aseguramiento, como resultado de
un análisis diferente, efectuado por otra autoridad judicial en el marco de la sana
crítica y la valoración probatoria, que lo llevaron a concluir que, el hecho de que el
señor Ramón Antonio estuviese acompañando su compañero al momento de recibir
el paquete producto de la extorsión, no constituía inferencia razonable, esto no
significa que, la decisión de primera instancia fuese arbitraria, desproporcionada o
ilegal”.
Precisado lo anterior, esta Sala considera que si bien en la sentencia objetada fue
valorada la prueba alegada por los accionantes, lo cierto es que la conclusión a la
que se arribó es contraevidente y conlleva un sacrificio desproporcionado del
derecho fundamental al debido proceso de los demandantes.
En efecto, la medida de aseguramiento se impuso durante la audiencia concentrada
celebrada el 28 de junio de 2014 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Tuluá, la cual fue anulada en proveído de 12
de agosto de 2014 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá. Es decir, la
decisión que privó de la libertad al señor García Valencia, como lo mencionó el
Tribunal, fue dictada por una autoridad judicial diferente al que la anuló.
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Sin embargo, a juicio de la Sala, dicho argumento resulta irrelevante para efectuar
el juicio de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En primer
lugar, la circunstancia de que la decisión que revocó la medida de aseguramiento
hubiese sido proferida por otro juez no resulta suficiente, por sí misma, para excluir
el análisis de responsabilidad, máxime cuando ambas decisiones se produjeron
dentro de la misma actuación procesal y tuvieron como referente los mismos
elementos materiales probatorios. En segundo lugar, el análisis debía centrarse en
establecer si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 906 de
2004, los elementos disponibles en esa etapa del proceso penal permitían sustentar
una inferencia razonable de autoría o participación que justificara la restricción de
la libertad. Y, en tercer lugar, si bien la valoración efectuada por la autoridad judicial
parte de los principios de autonomía e independencia judicial, lo cierto es que se
debió desarrollar un análisis de orden constitucional, pues se encuentra
comprometido un derecho fundamental de un mayor peso y relevancia, como lo es
la libertad personal.
Al respecto, la Sala entiende que en los casos de responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad, el juicio se realiza a partir del momento en el que se
impuso la medida de aseguramiento y no desde cuando fue revocada, toda vez que
esto ocurre en una etapa posterior del proceso, ya sea a solicitud del ente acusador,
o por sentencia absolutoria cuando se cuenta con un caudal probatorio diferente.
Empero, en el presente asunto existe una particularidad y es que en la misma etapa
en la que se impuso la medida de aseguramiento y con sustento en los mismos
elementos materiales probatorios, se dispuso su anulación porque no se demostró
la inferencia razonable de autoría o participación conforme lo dispone el artículo
308 de la Ley 906 de 2004.
Por consiguiente, lo que debió determinar el Tribunal accionado era si de los
elementos de convicción que existieron en esa etapa del proceso penal se
desprendía la inferencia razonable de autoría o participación en la conducta
delictiva, aunado a los principios necesidad, proporcionalidad y legalidad.
Ahora bien, el Tribunal consideró que por falta de los audios de la audiencia
concentrada se “impide verificar si la misma fue adoptada en contravención de los
principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, elementos
esenciales para estructurar la antijuridicidad del daño”, lo que sustentó con la
sentencia de 23 de abril de 2021 (rad. 05001-23-31-000-2010-02329-01) de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
La Sala observa que la precitada sentencia resolvió un caso en el que se negaron
las pretensiones tendientes al pago de los perjuicios causados por una privación
injusta de la libertad, toda vez que se configuró la culpa exclusiva de la víctima
como eximente de responsabilidad, pues el reo durante la audiencia concentrada
aceptó los cargos que se le imputaban. Adicionalmente, la libertad de la parte
demandante en ese caso ocurrió con la sentencia que se dictó en primera instancia
del proceso penal, es decir, no ocurrió en la misma etapa en la que se impuso la
medida de aseguramiento. Por último, en dicha decisión se advirtió que no se
aportaron las grabaciones de la audiencia antes mencionada con el fin de que se
evidenciara que el daño se produjo con independencia de su conducta, sin
embargo, en dicho caso no se evidenció gestión alguna para el traslado del
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expediente penal, por lo que resultaba una carga del demandante aportar los
elementos de juicio que probaran su dicho.
Es decir, que el fallo objetado sustentó su argumento relacionado con la necesidad
de los audios en una decisión que difiere fácticamente con el caso de los
demandantes, pues el señor García Valencia no aceptó cargos, recuperó la libertad
en la misma etapa del proceso en la que se le impuso la medida de aseguramiento
y, adicionalmente, en el presente asunto se decretó, como prueba trasladada
solicitada por la parte demandada -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-,
la remisión del expediente del proceso penal, para lo cual se realizaron diferentes
actuaciones judiciales, administrativas y constitucionales para que se materializara
el mencionado traslado.
En efecto, en el asunto bajo estudio al analizar el contexto en el que se desarrolló
el proceso ordinario se evidencia que, en la audiencia inicial de 26 de septiembre
de 2018, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga
ordenó librar oficio al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Tuluá para que remitiera copia del expediente penal con radicado
núm. 76834-40-04-001-2014-00227 tal como lo solicitó la Rama Judicial en la
contestación de la demanda, para lo cual se remitieron los oficios de 3 de octubre
de 2018 y de 19 de febrero de 2019, sin obtener respuesta. Posteriormente, en auto
de 6 de mayo de 2019, el Juzgado ofició nuevamente al Juzgado Primero Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá para que remitiera el expediente
antes señalado, sin embargo, el mencionado despacho judicial indicó que no existía
algún expediente correspondiente al señor Ramón Antonio García Valencia.
Luego, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga en
proveído de 23 de julio de 2020, requirió otra vez al juzgado penal (oficio de 4 de
agosto de 2020), sin recibir respuesta afirmativa, por lo que en auto de 8 de marzo
de 2021 (oficio de 16 de marzo de 2021), requirió por última vez y, adicionalmente,
a los demandantes para que realizara las diligencias con el fin de obtener la prueba
documental solicitada.
De hecho, el 18 de marzo de 2021, la parte demandante radicó ante el Juzgado
Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá una petición en la
que solicitó: “CUMPLIR con el REQUERIMIENTO efectuado por el Juzgado Tercero
Administrativo de Buga – Valle, mediante auto del 8 de marzo de 2021”, documento
que obra en los folios 264 a 267 del cuaderno núm. 1 del expediente ordinario.
Atendiendo lo anterior, la Sala considera que, en el marco del proceso de
reparación directa se realizaron todas las gestiones concernientes para que se
remitiera como prueba trasladada el expediente que contiene las actuaciones del
proceso penal, al punto que el juzgador de primera instancia expidió varios oficios,
se efectuaron sendos requerimientos por medio de diferentes autos sin que se
obtuviera una respuesta positiva por parte del Juzgado Primero Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Tuluá, e incluso la parte demandante lo solicitó
en ejercicio del derecho fundamental de petición. A pesar de todas esas gestiones,
aproximadamente 3 años después desde que se expidió el primer oficio, fue
allegado el expediente penal de manera incompleta.
Es decir, que luego de todas las actuaciones que se adelantaron para obtener la
materialización del traslado del expediente del proceso penal, resulta irrazonable
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imponerle a la parte actora las consecuencias negativas de que no se allegaran
todas las piezas procesales en los términos anotados por el Tribunal en la sentencia
objetada, quienes procuraron de manera activa cumplir con las cargas y deberes
procesales que les impone el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, la Sala considera necesario señalar que en el expediente ordinario se
contaba con el acta núm. 367 de 28 de junio de 2014 relacionada con la audiencia
de legalización de captura e imposición de la medida de aseguramiento y el auto
de 12 de agosto de 2014, por medio del cual se revocó la legalización de la captura
y anuló la medida de aseguramiento de detención preventiva, pruebas que
analizadas en conjunto y conforme a los criterios de la sana crítica ofrecían
elementos que permitían establecer si al momento en que se impuso la mencionada
cautela la Fiscalía General de la Nación aportó elementos materiales probatorios
de los que se pudiera establecer si se constituyó o no la inferencia razonable de
autoría o participación y si el juez de control de garantías verificó en debida forma
si la medida solicitada por el ente acusador cumplió con los requisitos establecidos
en el artículo 30821 de la Ley 906 de 2004.
Adicionalmente, contrario a lo manifestado en la sentencia objetada se observa
que, se reitera, los accionantes fueron diligentes, pues utilizaron un mecanismo de
naturaleza constitucional (solicitud en ejercicio del derecho de petición), con el fin
de que el juzgado penal remitiera el expediente penal, pese a que dicha prueba la
solicitó la Rama Judicial y el juez de primera instancia la decretó y practicó.
Por consiguiente, no se le podía imponer esa carga a la parte actora, más aún
cuando se demostró diligencia en su actuar no solo en sede administrativa, sino en
el trámite judicial. Supuesto diferente sería que los demandantes hubieran sido
negligentes y ahora pretendieran que la prueba se decretara de oficio. De hecho,
resulta pertinente resaltar que la parte actora aportó con la demanda algunas piezas
del proceso penal como la sentencia absolutoria de primera instancia, así como la
de segunda, el auto de 12 de agosto de 2014, el certificado de libertad expedido
por el INPEC y, adicionalmente, solicitó la práctica de varias pruebas testimoniales,
entre otras.
Al respecto, se recuerda que la parte interesada en que se le reconozcan sus
pretensiones debe cumplir con el deber de aportar las pruebas necesarias con el
fin de convalidar su tesis jurídica (artículo 167 del Código General del Proceso),
pero, en aquellos casos en los que se solicita a la autoridad judicial que requiera a
otra autoridad para que allegue una prueba que está en su poder, y que por razones
ajenas a quien la solicitó no fue aportada o se aportara de manera incompleta, no
se le puede imponer las consecuencias adversas, toda vez que ha realizado las
actuaciones necesarias para que los elementos de convicción se allegaran de
manera oportuna y completa al proceso.
21
ARTÍCULO 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado,
decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y
asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o
partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que la
medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el
imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. PÁRAGRAFO. La calificación jurídica provisional contra
el procesado no será, en sí misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad
de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la
sentencia. El Juez de Control de Garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos
para decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga.
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Accionante: Ramón Antonio García Valencia y Otro
Aunado a lo anterior, si la autoridad judicial accionada consideraba que los
elementos que conformaban el proceso de reparación directa no resultaban
suficientes y que era necesaria la grabación de la audiencia concentrada, con el fin
de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio la medida
de aseguramiento y en atención a las vicisitudes que se presentaron con el traslado
del expediente penal, podía en el marco de su autonomía judicial ejercer la facultad
oficiosa prevista en el artículo 170 del Código General del Proceso, para que se
allegaran las piezas faltantes, pues como se indicó en párrafos anteriores, en el
curso de la primera instancia el despacho judicial y la parte demandante realizaron
todas las actuaciones necesarias para contar con las piezas del proceso penal, el
cual solo fue remitido, de manera incompleta, casi 3 años después del primer
requerimiento.
La Corte Constitucional en la sentencia T-421 de 2025, en un caso con contornos
fácticos similares, sostuvo que en casos relacionados con procesos de reparación
directa por privación injusta de la libertad, “los jueces administrativos gozan de
facultades probatorias oficiosas que le permiten ejercer su rol como director del
proceso y garante de los derechos fundamentales de quienes acuden a la
administración de justicia de las víctimas, pues le permiten buscar la verdad
procesal y garantizar la justicia material”.
Así las cosas, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en un defecto fáctico en su dimensión negativa, en tanto efectuó una
valoración contraevidente del acta no. 367 de 28 de junio de 2014 que da cuenta
de la audiencia de legalización de la captura y de la imposición de la medida de
aseguramiento en contra del señor Ramón Antonio García Valencia, así como el
auto de 12 de agosto de la misma anualidad, en el que se revocó la legalización de
la captura y anuló la medida de aseguramiento de detención preventiva, al
momento de efectuar el análisis de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de
la medida de aseguramiento de conformidad con los requisitos previstos en el
artículo 308 de la Ley 906 de 2006.
Finalmente, al evidenciarse la configuración del defecto fáctico la Sala se releva de
analizar el desconocimiento del precedente judicial invocado por la parte actora y,
adicionalmente, precisa que el amparo que se otorga se limita a la valoración que
se hizo en la sentencia objetada frente a la falta de los audios y las consecuencias
procesales adversas impuestas por la autoridad judicial accionada a los ahora
accionantes que, en este caso particular y atendiendo al contexto en que se
desarrolló el proceso ordinario, resultaba desproporcionada y enerva la garantía del
derecho fundamental al debido proceso. En otros términos, la protección que se
concede no supone que se hubiese configurado la responsabilidad del Estado por
la privación injusta de la libertad, lo cual deberá ser objeto de un nuevo estudio por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la decisión de reemplazo.
Así las cosas, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 4 de febrero
de 2026, emanada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a quien se le
ordenará que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, emita una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.
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III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Segundo.- Amparar el derecho fundamental al debido proceso de los señores
Ramón Antonio García Valencia y Diana Rocío Gil Victoria, quienes actúan
mediante apoderado judicial. En consecuencia,
Tercero.- Dejar sin efectos la sentencia de 4 de febrero de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del proceso de reparación
directa que adelantó el señor Ramón Antonio García Valencia y otros contra la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía
General de la Nación (exp. no. 76111-33-33-003-2017-00243-01).
Cuarto.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
decisión de reemplazo en el proceso de reparación directa con radicado núm.
76111-33-33-003-2017-00243-01, de conformidad con las consideraciones
expuestas.
Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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