Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05710-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05710-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05710-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05710-00
Accionante: MIGUEL MURILLO ESCOBAR Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y JUZGADO
SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa en el que se declara probada la excepción de cosa juzgada
respecto de unos demandantes. Defecto fáctico por indebida
valoración probatoria
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Miguel Murillo Escobar, Fermina Escobar, Miguel Murillo
Asprilla, Ana Yicely Murillo Escobar, Maritza, Yesica, José Luis, Claudia Lorena
Rivas Escobar y Yesenia Patricia Carabalí Gómez, quienes actúan a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Popayán.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de julio de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, supuestamente
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“1) Declarar la nulidad del auto interlocutorio No1278 de fecha 03 de diciembre de 2021,
proferido por el juzgado sexto (06) administrativo oral del circuito de Popayán (Cauca),
decisión judicial con el cual el juzgado referido declaró probada la decisión de cosa
juzgada parcial, declarando terminado y precluido el proceso de medio de control de
reparación directa contra los accionantes MIGUEL MURILLO ESCOBAR, FERMINA
ESCOBAR, MIGUEL MURILLO ASPRILLA, ANA YICELY MURILLO ESCOBAR,
MARITZA RIVAS ESCOBAR, YESICA RIVAS ESCOBAR, JOSE LUIS RIVAS
ESCOBAR, CLAUDIA LORENA RIVAS ESCOBAR y YESENIA PATRICIA CARABALÍ
GOMEZ, de condiciones civiles conocidas.
2) Declarar la nulidad del auto interlocutorio No.195 del 03 de junio del 2026, proferido
por el honorable tribunal contencioso administrativo del Cauca, sala de decisión No.001
con el cual el tribunal de instancia, confirmo la decisión de primer grado declarando
probada la decisión de cosa juzgada parcial, determinando terminado y precluido el
proceso de medio de control de reparación directa contra los accionantes MIGUEL
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05710-00
Accionante: Miguel Murillo Escobar y otros
MURILLO ESCOBAR, FERMINA ESCOBAR, MIGUEL MURILLO ASPRILLA, ANA
YICELY MURILLO ESCOBAR, MARITZA RIVAS ESCOBAR, YESICA RIVAS
ESCOBAR, JOSE LUIS RIVAS ESCOBAR, CLAUDIA LORENA RIVAS ESCOBAR y
YESENIA PATRICIA CARABALI GOMEZ, de condiciones civiles conocidas.
3) Determinar, que el juzgado sexto administrativo de oralidad del circuito de Popayán
(Cauca), continúe con el trámite normal correspondiente a la acción medio de control
denominada reparación directa, instaurada por los accionantes MIGUEL MURILLO
ESCOBAR, FERMINA ESCOBAR, MIGUEL MURILLO ASPRILLA, ANA YICELY
MURILLO ESCOBAR, MARITZA RIVAS ESCOBAR, YESICA: RIVAS ESCOBAR, JOSE
LUIS RIVAS ESCOBAR, CLAUDIA LORENA RIVAS ESCOBAR y YESENIA PATRICIA
CARABALI GOMEZ, de condiciones civiles conocidas, misma que cursa bajo el radicado
No.19001333300620180026000.
4) Determinar, que el honorable tribunal contencioso administrativo del Cauca, sala de
decisión No.001, devuelva si aún no lo ha hecho el expediente correspondiente a la
acción medio de control denominada reparación directa, instaurada por los accionantes
MIGUEL MURILLO ESCOBAR, FERMINA ESCOBAR, MIGUEL MURILLO ASPRILLA,
ANA YICELY MURILLO ESCOBAR, MARITZA RIVAS ESCOBAR, YESICA RIVAS
ESCOBAR, JOSE LUIS RIVAS ESCOBAR, CLAUDIA LORENA RIVAS ESCOBAR y
YESENIA PATRICIA CARABALI GOMEZ, de condiciones civiles conocidas, misma que
cursa bajo el radicado No.19001333300620180026001 al juzgado de origen”.
2. Hechos
La parte actora relató que en la noche del 20 de abril de 2007, los jóvenes Jhon
Jairo Murillo Escobar y Manuel Domingo Hurtado Montaño fueron abordados en el
casco urbano del municipio de Puerto Tejada (Cauca) por personas que vestían
prendas militares y trasladados en un vehículo sin distintivos. Al día siguiente,
ambos fueron encontrados sin vida en el municipio de Padilla (Cauca).
Precisaron que en virtud de lo anterior, los familiares1 promovieron una primera
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con la pretensión de que se
declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad demandada
por los daños y perjuicios causados como consecuencia del fallecimiento de los
jóvenes Jhon Jairo Murillo Escobar y Manuel Domingo Hurtado Montaño por
miembros del Ejército Nacional, así como el reconocimiento y pago de los perjuicios
causados. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Popayán con radicado no. 19001-33-31-008-2007-00315-00, que
mediante sentencia de 27 de agosto de 2012 resolvió negar las pretensiones. Dicha
providencia no fue objeto de recurso de apelación, por lo que quedó debidamente
ejecutoriada.
Posteriormente, manifestaron que a raíz de las investigaciones adelantadas en la
jurisdicción penal por los hechos relacionados con la muerte de los jóvenes Jhon
Jairo Murillo Escobar y Manuel Domingo Hurtado Montaño, dentro de los radicados
SPOA 170016000030201500044 y 170016000030200700619, se estableció la
participación de miembros del Ejército Nacional en la comisión de los hechos. En el
curso de dichas actuaciones penales, el coronel Robinson Javier González del Río
y el comandante Edwin Javier Madroñero Quemba, quienes para la época de los
1
El grupo familiar estaba conformado por los señores: Miguel Murillo Escobar, Fermina Escobar, Miguel Murillo Asprilla, Ana
Yicely Murillo Escobar, Maritza, Yesica, José Luis, Claudia Lorena Rivas Escobar y Yesenia Patricia Carabali Gómez y María
Inelda Castro Escobar.
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hechos pertenecían a dicha institución, reconocieron su responsabilidad en el
homicidio agravado de las víctimas.
En ese sentido, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia
profirió la sentencia no. 093 de 21 de julio de 2016, mediante la cual condenó al
entonces miembro del Ejército Nacional Robinson Javier González del Río, entre
otros aspectos, a una pena privativa de la libertad de 30 años. En dicha providencia
quedó establecida su responsabilidad penal por los hechos investigados a partir de
lo actuado en el proceso penal, incluida la aceptación de responsabilidad efectuada
en ese escenario. La decisión quedó ejecutoriada y según los accionantes,
constituyó el elemento probatorio que permitió establecer la participación de
agentes estatales en los hechos.
Con fundamento en esos nuevos elementos, refirieron que promovieron una
segunda demanda2 de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, la cual correspondió por reparto al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Popayán y fue identificada con el radicado no. 19001-
33-33-006-2018-00260-00, con la pretensión que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsable a la entidad demandada por los daños y perjuicios
causados como consecuencia del fallecimiento de los jóvenes Jhon Jairo Murillo
Escobar y Manuel Domingo Hurtado Montaño por miembros del Ejército Nacional,
así como el reconocimiento y pago de los perjuicios causados.
En el trámite de dicha actuación, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
de Popayán mediante auto interlocutorio de 13 de octubre de 2021 declaró probada
la excepción de cosa juzgada respecto de los señores Miguel Murillo Escobar,
Fermina Escobar, Miguel Murillo Asprilla, Ana Yicely Murillo Escobar, Maritza Rivas
Escobar, Yesica Rivas Escobar, José Luis Rivas Escobar, Claudia Lorena Rivas
Escobar y Yesenia Patricia Carabalí Gómez, ordenó la terminación del proceso
frente a ellos, y dispuso la continuación del proceso respecto de los demás
demandantes, al considerar que en el proceso anterior de reparación directa
identificado con el radicado no. 19001-33-31-008-2007-00315-00 existía un
pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad estatal derivada de la muerte
del joven Murillo Escobar.
En esa oportunidad, se determinó que el fallecimiento ocurrió en el marco de un
combate y que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que
excluyó la responsabilidad del Estado por los hechos objeto de controversia. A partir
de esa conclusión, el Juzgado examinó la configuración de la cosa juzgada de
conformidad con el artículo 303 del Código General del Proceso (CGP) y estableció
la concurrencia de sus elementos. En particular, encontró identidad de objeto,
porque en ambos procesos se pretendió obtener la declaración de responsabilidad
del Estado por los mismos daños, identidad de causa, debido a que las pretensiones
se sustentaron en los mismos hechos generadores, e identidad jurídica de partes,
respecto de los demandantes que participaron en ambos litigios.
2
En esta demanda, actuaron como demandantes los señores: Miguel Murillo Escobar, Fermina Escobar, Miguel Murillo
Asprilla, Ana Yicely Murillo Escobar, Maritza, Yesica, José Luis, Claudia Lorena Rivas Escobar y Yesenia Patricia Carabali
Gómez, María Alejandra Rivas Escobar, Emelin Andrea Balanta Rivas, Karin Yineth Balanta Rivas, Juan Sebastián Estupiñán
Rivas, María Inelda Castro Escobar, José Luis Castillo Castro, Jhon Estiven Carabali Gómez, Jonatan Andrés Huertas Rivas,
Natividad Castro Escobar, Crispino Escobar, Félix Antonio Rivas Arboleda, Wilson Herney Mercado Ortiz, Carlos Andrés
Balanta, Hider Alegría Mejía, Ximena Diaz Aponzá Y José Menar Escobar.
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Accionante: Miguel Murillo Escobar y otros
Con fundamento en ese análisis, concluyó que frente a los demandantes que habían
intervenido en el proceso decidido en el año 2012, la controversia ya había sido
definida mediante una decisión judicial que hizo tránsito a cosa juzgada. Por tanto,
consideró que no resultaba jurídicamente procedente reabrir el debate sobre los
mismos hechos, partes y pretensiones. En consecuencia, declaró probada la
excepción de cosa juzgada respecto de dichos demandantes y dispuso la
terminación del proceso en relación con ellos. Precisó, no obstante, que los efectos
de esa decisión no comprendían a quienes no habían sido parte en el proceso
anterior, pues respecto de ellos no se configuraba el presupuesto subjetivo
necesario para declarar la cosa juzgada.
Contra la anterior determinación, las partes presentaron recurso de reposición y, en
subsidio el de apelación, al estimar que la figura de cosa juzgada no se configuraba,
porque el primer proceso se decidió en un contexto probatorio en el que no existían
elementos suficientes para establecer la participación de miembros del Ejército
Nacional en la muerte del joven Jhon Jairo Murillo Escobar. Señalaron que, con
posterioridad, las investigaciones adelantadas en la jurisdicción penal permitieron
vincular a los miembros del Ejército Nacional Robinson Javier González del Río y
Edwin Javier Quemba Madroñero con los hechos, quienes aceptaron su
responsabilidad mediante preacuerdo. Por lo tanto, sostuvieron que ese nuevo
elemento probatorio modificó las circunstancias fácticas y probatorias existentes al
momento de promover la primera demanda de reparación directa.
Asimismo, afirmaron que no existía identidad de causa petendi, pues la segunda
demanda incorporó elementos de convicción que no habían sido conocidos ni
valorados en el primer proceso y que permitieron establecer la participación estatal
en el hecho dañoso. Por último, sostuvieron que el conocimiento cierto de dicha
imputación solo se consolidó con las actuaciones penales posteriores, razón por la
cual consideró improcedente extender los efectos de la cosa juzgada a quienes
habían intervenido en el primer proceso.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán mediante auto de 3 de
diciembre de 2021 resolvió no reponer la decisión de 13 de octubre de 2021,
mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de un
grupo de personas, y concedió el recurso de apelación.
Lo anterior, al considerar que si bien la inconformidad de la parte recurrente se
fundaba en la aparición de nuevos elementos derivados del proceso penal,
particularmente la aceptación de responsabilidad de algunos militares, que a su
juicio, permitía superar la insuficiencia probatoria existente en el primer proceso, lo
cierto era que el daño cuya reparación se pretendía era el mismo, esto es, la muerte
del joven Jhon Jairo Murillo Escobar, y que en ambos procesos se perseguía la
responsabilidad estatal por esos hechos. Por ello, consideró configuradas las
identidades de objeto, causa y partes exigidas para la cosa juzgada.
Y agregó que la posterior aceptación de responsabilidad penal no permitía reabrir
el litigio mediante una nueva demanda de reparación directa, pues de existir
documentos nuevos y decisivos, el mecanismo procedente era el recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 251 del CPACA. En consecuencia,
negó la reposición y mantuvo la declaratoria de cosa juzgada respecto de los
demandantes cobijados por el auto recurrido.
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El Tribunal Administrativo del Cauca mediante decisión de 3 de junio de 2026,
confirmó el auto de 13 de octubre de 2021 proferido por el Juzgado Sexto
Administrativo de Popayán, al encontrar que en ambos procesos de reparación
directa coincidieron varios de los demandantes y la entidad demandada, y que las
pretensiones estuvieron dirigidas a obtener la responsabilidad patrimonial del
Estado por la muerte del joven Jhon Jairo Murillo Escobar, ocurrida en abril de 2007.
En cuanto a la causa petendi, advirtió que ambas demandas se sustentaron en la
presunta ejecución extrajudicial del joven Jhon Jairo Murillo Escobar por parte de
miembros del Ejército Nacional. Si bien en el segundo proceso se incorporó como
elemento adicional la sentencia penal de 21 de julio de 2016, mediante la cual se
condenó a uno de los militares involucrados en los hechos, dicha circunstancia no
modificó el núcleo fáctico de la pretensión ni el daño cuya reparación se reclamaba.
Por tanto, la nueva prueba incidió en el panorama probatorio, pero no generó una
causa petendi distinta.
Por otro lado, la autoridad judicial reconoció que la sentencia penal era posterior a
la decisión adoptada en el primer proceso y que, por ello, no había podido ser
aportada en aquella oportunidad. Sin embargo, consideró que la aparición de un
elemento probatorio nuevo no permitía promover una nueva demanda de reparación
directa sobre un litigio que ya había sido resuelto, toda vez que para controvertir los
efectos de la sentencia anterior, el ordenamiento contemplaba el recurso
extraordinario de revisión, mecanismo que permitía alegar la existencia de
documentos decisivos sobrevinientes en los términos previstos por el CPACA.
En ese sentido, concluyó que la posterior acreditación de la participación de
miembros del Ejército Nacional no alteró la identidad de objeto ni de causa, pues en
ambos procesos se pretendió obtener la reparación de los daños derivados de la
muerte del joven Jhon Jairo Murillo Escobar y la declaratoria de responsabilidad
patrimonial de la misma entidad estatal.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que los autos proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Popayán y por el Tribunal Administrativo del Cauca el 13 de octubre
de 2021 y el 3 de junio de 2026, en su orden, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, consagrados en los artículos 29 y
13 de la Constitución Política. Afirmó que las referidas autoridades judiciales
desconocieron las garantías que integran el debido proceso y los principios que
rigen la administración de justicia, al adoptar decisiones que, en su criterio, se
apartaron de los postulados constitucionales aplicables al asunto.
Explicó que el derecho al debido proceso comprende, entre otras garantías, el
sometimiento de las actuaciones judiciales a las normas previamente establecidas,
la observancia de las formas propias de cada juicio, la debida fundamentación de
las decisiones y el acceso efectivo a la administración de justicia. Con fundamento
en ello, consideró que las providencias cuestionadas no atendieron de manera
adecuada las garantías constitucionales que, a su juicio, debían orientar la
resolución de la controversia.
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En cuanto a la procedencia de la acción de tutela manifestó que constituía un
mecanismo de protección constitucional procedente frente a la vulneración de sus
derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política y el Decreto 2591 de 1991. Sostuvo que la existencia de otros mecanismos
de defensa judicial no determinaba, por sí sola, la improcedencia del amparo, pues
debía establecerse si aquellos resultaban idóneos y eficaces para brindar una
protección efectiva de los derechos invocados.
Señaló que la tutela procedía cuando los mecanismos ordinarios no ofrecían una
protección con igual eficacia para garantizar los derechos fundamentales
comprometidos. Para respaldar esa afirmación, invocó la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el carácter subsidiario de la acción de tutela y la necesidad de
valorar, en cada caso concreto, la idoneidad y eficacia de los medios ordinarios de
defensa.
Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en una indebida
interpretación de las circunstancias del caso al declarar probada la excepción de
cosa juzgada parcial dentro del medio de control de reparación directa. Señaló que
no tuvieron en cuenta que, con posterioridad a la primera demanda, se obtuvo
certeza sobre la participación de miembros del Ejército Nacional en los hechos que
ocasionaron la muerte de los jóvenes Jhon Jairo Murillo Escobar y Manuel Domingo
Hurtado Montaño, particularmente a partir de la sentencia penal que determinó la
responsabilidad de uno de los militares involucrados.
Afirmó que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el término de
caducidad del medio de control de reparación directa no podía contabilizarse
necesariamente desde la ocurrencia del daño cuando los afectados desconocían la
participación de agentes estatales, sino desde el momento en que tuvieron o
pudieron tener conocimiento cierto de dicha circunstancia y, por tanto, de la
posibilidad de imputar responsabilidad al Estado.
En ese sentido, cuestionó que las autoridades judiciales hubieran considerado que
la presentación de una demanda anterior demostraba el conocimiento pleno de la
responsabilidad estatal, pues a su juicio, en ese momento solo existía una
presunción sobre la posible participación de agentes del Estado y no una prueba
cierta e inequívoca como la obtenida posteriormente. Por ello, consideró que la
decisión de declarar la cosa juzgada parcial desconoció la situación particular del
caso y restringió injustificadamente su derecho de acceso a la administración de
justicia.
Finalmente, alegó el desconocimiento de decisiones judiciales superiores y de
precedentes judiciales aplicables a casos similares, entre ellos, una sentencia del
Tribunal Administrativo del Cauca de 13 de noviembre de 2025, en la que frente a
hechos relacionados con la muerte del señor Manuel Domingo Hurtado Montaño,
se habría acogido una interpretación favorable sobre el momento a partir del cual
debía contabilizarse el término para acudir a la jurisdicción.
4. Trámite procesal
Por auto de 22 de julio de 2026, el magistrado ponente admitió la demanda y ordenó
notificar a la parte accionante y a las autoridades judiciales accionadas. Igualmente,
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al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como tercero interesado en
el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 134390 a 134401
de 24 de julio de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. El Tribunal Administrativo del Cauca, remitió el link digital del proceso de
reparación directa no. 19001-33-31-008-2007-00315-00, pero no se refirió a los
hechos y pretensiones de la acción de tutela.
5.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar improcedente
la acción de tutela, al considerar que la parte actora no acreditó los requisitos
generales y específicos exigidos para controvertir providencias judiciales. Señaló
que si bien la acción de tutela procede excepcionalmente contra decisiones
judiciales cuando estas vulneran derechos fundamentales, corresponde al
accionante demostrar y sustentar de manera suficiente la existencia de dicha
vulneración, carga que, a su juicio, no fue satisfecha en el presente caso.
Sostuvo que la parte actora pretendía dejar sin efectos los autos mediante los cuales
las autoridades judiciales declararon probada de manera parcial la excepción de
cosa juzgada dentro del proceso de reparación directa. En su criterio, la
inconformidad planteada se dirigía contra la interpretación y valoración efectuada
por los jueces naturales del proceso, quienes examinaron la controversia en primera
y segunda instancia. Por ello, consideró que la tutela se utilizaba como una tercera
instancia para reabrir un debate procesal ya definido y desconocer los efectos de la
seguridad jurídica.
Afirmó que la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca fue clara, completa y
de fondo, y que la confirmación de la cosa juzgada respecto de los 10 demandantes
resultaba acorde con el principio de seguridad jurídica. Agregó que la aparición
posterior de documentos o elementos probatorios decisivos no justificaba la
promoción de una nueva acción de reparación directa, pues el ordenamiento jurídico
contemplaba el recurso extraordinario de revisión como mecanismo para
controvertir una sentencia ejecutoriada cuando se presentaran las circunstancias
previstas en la ley.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes, con el auto de 3 de junio de 2026, mediante el
cual confirmó la decisión que declaró probada la excepción de cosa juzgada y
dispuso la terminación parcial del proceso de reparación directa respecto de
aquellos, y si incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela goza de relevancia
constitucional porque debe definirse si el Tribunal Administrativo del Cauca, al
confirmar el auto que declaró probada la excepción de cosa juzgada y dispuso la
terminación parcial del proceso de reparación directa respecto de los accionantes,
incurrió en defecto fáctico, al otorgar a la sentencia penal no. 093 de 21 de julio de
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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2016 un alcance distinto al pretendido por aquellos. En concreto, la parte actora
sostuvo que esa providencia constituía una prueba sobreviniente y determinante
que acreditó que la muerte del joven Jhon Jairo Murillo Escobar no ocurrió durante
un combate como se concluyó en el primer proceso de reparación directa, sino que
correspondió a un homicidio en persona protegida perpetrado por miembros del
Ejército Nacional, circunstancia que, a su juicio, modificó la causa petendi e impedía
declarar la cosa juzgada.
En el caso, se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se pretende reabrir el debate litigioso, pues los argumentos
que sustentan la solicitud se encaminan a demostrar una posible vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, derivada de la presunta valoración irrazonable de una prueba determinante
relacionada con una grave violación a los derechos humanos. Por tanto, la
controversia se relaciona con el contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales invocados y satisface la carga mínima argumentativa exigida.
Además, la solicitud cuenta con una carga mínima y explicativa que permite abordar
el estudio de fondo, en el sentido de determinar si las decisiones que declararon
probada la excepción de cosa juzgada respecto de un proceso inicial de reparación
directa, lesiona los derechos fundamentales de víctimas indirectas de un asunto que
puede ser constitutivo de graves violaciones a los derechos humanos por el
fallecimiento de su familiar.
Aun cuando en ambas instancias la decisión se sustentó en las mismas razones,
las circunstancias particulares del caso habilitan el estudio de fondo de la acción de
tutela, en razón (i) a la calidad de los sujetos demandantes; (ii) a que las decisiones
objetadas son autos no sentencias y (iii) a que se trata de una demanda de
reparación directa en la que está en discusión una posible vulneración
iusfundamental derivada de circunstancias ocurridas en el marco del conflicto
armado interno y que pueden estar relacionados con delitos de lesa humanidad.
Los demás requisitos generales se encuentran acreditados, toda vez que (ii) la parte
accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial contra la providencia
cuestionada, pues interpuso los recursos de reposición y apelación contra el auto
que declaró probada la excepción de cosa juzgada parcial, y el Tribunal
Administrativo del Cauca resolvió de manera definitiva la controversia mediante el
auto de 3 de junio de 2026, adicionalmente la Sala precisa que, en principio, no
procede el recurso extraordinario de revisión, toda vez que la actuación cuestionada
por las partes corresponde al auto que declaró probada la excepción de cosa
juzgada y no a una sentencia; (iii) se cumple el requisito de inmediatez, porque el
escrito de tutela se presentó dentro del plazo razonable precisado por esta
Corporación y la Corte Constitucional; (iv) se identificaron los hechos que generaron
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige
contra un fallo de tutela.
Precisado lo anterior, de conformidad con los fundamentos de la acción, la Sala
abordará el estudio de la controversia bajo la caracterización del defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, en tanto los reparos formulados por la parte
accionante se dirigen a cuestionar la valoración y el alcance que el Tribunal
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Administrativo del Cauca atribuyó a la sentencia penal no. 093 de 21 de julio de
2016, que consideró determinante para establecer que no se configuró la cosa
juzgada entre los dos procesos de reparación directa.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto fáctico alegado
Los señores Miguel Murillo Escobar, Fermina Escobar, Miguel Murillo Asprilla, Ana
Yicely Murillo Escobar, Maritza, Yesica, José Luis y Claudia Lorena Rivas Escobar
y Yesenia Patricia Carabalí Gómez, quienes actúan a través de apoderado judicial,
presentaron acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Cauca con el auto de 3 de junio de 2026, mediante el cual confirmó la decisión
que declaró probada la excepción de cosa juzgada y dispuso la terminación parcial
del proceso de reparación directa respecto de ellos.
La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial no valoró adecuadamente la
sentencia penal de 21 de julio de 2016, que acreditó que el joven Jhon Jairo Murillo
Escobar no murió durante un combate, como se concluyó en el primer proceso de
reparación directa, sino que fue víctima de un homicidio en persona protegida
perpetrado por miembros del Ejército Nacional. A su juicio, esa decisión constituía
un hecho nuevo que modificó la causa petendi y descartaba la existencia de cosa
juzgada.
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto fáctico se configura cuando
“(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en
la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea
capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la
tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Asimismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución18, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
19
probatorio que respalde su decisión .
18
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que varios familiares del
joven Jhon Jairo Murillo Escobar promovieron una primera demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con
la pretensión de obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa y
patrimonial del Estado y la indemnización de los perjuicios ocasionados por su
muerte ocurrida en abril de 2007, cuya radicación fue 19001-33-31-008-2007-
00315-00.
En esa demanda, la parte actora afirmó que los jóvenes Jhon Jairo Murillo Escobar
y Manuel Domingo Hurtado Montaño habían sido retenidos por una patrulla del
Ejército Nacional y que horas después, fueron encontrados sin vida. Por esa razón,
sostuvo que existían elementos para presumir que fueron ejecutados por
integrantes de dicha institución. En consecuencia, desde el primer proceso los
demandantes atribuyeron el daño a la actuación de agentes estatales y
fundamentaron la pretensión de responsabilidad patrimonial en una presunta
ejecución extrajudicial.
El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Popayán, que mediante sentencia no. 138 de 27 de
agosto de 2012 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las
afirmaciones formuladas por la parte demandante acerca de las circunstancias en
las que ocurrieron los hechos no encontraron respaldo en las pruebas recaudadas,
por lo que concluyó que el joven Jhon Jairo Murillo Escobar murió durante un
enfrentamiento armado entre miembros del Batallón de Contraguerrillas no. 57
“Mártires de Puerres” y una banda delincuencial. Asimismo, determinó que los
uniformados hicieron un uso proporcional de las armas de fuego como respuesta a
la agresión de quienes realizaban un retén ilegal y en consecuencia, declaró
probada de oficio la culpa exclusiva de la víctima. Dicha providencia no fue apelada
y quedó ejecutoriada el 18 de septiembre de 2012.
Con posterioridad, el 20 de septiembre de 2018, los accionantes y otros familiares
del joven Jhon Jairo Murillo Escobar promovieron una segunda demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, que se identificó con el radicado no. 19001-33-33-006-2018-00260-00. En
esa actuación solicitaron nuevamente la declaratoria de responsabilidad
administrativa y patrimonial de la entidad y el reconocimiento de los perjuicios
derivados de su muerte.
La segunda demanda se sustentó, entre otros elementos, en la sentencia no. 093
de 21 de julio de 2016, mediante la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Antioquia condenó al coronel Robinson Javier González del Río
por los delitos cometidos contra 32 personas protegidas, entre ellas, Jhon Jairo
Murillo Escobar.
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Los demandantes afirmaron que esa decisión permitió conocer con certeza que la
víctima no murió durante un combate, sino que fue ejecutada por integrantes del
Ejército Nacional y presentada falsamente como una baja en combate. Por tanto,
consideraron que la acción surgió a partir del momento en que se estableció
judicialmente la responsabilidad penal de los agentes involucrados.
Dentro de ese proceso, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional propuso, entre otras, la excepción de cosa juzgada. Señaló que varios de
los demandantes ya habían promovido una acción de reparación directa por los
mismos hechos y pretensiones, la cual culminó con la sentencia de 27 de agosto de
2012 que negó el reconocimiento de responsabilidad estatal y no fue objeto de
recurso de apelación.
Mediante auto de 13 de octubre de 2021, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Popayán declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de los
señores Miguel Murillo Asprilla, Fermina Escobar, Miguel Murillo Escobar, Ana Yiceli
Murillo Escobar, María Inelda Castro Escobar, Maritza Rivas Escobar, Yesica Rivas
Escobar, José Luis Rivas Escobar, Claudia Lorena Rivas Escobar y Yesenia Patricia
Carabalí Gómez. En consecuencia, dispuso la terminación del proceso frente a ellos
y ordenó su continuación respecto de los familiares que no habían intervenido en el
primer litigio.
Para adoptar esa decisión, el Juzgado contrastó las partes de ambas actuaciones y
estableció que respecto de las personas mencionadas, concurría identidad jurídica.
Asimismo, concluyó que en los dos procesos se pretendió obtener la reparación de
los perjuicios derivados de la muerte del joven Jhon Jairo Murillo Escobar y que la
responsabilidad se atribuyó a integrantes del Ejército Nacional. Por tanto, encontró
acreditadas las identidades de objeto y causa exigidas para declarar la cosa
juzgada.
La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de
apelación, al considerar que no existía identidad de causa, porque en el primer
proceso no se acreditó la participación de integrantes del Ejército Nacional en la
muerte del joven, mientras que en el segundo se aportó la sentencia penal que
estableció la responsabilidad de los agentes estatales involucrados. A su juicio, esa
decisión constituyó un nuevo fundamento fáctico y probatorio que impedía extender
los efectos de la sentencia de 2012.
Mediante auto de 3 de diciembre de 2021, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Popayán resolvió no reponer la decisión. Explicó que el daño cuya
reparación se pretendía, la entidad a la que se atribuyó la responsabilidad y los
hechos esenciales que sustentaron las pretensiones eran los mismos en ambos
procesos. También señaló que la aceptación posterior de responsabilidad penal no
autorizaba la presentación de una nueva demanda, pues la aparición de
documentos decisivos que hubieran podido conducir a una decisión distinta
correspondía a una causal del recurso extraordinario de revisión. En consecuencia,
mantuvo la declaratoria de cosa juzgada y concedió el recurso de apelación ante el
Tribunal Administrativo del Cauca.
Al resolver el recurso de apelación mediante auto de 3 de junio de 2026, el Tribunal
Administrativo del Cauca delimitó la controversia a establecer si la sentencia penal
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proferida con posterioridad al primer proceso de reparación directa constituía un
nuevo fundamento fáctico que impedía declarar la cosa juzgada o si correspondía
a un elemento probatorio sobreviniente respecto de hechos que ya habían sido
discutidos y decididos judicialmente.
Para resolver ese planteamiento, la autoridad judicial expuso el alcance de la cosa
juzgada y precisó que de conformidad con el artículo 303 del Código General del
Proceso, su configuración exigía la concurrencia de identidad jurídica de partes,
objeto y causa. Esa regla coincidía con lo dispuesto en el artículo 189 del CPACA,
según el cual las sentencias proferidas en los procesos de reparación directa
producen efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto
y la misma causa, siempre que entre ambos exista identidad jurídica de partes.
A partir de ese marco normativo, el Tribunal efectuó un contraste entre los procesos
de reparación directa identificados con los radicados nos. 19001-33-31-008-2007-
00315-00 y 19001-33-33-006-2018-00260-00. Respecto de las partes encontró que
los señores Miguel Murillo Asprilla, Fermina Escobar, Miguel Murillo Escobar, Ana
Yiceli Murillo Escobar, María Inelda Castro Escobar, Maritza Rivas Escobar, Yesica
Rivas Escobar, José Luis Rivas Escobar, Claudia Lorena Rivas Escobar y Yesenia
Patricia Carabalí Gómez intervinieron como demandantes en los dos trámites
judiciales. Asimismo, constató que en los dos procesos la entidad demandada fue
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por lo que concluyó
que existía identidad jurídica de partes exclusivamente respecto de aquellas
personas, sin extender los efectos de la decisión a los familiares que no habían
intervenido en el primer litigio.
En cuanto al objeto, el Tribunal advirtió que las pretensiones formuladas en ambos
procesos estuvieron dirigidas a obtener la declaratoria de responsabilidad
administrativa y patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional y la indemnización de los perjuicios ocasionados por la muerte del joven
Jhon Jairo Murillo Escobar ocurrida en abril de 2007. Por consiguiente, encontró
que el daño cuya reparación se reclamó y la consecuencia jurídica pretendida
permanecieron iguales.
Respecto de la causa, la autoridad judicial examinó los fundamentos fácticos de las
dos demandas. Para ello, destacó que en la primera actuación los familiares
afirmaron que los jóvenes Jhon Jairo Murillo Escobar y Manuel Domingo Hurtado
Montaño habían sido retenidos por una patrulla del Ejército Nacional y que
posteriormente fueron encontrados sin vida, circunstancia que según se indicó
expresamente en el hecho séptimo de esa demanda, permitía presumir que fueron
ejecutados por miembros de dicha institución. De ese modo, el Tribunal estableció
que la participación de agentes estatales en la muerte del joven no constituyó un
hecho planteado por primera vez en la segunda demanda. Por el contrario, desde
el proceso promovido en 2007 los familiares atribuyeron el daño a integrantes del
Ejército Nacional y sustentaron la pretensión de responsabilidad estatal en la
presunta ejecución extrajudicial de la víctima.
El Tribunal reconoció que la segunda demanda incorporó un elemento que no
existía al momento de decidir el primer proceso, esto es la sentencia penal no. 093
de 21 de julio de 2016, mediante la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Antioquia condenó al coronel Robinson Javier González del Río
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por los delitos cometidos contra 32 personas protegidas, entre ellas, el joven Jhon
Jairo Murillo Escobar. Asimismo, aceptó que esa providencia permitió establecer
que la víctima no murió durante un enfrentamiento armado como se concluyó en la
sentencia de 2012, sino en el marco de una operación en la que civiles fueron
ejecutados y presentados falsamente como bajas en combate.
No obstante, la autoridad judicial explicó que esa circunstancia aunque novedosa y
relevante desde el punto de vista probatorio, no modificó el núcleo fáctico que
sustentó las pretensiones. En ambos procesos se reclamó la reparación del mismo
daño, se atribuyó su causación a miembros del Ejército Nacional y se solicitó la
declaratoria de responsabilidad patrimonial de la misma entidad estatal. Por tanto,
la sentencia penal no introdujo un hecho dañoso diferente ni una nueva imputación,
sino que aportó un medio de convicción adicional y decisivo acerca de las
circunstancias en las que ocurrió el suceso que ya había sido objeto de
pronunciamiento judicial.
En ese sentido, el Tribunal precisó que la causa petendi no estaba determinada por
la suficiencia o solidez de las pruebas disponibles en cada proceso, sino por los
hechos esenciales de los que se derivaba la pretensión. Como ese núcleo estuvo
constituido en ambos casos por la muerte del joven Jhon Jairo Murillo Escobar y por
la atribución de ese resultado a miembros del Ejército Nacional, concluyó que la
posterior acreditación de la ejecución extrajudicial modificó el panorama probatorio,
pero no creó una causa diferente que permitiera promover una nueva demanda.
La autoridad judicial también explicó que la aparición posterior de documentos
decisivos que hubieran podido conducir a una decisión distinta no autorizaba la
presentación de otra demanda de reparación directa sobre el mismo objeto y causa.
Para esos eventos, indicó, los artículos 248 y 250 del CPACA contemplaban el
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas,
particularmente cuando después de la decisión se encontraran o recobraran
documentos decisivos que no pudieron aportarse oportunamente por fuerza mayor,
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
El Tribunal no desconoció que, conforme al artículo 251 del CPACA, el recurso
extraordinario de revisión sustentado en la aparición de documentos decisivos debía
interponerse, en principio, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia. Sin embargo, se refirió expresamente al auto de 18 de julio de 2025,
proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro
del radicado no. 11001-03-26-000-2024-00187-00 (72.268)20, en el que se inaplicó
parcialmente, por vía de excepción de inconstitucionalidad, el inciso primero de
dicha disposición frente a un asunto relacionado con una ejecución extrajudicial,
debido a que los elementos probatorios que permitieron controvertir la versión oficial
de los hechos surgieron con posterioridad al vencimiento del término legal.
Asimismo, destacó que en esa providencia se tuvo en cuenta la sentencia SU-016
de 2024 de la Corte Constitucional, según la cual, en asuntos relacionados con
graves violaciones de derechos humanos, las normas procesales no pueden
aplicarse de manera que constituyan un obstáculo para la efectividad de los
derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral
y la garantía de no repetición.
20
M.P. Alberto Montaña Plata.
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Sobre ese aspecto, explicó que tratándose de graves violaciones de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, el cómputo del término podía
trasladarse al momento en que las víctimas obtuvieran elementos de juicio
suficientes para advertir la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Por
tanto, el Tribunal no desconoció la gravedad de los hechos ni los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, sino que
identificó el mecanismo judicial previsto para controvertir la sentencia ejecutoriada
de 2012 y precisó que la presentación de una nueva demanda de reparación directa
no podía sustituirlo.
A partir de lo anterior, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Cauca no
omitió la valoración de la sentencia penal no. 093 de 21 de julio de 2016 ni
desconoció manifiestamente su sentido y alcance. Por el contrario, identificó ese
elemento probatorio, examinó su contenido, reconoció que fue proferida después
de la sentencia de 2012 y aceptó que habría podido modificar la conclusión
adoptada en el primer proceso acerca de las circunstancias en las que ocurrió la
muerte del joven Jhon Jairo Murillo Escobar. Sin embargo, después de confrontar
esa prueba con el objeto y la causa de las dos demandas de reparación directa, la
autoridad judicial concluyó que su aparición no modificó los hechos esenciales que
sustentaron las pretensiones. Esa conclusión no resulta arbitraria, irracional o
caprichosa, pues estuvo precedida de un análisis específico de las partes, el daño
reclamado, la imputación formulada contra la entidad estatal y el alcance de la
sentencia penal sobreviniente.
En efecto, la sentencia penal demostró que la versión oficial acogida en el primer
proceso de reparación directa no correspondía con la realidad y que el joven Jhon
Jairo Murillo Escobar fue víctima de un homicidio en persona protegida. No
obstante, desde la primera demanda sus familiares afirmaron que había sido
retenido y ejecutado por miembros del Ejército Nacional. Por ello, la decisión penal
fortaleció la demostración de una imputación formulada desde el proceso inicial,
pero no incorporó una causa petendi distinta.
La Sala tampoco desconoce que la reparación integral constituye un derecho
fundamental de las víctimas y que comprende medidas orientadas a garantizar la
verdad, la justicia, la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y
la no repetición. Esa protección adquiere especial relevancia cuando los hechos
corresponden a graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto
del conflicto armado.
En desarrollo de ese mandato, los artículos 11, 22 y 102 y siguientes de la Ley 906
de 2004 reconocieron la participación de las víctimas en el proceso penal y
regularon el incidente de reparación integral. A través de dicho mecanismo, una vez
establecida la responsabilidad penal, el juez de conocimiento podía examinar las
pretensiones reparatorias, decretar y valorar las pruebas correspondientes y decidir
sobre los perjuicios ocasionados por la conducta punible.
En el caso concreto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Antioquia se abstuvo de imponer directamente una condena por perjuicios, porque
previamente debía adelantarse el incidente de reparación integral. Por esa razón,
ordenó que una vez ejecutoriada la sentencia, el expediente permaneciera durante
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treinta días a disposición de quienes se consideraran víctimas, para que
promovieran dicho trámite si así lo estimaban. Sin embargo, en el expediente de
tutela no obra prueba de que los accionantes hubieran iniciado ese incidente.
La existencia de dicho mecanismo no significó que el incidente de reparación
integral, en el marco del proceso penal, sustituya el proceso de reparación directa,
ni que ambas vías tuvieran idénticos sujetos responsables. Sin embargo, demostró
que el ordenamiento también reconoció dentro del proceso penal instrumentos
destinados a garantizar la participación de las víctimas y la reparación integral de
los perjuicios derivados del delito. A ello se sumó la posibilidad de controvertir la
sentencia de 2012 mediante el recurso extraordinario de revisión, bajo las
condiciones especiales expuestas por el Tribunal para los casos relacionados con
homicidios en persona protegida.
En consecuencia, la declaratoria de cosa juzgada no respondió a una aplicación
automática o excesivamente formalista de las normas procesales. El Tribunal
Administrativo del Cauca examinó la sentencia penal, reconoció la especial
gravedad de los hechos, consideró los derechos constitucionales de las víctimas y
explicó por qué la prueba sobreviniente debía hacerse valer a través del recurso
extraordinario de revisión previsto para controvertir la sentencia ejecutoriada, sin
que resultara jurídicamente admisible promover una segunda demanda de
reparación directa con idéntico objeto, causa y partes.
En ese punto, la Sala considera relevante destacar que el Tribunal no se limitó a
señalar formalmente la existencia del recurso extraordinario de revisión como
mecanismo para controvertir la sentencia ejecutoriada de 2012. Por el contrario,
examinó las particularidades derivadas de la naturaleza de los hechos y se refirió
expresamente al auto de 18 de julio de 2025 de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en el que, frente a un asunto relacionado con un
homicidio en persona protegida -ejecución extrajudicial-, se inaplicó parcialmente el
inciso primero del artículo 251 del CPACA y se desplazó el momento a partir del
cual debía contabilizarse el término de un año para interponer el recurso, desde la
ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en que las víctimas contaron con elementos
de juicio suficientes para advertir su procedencia.
De este modo, la autoridad judicial accionada tuvo en consideración que tratándose
de graves violaciones de derechos humanos, la aplicación de las reglas procesales
no podía convertirse en un obstáculo para la efectividad de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición,
circunstancia que refuerza la razonabilidad de la conclusión según la cual la
sentencia penal sobreviniente debía hacerse valer a través del mecanismo
extraordinario previsto por el ordenamiento y no mediante la promoción de una
nueva demanda de reparación directa.
Así las cosas, los reparos formulados por la parte accionante no demostraron una
omisión probatoria ni una valoración arbitraria de la sentencia penal. Por el contrario,
reflejaron su desacuerdo con el alcance que el Tribunal Administrativo del Cauca
atribuyó a esa prueba y con la conclusión según la cual no modificó los elementos
de la cosa juzgada. Tal discrepancia no configuró un defecto fáctico susceptible de
corrección mediante la acción de tutela, pues este mecanismo no constituye una
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instancia adicional para reabrir un litigio concluido ni para imponer al juez natural
una valoración diferente de una prueba que fue expresamente examinada.
Por las razones expuestas, la Sala concluye que el auto de 3 de junio de 2026
proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca estuvo sustentado en una
valoración razonable del material probatorio y en una motivación suficiente acerca
de la configuración de la excepción de cosa juzgada. En consecuencia, no se
acreditó el defecto fáctico por indebida valoración probatoria alegado ni la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, razón por la cual se
negarán las pretensiones de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores
Miguel Murillo Escobar, Fermina Escobar, Miguel Murillo Asprilla, Ana Yicely Murillo
Escobar, Maritza, Yesica, José Luis, Claudia Lorena Rivas Escobar y Yesenia
Patricia Carabali Gómez, quienes actúan a través de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Popayán.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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